CE - 012333000201900130011SENTENCIA20231121120759

Radicado: 15001-23-33-000-2019-00130-01 (25409)

Demandante: Angélica María Ramírez Camacho

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2019-00130-01 (25409)

Demandante: Angélica María Ramírez Camacho

Demandada: UGPP

Temas: Aportes enero a diciembre 2014. Base de cotización independientes por cuenta propia. Presunción de veracidad de la declaración de renta.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 16 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que decidió1:

Primero: Negar las pretensiones de la demanda presentada por Angélica María Ramírez Camacho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Condenar en costas por agencias en derecho a la parte demandante y a favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Segundo. Condenar en costas por agencias en derecho a la parte demandante y a favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP; liquídense por Secretaría y sígase el procedimiento establecido e n el artículo 366 del Código General del Proceso.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Previo requerimiento para declarar y/o corregir del 5 de diciembre de 2016, la demandada profirió Liquidación Oficial nro. RDO 2017-01039, de 31 de mayo de 20172, en relación con los períodos de 01/01/2014 a 31/12/2014, por omisión en los aportes al Sistema de Protección Social (SPS) a cargo de la actora respecto de los subsistemas de salud y pensión e i mpuso sanción por no declarar3. Decisión que fue modificada con la Resolución nro. RDC -346, de 29 de junio de 2018 4, que disminuyó el monto de los aportes liquidados oficialmente y la sanción por no declarar5.

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, la demandante formuló las siguientes pretensiones6:

1 Folios 440 a 483 cp 2 Folios 33 a 47 cp 3 Liquidación oficial de aportes por $56.364.000 y sanción por omisión por $112.728.000 4 Folios 66 a 97 cp 5 Liquidación oficial de aportes por $56.162.200 y sanción por omisión por $112.324.400

3 Liquidación oficial de aportes por $56.364.000 y sanción por omisión por $112.728.000 4 Folios 66 a 97 cp 5 Liquidación oficial de aportes por $56.162.200 y sanción por omisión por $112.324.400 6 Folios 120 a 121 cpRadicado: 15001-23-33-000-2019-00130-01 (25409)

Demandante: Angélica María Ramírez Camacho

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Pretensiones principales:

Se declare la nulidad total de los siguientes actos administrativos:

1. Resolución No. RDO -2017-01039 del 31 de mayo del 2017: “Por medio de la cual se profiere a

Angélica María Ramírez Camacho , identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.018.457.790, liquidación oficial por omisión en la afiliación y/o vinculación de lo s aportes al sistema de seguridad social integral en el Subsistema de Salud y se sanciona por omisión ” cuyos periodos están comprendidos entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, determinando una presunta obligación al sistema de la seguridad social por salud y pensión por un valor de cincuenta y seis millones trescientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte ($56.364.000) y sanción por la omisión anterior, por un valor de ciento doce millones setecientos veintiocho mil pesos m/cte ($112.728.000).

2. Resolución No. RDC -346 del 29 de junio del 2018: “Por medio de la cual se resuelve el recurso

por un valor de ciento doce millones setecientos veintiocho mil pesos m/cte ($112.728.000).

2. Resolución No. RDC -346 del 29 de junio del 2018: “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución RDO -2017-01039 del 31 de mayo del 2017” cuyos periodos están comprendidos entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, determinando una presunta obligación al sistema de la seguridad social por salud y pensión por un valor de cincuenta y seis millones ciento sesenta y dos mil doscientos pesos m/cte ($56.162.200) y sanción por la omisión anterior, p or un valor de ciento doce mil trescientos veinticuatro mil cuatrocientos pesos m/c ($112.324.400.oo).

Pretensiones subsidiarias:

A. De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicitamos a su señoría, que, en caso de no conceder la pretensión principal de nulidad total del acto administrativo, se realice un análisis detallado de cada uno de los cargos imputados en la presente d emanda, y proceda a realizar una reliquidación de la presunta deuda fijada por la UGPP en el acto administrativo demandado,

declarando la nulidad parcial del mismo:

