CE - 012333000201900188011SENTENCIA20231127135313

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitres (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00188-01

Demandante: Enrique Arbeláez Mutis

Demandados: Vinculados: Instituto Nacional de Vías y municipio de Aguadas Departamento de Caldas, Fernando Peláez y otros1

Tema: Reiteración jurisprudencial sobre el principio de planeación en materia de infraestructura vial.

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante Enrique Arbeláez Mutis , en contra de la sentencia de 13 de marzo de 2023, proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas2.

I. Antecedentes

I.1. La demanda

1. El ciudadano Enrique Arbeláez Mutis demandó al Instituto Nacional de Vías y al municipio de Aguadas, en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la s leyes 472 de 19983 y 1437 de 20114, con miras a obtener la protección de los derechos colectivos al «goce de un ambiente sano», a la «prevención de desastres previsibles técnicamente » y a la construcción de «obras públicas eficientes y oportunas».

2. En su libelo petitorio, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

[…] Que el señor Juez (a) ordene mediante sentencia, que las entidades

construcción de «obras públicas eficientes y oportunas».

2. En su libelo petitorio, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

[…] Que el señor Juez (a) ordene mediante sentencia, que las entidades mencionadas como demandadas procedan a:

1. Hacer efectivo el proyecto de construcción de un puente en el sitio denominado LA MARÍA, que comunicaría la vía la Pintada la Felisa con el Municipio de Aguadas, Caldas (antiguo corredor férreo).

2. El puente deberá tener las condiciones técnicas dadas dentro los estudios que se hagan al respecto por las autoridades competentes […]

1 Francisco Montes, Jairo Cadavid Restrepo, Carlos Caro, Angela María Hincapié, Jazmín A. Camargo, Diego Ramírez, Herney Torres, Walter Gusces, Fabian Ríos, Carlos Jaime Mejía Franco, Flor Alba García, Rogelio Jaramillo, Rafael Giraldo, Nicolas Giraldo, Dia na Marcela Londoño, Olga Bibiana Rodríguez, Oliver Marín, Humberto Marín, Silvio Marín, Edison Marín, Belén Mari, Luis Angela Osorio, Manuela Peláez, Alejandro Peláez y Santiago Peláez. 2 Sala integrada por los magistrados Publio Martín Andrés Patiño Mejía (ponente), Carlos Manuel Zapata Jaimes y Fernando Alberto Álvarez Beltrán. 3 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. 4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.Radicación 17001-23-33-000-2019-00188-01 (AP)

Demandante: Enrique Arbeláez Mutis

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4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.Radicación 17001-23-33-000-2019-00188-01 (AP)

Demandante: Enrique Arbeláez Mutis

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3. Como fundamento de la acción popular, el demandante informó que el Instituto Nacional de Vías, en cumplimiento de la Resolución 04401 de 5 de ju lio de 2016, visitó el sector de La María (pr87+0600) con el propósito de ubicar un ponteadero5.

4. Agregó que ese puente, de conformidad con la visita técnica, debía tener una longitud de 80 metros y, por ello, el INVIAS «recomendó a la Alcaldía de Aguadas realizar obras de cimentación e infraestructura previo envío de los documentos requeridos para la realización del comodato entre Alcaldía e Invías».

5. Puso de presente que esas obras no se ejecutaron a pesar de « la necesidad sentida de la comunidad para la puesta en marcha del puente en el sitio aludido », a efectos de mejorar la transitabilidad y las condiciones sociales, económica s, culturales y ambientales del sector.

6. Finalmente, mencionó que el Invias estaba realizando unos estudios «por más de cuatrocientos millones» para evaluar la viabilidad del proyecto . Sin embargo, a la fecha no existe certeza sobre el momento en que se construirá la obra.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

7. El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante auto de 10 de mayo de 20196, admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la s autoridades accionadas para que contestara n, propusieran

7. El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante auto de 10 de mayo de 20196, admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la s autoridades accionadas para que contestara n, propusieran excepciones y aportara n y/o solicitaran la práctica de pruebas. También, ordenó notificar al agente del Ministerio Público y al Defensor del Pueblo , y dispuso comunicar la acción de la referencia a los miembros de la comunidad.

