CE - 012333000201900130011SENTENCIA20231011112230

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. , cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 18001233300020190013001 (3573 -2021 )

Demandante: Humberto Gasca Pimentel Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la

Protección Social – UGPP 1

Temas: Pensión gracia . Naturaleza de la vinculació n docente .

Nacional . Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 16 de ju nio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Caquetá , que negó las súplicas de la demanda .

I. ANTECEDENTES

1 LA DEMANDA 2

1.1. Pretensiones de la demanda .

El señor Humberto Gasca Pimentel , por intermedio de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley

1.1. Pretensiones de la demanda .

El señor Humberto Gasca Pimentel , por intermedio de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones

1 En adelante, UGPP. 2 Expediente digital visible en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado. En adelante, SAMAI. 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En adelante CPACA.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233300020190013001 (3573 -2021)

Demandante: Humberto Gasca Pimentel

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 RDP 047375 del 16 de diciembre de 2016 y RDP 012884 del 2 8 de marzo de 2017, mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia .

Como restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia, con el 75% del promedio de todos los factores devengados el año anterior a l 28 de enero de 2004 , fecha en la que alcanzó el estatus pensional ; (ii) reajustar la pensión según lo dispuesto en la Ley 71 de 1988; (iii) ajust ar el valor reconocido conforme al Índice de Precios al

28 de enero de 2004 , fecha en la que alcanzó el estatus pensional ; (ii) reajustar la pensión según lo dispuesto en la Ley 71 de 1988; (iii) ajust ar el valor reconocido conforme al Índice de Precios al Consumidor, tal y como lo autoriza el artículo 187 del CPACA; (iv) cumplir la sentencia dentro del término previsto o pagar intereses moratorios de acuerdo con lo establecido en los artículo s 192 y 195 ejusdem ; (v) pagar perjuicios inmateriales ocasionados por el sufrimiento derivado del no pago oportuno de la mesada pensional equivalente a 100 SMMLV; y (vi) sufragar las costas del proceso.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda .

El actor relató que nació el 24 de enero de 1954 y que prestó servicio como docente oficial territorial o nacionalizado , así:

Indicó que el 3 de agosto de 2016 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia; no obstante, con los actos demandad os le fue negado el derecho.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233300020190013001 (3573 -2021)

Demandante: Humberto Gasca Pimentel

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 El accionante señaló que, con los actos administrativos

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 El accionante señaló que, con los actos administrativos demandados, la UGPP incurrió en grave falsa motivación, falta de valoración probatoria y violación de normas constit ucionales y legales que regulan la pensión gracia.

Indicó que antes del 31 de diciembre de 1980 estuvo vinculado como docente nacionalizado en el departamento de Caquetá, por lo que dicho tiempo no puede ser desestimado y que, además, las normas que regulan la materia no indican que sea necesario estar vinculado para esa fecha , ni exige un tiempo mínimo de servicio prestado con anterioridad a la misma data.

Igualmente, manifestó que los tiempos podían haberse prestado en dive rsas épocas y en todo caso serían computables y en ese orden, acreditó los 20 años requeridos pues , «los actos administrativos que nombraron a Humberto Gasca Pimentel fueron expedidos por la Secretaría de Educación del Putumayo y Caquetá, es decir, cumple con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 .

En cuanto a los certificados expedidos en los que se señala que su vinculación fue nacional, indicó que ellos no atienden a la verdad, pues su vinculación fue territorial y nacionalizada, teniendo en cuenta el ente gubernativo que profir ió dicho s acto s.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que los actos administrativos acusados fueron expedidos conforme a derecho , pues, según los tiempos de servicio certificados, el tipo

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que los actos administrativos acusados fueron expedidos conforme a derecho , pues, según los tiempos de servicio certificados, el tipo de vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 no fue determinad o, y desde el 8 de octubre de 1993 en adelante fueron nacionales y , en consecuencia, no hay lugar el reconocimiento que reclama.

4 Obran te en el expediente digital en la plataforma SAMAI, visible en el índice 2.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233300020190013001 (3573 -2021)

Demandante: Humberto Gasca Pimentel

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 Propuso las siguientes excepciones (i) inexistencia de la obligación demandada; (ii) ausencia de vicios en el acto administrativo demandado; (iii) prescripción; y (iv ) la innominada o genérica.

3. AUDIENCIA INICIAL 5

El Tribunal Administrativo de Caquetá , mediante auto interlocutorio del 3 de diciembre de 2020, en acatamiento a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 2020, negó las pruebas solicitadas por el demandante y corrió traslado para alegar de concl usión.

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo de Caquetá el 16 de junio de 2021, negó

solicitadas por el demandante y corrió traslado para alegar de concl usión.