1. Resolución No. RDO -2017-01039 del 31 de mayo del 2017: “Por medio de la cual se profie re a

Angélica María Ramírez Camacho , identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.018.457.790, liquidación oficial por omisión en la afiliación y/o vinculación de los aportes al sistema de seguridad social integral en el Subsistema de Salud y se sanciona por omisión ” cuyos periodos están

liquidación oficial por omisión en la afiliación y/o vinculación de los aportes al sistema de seguridad social integral en el Subsistema de Salud y se sanciona por omisión ” cuyos periodos están comprendidos entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, determinando una presunta obligación al sistema de la seguridad social por salud y pensión por un valor de cincuenta y seis millones trescientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte ($56.364.000) y sanción por la omisión anterior, por un valor de ciento doce millones setecientos veintiocho mil pesos m/cte ($112.728.000)

2. Resolución No. RDC -346 del 29 de junio del 2018: “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución RDO -2017-01039 del 31 de mayo del 2017” cuyos periodos están comprendidos entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, determinando una presunta obligación al sistema de la seguridad s ocial por salud y pensión por un valor de cincuenta y seis millones ciento sesenta y dos mil doscientos pesos m/cte ($56.162.200) y sanción por la omisión anterior, por un valor de ciento doce mil trescientos veinticuatro mil cuatrocientos pesos m/c ($112.324.400.oo).

B. De igual forma, solicito Señor juez que, con el fin de evitar un perjuicio mayor a mi poderdante al haber interpuesto esta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en el dado caso se obligue a realizar un pago a seguridad social. Se le exonere del pago de los intereses moratorios del capital por deuda a la seguridad social, permitiéndole a mi representando por medio de la sentencia,

obligue a realizar un pago a seguridad social. Se le exonere del pago de los intereses moratorios del capital por deuda a la seguridad social, permitiéndole a mi representando por medio de la sentencia, utilizar la correspondiente planilla tipo J, la cual se utiliza para condenas de sentencia judicia l.

Sobre el restablecimiento del derecho:

A. Sobre el Daño Emergente:

1. Que se reconozca por concepto de daño emergente el pago de los gastos incurridos en la defensa jurídica ejercida por mi poderdante durante el proceso de fiscalización de la UGPP para interponer el recurso de reconsideración. Los valores de los gastos incurridos son por un valor de dos millones novecientos cincuenta mil ochocientos sesenta y ocho pesos m/cte ($2.950.868.oo), los cuales se prueban con el contrato de prestación de servicios suscrito con la firma y que se allega en el acápite de pruebas de la presente demanda.

2. En el caso de una eventual declaración de nulidad total o parcial de los actos atacados, solicitamosRadicado: 15001-23-33-000-2019-00130-01 (25409)

Demandante: Angélica María Ramírez Camacho

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

cordialmente, se ordene a la Unidad, la devolución de los dineros pagados por concepto de pago de seguridad social del año fiscali zado, respeto al capital, intereses moratorios y/o sanciones por omisión, inexactitud o mora.

Condena en costas . Solicito que se condene en costas a la Unidad Administrativa Especial de

seguridad social del año fiscali zado, respeto al capital, intereses moratorios y/o sanciones por omisión, inexactitud o mora.

Condena en costas . Solicito que se condene en costas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Invocó como normas vulnerad as los artículos 29, 48 y 338 de la CP (Constitución Política); 135 de la Ley 17 53 de 2015; 18 de la Ley 1122 de 2007; 2, 3, 5 y 6 de la Ley 797 de 2003; 1 del Decreto 3085 de 2007; 107, 330, 617 y 618 del ET (Estatuto Tributario) y 50 de la Ley 1739 de 2014, bajo el siguiente concepto de violación7:

La entidad demandada vulneró el derecho de defensa y contradicción de la actora, toda vez que, al evidenciar que debía notificarla por aviso tras la devolución del correo para llevar a cabo la notificación personal del requerimiento de información y del requerimiento para declarar o corregir, debió intentar comunicarle dichas actuaciones por todos los medios que tuviera a su alcance para que aquella pudiera proporcionar la respectiva respuesta; al efecto, pretermitió los otros datos de ubicación de la actora consignados en su RUT como el número telefónico y el correo electrónico.

Por otra parte, como para el 2014 el Congreso -único autorizado para regular tributosno había definido base gravable para independientes por cuenta propia y rentistas de capital -como

su RUT como el número telefónico y el correo electrónico.

