CE - 012333000201900104011SENTENCIA20231204085729

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicado : 15001-23-33-000-2019-00104-01

Nº Interno : 211-2021

Demandante : Luz Amira del Carmen Vargas Medina

Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Tema : Reconocimiento de pensión gracia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 15 de julio de 2020 , proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones.

La señora Luz Amira del Carmen Vargas Medina , por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1 previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de las Resoluciones RDP 41731 de 2 de noviembre de 2016 y RDP 6405 de 21 de febrero de 2017 , mediante las cuales la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

noviembre de 2016 y RDP 6405 de 21 de febrero de 2017 , mediante las cuales la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

A título de restablecimiento del derecho , pidió que se condene a la demandada a: (i) conceder la pensión gracia a partir de la fecha de adquisición del estatus p ensional (18 de febrero de 2009), cuyas mesadas deben ser sufragas en forma indexada con base en el índice de precios al consumidor; (ii) pagar intereses moratorios, (iii) dar cumplimiento al fallo en

1 Folios 1 a 29.2

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Demandante: Luz Amira del Carmen Vargas Medina

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los términos del artículo 192 del CPACA y (vi) en costas procesales.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

La demandante nació el 4 de abril de 1952 , prestó sus servic ios como maestra departamental desde el 9 de febrero de 1976 y, luego, fue nombrada a través de Resolución 5473 de 22 de abril de 1983, por parte del Ministerio de Educación Nacional.

Su vínculo nacional mutó a territorial, en virtud de la Ley 60 de 1993, cuando el departamento de Boyacá fue certificado por la aludida cartera mediante Resolución 6016 de 22 de diciemb re de 1995 y se le hizo entrega de la administración de la educación con acta de 10 de mayo de 1996, por lo que el tiempo trabajado entre esta última fecha y el 13 de diciembre de 2002 es de carácter territorial, apto para obtener la pensión gracia.

administración de la educación con acta de 10 de mayo de 1996, por lo que el tiempo trabajado entre esta última fecha y el 13 de diciembre de 2002 es de carácter territorial, apto para obtener la pensión gracia.

Por mandato de la Ley 715 de 2001, el municipio de Tunja también fue certificado por el Ministerio de Educación Nacional por medio de Resolución 2755 de 3 de diciembre de 2002, entidad territorial a la que se le hizo entrega de la administración de la educación por parte del departamento de Boyacá a través de acta de 14 de los mismos mes y año, por tanto, el lapso laborado a partir de ese día es de naturaleza municipal, también susceptible de ser contabilizado para lograr la prestación reclamada.

La demandante «[…] cumplió 20 años de servicio y alcanzó su estatus para gozar de la Pensión Gracia el día 18 de febrero de 2009 » (sic); además, ejerció su empleo «[…] con honradez, consagración y buena conducta […]», motivo por el cual el 1º de julio de 2016 pidió de la accionada la pensión gracia, negada mediante Resolución RDP 41731 de 2 de noviembre de 2016, con el argumento de que su vinculación con la docencia fue de carácter nacional, confirmada con la RDP 6405 de 21 de febrero de 2017 , al desatar un recurso de apelación contra la anterior.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

De la Constitución Política, los artículos 1º, 2º, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286 a 288, 356 y 357.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

De la Constitución Política, los artículos 1º, 2º, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286 a 288, 356 y 357. De la Ley 39 de 1903, los artículos 3, 4 y 13.3

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De la Ley 114 de 1913, los artículos 1, 2, 3 y 4. De la Ley 116 de 1928, el artículo 6. De la Ley 37 de 1933, el artículo 3. De la Ley 24 de 1947, el artículo 1. De la Ley 4ª de 1966, el artículo 4. De la Ley 43 de 1975, los artículos 1 y 10. De la Ley 91 de 1989, los artículos 1 y 15 (numeral 2, letra a). De la Ley 60 de 1993, los artículos 2, 3, 4, 6, 14 y 15. Del Decreto 2277 de 1979, los artículos 1, 2, 3, 5 y 6. Del CPACA, los artículos 42 y 80.

