CE - 012333000201900210011SENTENCIA20231205012237

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 73001 23 33 000 2019 00210 01 (0771-2022)

Demandante: Soledad Ospina Guzmán Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida el 21 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo de l Tolima, que denegó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ( CPACA), la señora Soledad Ospina Guzmán , por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del Auto ADP 00 2890 del 19 de abril de 2017, mediante el cual no realizar un nuevo

conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del Auto ADP 00 2890 del 19 de abril de 2017, mediante el cual no realizar un nuevo pronunciamiento de fondo en relación con la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia, debido a que no se allegaron nuevos elementos de juicio que

1 Folios 40 al 64.2

Radicación: 73001 23 33 000 2019 00210 01 (0771-2022) Demandante: Soledad Ospina Guzmán permitan modificar la decisión tomada anteriormente, en las Resoluciones UGM 022457 del 27 de diciembre de 2011 y UGM 056057 del 19 de septiembre de 2012.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, l a accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar al actor la pensión gracia de jubilación, por su labor como docente , desde cuando adquirió el estatus jurídico; ii) pagar los valores adeudados con los ajustes de valor, en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y iii) pagar las costas del proceso.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, se relataron los siguientes:

1. La señora Soledad Ospina Guzmán prestó sus servicios como docente en el nivel básica primaria, con vinculación en propiedad , en régimen nacionalizado , en el Instituto Educativo Tapias de Ibagué (Tolima), desde el 22 de abril de 1974 hasta el 30 de octubre de 1980.

1. El 9 de septiembre de 2011, la señora Soledad Ospina Guzmán radicó ante la

30 de octubre de 1980.

1. El 9 de septiembre de 2011, la señora Soledad Ospina Guzmán radicó ante la Caja Nacional de Previsión Social EICE solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual fue resuelta en forma negativa mediante Resolución No.

UGM 022457 del 27 de diciembre de 2011, con el argumento de que los tiempos de servicio fueron prestados con nombramiento de orden nacional.

1. El 19 de septiembre de 2012, a través de la Resolución UGM 056057, se resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar en su integridad la decisión.

1. E l 7 de diciembre de 2016, la accionante presentó a la UGPP solicitud de reconocimiento y pago de la pensión mensual vitalicia de jubilación gracia, la cual fue decidida por medio del Auto ADP 002890 del 19 de abril de 2017, donde se le informó que con antelación la solicitud de reconocimiento de la prestación social había sido resuelta en forma negativa.3

Radicación: 73001 23 33 000 2019 00210 01 (0771-2022)

Demandante: Soledad Ospina Guzmán

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288,

356 y 357 de la Constitución Política; 3, 4 y 13 de la Ley 39 de 1903; 1, 2, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1 de la Ley 24 de 1947; 4 de la Ley 4 de 1966; 1 y 10 de la Ley 43 de 1975; 1 y 15 de la Ley 91 de 1989; 2, 3, 4, 6, 14 y 15 de la Ley 60 de 1993; 14 de la Ley 100 de 1993; 7, 34, 37, 38 y 41 de la Ley 715 de 2001; 19, 34, 36, 40, 41, 42, 66, 67, 68, 69 y 74 de la Ley 1437 de 2011; 5 del Decreto 1743 de 1966; y 1, 2, 3, 5 y 6 del Decreto 2277 de 1979.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo siguiente:

1. El acto acusado fue expedido de manera irregular ya que se limitó a señalar que mediante actos administrativos anteriores se le había resuelto desfavorablemente la solicitud, desconociendo que se trata de un derecho imprescriptible y, por ende, se debió iniciar el procedi miento previsto en el artículo 34 del C.P.A.C.A. y emitir una decisión motivada.

Además, infringe las normas en que debía fundarse, pues la actora ingresó como docente antes del 31 de diciembre de 1980 y laboró durante más de 20 años como educadora, en el departamento del Tolima y el municipio de Ibagué, en virtud de los

Además, infringe las normas en que debía fundarse, pues la actora ingresó como docente antes del 31 de diciembre de 1980 y laboró durante más de 20 años como educadora, en el departamento del Tolima y el municipio de Ibagué, en virtud de los nombramientos efectuados por el gobernador del Tolima y el alcalde del municipio del Espinal, actos en los cuales se destaca que no hubo intervención del Ministerio de Educación Nacional.