Por otra parte, como para el 2014 el Congreso -único autorizado para regular tributosno había definido base gravable para independientes por cuenta propia y rentistas de capital -como sí lo hizo para los independientes con contrato de prestación de servicios mediante el artículo 18 del Ley 1122 de 2007 -, la entidad demandada no tenía competencia para hacerlo respecto de la demandante quien ostentaba dicha calidad, pues ese elemento del tributo solo fue fijado hasta la expedición de la Ley 1753 de 2015 -artículo 135-. Además, si bien el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 contempla la presunción de capacidad de pago de los declarantes de renta y por consiguiente su obligación de afiliarse al régimen contributivo, lo cierto es que también prevé que le correspondía al Gobierno Nacional reglamentar un sistema de presunción de ingresos para esos efectos . De esa manera , al no existir dicha reglamentación para el 2014 y consecuentemente no haber una base gravable determinada por la ley, los actos están viciados de nulidad por falsa motivación. Y si en gracia de discusión se estableciere el deber de cotización de la demandante, el aporte deberá calcularse sobre el salario mínimo porque nunca declaró ingresos en los términos del artículo 6 de la Ley 797 de 2003.

Fue errada la presunción de ingresos toda vez que la entidad dividió en doce meses los ingresos brutos de la declaración de renta de la actora, cuando el aludido artículo 6 de la Ley 797 de 2003 ordena que el pago a seguridad social debe realizarse sobre lo realmente percibido.

A su vez, la actuación de la demandada rompió el principio de buena fe porque fiscalizó

Ley 797 de 2003 ordena que el pago a seguridad social debe realizarse sobre lo realmente percibido.

A su vez, la actuación de la demandada rompió el principio de buena fe porque fiscalizó con base en ingresos brutos del denuncio rentístico de la demandante, sin tener en cuenta la presunción de veracidad que también recae sobre costos y gastos. Por ende, como no fue desvirtuada dicha presunción por la administración, no podían desconocerse aquellas erogaciones . Además, al analizar la procedencia de los costos y gastos la demandada asumió una competencia exclusiva de la DIAN sin tener autorización legal para el efecto. Por lo anterior, deben anularse los actos acusados o siquiera calcularse los aportes con base en la renta líquida del denuncio rentístico, sin verificar en detalle los costos y gastos.

De todos modos, los costos y gastos reclamados son procedentes a la luz de las normas tributarias y también acorde con la certificación del contador público, las cuentas de cobro

7 Folios 127 a 138 cpRadicado: 15001-23-33-000-2019-00130-01 (25409)

Demandante: Angélica María Ramírez Camacho

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-prueba idónea por pertenecer al régimen simplificado y no tener obligación de facturary el reporte de terceros que evidencian que los ingresos fueron percibidos por la actora en el mes de diciembre de 2014 -provenientes de la administración de vehículos que prestaron el servicio de

terceros que evidencian que los ingresos fueron percibidos por la actora en el mes de diciembre de 2014 -provenientes de la administración de vehículos que prestaron el servicio de transporte de pasajeros en virtud de los contratos de comodato suscritos con Edil Germ án Ramírez Rodríguez-. De esa forma, a su juicio, la actora debe aportar solo por esa mensualidad, para lo cual se deben restar a los ingresos brutos, los costos y gastos demostrados. De no aceptarse, debe restarse a los ingresos brutos el costo presunto del 75%, para finalmente sobre esa renta líquida calcular la base del 40%.

En todo caso, ante el vacío legal frente a la base gravable de independientes por cuenta propia, la entidad demandada debió por favorabilidad establecer los aportes de la actora sobre un IBC del 40% del valor mensualizado de sus ingresos, pues cuando inició el proceso de fiscalización en su contra -2016ya se encontraba vigente el artículo 135 de la Ley 1753 de 20158.

Finalmente, la sanción por omisión propuesta en el requerimiento para declarar o corregir fue determinada con base en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 cuando se encontraba en vigor el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016 -reforma tributaria-, disposición que también debió aplicarse por favorabilidad 9. Así, el actuar de la administración perjudicó a la actora porque no le otorgó la condición beneficiosa contenida en la reforma tributaria, toda vez que , al aplicarle la ley anterior , además de vulnerar el principio de correspondencia e impedirle acogerse al beneficio del artículo 316 idem -que procede