8. En la audiencia de 22 de noviembre de 20197, el a quo ordenó la vinculación del departamento de Caldas y de los propietarios de los predios requeridos para el desarrollo del proyecto.

9. A través de auto de 24 de junio de 20218, se declaró fallida la audiencia especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, debido a la falta de ánimo conciliatorio de los sujetos procesales.

10. El 25 de agosto de 2021, los ciudadanos Fernando Peláez, Francisco Montes, Jairo Cadavid Restrepo, Carlos Caro, Angela María Hincapié, Jazmín A. Camargo, Diego Ramírez, Herney Torres, Walter Gusces, Fabian Ríos, Carlos Jaime Mejía Franco, Flor Alba García, Rogelio Jaramillo, Rafael Giraldo, Nicolas Giraldo, Diana

5 La RAE define el ponteadero como el lugar escogido para la construcción o montaje de un puente. 6 Samai, Consejo de Estado, anotación 2, documento con certificado de autenticidad 07A5861164B583E3 1AC5969074400E65 E1906592F538964D 0DD525E3850BAA40, pág. 55 y ss.

6 Samai, Consejo de Estado, anotación 2, documento con certificado de autenticidad 07A5861164B583E3 1AC5969074400E65 E1906592F538964D 0DD525E3850BAA40, pág. 55 y ss. 7 Ibidem, pagina 180 y ss. 8 Samai, Consejo de Estado, anotación 2, documento denominado:

1760ED91AD55A345 68E3EA87019FADFC 7B6472504657799B EC35B9B6253A80FDRadicación 17001-23-33-000-2019-00188-01 (AP)

Demandante: Enrique Arbeláez Mutis

3 Marcela Londoño, Olga B ibiana Rodríguez, Oliver Marín, Humberto Marín, Silvio Marín, Edison Marín, Belén Mari, Luis Angela Osorio, Manuela Peláez, Alejandro Peláez, Santiago Peláez, y 18 ciudadanos cuyas firmas son ilegibles, solicitaron su vinculación al proceso como coadyuvantes de la parte actora9.

I.3. Las contestaciones de la demanda

I.3.1. El apoderado judicial del municipio de Aguadas, mediante oficio de 14 de junio de 201910, se opuso a la prosperidad de las pretensiones porque «la presunta vulneración de los derechos colectivos no existe».

11. Advirtió que el ente territorial no «está realizando o pretende invertir en una obra pública que sea ineficiente» y «tampoco es cierto que las personas que se verían directamente beneficiadas con la obra se encuentren incomunicadas, lo que si admitiría la intervención del juez de la acción popular».

12. Consideró que ninguna prueba demuestra la afectación al entorno natural y

directamente beneficiadas con la obra se encuentren incomunicadas, lo que si admitiría la intervención del juez de la acción popular».

12. Consideró que ninguna prueba demuestra la afectación al entorno natural y mucho menos la mitigación de un riesgo porque «la pretensión del actor popular es la construcción de un puente, construcción que no mitiga o elimina ningún tipo de desastre técnicamente previsible».

13. Manifestó que: «el Municipio de Aguadas no es ajeno a las necesidades que expone la comunidad en la acción popular, que corresponden a derechos de segunda generación, cuya aplicación es progresiva y no inmediata, los cuales no ha podido satisfacer al 100% por cuanto no ha contado con los recursos suficientes, a pesar de las gestiones desplegadas».