1. El tiempo laborado por la señora Ospina Guzmán, entre 1974 y 1981, fue certificado como nacionalizado, debido al nombramiento efectuado por el gobernador del departamento del Tolima. Por su parte, el segundo lapso, entre julio de 1996 y marzo de 2004 , es de carácter municipal, comoquiera que el nombramiento fue realizado por el alcalde del municipio del Espinal. Finalmente, el4

Radicación: 73001 23 33 000 2019 00210 01 (0771-2022) Demandante: Soledad Ospina Guzmán periodo transcurrido desde marzo de 2004 hasta la fecha de presentación de la demanda es de carácter departamental, toda vez que la actora fue incorporada a la planta de cargos de personal docente del departamento del Tolima, mediante decreto proferido por el gobernador.

1.2. Contestación de la demanda

La UGPP, por medio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las siguientes razones de defensa:2

1. La demandante estuvo vinculada durante tiempos diferentes como docente nacionalizada y como docente nacional; es decir, durante lapsos independientes que no se pueden sumar para la obtención de la pensión gracia que se persigue, en

1. La demandante estuvo vinculada durante tiempos diferentes como docente nacionalizada y como docente nacional; es decir, durante lapsos independientes que no se pueden sumar para la obtención de la pensión gracia que se persigue, en aras de evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar la administración racional de los recurso s del Estado. En consecuencia, el act o acusado se encuentra ajustado a derecho.

1. Propuso las excepciones de inexistencia del derecho; cobro de lo no debido; buena fe; inexistencia de vulneración de principios constitucionales; prescripción; y genérica.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 21 de octubre de 2021, denegó las pretensiones de la demanda , con sustento en las siguientes consideraciones:3

1. La señora Soledad Ospina acreditó su vinculación a la docencia oficial antes del 31 de diciembre de 1980, comoquiera que fue nombrada en la Escuela Rural Mixta Bajas del Municipio de Cunday, en calidad de directora, desde el 22 de marzo de

2 Folios 83 al 91. 3 Folios 284 al 295.5

Radicación: 73001 23 33 000 2019 00210 01 (0771-2022) Demandante: Soledad Ospina Guzmán 1974, acumulando un tiempo total de 6 años, 11 meses y 2 días, de carácter nacionalizado y, por ende, apto para ser computado para la pensión gracia.

No obstante, no sucede lo mismo con los nombramientos comprendidos entre el 15 de julio de 1996 y el 31 de enero de 2009, en primer lugar, porque las vinculaciones

No obstante, no sucede lo mismo con los nombramientos comprendidos entre el 15 de julio de 1996 y el 31 de enero de 2009, en primer lugar, porque las vinculaciones efectuadas con posterioridad al 31 de diciembre de 1989 se regulan por el Régimen Prestacional aplicable a los servidores nacionales, tal como se estableció en el inciso 2 del numeral 1 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

En segundo lugar, se hace necesario hacer alusión al proceso de la descentralización de la educación, toda vez que las vinculaciones territoriales efectuadas después de dicho fenómeno no acumulan tiempo para la pensión gracia, por cuanto a los docentes les resulta aplicable el régimen prestacional previsto para los docentes Nacionales, es decir, la Ley 91 de 1989 y las demás que la reformaron.

1. Pese a que el Departamento del Tolima fue certificado para la prestación de servicios educativos mediante la Resolución 2210 del 28 de mayo de 1996 y el Ministerio de Educación Nacional le hizo entrega el 23 de agosto de 1996 de bienes, personal y establecimientos que le permitieran cumplir las funciones y obligaciones recibidas, en virtud a lo dispuesto en las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, lo cierto es que tal descentralización no generó modificación en el Régimen Pensional de los docentes y directivos docentes que se vincularon con posterioridad a su expedición, como quiera que, en virtud del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 el régimen prestacional aplicable es el consagrado en la Ley 91 de 1989, es decir, el aplicable para los docentes del sector nacional; circunstancia que veda la posibilidad de ser

prestacional aplicable es el consagrado en la Ley 91 de 1989, es decir, el aplicable para los docentes del sector nacional; circunstancia que veda la posibilidad de ser beneficiario de pensión gracia en virtud de la naturaleza de la vinculación nacional.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la accionante interpuso recurso de apelación contra la sentencia6