La parte demandante, en resumen, expuso que la demandada incurre en falsa motivación e inf racción de las normas en que debía fundarse, toda vez que si «[…] hubiera estudiado el tema planteado a la luz de la Ley 60 de 1993, que se citó en el Derecho de Petición y hubiese analizado la prueba sobre descentralización de la educación seguramente hub iera concluido en que […] el tiempo de servicio prestado […] a partir del 10 de mayo de 1996

1993, que se citó en el Derecho de Petición y hubiese analizado la prueba sobre descentralización de la educación seguramente hub iera concluido en que […] el tiempo de servicio prestado […] a partir del 10 de mayo de 1996 hasta el 13 de diciembre de 200 2 […] mutó a Territorial -Departamental y luego desde el 14 de diciembre de 2002 hasta la fecha, ese tiempo de servicio de carácter Departamental mutó a Territorial – Municipal. Como no lo hizo así […] le privó de reconocer que […] sí había cumplido veinte (20) años de servicio aptos para el reconocimiento de la pensión […]» (sic) gracia.

Que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado , los recursos del sistema general de participaciones «[…] pertenecen a la respectiva entidad territorial, lo que en concordancia con el artículo 38 de [la Ley 715 de 2001], permite concluir […] que el vínculo y relación laboral de los docentes se da para con la entidad territorial correspondiente […] y no con la Nación, quien […] descentralizó y transfirió el manejo de la educación al nivel departamental, distrital o municipal».

2. Contestación de la demanda.

La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda2. Afirmó que en el expediente administrativo de la demandante obran certificados de tiempo de servicios expedidos por la secretaría de educación de Tunja, que dan cuenta

2 Folios 201 a 224.4

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de que a partir del 13 de mayo de 1983 la vinculación de la docente fue

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de que a partir del 13 de mayo de 1983 la vinculación de la docente fue nacional, situación que , igualmente, se confronta con los certificados de factores salariales emitidos por la mencionada entidad territorial. Asimismo, no se allegó en sede administrativa los actos de nombramiento y posesión, que le permitieran a l a demandada entrever que su vinculación se dio antes del 31 de diciembre de 1980, durante el tiempo exigido por la norma y como docente del orden territorial o nacionalizado, razón por la cual, por estricta disposición legal, resulta improcedente el recono cimiento pensional pretendido.

Como excepciones propuso las que denominó: inexistencia de la obligación y de vulneración de principios constitucionales y legales y prescripción.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Boyacá , mediante sentencia proferida el 15 de julio de 20203, negó las pretensiones de la demanda (sin condena en costas). Consideró que la administración de las plantas de personal cedida a las entidades territoriales certificadas en educación, así como las demá s competencias que les fueron trasladadas, no implicó (al menos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia ) un cambio en la naturaleza de la vinculación primigenia de los docentes, que permita equipararlos a quienes en su momento, hace más de un siglo (en 1913), fueron caracterizados como grupo especial que requirió la gracia de la pensión; y para el 29 de diciembre de 1989 la demandante llevaba laborando al servicio de la educación un

en su momento, hace más de un siglo (en 1913), fueron caracterizados como grupo especial que requirió la gracia de la pensión; y para el 29 de diciembre de 1989 la demandante llevaba laborando al servicio de la educación un poco más de trece años, de los cuales solo 7 fue ron como docen te nacionalizada, pues si bien se evidencia que con anterioridad a la entrada en vigencia de L ey 91 de 1989 trabajó al servicio del Colegio Salesian o Maldonado de Tunja, lo cierto es que del 13 de mayo de 1 983 al 13 de diciembre de 1999 ( 16 años y 7 meses ), tal como lo fue admitido por las partes, fungió en condición de maestra nacional.

