CE - 012333000201900159011SENTENCIA20230314214535

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá , D.C. veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (202 3)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 66 001 23 33 000 201 9 001 59 01 (0688 –20 20)

Demandante: Ángela María Gutiérrez Loaiza

Demandado: E.S.E. H ospital Santa Mónica de Dosquebradas

Temas: Elementos de la relación laboral subyacente . Auxiliar administrativa. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección “A” procede a resolver los recurso s de apelación interpuesto s contra la sentencia de 24 de mayo de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda , que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda de la referencia.

I. ANTECEDENTES. 1

1.1. Pretensiones de la demanda.

Ángela María Gutiérrez Loaiza , por intermedio de apoderad o judicial, demandó la nulidad de l Oficio 0660 de 19 de abril de 2016 , proferido por la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas , por

Ángela María Gutiérrez Loaiza , por intermedio de apoderad o judicial, demandó la nulidad de l Oficio 0660 de 19 de abril de 2016 , proferido por la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas , por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales causadas entre el 1 de ju lio de 2010 y el 30 de noviembre de 2015.

1 Folios 101 a 139 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 66001 23 33 000 2019 00159 01

Dem andante: Ángela María Gutiérrez Loaiza

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2

Como restablecimiento , solicitó que se declare la existencia de una relación laboral con el ente de salud entre el 1º de julio de 2010 y el 30 de noviembre de 201 5; de igual manera solicitó el reconocimiento y pago de cesantías y la sanción moratoria por el no pago oportuno de cesantías; así mismo, reclamó el pago de vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicio, prima técnica, horas extras diurnas y nocturnas, ajuste del salario, prima de antigüedad, prima de navidad , bono familiar, bono nutricional, el pago de seguridad social y el reajuste de las sumas reconocidas.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda.

Ángela María Gutiérrez Loaiza indicó que entre el 1 º de julio de

pago de seguridad social y el reajuste de las sumas reconocidas.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda.

Ángela María Gutiérrez Loaiza indicó que entre el 1 º de julio de 2010 y el 30 de noviembre de 2015 prestó servicios de manera personal, bajo subordinación continuada y con remuneración, en la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, primero como Auxiliar Administrativo y l uego, a partir del 1º de febrero d e 2014, como Técnico Administrativo.

Señaló que los servicios fueron contratados a través de la intermediación de diferentes Cooperativas de Trabajo Asociado, y que se desarrollaron así:

1. Del 1º de julio de 2010 al 30 de junio de 2011, con la Cooperativ a Procesos y Servicios de Salud – PROCESA.

2. Del 1 de julio de 2011 y el 30 de diciembre del mismo año, con la Cooperativa Fundación Salud y Bienestar.

3. Entre el 1º de enero de 2012 y e l 31 de mayo siguiente, nuevamente con PROCESA.

4. Desde el 1º de junio de 2012 y hasta el 30 de diciembre de 2013 con la Cooperativa Multifuncional de Servicios

Profesionales – COOMULTISE RPRO .

5. Del 1º de enero de 2014 al 26 de febrero de 2015, con la

Cooperativa Salud In tegral.

6. Desde el 27 de febrero de 2015 hasta el 30 de junio del mismo año, con la Asociación Sindical de Empleados en Servicios deNulidad y r establecimiento del der echo

Cooperativa Salud In tegral.

6. Desde el 27 de febrero de 2015 hasta el 30 de junio del mismo año, con la Asociación Sindical de Empleados en Servicios deNulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 66001 23 33 000 2019 00159 01

Dem andante: Ángela María Gutiérrez Loaiza

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 Salud – ASES.

7. Finalmente, entre el 1º de julio y el 30 de noviembre de 2015,

con la Cooperativa Servitemporales S.A.

Describ ió que las funciones desempeñadas en el ente de salud eran labores administrativas propias del funcionamiento de la entidad, como la atención de usuarios, organización de archivo, radicación de cuentas, informes financieros y demás que les fueran asignadas por el jefe inme diato. Precisó que cumplió horario de lunes a viernes de 7 am a 5 pm en las instalaciones del hospital, de manera ininterrumpida desde el año 2010 hasta el 2015.

El 6 de abril de 2016, radicó petición de reconocimiento y pago de prestaciones salariales adeudadas , sin embargo, a través del Oficio 0660 de 19 de abril de 2016, la E.S.E. demandada negó la solicitud.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

Argumentó que la entidad demandada vu lneró los derechos laborales y prestacionales de la demandante, pues no le reconoció

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

Argumentó que la entidad demandada vu lneró los derechos laborales y prestacionales de la demandante, pues no le reconoció y pag ó las cesantías, primas y bonificaciones a que tenía derecho por las labores desempeñadas de manera continua en cumplimiento de los elementos esenciales de un vínculo laboral real. Describió que el hospital manipuló a la accionante para que se afiliara a las cooperativas de trabajo asociado como requisito para pre star sus servicios en el ente de salud, escondiend o una verdadera relación laboral a través de intermediarios.