Radicación: 73001 23 33 000 2019 00210 01 (0771-2022) Demandante: Soledad Ospina Guzmán con base en los siguientes argumentos:4

1. El fallador de primera instancia no analizó el Decreto 044 del 11 de julio de 1996, proferido por el alcalde municipal de El Espinal, en el cual no existe intervención de alguna delegación del Ministerio de Educación; tampoco analizó el Decreto 0995 del 29 de di ciembre de 2003, suscrito por el gobernador del Departamento de Tolima, en donde invoca facultades propias; tampoco el certificado laboral del 22 de diciembre de 2009.

1. Pese a que el Tribunal aceptó que la demandante fue nombrada mediante el Decreto 0995 del 29 de diciembre de 2003, y que fue incorporada a una planta de cargos de personal docente del departamento, financiada con recursos del Sistema General de Participaciones , terminó contrariando est a evidencia probatoria al afirmar que la demandante fue educadora nacional desde el 12 de marzo de 2004 hasta el 31 de enero de 2019.

1. Si bien el Certificado de Tiempo de Servicio del 12 de octubre de 2016 indicó que

afirmar que la demandante fue educadora nacional desde el 12 de marzo de 2004 hasta el 31 de enero de 2019.

1. Si bien el Certificado de Tiempo de Servicio del 12 de octubre de 2016 indicó que el régimen de pensiones de la actora es nacional, desde el 15 de julio de 1996 hasta el 12 de octubre de 2016 (fecha de expedición del certificado), no puede entenderse que régimen de pensiones y vínculo laboral es lo mismo; de ser así, dicho certificado contendría una falsedad ideológica, pues del período mencionado una fracción es municipal y otra departamental.

1. La condena en costas no puede estar fundada únicamente en la derrota de las pretensiones, como lo hizo el fallador, sino que, por el contrario, debe existir dentro del expediente prueba de que la solicitud de la pensión se hizo de forma temeraria o sin arreglo a los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico para que esta resulte procedente; esta situación no aconteció en el caso particular, aunado al hecho de que la demandante, confiando en los efectos legales de la descentralización de la educación, ha construido una expectativa válida para que se

4 Folios 301 al 323.7

Radicación: 73001 23 33 000 2019 00210 01 (0771-2022) Demandante: Soledad Ospina Guzmán reconozca el derecho discutido.

1.5. Pronunciamiento de las partes

De conformidad con el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, una vez admitido el recurso, las partes guardaron silencio.

1.6. Concepto del Ministerio Publico

1.5. Pronunciamiento de las partes

De conformidad con el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, una vez admitido el recurso, las partes guardaron silencio.

1.6. Concepto del Ministerio Publico

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

Antes de resolver el asunto de fondo, la Sala encuentra que la UGPP solicitó 5 unificar jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 del CPACA, «en el sentido de definir o concretar qué es lo que debe entenderse como “plaza docente” su definición, requisitos y lineamientos que permitan dilucidar cuáles son las condiciones que debe reunir “la plaza” a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ -11-S2 DE 21 -06-2018, para ser consi derada como nacional, nacionalizada o territorial».

Sobre el particular, se advierte que la Sala Plena de la Sección Segunda, mediante auto del 20 de octubre de 2022, se abstuvo de avocar una solicitud de unificación idéntica a la que es objeto de análisis en el sub lite, al considerar que no se cumplen los supuestos para emitir una sentencia de unificación en este proceso, toda vez que el Consejo de Estado ya definió criterios suficientes para identificar la naturaleza

5 Solicitud presentada el 4 de mayo de 2022, visible en el índice 9 de la plataforma SAMAI.8

Radicación: 73001 23 33 000 2019 00210 01 (0771-2022)

Demandante: Soledad Ospina Guzmán

Radicación: 73001 23 33 000 2019 00210 01 (0771-2022) Demandante: Soledad Ospina Guzmán de las plazas docentes que permiten acceder a la pensión gracia , pues, si bien los argumentos de la UGPP evidencian un desacuerdo con las consideraciones expuestas en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, tal divergencia no justifica un nuevo estudio, diferente al ya efectuado en dicha providencia.

En efecto, en la mencionada providencia se analizó con amplitud y rigurosidad la naturaleza de los recursos del situado fiscal antes y después de la Ley 60 de 1993, así como los del sistema general de participaciones y se estudió la evolución normativa del servicio educativo en Colombia, incluyendo la etapa previa a la expedición de la Ley 60 de 1993, que es objeto de cuestionamiento por parte de la UGPP. De este modo, el asunto ha sido abordado en dos oportunidades por esta corporación, mediante sentencias de unificación en las que se han fijado lineamientos orientadores para la administración y las autoridades judiciales que tienen a su cargo la resolución de controversias relacionadas con la pensión gracia.

Asimismo, se examinó con detalle la situación de los educadores cuando intervienen los fondos educativos regionales en el acto de vinculación, es decir, que de ninguna manera se soslayó ese análisis ni mucho menos se desconocieron las normas que resultaban aplicables; por el contrario, en dicho pronunciamiento se citó el marco normativo en torno a las funciones de los FER, respecto de la administración de los recursos aportados tanto por la nación como por los departamentos, distritos y

resultaban aplicables; por el contrario, en dicho pronunciamiento se citó el marco normativo en torno a las funciones de los FER, respecto de la administración de los recursos aportados tanto por la nación como por los departamentos, distritos y municipios para cubrir sus erogaciones y se sentaron reglas precisas en torno al concepto de la plaza docente que habilita el reconocimiento de la prestación en comento. En tal sentido, el criterio que ha aplicado la jurisprudencia de esta Sección para concluir si una plaza docente es de carácter nacional, nacionalizado, departamental, municipal o distrital parte de que así lo haya definido el legislador.6

En esos términos, la Sala deberá estarse a lo resuelto en las providencias referidas, resaltando que la decisión aquí adoptada se acompasa con el objeto de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo que es garantizar la efectividad de los

6 En este sentido, ver sentencias del 29 de agosto de 1997, 22 de enero de 2015, 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.9

Radicación: 73001 23 33 000 2019 00210 01 (0771-2022) Demandante: Soledad Ospina Guzmán derechos reconocidos en la Constitución y la ley, puesto que, al tratarse de una controversia relacionada con asuntos pensionales, debe evitarse cualquier trámite dilatorio al estar involucradas personas de la tercera edad.

2.2. Problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si el demandante tiene derecho a que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la

2.2. Problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si el demandante tiene derecho a que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo 2.2.1. De la pensión gracia

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 1928 7 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública, siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior.9

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4 ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión

7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la

tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección. 8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes. Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria. 9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.10

Radicación: 73001 23 33 000 2019 00210 01 (0771-2022) Demandante: Soledad Ospina Guzmán o recompensa de carácter nacional».10

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia S -699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que « la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».11

alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».11

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la pensión ordi naria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación, en la referida Sentencia S -699 de 1997 , afirmó que la pensión gracia debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas

10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta.

consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S -699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001 -23-33-0002013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000 -23-42-0002013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001 -23-33000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C -085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.11

Radicación: 73001 23 33 000 2019 00210 01 (0771-2022) Demandante: Soledad Ospina Guzmán de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión

labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada ; sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita, bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto

bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989

12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).12

Radicación: 73001 23 33 000 2019 00210 01 (0771-2022) Demandante: Soledad Ospina Guzmán contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1. 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento pensional.

1. 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».13

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial

demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».13

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo siguiente:14

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».15

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores

que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r adicado 1500123-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r adicado 1500123-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001 -03-15-0002019-02219-01 (AC).13

Radicación: 73001 23 33 000 2019 00210 01 (0771-2022)

Demandante: Soledad Ospina Guzmán

[…]

1. La Sentencia C -506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antela ción al 31 de diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

1. Mediante la Sentencia SU -014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el

los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

1. Mediante la Sentencia SU -014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los i