Concluyó que «[…] la pretensión del recurrente, de tener en cuenta el servicio prestado por la actora con posterioridad al 10 de mayo de 1996cuando el departamento de Bo yacá fue certificado por el Ministerio de Educación Nacional para prestar el servicio educativo -, no puede ni siquiera

3 La cual obra en la herramienta electrónica Samai, índice 3.5

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considerarse, simple y llanamente porque para el reconocimiento de la pensión gracia se requiere haber cumplido con la totalidad de requi sitos antes de entrar a regir la Ley 91 de 1989».

4. El recurso de apelación.

La parte demanda nte solicitó revocar la sentencia de primera instancia 4. Afirmó que aunque el tiempo de servicio del 13 de mayo de 1983 al 9 de mayo de 1996 es nacional, el per íodo trabajado desde el 10 de mayo de

La parte demanda nte solicitó revocar la sentencia de primera instancia 4. Afirmó que aunque el tiempo de servicio del 13 de mayo de 1983 al 9 de mayo de 1996 es nacional, el per íodo trabajado desde el 10 de mayo de 1996 (fecha de ejecución del proceso de descentralización en el departamento de Boyacá) es departamental, ya que para el momento en que se concretó el trámite descentralizador la actora laboraba como educadora en la circunscripción territorial de Boyacá, específicamente en el municipio de Tunja; y, posteriormente, este vínculo d epartamental mutó a municipal a partir del 14 de diciembre de 2002, dado que el m unicipio de Tunja fue certificado y el departamento de Boyacá l e entregó la educación , según acta de 14 de diciembre de 2002.

Alegó que «[...] cometió un yerro el Juez de Primera Instancia, al indicar que el tiempo de servicio de [la demandante], prestado desde el 13 de mayo de 1983 hasta el 25 de mayo de 2016 (fech a de expedición del certificado), es de vínculo nacional, pues desde el 10 de mayo de 1996 hasta el 13 de diciembre de 2002, tal vínculo es Departamental -Boyacá y los que fueron ejecutados desde el 14 de diciembre de 2002 hasta el 25 de mayo de 2016, deben ser tenidos en cuenta como Municipales, todo conforme a la Ley 60 de 1993 y Ley 715 de 2001 y a los actos administrativos de certificación del Departamento de Boyacá y el Municipio de Tunja y a las actuaciones administrativas mediante las cuales la educac ión primaria y secundaria fueron entregadas al Departamento de Boyacá y el Municipio de Tunja [...]»

Departamento de Boyacá y el Municipio de Tunja y a las actuaciones administrativas mediante las cuales la educac ión primaria y secundaria fueron entregadas al Departamento de Boyacá y el Municipio de Tunja [...]» (sic).

5. Alegatos de conclusión

Mediante auto del 16 de febrero de 2023 5, el despacho sustanciador corrió traslado a las partes para que alegaran de c onclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto.

4 Ibidem. 5 Folio 318.6

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5.1. Parte demandante.

El apoderado de la actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y cit ó varios apartes jurisprudenciales que pide tener en cuenta , para conclu ir que « Si la demandante trabajó una fracción de tiempo como educadora nacionalizada desde el 9 de febrero de 1976 hasta el 1 de mayo de 1983, luego como educadora departamental – Boyacá, desde 10 de mayo de 1996 hasta el 13 de diciembre de 2002, por efect o de la descentralización de la educación, y luego como educadora municipal – Tunja, desde el 14 de diciembre de 2002 hasta el 25 de mayo de 2016 (fecha de expedición del certificado), también por efecto de la descentralización, y así cumplió más de 20 año s de servicio y si además cumplió 50 años de edad y laboró en la educación con honradez, consagración y buena conducta, debemos concluir que las pretensiones de la demanda deben prosperar […]»6.

5.2. Parte demandada.

educación con honradez, consagración y buena conducta, debemos concluir que las pretensiones de la demanda deben prosperar […]»6.