1.4. Contestación de la demanda.

La E.S.E. Hospital S anta Mónica de Dosquebradas 2, actuando a través de apoderad o, solicitó el llamamiento en garantía de las cooperativas de trabajo por medio de las cuales se produjo la prestación de servicios de la demandante. Así mismo, se opuso a

2 Folios 584 a 592 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 66001 23 33 000 2019 00159 01

Dem andante: Ángela María Gutiérrez Loaiza

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 la prosperidad de las pretensiones , a l respecto , indicó que no se configuraron los elementos de una relación laboral con la demandante, por lo que no resultan procedentes las pretensiones.

La Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa 3,

la prosperidad de las pretensiones , a l respecto , indicó que no se configuraron los elementos de una relación laboral con la demandante, por lo que no resultan procedentes las pretensiones.

La Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa 3, como llamado en garantía, presentó escrito en el que aclaró que las pólizas expedidas amparan a la Cooperativa Multifuncional de Servicios Profesionales CTA en caso de ser declarada responsable ; pero que la entidad de seguros no tiene dentro de las cláusulas proteger a la entidad de salud demandada por demandas laborales , y que tampoco tiene un vínculo contractual con la entidad demandada de donde pueda extraerse una responsabilidad del llamado e n garantía.

De igual manera, Seguros del Estado S.A. 4, también llamado en garantía, presentó contestación con la que se opuso a las pretensiones de la demanda , pues considera que el oficio demandado no es en sí un acto administrativo pasible de demanda; declaró que las cláusulas de cobertura de la póliza de seguro no cubre n la declaratoria de responsabilidad respecto del hospital demandado , pues únicamente ampara a los tomadores del contrato de seguro, en este caso, la Asociación Sindical de Empleados en Servicios de Salud – ASES y a la Cooperativa de Trabajo Asociado Salud Integral .

El apoderado de Seguros Generales Suramericana S.A. 5 y Liberty Seguros S.A. 6, allegó escrito con el que solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto considera que no se cumplen los requisitos exigidos para declarar la existencia de un

Seguros S.A. 6, allegó escrito con el que solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto considera que no se cumplen los requisitos exigidos para declarar la existencia de un contrato de trabajo ; de igual forma, precisó que no habría obligación

3 Folios 605 a 612 del expediente. 4 Folios 632 a 6 39 del expediente. 5 Folios 6 68 a 687 del expediente. 6 Folios 753 a 802 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 66001 23 33 000 2019 00159 01

Dem andante: Ángela María Gutiérrez Loaiza

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 de reembolso , pues la póliza de seguro expedida no tiene ese tipo de cobertura.

1.5. Trámite en primera instancia. 7

En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Juzgado Primero Administrativo de Pereira realizó el 6 de agosto de 2018 la audiencia inicial, en la cual se fijó el litigio de la siguiente manera:

«[…] establecer la legalidad del oficio 0660 del 19 de abril de 2016, as í como el derecho que consecuencialmente le asista a la parte demandante a que se reconozca la existencia de una relación de carácter laboral con la demandada entre los periodos comprendidos entre el 1 de julio de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2015; con la consecuencial reliquidación de

la parte demandante a que se reconozca la existencia de una relación de carácter laboral con la demandada entre los periodos comprendidos entre el 1 de julio de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2015; con la consecuencial reliquidación de los salarios y prestaciones sociales, pago de cotizaciones a seguridad social e indemnizaciones solicitadas en la demanda con la correspondiente actualizaci ón a la variación del IPC y costas procesales. »

En providencia de 12 de febrero de 2019 8, dentro del trámite de la audiencia de pruebas, la Juez Primera ordenó remitir el proceso de la referencia al Tribunal Administrativo de Risaralda, teniendo en cuenta la cuantía y como medida de sane amiento del proces o.

El 15 de marzo de 2019 9, la magistrada sustanciadora del tribunal avocó conocimiento del asunto, dándole validez a todo lo actuado y corrió traslado para alegar de conclusión.