14. Finalmente, afirmó que el juez de la acción popular « no puede vaciar de competencias a la administración y decidir por ella, en cuanto a la elección en la priorización en la pavimentación de vías urbanas, cuando ello significa el ejercicio de una facultad administrativa discrecional del gobernante de turno, máxime cuando (…) se ven afectados derechos económicos, sociales y culturales, de segunda generación y no colectivos », debido a que « la pavimentación de vías urbanas es de competencia única de las administraciones municipales según la Ley

1228».

I.3.2. El apoderado judicial del Instituto Nacional de Vías, mediante oficio de 13 de junio de 201911, afirmó que las pretensiones de la demanda no debían prosperar debido a que el Invias no quebrantó ningún derecho colectivo.

15. Explicó que la Subdirección de Atención y Prevención de Emergencias del

de junio de 201911, afirmó que las pretensiones de la demanda no debían prosperar debido a que el Invias no quebrantó ningún derecho colectivo.

15. Explicó que la Subdirección de Atención y Prevención de Emergencias del Invias, a través de la Resolución No. 04401 de 5 de julio de 2016, comisionó al funcionario Jhonny Alexander Rodríguez Bayona, para que realizará un

9 El Tribunal a quo reconoció a los peticionarios como vinculados en la sentencia de primera instancia. 10Ibidem, pagina 67 y ss. 11 Ibidem, página 97 y ss.Radicación 17001-23-33-000-2019-00188-01 (AP)

Demandante: Enrique Arbeláez Mutis

4 acompañamiento técnico a la Alcaldí a de Aguadas y definiera la ubicación de un puente en el río Cauca en el sector de La María.

16. Esa obra pretende « la conexión de la vía que va desde el casco urbano de Aguadas pasando por el corregimiento de Arma hasta llegar al paraje llamado La María en la margen derecha del río (visto aguas abajo) y de aquí poderse conectar a través de un puente, con la vía nacional que va desde la Pintada hasta La Felisa, ruta No. 2508 ». Adicionalmente, esa « obra es de propiedad del municipio de Aguadas Caldas y sobre terrenos de su propiedad, los cuales no hacen parte de la red vial primaria y/o terciaria a cargo del Instituto Nac ional de Vías ». Por eso, el Invias solo prestó apoyo técnico en el marco del principio de coordinación.

17. Por último, propuso las excepciones de: (i) «inexistencia de responsabilidad por

Invias solo prestó apoyo técnico en el marco del principio de coordinación.

17. Por último, propuso las excepciones de: (i) «inexistencia de responsabilidad por parte del Instituto Nacional de Vías», (ii) «carencia de prueba de la vulneración o amenaza de derechos colectivos» y (iii) genérica.

I.3.3. El apoderado judicial del departamento de Caldas, mediante oficio de 6 de diciembre de 2019 12, se opuso a la prosperidad de las pretensiones «por cuanto carecen de fundamento factico, jurídico y legal (…) con relación a la entidad que representa».

18. Afirmó que el artículo 2° de la Ley 1338 de 2009 13 «autorizó a la Nación para incluir las apropiaciones necesarias para la rehabilitación, pavimentación de la vía Arma-La María, así como la construcción del puente sobre el río Cauca de donde se deduce claramente que no existe amenaza o vulneración de derech os o intereses colectivos por parte del Departamento (sic)».

19. Explicó que «las obligaciones del departamento de Caldas dentro del convenio interadministrativo 001256 de 2019 son de carácter técnico, de asesoramiento, de facilidad de la información que requ iera el INVIAS, de tramitación de licencias, permisos y autorizaciones».

20. Por ello, propuso las excepciones de: (i) « falta de legitimación en la causa por pasiva» y (ii) « ausencia de amenaza o vulneración de derechos o intereses colectivos por parte del departamento de Caldas».

II. La sentencia de primera instancia

21. La Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas , mediante sentencia

pasiva» y (ii) « ausencia de amenaza o vulneración de derechos o intereses colectivos por parte del departamento de Caldas».

II. La sentencia de primera instancia

21. La Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas , mediante sentencia de 13 de marzo de 2023 14, negó las pretensiones de la demanda tras considerar que la parte actora no demostró la transgresión o amenaza de los derechos colectivos al « goce de un ambiente sano », a la « prevención de desastres

12 Ibidem, página 201 y ss 13 "Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 200 años del municipio de Aguadas, en el departamento de Caldas", 14 Samai, Consejo de Estado, anotación 2, documento con certificado de autenticidad 6EE0090473D73F38

5C72EA6984A5A933 8E4596CDEFCC405D BB6688DB00F1CBED.Radicación 17001-23-33-000-2019-00188-01 (AP)

Demandante: Enrique Arbeláez Mutis

5 previsibles técnicamente » y a la construcción de «obras públicas eficientes y oportunas».

22. El a quo arribó a esa decisión luego de resumir los hechos acreditados en el plenario, y de analizar el marco normativo que regula las competencias del Invias, de los departamentos y de los municipios en materia de desarrollo de infraestructura vial.

23. Advirtió qu e el legislador se vinculó a la celebración de los 200 años del municipio de Aguadas a través de la Ley 1338 de 2009 , para lo cual autorizó al Gobierno Nacional a « incluir en el Presupuesto General de la Nación las

municipio de Aguadas a través de la Ley 1338 de 2009 , para lo cual autorizó al Gobierno Nacional a « incluir en el Presupuesto General de la Nación las apropiaciones necesarias que contribuyan a la financiación de la construcción de la nueva carretera Arma-La María (Troncal de Occidente) incluyendo el puente sobre el río Cauca».

24. Sin embargo, esa norma no contenía una orden , sino una autorización respetuosa al Gobierno Nacional para incluir aquellos gastos en el presupuesto nacional dentro d el marco de su autonomía , pues la exposición de motivos plasmada en el proyecto de Ley 295 de 2008 reconocía la discrecionalidad del Estado al momento de definir la priorización de los proyectos de infraestructura.

25. Explicó que el 11 de julio de 2016 un funcionario del Invias visitó el municipio de Aguadas para conceptuar sobre la ubicación de un ponteadero sobre el río Cauca en el sector de La María. Posteriormente, en el año 2019 el Invias y el departamento de Caldas celebraron el convenio interadministrativo 001256 de 2019 con el objeto de «aunar esfuerzos con el Departamento de Caldas para alcanzar la conectividad de las vías alternas a la concesión pacifico III, a la vía Manizales -Honda y a la concesión Cambao-Libano-Manizales».

26. Más adelante, el Invias realizó el concurso de mérito abierto CMA -DT-SEI-222201928 de 30 de octubre de 2019, cuyo objeto fue realizar los «estudios y diseños para la construcción del puente de la vereda La María y del puente estación Pacora sobre el río Cauca, de los municipios de Aguadas y Pacora, departamento de

201928 de 30 de octubre de 2019, cuyo objeto fue realizar los «estudios y diseños para la construcción del puente de la vereda La María y del puente estación Pacora sobre el río Cauca, de los municipios de Aguadas y Pacora, departamento de Caldas».

27. Respecto de los resultados de ese convenio y la necesidad de la obra, puso de presente que, de conformidad con el testimonio rendido por el entonces director

territorial del INVIAS, se observaba que:

[…] (iii) el Municipio de Aguadas tiene varías conexiones con la ciudad de Manizales, Caldas, una carretera departamental y otra nacional, carreteras con duración entre cuatro (04) a cinco (05) horas y una distancia entre ciento treinta (130) a ciento cincuenta (150) Km; (iv) la construcción del puente en el sector La María disminuiría una distancia de veinte (20) a treinta (30) km; (v) son privados los predios en el sector La María por donde se pretende construir el puente y la vía para acceso al mismo; y, (vi) existe otro proyecto para construir un puente en el sector Estación Pácora, dicho sector si cuenta con la vía para el acceso al mismo y los predios son públicos. […]Radicación 17001-23-33-000-2019-00188-01 (AP)

Demandante: Enrique Arbeláez Mutis

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28. A partir de lo anterior, el Tribunal concluyó que el demandante no demostró la existencia de una amenaza o peligro de los derechos colectivos invocados porque «la Ley 1338 de 2009 (…) no ordenó la realización del puente objeto del proceso, sino que fue “una autorización respetuosa de la exclusividad y discrecionalidad que

existencia de una amenaza o peligro de los derechos colectivos invocados porque «la Ley 1338 de 2009 (…) no ordenó la realización del puente objeto del proceso, sino que fue “una autorización respetuosa de la exclusividad y discrecionalidad que conserva el Gobierno Nacional».

29. Además, « (i) no se demostró la urgencia y necesidad de la realización del puente, frente a otras obras; (ii) no hay prueba de que la no realización de las obras conlleve la vulneración al ambiente sano ni la existencia de un desastre previsibl e técnicamente; (iii) a pesar que el testigo el Ingeniero Julio Enrique Guevara Jaramillo, adscrito al INVIAS indicó que la actual conexión de Pácora y Aguadas a la capital del departamento, Manizales, es demorada, también indicó que para el puente que se demanda deben adquirirse predios privados, y existe otra alternativa de un puente en el sector Estación Pácora, que sí cuenta con la vía para el acceso al mismo y los predios son públicos».

30. En sus propias palabras, concluyó que: «los elementos de juicio allegados no permiten a la Sala ordenar la realización del puente solicitado, cuando no existe parámetros de comparación con otros proyectos, ni puede sobrepasar la discrecionalidad técnica de la administración en la realización de obras de infraestructura, ni se demostró que el puente demandado se encuentre dentro de la planificación de las obras de infraestructura nacional, departamental o municipal».

31. En consecuencia, resolvió lo siguiente:

[…] PRIMERO: DECLÁRESE no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva invocadas por parte del Departamento de

municipal».

31. En consecuencia, resolvió lo siguiente:

[…] PRIMERO: DECLÁRESE no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva invocadas por parte del Departamento de Caldas y el Instituto Nacional de Vías – Invias.

SEGUNDO: DECLÁRESE probada la excepción de carencia de prueba de la vulneración o amenaza de derechos colectivos.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

CUARTO: SIN COSTAS. […]

III. Fundamentos del recurso de apelación

32. El señor Enrique Arbeláez Mutis , mediante escrito de 17 de marzo de 2023 15, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia debido a que la transgresión de los derechos colectivos se acreditó en el debate judicial.

15Samai, Consejo de Estado, anotación 2, documento con certificado de autenticidad 71AFD6FCBC28DDFE F8819AB9C689ED76 6C020C3AC8516B58 EECC113B70905722.Radicación 17001-23-33-000-2019-00188-01 (AP)

Demandante: Enrique Arbeláez Mutis

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33. Sostuvo que la Ley 295 de 2008 otorgó un reconocimiento histórico al puente objeto de la acción popular. Además, la obra cuenta con los estudios técnicos y presupuestales necesarios para su ejecución, por lo que «si ya se había hecho un gasto de estudios y demás condiciones, solamente se esperaba entonces resolver situaciones de predios y empezar el proceso».

34. En su criterio, «la sentencia proferida sin reconocer las pretensiones es injusta,

gasto de estudios y demás condiciones, solamente se esperaba entonces resolver situaciones de predios y empezar el proceso».

34. En su criterio, «la sentencia proferida sin reconocer las pretensiones es injusta, porque solamente faltaba unas cosas triviales de carácter jurídico para lograr que la comunidad tuviera acceso a otros territorios que son fundamentales para el desarrollo cultural, económico, social, ambiental, que tanto esperan en ese lugar».

Aunado a ello, «estaríamos ante un serio detrimento económico porque ya se había presentado un estudio pertinente para lograr el puente en ese lugar y no otro».