5.2. Parte demandada.

La UGPP insistió en que la accionante «[…] no cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos por las normas mencionadas a lo largo de la defensa, por tal razón, no es procedente el reconocimiento de una pensión gracia tal cual lo depreca con la demanda », porque ha labor ado como docente por 16 años y 7 meses con ocasión de un nombramiento realizado por el Ministerio de Educación Nacional7.

5.3. Ministerio Público

El señor procurador delegado de intervención 8 ante el Consejo de Estado, quien funge como representante del Minister io Público dentro del presente proceso, es del criterio que la sentencia de primera instancia debe confirmarse, dado que «[…] de acuerdo con los actos de nombramiento realizados y firmados por el representante del Ministerio de Educación Nacional, con el c ertificado de tiempo de servicios No. 0119 expedido por la Secretaría municipal de Tunja, que detalló el vínculo de carácter nacional de la demandante a partir del 13 de mayo de 1983, la demandante contó con vinculación nacional durante el periodo comprendido entre […] el 13 de mayo

6 Memorial obrante en la herramienta Samai. 7 Ibidem.7

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de 1983 hasta el 13 de diciembre de 1999, por lo que no cumple con los requisitos legales para acceder a la pensión gracia»8.

6. Auto que decide solicitud de unificación de la jurisprudencia. A través

de 1983 hasta el 13 de diciembre de 1999, por lo que no cumple con los requisitos legales para acceder a la pensión gracia»8.

6. Auto que decide solicitud de unificación de la jurisprudencia. A través de providencia de 29 de junio de 2023 , la sección segunda del Consejo de Estado negó la petición formulada por la demandada de que se emita sentencia de unificación jurisprudencial en la cual, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, se defina « qué […] debe entende rse como “plaza docente” su [s] […], requisitos y lineamientos que permitan dilucidar cuáles son las condiciones […], para ser considerada como nacional, nacionalizada o territorial».

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para c onocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)9, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos d el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones. Para el efecto se analizará si a la accionante le asiste razón jurídica para reclamar de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia por cumplir los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás

UGPP el reconocimiento de la pensión gracia por cumplir los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan; o, por el contrario, carece de fundamento, pues no laboró por lo menos veinte (20) años como maestra con vinculación territorial

8 Ib. 9 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurs o, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no s e podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»8

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o nacionalizada en instituciones educativas departamentales, distritales o municipales, como lo concluyó el a quo.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia; 2.2.

municipales, como lo concluyó el a quo.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia; 2.2. La i ncorporación de los profesores a los entes territoriales, en virtud de la descentralización de la educación pública; 2.3. Hechos probados; y 2.4. Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.

En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación especial otorgada a los docentes estatale s territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 191310 consagró por primera vez la pensión gracia:

Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley.

El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que para gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q] ue no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que

recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían los profesores de primaria en las entidades territoria les respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903 11, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

10 «[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 11 «[S]obre Instrucción Pública».9

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Posteriormente, la Ley 116 de 192812 amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normale s y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para pode r acceder

pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para pode r acceder a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual13.

La Ley 37 de 1933 14 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel secundario.

La Corte Constitucional, en sentencia C -479 de 9 de septiembre de 1998 15, con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra co mo requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtu d de las facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son

pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para

12 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927». 13 «ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas». 14 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados». 15 M. P. Carlos Gaviria Díaz.10

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gozar de una pensión de jubilación. En este orden de ideas, la norma p arcialmente acusada, tiene una justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca la ley.

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43

recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca la ley.

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 197516, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l] a educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación ». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto de las pensiones, preceptuó:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 q ue por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos

partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.

Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los

16 «[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendenci as y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».11

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derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ello s, por habérseles sometido repentinamente

[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ello s, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Le yes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docente s, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter nacional”. […]

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es ot ro que el colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docen tes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados

del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley17.

17 Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda.12

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Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar la interpretación aplicable de la letra a del numeral