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo de Caquetá el 16 de junio de 2021, negó las súplicas de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

Como fundamento de la decisión, la autoridad judicial indicó que los docentes debían acreditar al 29 de diciembre de 1989 el cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos para obtener el derecho a la pensión gracia .

Que, de acuerdo con las pruebas allegadas, el demandante con anterioridad al 29 de diciembre de 1989, prestó sus servicios como docente en Escuela rural mixta San Francisco Senseya Municipio de Puerto Leguizamo Putumayo del 1.º de enero de 1979 al 31 de enero de 1982 y la siguiente vinculación del actor en el sector educativo fue en el año 1993, por lo que laboró como docente por un plazo de 3 años y 30 días, y que para esa fecha contaba con 28 años de edad .

5 Idem. 6 Folios 353 a 369.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233300020190013001 (3573 -2021)

Demandante: Humberto Gasca Pimentel

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 En ese orden, el actor no acredit ó los requisitos exigidos y por tanto , no puede ser benef iciario de la pensión gracia solicitada,

Bogotá D.C. – Colombia 5 En ese orden, el actor no acredit ó los requisitos exigidos y por tanto , no puede ser benef iciario de la pensión gracia solicitada, razón por la cual, no consideró procedente examinar lo relativo al carácter de los nombramientos posteriores , pues aun cuando fuere satisfecho ese requisito, lo cierto es que el demandante no tenía consolidado su de recho a la pensión gracia a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 .

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

El señor Humberto Gasca Pimentel, solicitó revocar la decisión y, en su lugar, acceder a las pretensiones.

Sostuvo que se logró probar que el accionante «inició su vida laboral el día 01 de Enero de 1.979 como docente, nombrada (sic) mediante Resolución 002 del 14 de febrero de 1.979 por el Gobernador del Putumayo al servicio de la Secretaria de educación Departamental del Putumayo, hasta el día 31 de Ener o de 1982, como docente nacionalizado (a); y que posteriormente fue vinculado mediante Decreto de nombramiento No. 1193 del 27 de Septiembre de 1.993 por el Gobernador del Caquetá GABRIEL SANDOVAL y el secretario de educación VICTOR RENE LOSADA PINTO, sien do incorporado en la planta de personal de la Escuela NACIONALIZADA “El Diamante” en el Municipio de Florencia -Caquetá, en propiedad como “docente que reúne los requisitos para desempeñar el cargo vacante, lo anterior en virtud

planta de personal de la Escuela NACIONALIZADA “El Diamante” en el Municipio de Florencia -Caquetá, en propiedad como “docente que reúne los requisitos para desempeñar el cargo vacante, lo anterior en virtud del ordinal 7 del art 305 de la constitución política, ley 60 de 1993, dto 2277 de 1.979” » (sic).

Reiteró los argumentos expuesto s en el escrito de demanda y solicitó la protección del derecho a la igualdad (precedente horizontal) , toda vez que en fallo del 10 de julio de 2020 dentr o del proceso con radicación 50001 -23 -33 -000 -2014 -00249 -01 (37832018) el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso -Administrativo - Sección Segunda - Subsección B (Consejero ponente: Carmelo

7 Folios 250 a 269.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233300020190013001 (3573 -2021)

Demandante: Humberto Gasca Pimentel

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 Perdomo Cuéter; Accionante: Elvira Parrado Herrera) «ha reconocid o los derechos de personas en idéntica situación al demandante, en aplicación de las normas y principios atrás referidos. »

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Las partes, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público guard aron silencio.

II. CONSIDERACIONES

referidos. »

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Las partes, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público guard aron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación , de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 9.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, corresponde a la Sala determinar :

• Si el señor Humberto Gasca Pimentel tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.3. Normas y jurisprudencia ap licable al asunto.

2.3.1. La pensión gracia.

8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los trib unales administrativos […]». 9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la l ey.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233300020190013001 (3573 -2021)

Demandante: Humberto Gasca Pimentel

las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la l ey.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233300020190013001 (3573 -2021)

Demandante: Humberto Gasca Pimentel

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

Respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Por su parte, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y pro fesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública y autorizó la suma de servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo re querido para acceder a la pensión.

Con la Ley 37 de 1933 , el beneficio se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cu yo artículo 1.º, distinguió entre los conc eptos de docente «nacional», «nacionalizado» y «territorial».

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer

«territorial».

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 qu e por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesenNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233300020190013001 (3573 -2021)

Demandante: Humberto Gasca Pimentel

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requi sitos .

En ese orden, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la

prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló con claridad dicha exclusión.

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 10 previó las pautas jurisprudenciales a seguir en re lación con el presupuesto proveniente del situado fiscal y la titularidad de los recursos provenientes del sistema general de participaciones.

Dicha decisión hizo también referencia a los fondos educativos regionales, los cuales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados y en ese sentido se aclaró que el universo de esos recursos con los que se financiaban, le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuesto s en calidad de rentas exógenas y endógenas , por lo que no es dable inferir que los

locales dado que ingresaban a sus presupuesto s en calidad de rentas exógenas y endógenas , por lo que no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la en tidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo

10 Consejo de Estado, Secc ión Segunda. Radicación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233300020190013001 (3573 -2021)

Demandante: Humberto Gasca Pimentel

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

La sentencia en mención, se refirió a la prueba de calidad de docente territorial para lo cual, determinó que se requiere copia de

en la Nación.

La sentencia en mención, se refirió a la prueba de calidad de docente territorial para lo cual, determinó que se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva ce rtificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

En cuanto al origen de los recursos de la entidad nominadora, se señaló que lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada.

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030 -CE -S22022 del 11 de agos to de 2022 11 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989, para

adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que Los docentes pueden acceder a la pens ión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

11 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23 -33 -000 -201600278 -01 (3018 -2017).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233300020190013001 (3573 -2021)

Demandante: Humberto Gasca Pimentel

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

En conclusión, queda claro que, para acceder al reconocimiento de

pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

En conclusión, queda claro que, para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir co n los demás requisitos exigidos, es decir, haber alcanzado la edad de 50 años y haber observado buena conducta.

2.3.2 La educación contratada

En relación con la educación contratada, esta Corporación en sentencia del 24 de julio de 2008 12 sostuvo lo siguiente:

«Mediante la Ley 20 de 1974, se aprobó el Concordato y el Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en B ogotá el 12 de julio de 1973 y surge la Educación Misional Contratada. Esta modalidad de prestación del servicio educativo posibilitó la ampliación de la educación en los sectores más apartados del país y en los antiguos territorios nacionales a través de la suscripción de contratos entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica.

educativo posibilitó la ampliación de la educación en los sectores más apartados del país y en los antiguos territorios nacionales a través de la suscripción de contratos entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica.

“(…) Como servicio a la comunidad en las zonas marginadas, necesitadas temporalmente de un régimen canónico especial, la Iglesia colaborará en el sector de la educación oficial mediante contratos que desarrollen los programas oficiales respectivos y contem plen las circunstancias y exigencias específicas de cada lugar. Tales contratos celebrados con el

12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 88001 -23 -31 -000 -200400042 -01 (3018 -2017).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233300020190013001 (3573 -2021)

Demandante: Humberto Gasca Pimentel

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 Gobierno Nacional se ajustarán a criterios previamente acordados entre éste y la Conferencia Episcopal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo VI. (… )”

Con el fin de desarrollar los contratos mencionados en la norma transcrita, el Gobierno expidió el Decreto 2768 de 1975, que consagró normas para la celebración de los contratos entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica y estableció que serían firmados por el Ministerio de Educación Nacional a nombre del Gobierno Nacional y por el respectivo Ordinario Competente a nombre de la Iglesia, y tienen como objeto la administración por

Gobierno Nacional y la Iglesia Católica y estableció que serían firmados por el Ministerio de Educación Nacional a nombre del Gobierno Nacional y por el respectivo Ordinario Competente a nombre de la Iglesia, y tienen como objeto la administración por parte de esta de los centros educativos en el sector de la educación oficial, su tenor literal es el siguiente:

“Artículo cuarto. El nombramiento de rectores y directores, del personal docente, administrativo y de servicio, en los centros educativos bajo contrato, se hará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El no mbramiento de los rectores o directores de cada centro educativo o de cada conjunto de centros educativos bajo régimen contractual, lo hará el Ministerio de Educación Nacional entre los candidatos que presente el Ordinario competente. (…)”

El Decreto 2484 de 1976 modificó el Decreto 2768 de 1975 y estableció que el Ordinario Competente (Iglesia Católica) presentará al Ministerio de Educación Nacional los nombres del personal directivo, docente y administrativo de cada Centro Educativo o de cada conjunto de Centros Educativos, para que este ratifique las novedades de personal, su tenor literal es el siguiente:

“El Ministerio de Educación Nacional procederá a ratificar las novedades de personal de los Centros Educativos bajo contrato de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El Ordinario Competente presentará al Ministerio de Educación Nacional los nombres del personal directivo, docente y administrativo de cada Centro Educativo o de cada conjunto de Centros Educativos. (…)”

Mediante el Decreto 2155 de 1987, se derogaron los Decretos anteriores y en su lugar dispuso:

docente y administrativo de cada Centro Educativo o de cada conjunto de Centros Educativos. (…)”

Mediante el Decreto 2155 de 1987, se derogaron los Decretos anteriores y en su lugar dispuso:

“Artículo 1º Los contratos que de conformidad con el artículo trece del Concordato, se celebren entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica en el sector de la educa ción oficial en lasNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233300020190013001 (3573 -2021)

Demandante: Humberto Gasca Pimentel

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 zonas contempladas en el artículo sexto del Tratado, se ajustarán a las siguientes reglas:

1. Los contratos serán celebrados por el Presidente de la República y el Ministro de Educación Nacional, o por este último, de conformidad con las normas sobre competencia vigentes al momento de la firma, en nombre del Gobierno Nacional y por el respectivo ordinario competente a nombre de la Iglesia Católi ca.

2. Los contratos tienen como objeto la administración por parte de la Iglesia Católica de los Centros Educativos del Estado y de la Iglesia Católica que se rigen por las normas del Estado y cumplan los requisitos fijados en este Decreto.

3. Para cada jurisdicción eclesiástica se celebrará un solo contrato, en cuyos anexos quedarán enumerados, por regiones, los institutos docentes que sean objeto de este régimen contractual.

3. Para cada jurisdicción eclesiástica se celebrará un solo contrato, en cuyos anexos quedarán enumerados, por regiones, los institutos docentes que sean objeto de este régimen contractual.

En caso de que una jurisdicción eclesiástica abarque varias jurisdicciones ci viles, se podrán hacer tantos contratos cuantas sean las jurisdicciones civiles, según las conveniencias o exigencias legales.

4. En cada contrato se establecerá la posibilidad de su revisión y actualización según lo exija el cambio de las circunstancias durante su vigencia.

5. La duración de cada contrato será por un tiempo mínimo de tres años y máximo de cinco, y podrán ser renovados por acuerdo entre las partes.

6. Como anexo de cada contrato figura un inventario de los bienes muebles e inmuebles que pertenezcan a cada centro educativo.

7. Cuando el edificio del centro educativo del Estado pertenezca a la Iglesia Católica, en el contrato se mencionará expresamente el carácter eclesiástico de la propiedad del edificio.

8. Con cargo a las sumas señalad as en la ley de presupuesto de cada año y sus adiciones, se pagarán los sueldos y prestaciones sociales del personal directivo docente, docente y administrativo de los centros educativos bajo contrato, así como los gastos inherentes a la buena marcha de lo s centros educativos, sostenimiento de edificios, servicios públicos, material pedagógico y demás conceptos que aparezcan dentro de la ley de presupuesto. Las partidas por aporte de cesantías y Ley 27 de 1974, las girará directamente el Ministerio de Educa ción Nacional al Fondo Nacional de Ahorro y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con la

de la ley de presupuesto. Las partidas por aporte de cesantías y Ley 27 de 1974, las girará directamente el Ministerio de Educa ción Nacional al Fondo Nacional de Ahorro y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con la apropiación presupuestal respectiva.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 18001233300020190013001 (3573 -2021)

Demandante: Humberto Gasca Pimentel

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13

9. Cada contrato requiere para su validez: a) Pago de impuesto de timbre en la Administración de Hacienda Na cional; b) Aprobación y registro presupuestal; c) Publicación en el DIARIO OFICIAL. (…)”

Con la expedición del Decreto 1268 de 2001 que reglamentó el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 la competencia para la suscripción de estos contratos con Iglesias y Confesiones Religiosas se trasladó a las Entidades Territoriales con cargo de sus presupuestos, bajo la continua inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. Lo anterior permite concluir que el cuerpo docente adscrito a los Cent ros Educativos Contratados, cuyos nombramientos provenían por ratificación del Ministerio de Educación Nacional, ostentaban el carácter de docentes Nacionales. Lo anterior significa que los sueldos y prestaciones sociales del personal directivo docente, docente y administrativo de los centros educativos bajo contrato, estarán a cargo de la Nación. La educación contratada se trata de una de las diversas formas de

carácter de docentes Nacionales. Lo anterior significa que los sueldos y prestaciones sociales del personal directivo docente, docente y administrativo de los centros educativos bajo contrato, estarán a cargo de la Nación. La educación contratada se trata de una de las diversas formas de prestar educación pública, entendida como aquella que se financia con recursos oficia les, se ofrece en condiciones de gratuidad y debe llegar a los sectores sociales más pobres, en los que el Estado no puede proporcionar educación directamente sino por intermedio de estos contratos que quedan a cargo de la Nación. […]»

En conclusión, aque llos docentes adscritos a los Centros Educativos Contratados, cuyos nombramientos provenían por ratificación del Ministerio de Educación Nacional, ostentaban el carácter de docentes nacionales .

2.4. Caso concreto

2.4.1. Actuación administrativa.

El 3 de agosto de 2016 el actor solicit ó el reconocimiento y pago de la pensión