tributaria, toda vez que , al aplicarle la ley anterior , además de vulnerar el principio de correspondencia e impedirle acogerse al beneficio del artículo 316 idem -que procede cuando se ha notificado requerimiento para declarar o corregir antes de la fecha de publicación de la ley-, tasó la sanción s obre un 6% sin atender a la prohibición de que la misma no puede exceder el 100% del valor del aporte a cargo10.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora11. Dijo que las notificaciones del requerimiento de información , del requerimiento para declarar y/o corregir y de la liquidación oficial fueron llevadas a cabo con apego a las normas tributarias, teniendo en cuenta la dirección reportada por la actora en el RUT que para ese momento era la calle 24#10-29 de Sogamoso, a donde se remitieron los correos por medio de la empresa de mensajería autorizada. No obstante, como fueron devueltos con la anotación «cerrado»12, la entidad procedió válidamente a notificar por aviso de conformidad con el artículo 568 del ET, sin que se advierta vulneración en la actuación surtida.

Desde la Ley 100 de 1993 existe la obligación de afiliarse y cotizar a los subsistemas de salud y pensión para los trabajadores independientes con capacidad de pago, dentro de los cuales se encuentran incluidos los trabajadores por cuenta propia y los rentistas de capital, cuyo IBC fue regulado por el artículo 19 idem, modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de 2003 , así como por los artículos 1 y 3 del Decreto 510 de 2003 -deberá

capital, cuyo IBC fue regulado por el artículo 19 idem, modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de 2003 , así como por los artículos 1 y 3 del Decreto 510 de 2003 -deberá corresponder a los ingresos que efectivamente perciba el afiliado luego de deducir las expensas que se generen de la ejecución de la actividad -, motivo por el cual l a demandante estaba obligada a efectuar cotizaciones en su calidad de trabajadora independiente por cuenta propia. De otro lado, si bien el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 ordenó al Gobierno Nacional reglamentar el sistema de presunción de ingresos, también previó que de existir diferencias entre valores declarados ante la DIAN y aportes al sistema, estos últimos deben ser ajustados . En ese sentido , no es procedente el argumento de falta de

8 Se vulneró el principio de igualdad porque en otros casos la demandada sí ha aplicado esa norma por favorabilidad. 9 Se vulneró el principio de igualdad porque en otros casos la demandada sí ha aplicado esa norma por favorabilidad. 10 Alegó que de haberse determinado en debida forma la sanción, la actora hubiere pagado lo adeudado. 11 Folios 306 a 338 cp. 12 Señaló que devueltos los correos la primera vez con la causal «cerrado», intentó nuevamente enviarlos a la misma dirección. S in embargo, también fueron devueltos con la misma causal.Radicado: 15001-23-33-000-2019-00130-01 (25409)

Demandante: Angélica María Ramírez Camacho

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reglamentación porque el IBC siempre debe corresponder a los ingresos declarados ante dicha entidad y, además, conforme con el artículo 25 del Decreto 1406 de 1999, el IBC de los trabajadores independientes debe guardar correspondencia con los ingresos reales, independiente del sistema de presunción de ingresos.

Teniendo en cuenta que la demandante no dio respuesta al requerimiento de información, la administración tomó los ingresos que aquella reportó en su declaración de renta del año 2014 por $597.125.000. Y como no demostró la manera cómo los percibió -teniendo la carga de la prueba-, fueron divididos en los doce meses del año . Eso, porque los contratos de comodato no demuestran sus ingresos debido a que los vehículos permanecen a nombre de Edil Germán Ramírez Rodríguez y los ingresos se registran a su nombre. A la par, existen inconsistencias con el valor de la cuenta de cobro nro. 2.

En lo que atañe a los costos y gastos, no se encuentran soportados porque las facturas de venta allegadas aparecen a nombre de Edil Germ án Ramírez Rodríguez , existen incongruencias entre las pruebas aportadas -no se detallan mes por mesy la certificación del contador no cumple con las exigencias normativas 13. Así, los actos demandados fueron emitidos con base en las pruebas allegadas y el hecho de que no se hayan considerado los costos registrados en la declaración de renta obedece a la aplicación de las normas que rigen la materia.

emitidos con base en las pruebas allegadas y el hecho de que no se hayan considerado los costos registrados en la declaración de renta obedece a la aplicación de las normas que rigen la materia.

El ordenamiento jurídico vigente para el año 2014 autorizó de manera expresa a la demandada para exigirle a los aportantes probar los costos y gastos incurridos en el desarrollo de su actividad productora de renta, por lo que no tiene vocación de prosperidad el argumento de falta de competencia.