1.6. Sentencia de primera instancia. 10

En decisión de 24 de mayo de 2019 , el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró la nulidad del Oficio 0660 de 19 de abril de 2016 proferido por la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y

7 Folios 832 a 835 del expediente. 8 Folios 856 a 858 del expediente . 9 Folio 865 del expediente. 10 Folios 884 a 906 del expediente .Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 66001 23 33 000 2019 00159 01

Dem andante: Ángela María Gutiérrez Loaiza

10 Folios 884 a 906 del expediente .Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 66001 23 33 000 2019 00159 01

Dem andante: Ángela María Gutiérrez Loaiza

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 condenó a la entidad demandada a pagar en favor de Ángela María Gutiérrez Loaiza las diferencias salariales y prestaciones sociales dejadas de percibir en virtud de los vínculos a través de Cooperativas de Trabajo Asociado y Empresas de Servicios Temporales entre el 1º de julio de 2010 al 30 de noviembre de 2015 , teniendo en cuenta lo devengado por personal de planta que se desempeñaba en cargo similar al de Auxiliar Administrativo . De igual manera, ordenó al hospital a pagar los porcentajes de cotización correspon dientes a salud y pensión . Aunado a lo anterior, determinó que el tiempo laborado bajo la modalidad de prestación de servicios se computará para efectos pensionales y ordenó ajustar las sumas que resulten a favor de la demandante. Finalmente, negó las demás pretensiones de la demanda.

Afirmó que en el caso de estudio que dó probado que la prestación del servicio por parte de la demandante fue de forma permanente , con vinculación por intermedio de cooperativas de trabajo asociado y empresas de servicios temporales, ejerciendo labores propias de la administración y bajo la subordinación o dependencia del hospital . Aclaró que los elementos de una relación laboral se

con vinculación por intermedio de cooperativas de trabajo asociado y empresas de servicios temporales, ejerciendo labores propias de la administración y bajo la subordinación o dependencia del hospital . Aclaró que los elementos de una relación laboral se comprobaron con el material probatorio allegado, pues se determinó la prestación personal del servicio, la subordinación y la contraprestación por las labores desempeñadas.

Así, ordenó el reconocimiento de las diferencias salariales, entre lo devengado po r un Auxiliar Administrativo de la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas , y lo percibido por Ángela María Gutiérrez Loaiza , al igual que las diferencias prestacionales que no pudo percibir durante el tiempo ya indicado.

Finalmente, explicó que la entidad de salud demandada deberá reconocer y pagar la diferencia correspondiente a los pagos de Seguridad Social ya cancelados por la señora Gutiérrez Loaiza ; respecto de la sanción moratoria e intereses a las cesantías , indicó que no resulta n pro cedent es , pues el derecho a las cesantías naceNulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 66001 23 33 000 2019 00159 01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 con la sentencia que declara la existencia del derecho derivado de una relación laboral.

1.7. Recurso s de apelación.

Bogotá D.C. – Colombia 7 con la sentencia que declara la existencia del derecho derivado de una relación laboral.

1.7. Recurso s de apelación.

El apoderado de Ángela María Gutiérrez Loaiza 11 presentó escrito con el que se opuso a la decisión de no acceder a la sanción moratoria por la no consignación oportuna de cesantía s. Manifestó que existió mala fe por parte de la entidad demandada por no cancelar dentro del término de ley las cesantías correspond ientes a la labor realizada, por lo que resulta procedente el reconocimiento de la indemnización, pues «la condición de trabajadora no nace con la declaratoria judicial, ella ha estado presente, lo que sucede es que la sentencia hace desaparecer el contrat o simulado para visibilizar su verdadera condición ».

La E.S.E. Hospital S anta Mónica de Dosquebradas 12 solicitó revocar la sentencia de primera instancia pues considera que no se valoró la totalidad del material probatorio recaudado, así como no se tuvo en cuenta que la contratación de servicios con terceros es avalada por la ley y la jurisprudencia . Explicó que las actividades desempeñadas por la demandante no corresponden a las que son susceptibles de adelantarse a través de un contra to individual de trabajo, pues dada la naturaleza de la E.S.E., estas no pueden ser ejecutadas por trabajadores oficiales , que son los que se vinculan a través de contrato de trabajo para realiz ar mantenimiento y servicios generales.

1.8. Alegatos en segunda instancia. 13

Liberty Seguros S.A. , Seguros Generales Suramericana S.A. , a

a través de contrato de trabajo para realiz ar mantenimiento y servicios generales.

1.8. Alegatos en segunda instancia. 13

Liberty Seguros S.A. , Seguros Generales Suramericana S.A. , a

11 Folios 911 a 916 del expediente. 12 Folios 917 a 926 del expediente. 13 Documentos disponibles en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – SAMAI.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 66001 23 33 000 2019 00159 01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 través del mismo apoderado , present aron escrito en el que solicit aron revocar la sentencia apelada y negar las pretensiones de la demanda. Como fundamento reiteró lo manifestado en el escrito de contestación a la demanda y al llamamiento en garantía.

El apoderado de Ángela María Gutiérrez Loaiza allegó escrito con el que reiteró lo mencionado en el escrito de apelación.

La Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa indicó que se encuentra conforme con la decisión de primera instancia, sin embargo, recordó que las pólizas de cumplimiento respecto de los contratos suscritos por la Cooperativa Multifuncional de Servicios Profesionales CTA – Coomuti, no tienen cobertura respecto de las pretensiones de la demanda, pues la CTA mencionada actuó como simple intermediario en l a prestación del servicio.

Multifuncional de Servicios Profesionales CTA – Coomuti, no tienen cobertura respecto de las pretensiones de la demanda, pues la CTA mencionada actuó como simple intermediario en l a prestación del servicio.

Seguros del Estado S.A . precisó que no se cumplen los requisitos para afectar las pólizas que cobijan a la Fundación Salud y Bienestar, Cooperativa de Trabajo Asociado Salud Integral y Asociación Sindical de Empleados en Servicios de Salud.

La E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas reiteró lo mencionado en el escrito de apelación, solicitando se revoque la sentencia de primera instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda.

La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó confirm ar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda; al respecto explicó que las pruebas valoradas en primera instancia demuestran que se presentaron los elementos de una verdadera relación laboral ; así mismo, recordó que el vínculo laboral , y el reconocimiento y pago de cesantías, surge de la declaratoria del fallo, razón por la cual no resulta procedente condenar por sanción moratoria e interesesNulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 66001 23 33 000 2019 00159 01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 moratorios respecto de la mencionada prestación.

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 moratorios respecto de la mencionada prestación.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 14, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 328 del Código General del Proceso 15, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante, no obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia el superior resolverá sin limitaciones , situación que se cumple en el caso de la referencia, toda vez que tanto la demandante como la entidad demandada presentaron recursos de apelación, razón por la cual la competencia no se encuentra limitada.

2.2. Problema jurídico.

Concordante con lo anterior, y con el recurso interpuesto, la Sala conside ra que el problema jurídico a resolver es el siguiente:

¿Se configuraron los elementos que la ley y la jurisprudencia exigen para que se declare la existencia de un a relación labor al subyacente entre Ángela María Gutiérrez Loaiza y la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas ? En caso afirmativo, ¿procedería el

14 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocer á en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribu nales administrativos […]». 15 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá

14 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocer á en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribu nales administrativos […]». 15 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la le y.»Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 66001 23 33 000 2019 00159 01

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2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente.

En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 constitucional consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de oportunidades, remuneraci ón mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes for males de derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados

fuentes for males de derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta razón, desde el ámbito del derecho internacio nal, el principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la OIT, 16 constituye, junto con otros principios convencionales, 17 un axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento jurídico in terno.

Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal

16 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969. 17 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos é́ de Costa Rica), Colombia ratific ó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociale s y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una activi dad lícita libremente escogida o aceptada».Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 66001 23 33 000 2019 00159 01

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lícita libremente escogida o aceptada».Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 66001 23 33 000 2019 00159 01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 más importantes de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado), el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:

«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. »

Como se ve, e l anterior precepto establece, de m anera expresa, que los contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha admiti do que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración

corporación y de la Corte Constitucional ha admiti do que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo).

En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ -025 -CE -S2 -2021, la Sección Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de prestación de servicios contemplado e n el mencionado artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y la forma en que este queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria de una relación laboral encubierta o subyacente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el empleador, deberá ser analizadaNulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 66001 23 33 000 2019 00159 01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 en consideración de los derechos fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la Constitución y en los conveni os internacionales sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado.

En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del contrato de trabajo (subordinación, prestación

y en los conveni os internacionales sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado.

En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y remuneración), se reitera ron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la existencia de una relación laboral en cubierta o subyacente, a saber:

1. el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede matizar ante el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas»; ii) el horario de las labores, resaltando que el establ ecimiento o imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del objeto contractual convenido; iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidore s de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral.

No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una vinculación legal y

acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría deNulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 66001 23 33 000 2019 00159 01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 empleado público a quien prest ó sus servicios sin satisfacer las exigencias del artículo 122 de la Carta Política 18.

Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una remuneración, la existen cia de unas condiciones de subordinación o dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia, en cu alquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.

Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las siguientes reglas de unificación:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el

estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente tem poral y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia. (ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos