CE - 012333000201900085011SENTENCIA20231204092814

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicado : 08001-23-33-000-2019-00085-011

Nº Interno : 1126-2021

Demandante : Consuelo Beatriz Fuentes de González

Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Tema : Reconocimiento de pensión gracia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 22 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico (sección C) , que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones.

La señora Consuelo Beatriz Fuentes de González , por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de las Resoluciones 35107 de 21 de septiembre de 2016 y 3158 de 30 de enero de 201 7, mediante las cuales la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

(CPACA), para solicitar la nulidad de las Resoluciones 35107 de 21 de septiembre de 2016 y 3158 de 30 de enero de 201 7, mediante las cuales la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

A título de restablecimiento del derecho , pidió que se condene a la demandada a: (i) conceder la pensión gracia a partir del 18 de noviembre de 2015, (ii) aplicar los ajustes de que trata el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 , (iii) actualizar las sumas adeudadas con fundamento en el índice de precios

1 Las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica Samai.2

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al consumidor, (iv) pagar intereses moratorios, de conformidad con el artículo 192 del CPACA, y (vi) en costas procesales.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

La demandante nació el 20 de noviembre de 1953; fue nombrada mediante Decreto 522 de 17 de octubre de 1974 de la secretaría de educación del Magdalena, como directo ra seccional de escuela, empleo del que tomó posesión el 6 de noviembre de ese año y ejerció hasta el 18 de abril de 1975 (durante 5 meses y 12 días); posteriormente, fue designada con Resolución 1105 de 13 de marzo de 1975 del Ministerio de Educación Naci onal, en condición de profesora de secundaria en el municipio de Manatí (Atlántico).

(durante 5 meses y 12 días); posteriormente, fue designada con Resolución 1105 de 13 de marzo de 1975 del Ministerio de Educación Naci onal, en condición de profesora de secundaria en el municipio de Manatí (Atlántico).

El aludido vínculo nacional mutó a departamental en virtud de la Ley 60 de 1993, dado que el departamento del Atlántico fue certificado para la prestación del servicio ed ucativo, por medio de Resolución 4660 de 12 de octubre de 1995 de la mencionada cartera, que le entregó ese servicio, según acta de 30 de abril de 1996, por tanto, desde tal día hasta el 18 de noviembre de 2015 (cuando cumplió 20 años de servicios docente) las labores prestadas por la demandante fueron de carácter territorialdepartamental.

El 11 de mayo de 2016 la accionante formuló petición orientada a que se le reconociera la pensión gracia, teniendo en cuenta, amén de la mencionada vinculación del 6 de noviembre de 1974 al 18 de abril de 1975, que su relación laboral desde el 30 de abril de 1996 fue de naturaleza territorial; solicitud que fue negada a través de Resolución 35107 de 21 de septiembre de 2016, porque su vinculación a la docencia oficial ha sido de tipo nacional, contra la cual interpuso recurso de apelación, insistiendo en la descentralización de la educación desde el 30 de abril de 1996, pero dicha decisión fue confirmada con Resolución 3158 de 30 de enero de 2017.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

La parte actora acusó como trasgredidas las siguientes disposiciones:

decisión fue confirmada con Resolución 3158 de 30 de enero de 2017.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

La parte actora acusó como trasgredidas las siguientes disposiciones: De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 13, 23, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288, 356 y 357. De la Ley 39 de 1903, los artículos 3, 4 y 13.3

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De la Ley 114 de 1913, los artículos 1, 2, 3 y 4. De la Ley 116 de 1928, el artículo 6. De la Ley 37 de 1933, el artículo 3. De la Ley 24 de 1947, el artículo 1. De la Ley 4ª de 1966, el artículo 4. De la Ley 43 de 1975, los artículos 1 y 10. De la Ley 91 de 1989, los artículos 1 y 15 (numeral 2, letra a). De la Ley 60 de 1993, los artículos 2, 3, 4, 6, 14 y 15. De la Ley 100 de 1993, el artículo 14. Del Decreto 2277 de 1979, los artículos 1, 2, 3, 5 y 6. Del CPACA, los artículos 42 y 80.