Correlativamente, no es procedente calcular los aportes sobre una base de cotización del 40%14 porque para el año 2014 ese porcentaje solo era aplicable para quienes tuvieran contrato de prestación de servicios y la actora fue trabajadora independiente por cuenta propia dedicada al transporte de pasajeros de conformidad con lo informado en su RUT. Tampoco es aplicable para el efecto lo previsto en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 porque entró en vigencia con posterioridad -9 de junio de 2015y no es posible su aplicación retroactiva por tratarse de tributos.

Por último, frente a la sanción por omisión propuesta en el requerimiento para declarar y/o corregir, la demandada se encontraba imposibilitada para aplicar el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016, toda vez que el aludido acto fue proferido el 5 de diciembre de 2016 y la norma en comento fue promulgada el 29 de diciembre siguiente. En todo caso, dicha disposición se aplicó para establecer la sanción en la liquidación oficial.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante15, con fundamento en lo siguiente:

disposición se aplicó para establecer la sanción en la liquidación oficial.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante15, con fundamento en lo siguiente:

La demandada adelantó la notificación del requerimiento de información, del requerimiento para declarar y/o corregir y de la liquidación oficial mediante correos remitidos a la dirección reportada en el RUT de la demandante. No obstante, como fueron devueltos estaba habilitada para efectuar la notificación por aviso , por lo que no se advierte vulneración, toda vez no estaba obligada a comunicar por otros medios16.

13 Refiere que tampoco demuestra los ingresos. 14 Según el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007. 15 Folios 440 a 483 cp. Sobre las costas -agencias en derechoindicó que serán tasadas conforme con el artículo 366 del CGP. 16 La búsqueda de la dirección a través de distintos medios solo procede cundo no ha sido informada por el administrado.Radicado: 15001-23-33-000-2019-00130-01 (25409)

Demandante: Angélica María Ramírez Camacho

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

De otro lado, la normati va vigente para el año 2014 preveía la obligación de los independientes por cuenta propia y rentistas de capital de cotizar al subsistema de salud, siempre que tuvieran capacidad de pago, por lo que no tiene vocación de prosperidad el cargo relativo a que la actora se encuentra eximida de cotizar.

independientes por cuenta propia y rentistas de capital de cotizar al subsistema de salud, siempre que tuvieran capacidad de pago, por lo que no tiene vocación de prosperidad el cargo relativo a que la actora se encuentra eximida de cotizar.

En cuanto a la base gra vable, si bien es cierto que el legislador ordenó al Gobierno Nacional reglamentar el sistema de presunción de ingresos, no puede pasarse por alto que también tomó como valores de referencia los declarados ante la DIAN , a los cuales se deben ajustar los aportes . De igual forma , el artículo 19 de la Ley 100 de 1993 estableció que los trabajadores independientes que no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios o servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos declarados, guardando correspondencia con los efectivamente recibidos. Con todo , estaban determinados los elementos esenciales de la obligación tributaria -base gravable-.

Comoquiera que para liquidar los aportes la UGPP tomó válidamente los ingresos netos registrados por la actora en su declaración de renta -se presume su capacidad de pago y obligación de afiliarse al régimen contributivo-, no puede predicarse una presunción de ingresos.

Si la demandante consideraba que los ingresos no debían mensualizarse como lo hizo la administración, debió allegar las pruebas idóneas de las fechas en que éstos ingresaron a su patrimonio, pero no lo hizo. Ello porque de acuerdo con los contratos de comodato suscritos por la actora para poder explotar los vehículos suponen que las sumas ingresaron a su patrimonio y no al del comodante -quien transfirió el uso y goce , como la percepción de los frutos y utilidades-, asimismo la cuenta de cobro aportad a no acredita que

ingresaron a su patrimonio y no al del comodante -quien transfirió el uso y goce , como la percepción de los frutos y utilidades-, asimismo la cuenta de cobro aportad a no acredita que efectivamente aquel realizó el pago a la actora . Además, los valores revisados de la consulta de información reportada por terceros tampoco coinciden con los declarados en el denuncio rentístico y no se tiene certeza de que éstos provienen de la actividad derivada de los contratos de comodato.

Aun cuando las declaraciones tributarias gozan de presunción de veracidad, si la autoridad tributaria solicita comprobación especial, le corresponde al contribuyente demostrar los hechos allí registrados. Como en el caso concreto la actora no probó los costos y gastos, así como tampoco su relación con su actividad productora de renta , la entidad demandada estaba facultada legalmente para desconocerlos17.

Por otra parte, la cuenta de cobro para probar costos y gastos de mantenimiento de vehículos tampoco demuestra su pago efectivo ni que su causa haya sido los contratos en comento, toda vez no se acompaña de soportes y la información en ella contenida no guarda concordancia con la consignada en las certificaciones emitidas por el contador, las cuales tampoco son suficientes porque no están respaldadas por pruebas que acrediten las erogaciones que se pretenden comprobar. Por tanto, no proceden los costos y gastos, ni tampoco la aplicación del artículo 82 del ET.

Además, no le era aplicable la base de cotización del 40% prevista en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 porque únicamente estaba prevista para independientes con contratos de prestación de servicios. Tampoco era dable aplicar el artículo 135 de la Ley 17 53 de

Ley 1122 de 2007 porque únicamente estaba prevista para independientes con contratos de prestación de servicios. Tampoco era dable aplicar el artículo 135 de la Ley 17 53 de 2015 porque entró en vigencia con posterioridad -9 de junio de 2015 - y no es posible su aplicación retroactiva.

17 Si la demandada tiene como función solicitar información y adelantar investigaciones, no es aceptable que no pueda estudiar l a procedencia de costos y gastos.Radicado: 15001-23-33-000-2019-00130-01 (25409)

Demandante: Angélica María Ramírez Camacho

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En lo concerniente a la sanción, no se ad vierte causal de nulida d. S i bien en el requerimiento para declarar y/o corregir se calculó con fundamento en la Ley 1607 de 2012 -no había sido expedida la Ley 1819 de 2016-, en la liquidación oficial se aplicó la Ley 1819 de 2016 por ser la vigente y por favorabilidad . En cuanto a que la sanción no podía superar lo adeudado, comoquiera que l a actora omitió presentar y pagar las autoliquidaciones de acuerdo al aludido requerimiento , procedía la imposición de la sanción equivalente al 10% del valor dejado de liquidar y pagar por cada mes o fracción de mes de retardo, sin exceder el 200% del valor del aporte a cargo.

Recurso de apelación

La parte demandante apeló la decisión del a quo18. Insistió en que la demandada no

de mes de retardo, sin exceder el 200% del valor del aporte a cargo.

Recurso de apelación

La parte demandante apeló la decisión del a quo18. Insistió en que la demandada no comunicó el requerimiento de información y el requerimiento para declarar y/o corregir, aunque tenía la información del RUT para contactar a la actora -números telefónicos y correo electrónico-, lo que también pudo hacer mediante otros medios eficaces. Las notificaciones debieron ser garantistas ante la devolución del correo, por lo que la entidad debió utilizar todos los medios que tenía a su alcance para comunicar la decisión previo a la fijación del aviso.

Por otro lado, si bien el artículo 19 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de 2003, estableció la base de cotización para los independientes que no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios o como servidores públ icos, ésta se aplica para aquellos que hayan declarado ingresos en la entidad a la cual se afilien. Como la actora para el 2014 no se afilió a ninguna entidad, no existía base de cotización de aportes. En su defecto, debe establecerse una cotización sobre un salario mínimo por favorabilidad.

Los artículos 204 de la Ley 100 de 1993, 18 de la Ley 1122 del 2007 y 33 de Ley 1438 del 2011 exigían reglamentación del sistema de presunción de ingresos por parte del Gobierno Nacional para poder aplicar se. Por ende, como no existía regulación para el periodo en discusión, fue ilegal la presunción de ingresos realizada por la entidad, quien inició procesos de determinación a todos los trabajadores independien tes por cuenta

Gobierno Nacional para poder aplicar se. Por ende, como no existía regulación para el periodo en discusión, fue ilegal la presunción de ingresos realizada por la entidad, quien inició procesos de determinación a todos los trabajadores independien tes por cuenta propia y rentistas de capital sin tener facultades para hacerlo -dividiendo los ingresos brutos y aplicando las tarifas correspondientes -. Y a unque la demandante en el recurso de reconsideración explicó los ingresos y costos de su actividad económica , así como también adjuntó las pruebas pertinent