35. Finalmente, afirmó que: «con obras como el puente con las que una comunidad soluciona las necesidades básicas insatisfechas; dejarlos sin este amparo de derechos colectivos es una injusticia y vulneración a los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales».

IV. Trámite en segunda instancia

36. Mediante auto de 20 de abril de 2023 , el magistrado sustanciador del proceso en primera instancia concedió el recurso de apelación interpuesto por el demandante.

37. Esta autoridad judicial, a través de auto de 8 de mayo de 2023 16, admitió e l recurso y advirtió a los sujetos procesales que «no habrá lugar a dar traslado para alegar de conclusión en tanto que no existen pruebas por practicar en el presente proceso». Además, informó al Ministerio P úblico que podía emitir concepto en la presente causa hasta antes de que ingres ara para dictar sentencia. Sin embargo, la citada entidad guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

presente causa hasta antes de que ingres ara para dictar sentencia. Sin embargo, la citada entidad guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

38. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con el artículo 13 del Acuerdo N.° 080 de 201917, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra

16 Samai, Consejo de Estado, anotación 4. 17 Mediante el cual se establece la distribución de los negocios entre las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.Radicación 17001-23-33-000-2019-00188-01 (AP)

Demandante: Enrique Arbeláez Mutis

8 de las sentencias proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento del problema

39. El ciudadano Enrique Arbeláez Mutis sostiene que el Instituto Nacional de Vías y el municipio de Aguadas vulneraron los derechos colectivos previstos en los literales a), l) y m) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, porque no construyeron un puente sobre el río Cauca en el sector de La María, a pesar del proyecto existente desde el año 2016.

40. Para resolver la controversia, el a quo vinculó al proceso al departamento de Caldas y a los propietarios de los predios requeridos para el desarrollo de la obra,

desde el año 2016.

40. Para resolver la controversia, el a quo vinculó al proceso al departamento de Caldas y a los propietarios de los predios requeridos para el desarrollo de la obra, quienes posteriormente se identificaron mediante escrito de 25 de agosto de 2021.

41. A través de sentencia de 13 de marzo de 2023, la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas negó el amparo de los derechos colectivos al advertir que «la Ley 1338 de 2009 (…) no ordenó la realización del puente objeto del proceso, sino que fue “una autorización respetuosa de la exclusividad y discrecionalidad que conserva el Gobierno Nacional».

42. Además, el Tribunal afirmó que «(i) no se demostró la urgencia y necesidad de la realización del puente, frente a otras obras; (ii) no hay prueba de que la no realización de las obras conlleve la vulneración al ambiente sano ni la existencia de un desastre previsible técnicamente; (iii) a pesar que el testigo el Ingeniero Julio Enrique Guevara Jaramillo, adscrito al INVIAS indicó que la actual conexión de Pácora y Aguadas a la capital del departamento, Manizales, es demorada, también indicó que para el puente que se demanda deben adquirirse predios privados, y existe otra alternativa de un puente en el sector Estación Pácora, que sí cuenta con la vía para el acceso al mismo y los predios son públicos».

43. Inconforme con la decisión de primera instancia, el demandante señaló en su apelación que: (i) la Ley 295 de 2008 otorgó un reconocimiento histórico al puente objeto de la acción popular; (ii) e l puente cuenta con los estudios técnicos y

43. Inconforme con la decisión de primera instancia, el demandante señaló en su apelación que: (i) la Ley 295 de 2008 otorgó un reconocimiento histórico al puente objeto de la acción popular; (ii) e l puente cuenta con los estudios técnicos y presupuestales necesarios para su ejecución; (iii) la no construcción de la obra genera un detrimento patrimonial porque los estudios técnicos se hicieron «en ese lugar y no en otro» ; y (iv) dicho puente soluciona rá las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad.

44. Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si el demandante demostró la transgresión de los derechos colectivos previstos en los literales a), l) y m) del artículo 4° de la Ley 472 por las razones enunciadas en el recurso de apelación.Radicación 17001-23-33-000-2019-00188-01 (AP)

Demandante: Enrique Arbeláez Mutis

9 V.3. La solución del caso concreto

45. A efectos de resolver el problema jurídico, es necesario tener en cuenta que el Estado cuenta con la responsabilidad de impulsar el crecimiento económico y el progreso social del país, a través de la ejecución ordenada de obras públicas que garanticen la ampliación, el mantenimiento y la reconstrucción de la infraestructura vial. El literal c) del artículo 2° de la Ley 105 de 30 de diciembre de 1993 18 señaló que «el transporte es un elemento básico para la unidad Nacional y el desarrollo de todo el territorio colombiano y para la expansión de los intercambios internacionales del País».

46. El artículo 5° de la Ley 1682 de 2013 agregó que: «las acciones de planificación,

todo el territorio colombiano y para la expansión de los intercambios internacionales del País».

46. El artículo 5° de la Ley 1682 de 2013 agregó que: «las acciones de planificación, ejecución, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de los proyectos y obras de infraestructura del transporte materializan el interés general previsto en la Constitución Política al fomentar el desarrollo y crecimiento económico del país; su competitividad internacional; la integración del Territorio Nacional, y el disfrute de los derechos de las personas y constituye un elemento de la soberanía y seguridad del Estados».

47. Como puede observarse , la materi alización de est e objetivo se encuentra fuertemente relacionada con el respeto del principio de planeación, en la medida en que el interés general, la eficiencia y la previsión de las situaciones riesgosas guían todas las intervenciones administrativas desarrolladas por las autoridades que integran el sistema de transporte.

48. Al respecto, el literal b) del artículo 2° de la Ley 105 señaló que «corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas ». Mientras que el numeral 3 ° del artículo 3° ibidem planteó que «los diferentes organismos del Sistema Nacional de Transporte velarán porque su operación se funde en criterios de coordinación, planeación, descentralización y participación».

49. El título III de la Ley 105 (artículos 41 a 46), en línea con lo anterior, adoptó una serie de herramientas de planeación financiera que orientan de forma ordenada los presupuestos de los programas y proyectos de inversión pública nacional y territorial sobre malla vial 19, estos son: el plan sectorial de transporte, los pl anes

serie de herramientas de planeación financiera que orientan de forma ordenada los presupuestos de los programas y proyectos de inversión pública nacional y territorial sobre malla vial 19, estos son: el plan sectorial de transporte, los pl anes territoriales de transporte e infraestructura de los departamentos y los planes modales.

18 “[p]or la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entida des Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”, 19 El artículo 2 de la Ley 1682 de 22 de noviembre de 2013 define la infraestructura de transporte como « un sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos». Dicha infraestructura se caracteriza «[…] por ser inteligente, eficiente, multimodal, segura [ ], de acceso a todas las personas y carga, ambientalmente sostenible, adaptada al cambio climático y vulnerabilidad, con acciones de mitigación y está destinada a facilitar y hacer posible el transporte en todos sus modos». (art. 3)Radicación 17001-23-33-000-2019-00188-01 (AP)

Demandante: Enrique Arbeláez Mutis

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50. Es más, el legislador en el artículo 15 de la Ley 105 reconoció que los planes de expansión vial a cargo de la Nación evaluarían factores como: (i) la conveniencia

Demandante: Enrique Arbeláez Mutis

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50. Es más, el legislador en el artículo 15 de la Ley 105 reconoció que los planes de expansión vial a cargo de la Nación evaluarían factores como: (i) la conveniencia de hacer inversiones en nueva infraestructura vial Nacional; y (ii) las inversiones públicas futuras requeridas. En el mismo sentido, el artículo 20 señaló que «corresponde al Ministerio de Transporte, a las entidades del Orden Nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las Entidades Territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las