La parte demandante, en resumen, expuso que a partir del procedimiento de

Del Decreto 2277 de 1979, los artículos 1, 2, 3, 5 y 6. Del CPACA, los artículos 42 y 80.

La parte demandante, en resumen, expuso que a partir del procedimiento de la descentralización de la educación, previsto en la Ley 60 de 1993 , dejó de ser docente nacional y pasó a ser departamental, dada la entrega que hizo el Ministerio de Educación Nacional de aquella al departame nto del Atlántico y, en ese orden, este recibió las competencias en ese ámbito y los maestros se incorporaron a su planta de personal sin solución de continuidad , lo cual tuvo lugar el 30 de abril de 1996, fecha en la que mutó su vinculación a territorialdepartamental, por lo que no es dable excluir el período laborado desde ese día para completar los 20 años de servicios docente , que se exige para adquirir la pensión gracia deprecada.

2. Contestación de la demanda.

La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó que el tiempo trabajado por la actora en la Escuela Normal Superior para Señoritas de Manatí es del orden nacional, en razón a que su nombramiento se realizó a través de Resolución 1105 de 13 de marzo de 1975 del Ministerio de Educ ación Nacional, por lo que no hay lugar a reconocer la pensión gracia que solicita, al haber recibido remuneración proveniente del tesoro nacional, de conformidad con la Ley 114 de 1913.

Como excepciones propuso las que denominó: inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción de mesadas.

3. La sentencia de primera instancia.

conformidad con la Ley 114 de 1913.

Como excepciones propuso las que denominó: inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción de mesadas.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Atlántico (sección C) , mediante se ntencia4

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proferida el 22 de octubre de 2020, negó las pretensiones de la demanda (sin condena en costas). Consideró que la accionante no reúne la totalidad de los requisitos preestablecidos para tener derecho a la pensión gracia, puesto que no se puede computar el lapso que laboró en calidad de docente nacional (del 1º de abril de 1975 al 25 de febrero de 2016). De igual modo, resulta inviable tener en cuenta como vinculación territorial el período de servicio prestado desde el 30 de abril de 1996 hasta el 25 de febrero de 2016, con ocasión de la descentralización de la educació n, ya que la Ley 60 de 1993, de ninguna manera, con la entrega de la administración de la educación a las entidades territoriales, modificó el tipo de vínculo de los maestros.

Concluyó que la demandante no colma los requisitos preceptuados legalmente para la pensión gracia, pues es imposible incluir el tiempo que laboró en condición de educadora nacional, para efectos de su reconocimiento.

4. El recurso de apelación.

legalmente para la pensión gracia, pues es imposible incluir el tiempo que laboró en condición de educadora nacional, para efectos de su reconocimiento.

4. El recurso de apelación.

La parte demanda nte solicitó revocar la sentencia de primera instancia . Insiste en que el vínculo nacional que tenía desde el 1° de abril de 1975 «[…] mutó a partir del 30 de abril de 1996, a un vínculo departamental, por lo que, los tiempos prestados a partir de la fecha de la ejecución de la descentralización de la educación hasta el 25 de febrero de 2016 (fecha de expedición del certificado), son aptos, para efectos de la pensión gracia».

Alegó que, de conformidad con los artículos 2, 3 y 6 de la Ley 60 de 1993, «[…] los planteles educativos, que antes eran nacionales o nacionalizados pasarían a ser planteles departamentales o municipales y que, las plantas a las que pertenecían los maestros, nacionales o nacionalizadas, pasaban a ser pantas [sic] departamentales o municipales; sin embargo, el Tribunal dice que la Ley 60 de 1993, no modific ó el tipo de vinculación ». Por consiguiente, si los recursos con los cuales se paga a los docentes, a partir del procedimiento de descentralización, son de propiedad de los departamentos, municipios y distritos, y no de la N ación, debe concluirse que ello permite la contabilización de los tiempos servidos a partir de esa descentralización de la educación.

Que «[…] si los maestros dejaron de pertenecer a plantas nacionales y5

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educación.

Que «[…] si los maestros dejaron de pertenecer a plantas nacionales y5

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pasaron a plantas departamentales, distritales o municipales; y si además dejó de pagárseles con recursos nacionales y a partir de la descentralización se le pagó con recursos de propiedad de los departamentos, distritos o municipios, no puede decirse, que el cargo que era nacional no cambió de naturaleza y que esta permaneció incólume».

5. Alegatos de conclusión

Mediante auto del 8 de noviembre de 2022, el despacho sustanciador corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto.

5.1. Parte demandante.

El apoderado de la actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y cita varios apartes jurisprudenciales que pide tener en cuenta.

5.2. Parte demandada.

La UGPP presentó solicitud de unificación jurisprudencial.

5.3. Ministerio Público

El representante del Ministerio Público no rindió concepto, según constancia secretarial del 14 de febrero de 2023.

6. Auto que decide solicitud de unificación de la jurisprudencia. A través de providencia de 29 de junio de 2023 , la sección segunda del Consejo de Estado negó la petición formulada por la demandada de que se emita sentencia de unificación jurisprudencial en la cual, para efectos del

de providencia de 29 de junio de 2023 , la sección segunda del Consejo de Estado negó la petición formulada por la demandada de que se emita sentencia de unificación jurisprudencial en la cual, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, se defina « qué […] debe entenderse como “plaza docente” su [s] […], requisitos y lineamientos que permitan dilucidar cuáles son las condiciones […], para ser considerada como nacional, nacionalizada o territorial».

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De6

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igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso2, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos d el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico (sección C) , que negó las pretensiones. Para el efecto se anal izará si a la accionante le asiste razón jurídica para reclamar de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia por cumplir los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan; o, por el contrario, car ece de fundamento,

requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan; o, por el contrario, car ece de fundamento, pues no laboró por lo menos veinte (20) años como maestra con vinculación territorial o nacionalizada en instituciones educativas departamentales, distritales o municipales, como lo concluyó el a quo.

Con el propósito de desatar el prob lema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia; 2.2. La incorporación de los profesores a los entes territoriales, en virtud de la descentralización de la educación pública; 2.3. Hechos probados; y 2.4. Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.

En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:

2 «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda ins tancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia»7

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El artículo 1º de la Ley 114 de 19133 consagró por primera vez la pensión gracia:

Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley.

El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que, para gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q] ue no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de

nacional […]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903 4, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 1928 5 amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción P ública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual6.

3 «[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».

en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual6.

3 «[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 4 «[S]obre Instrucción Pública». 5 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927». 6 «Artículo 128. Nadie podrá dese mpeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».8

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La Ley 37 de 1933 7 tampoco introdujo modificaciones a lo s presupuestos contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel secundario.

La Corte Constitucional, en sentencia C -479 de 9 de septiembre de 1998 8, con o casión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la

(parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la misma Car ta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una justi ficación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca la ley.

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 19759, los profesores de primaria y secundaria queda ron vinculados a la Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l] a educación

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 19759, los profesores de primaria y secundaria queda ron vinculados a la Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l] a educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación ». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto de las pensiones, preceptuó:

7 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados». 8 M. P. Carlos Gaviria Díaz. 9 «[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».9

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A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los

demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconoci éndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar está a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.

Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a

derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentina mente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no po día disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter nacional”. […]

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de10

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diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes

diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados

(literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiari os de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pens ión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley10.

Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocup ó de dilucidar la interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15

graciosa que inicialmente le asignó la ley10.

Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocup ó de dilucidar la interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ030-CE-S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001 -23-33-0002016-00278-01 (3018-2017), en l a que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.

Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU-14 de 2020 11, esa disposición «[…] «solo tiene una lectura posible, esto es, la int erpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestació n [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y

10 Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda. 11 M. P. José Fernando Reyes Cuartas.11

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Peñaranda. 11 M. P. José Fernando Reyes Cuartas.11

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cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».

De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la p ensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que precisamente previó el legislador como pla zo máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C -84 de 17 de febrero de 1999, expuso:

Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.

3.2.1. De la propia evolución histórico -legislativa de la vinculación laboral de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria co