CE - 012333000201900239011SENTENCIA20231013122054

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28 ) de septiembre de dos mil veinti trés (202 3)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho .

Radica ción : 63 001 -23 -33 -000 -201 9-00239-01 ( 2094 -20 21 )

Demandante: FABER JEMAY LÓPEZ NARVAÉZ

Demandad o: NACI ÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA

NACIÓN Y PERSONERÍA MUNICIPAL DE LA

TEBAIDA

Tema: Disciplinario. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sección Segunda , Subsección A decide el recurso de apelación int erpuesto por la parte demandante contra la sentencia de l 22 de octubre de 2020 , proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío , que negó las pretensiones de la demanda de la referencia.

II. ANTECEDENTES.

2. 1. Pretensiones

2.1.1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

(i) Decisión sancionatoria de primera instancia proferida el 26 de

II. ANTECEDENTES.

2. 1. Pretensiones

2.1.1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

(i) Decisión sancionatoria de primera instancia proferida el 26 de marzo de 2019 por la Personería Municipal de Tebaida en la que se impone sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 6 meses convertida en 6 meses de salarios correspondientes al cargo de Inspector de Policía para el año 2015.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 63001-23-33-000-2019-00239-01 (2094-2021)

Demandante: Faber Jemay López Narváez

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2 (ii) Resolución 008 del 27 de mayo de 2019, mediante l a cual se emite d ecisión disciplinaria de segunda instancia por la Procuraduría Regional del Quindío en la que se impone sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 4 meses convertida en 4 meses de salarios correspondientes al cargo de Inspector de Policía para el año 2015.

2. 1.2. Que como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho al demandante de no soportar una sanción disciplinaria registrada en el Sistema de Información y Registro de Sanciones e

Inhabilidades.

2.1.3 Se realice la anulación de la sanción de suspensión de 4

derecho al demandante de no soportar una sanción disciplinaria registrada en el Sistema de Información y Registro de Sanciones e Inhabilidades.

2.1.3 Se realice la anulación de la sanción de suspensión de 4 meses que figura en los antecedentes disciplinarios.

2.1.4 Que no se realice el cobro de la multa impuesta al actor por parte de la alcaldía de Tebaida.

2. 2. Hech os.

En la demanda 1 se narraron los hechos relevantes que a continuación se resume n:

2. 2.1. El señor Faber Jemay López Narváez fue nombrado en el cargo de Inspector de Policía en el municipio de Tebaida, Quindío mediante Decreto 008 del 3 de enero de 2008 , empleo que desempeñó hasta el 4 de enero de 2016.

2.2. 2. En agosto de 2016, el señor Luis Alberto Jaramillo presentó queja en contra de varios funcionarios públicos, entre los que se encuentra el demandante por un posible prevaricato por omisión, denuncia que fue de conocimiento de la Personería municipal de la

1 Índice 7 SAMAI . Expediente digitalNulidad y restablecimiento del derecho.

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3 Tebaida.

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3 Tebaida.

2. 2.3 . El día 5 de mayo de 2017 el personero municipal de la Tebaida inició investigación disciplinaria contra el accionante.

2.2.4 . En decisión disciplinaria de primera instancia el personero municipal de la Tebaida declaró responsablemente el señor LÓPEZ NARVÁEZ en su condición de Inspector de Policía y lo sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por término de 6 meses, no obstante , la convirtió en multa de “ 6 salarios correspondientes al cargo de Inspector de Policía para el año 2015”

2.2.5. La Procuraduría Regional del Quindío a través de la Resolución 008 del 27 de mayo de 2019 modificó la sanción impuesta de 6 meses a 4 meses de suspensión en el ejercicio del cargo y la convirtió a 4 salarios.

2. 3. Concepto de la violación .

El apoderad o de l demandante consideró como norma s vulnerada s:

• Artículos 2, 5, 29 , 31 y 85 de la Constitución Política. - Artículos 6, 8, 9, 14, 21 y 116 de la Ley 734 de 2002. - Artículo 3 y 85 del CPACA.

Señaló que con los actos administrativos acusados se desconoció el debido proceso, específicamente el derecho defensa, por cuanto el pliego de cargos no fue coherente con la queja presentada.

De otro lado, expuso que con la conducta del demandante no se

el debido proceso, específicamente el derecho defensa, por cuanto el pliego de cargos no fue coherente con la queja presentada.

De otro lado, expuso que con la conducta del demandante no se afectó el deber funcional, por lo que no existe ilicitud sustancial, razón por la cual consideró no debió ser sancionado.

Además, expuso que en primera instancia el personero municipal de la Tebaida estableció que el señor LÓPEZ NARVÁEZ era responsable disciplinariamente por cometer dos faltas, una por laNulidad y restablecimiento del derecho.

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4 omisión de poner en conocimiento de una autoridad administrativa unos hechos de violencia intrafamiliar, motivo por el cual lo sancionó con 4 meses de suspensión en el cargo.

Y la segunda, por la extralimitación de funciones en razón de que no tenia competencia para adoptar unas medidas correctivas que decretó, hecho por el cual lo sancionó con 2 meses de suspensión del cargo .

No obstante, explicó que la Procuraduría Regional del Quindío en segunda instancia desestimó el primer cargo y ratificó el segundo dejando una pena de 4 meses de suspensión , situación que en sentir del actor fue más gravosa para él y desconoció el principio de la reformatio in pejus .

segunda instancia desestimó el primer cargo y ratificó el segundo dejando una pena de 4 meses de suspensión , situación que en sentir del actor fue más gravosa para él y desconoció el principio de la reformatio in pejus .

2. 4. Contestación de la demanda

La Nación - Procuraduría General de la Nación , por medio de apoderad a judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda 2,con fundamento en l os siguientes argumentos :

Inicialmente, s eñaló que en el proceso disciplinario adelantado se respetó el debido proceso y el derecho de defensa del actor, toda vez que (i) en el pliego de cargos se mencionaron las conductas endilgadas, (ii) se citaron las normas que establecían el deber jurídico incumplido, (iii) se dete rminó la imputación fijando su sentido y alcance , y (iv) se relacionaron y analizaron las pruebas que sirvieron de sustento para la decisión.

Además, afirmó que el demandante fue escuchado en descargos, presentó alegatos de conclusión y tuvo la posibilidad de controvertir las pruebas.

De otro lado , expuso que en virtud del principio de presunción de inocencia se desvirtuó en la segunda instancia el primer cargo ,

2 Índice 1 8 SAMAI expediente electrónico .Nulidad y restablecimiento del derecho.

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Demandante: Faber Jemay López Narváez

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5 hecho que evidencia la posición de garante imparcial de la autoridad administrativa.

Respecto de la falta de ilicitud de la conducta manifestó que ésta fue analizada por las autoridades administrativas concluyendo que se afectó el Estado y vulneró la garantía de la función públic a, por cuanto se dejó desamparada a la ciudadana al someterla a un procedimiento que carecía de eficacia por ser ejecutado por un funcionario sin competencia.

Finalmente, frente a la vulneración del principio de la re formatio in pejus explicó que al tratarse de un solo cargo se debe disminuir la sanción “en otro tanto”, por lo que no se agravó la situación , pues de 6 meses se bajó dos meses , por cuanto al no existir concurso de faltas debía ajustarse.

La personería municipal de la Tebaida, Quindío , por medio de apoderad a judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda 3,con base en los siguientes razonamientos :

Después de hacer un recuento de la decisión disciplinaria proferida en primera instancia señaló que el artículo 46 de la Ley 734 de 2002 estableció los límites de las sanciones y el articulo 47 Ibidem determinó los criterios para su imposición.

Así las cosas, afirmó que se procedió a analizar los criterios para graduar la pena y se consideraron las siguientes circunstancias de

estableció los límites de las sanciones y el articulo 47 Ibidem determinó los criterios para su imposición.

Así las cosas, afirmó que se procedió a analizar los criterios para graduar la pena y se consideraron las siguientes circunstancias de agravación y atenuación: (i) el funcionario no fue diligente en el desempeño del empleo, (ii) se present ó un grave daño social y una afectación de los derechos fundam entale s, (iii) no tenía antecedentes disciplinarios, ni pertenecía al nivel directivo, y (iv) no ocasionó un daño a tercero ni conocía la ilicitud de la conducta.

Como consecuencia de lo anterior, explicó que la calificación se ubic ó en el segundo cuarto que se obtiene de dividir el período

3 Índice 16 SAMAI expediente electrónico .Nulidad y restablecimiento del derecho.

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6 comprendido entre 1 mes y 12 meses frente a cada uno de los cargos , según lo ilustró en el siguiente cuadro:

Primer cuarto Segundo cuarto Tercer cuar to Cuarto cuar to Entre 30 y 112 días Entre 113 y 196 días Entre 197 y 278 días Entre 278 y 365 días

Primer cuarto Segundo cuarto Tercer cuar to Cuarto cuar to Entre 30 y 112 días Entre 113 y 196 días Entre 197 y 278 días Entre 278 y 365 días

Adicionalmente, adujo que en el caso de concurrir dos faltas la sanción mas grave se incrementara en “otro tanto ” sin exceder el máximo legal, por tanto, la pena impuesta en el primer cargo era de 4 meses la cual se incrementó en 2 más para la segund a imputación .

Agregó que no es cierto que la Procuraduría Regional de Quindío agravó la sanción impuesta por la Personería, simplemente confirmó el reproche disciplinario endilgado para el segundo cargo quedando en firme la decisión administrativa de primera instancia.

En este orden, sostuvo que como ya no se trataba de dos faltas no era necesario incrementar la primera sanción en otro tanto dando como resultado una única pena por un solo cargo que había sido calificado con 4 meses.

2. 5. Decisiones relevantes en la audiencia inicial 4.

El Tribunal Administrativo de Quindío mediante auto del 10 de septiembre de 2020 decidió declarar cerrado el periodo probatorio, prescindir de la audiencia inicial y dictar sentencia anticipada por tratarse de una controversia de pu ro derecho.

2. 6. La sentencia apelada 5

El Tribunal Administrativo de Quindío por medio de la sentencia de l 22 de octubre de 2020 negó las pretensiones , con base en los argumentos que se resumen a continuación:

4 Índice 25 SAMAI expediente electrónico.

El Tribunal Administrativo de Quindío por medio de la sentencia de l 22 de octubre de 2020 negó las pretensiones , con base en los argumentos que se resumen a continuación:

4 Índice 25 SAMAI expediente electrónico. 5 Índice 30 SAMAI expediente electrónico.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 63001-23-33-000-2019-00239-01 (2094-2021)

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7 Señaló que la garantía procedimental en el juicio disciplinario es la correspondencia entre el pliego de cargos y la decisión sancionatoria; y no como lo sostiene el actor con la queja .

De otro lado, expresó que no se aportaron probanzas y argumentos que desestimen las valoraciones realizada s por la autoridad administrativa para establecer el componente de la ilicitud sustancial. Consideró que la afectación del deber funcional fue demostrada, por cuanto el actuar del demandante estuvo en contravía de los principios que gobiernan la función púb lica, fue contrario a los deberes del cargo de inspector al punto de establecer un correctivo pecuniario para lo cual no tenia competencia.

Respecto del desconocimiento del principio de la reformatio in pejus manifestó que la Personería municipal d e la Tebaida sancionó al señor LÓPEZ NAR AVÉZ por la comisión de dos faltas graves

competencia.

Respecto del desconocimiento del principio de la reformatio in pejus manifestó que la Personería municipal d e la Tebaida sancionó al señor LÓPEZ NAR AVÉZ por la comisión de dos faltas graves cometidas a título de culpa gravísima y para la tasación de la pena tuvo en consideración el artículo 47 de la Ley 734 de 2002.

Así las cosas, afirmó que estimó como sanción 4 meses y la adicionó “otro tanto” sin exceder el máximo legal, es decir por el término de 2 meses más para un total de 6 meses.

En ese orden de ideas, sostuvo que era claro que cuando el operador de segunda instancia desestima un cargo ya no se podía dar aplicación al “otro tanto” por lo que retrotrajo la sanción a los 4 meses, pues se sancionaba una sola conducta, ubicándola razon ablemente en el mismo margen (segundo cuarto) en el que existen más circunstancias de atenuación que de agravación.

Además, adujo que la decisión que resolvió la apelación no agravó la situación de quien recurrió , y concluyó que la sanción cumplió los criterios de graduación y el principio de proporcionalidad.Nulidad y restablecimiento del derecho.

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8

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8 2. 7. Recurso de apelación .

El apoderad o de la parte demand ante apeló 6 la anterior decisión y solicitó que se revoque el fallo de primera instancia con base en los argumentos que a continuación se resumen:

Consideró que a pesar de que el demandante se halló responsable de una falta que se sancionó con 2 meses de multa se debió mantener ese criterio en la segunda instancia y por ello, la Procuraduría Regional del Quindío infringió la reformatio in pejus .

Advirtió que el hecho de que la autoridad disciplinaria haya observado el margen de dosificación establecido en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002 no significa que se haya respetado el principio de la reformatio in pejus , toda vez que la pena en la segunda instancia fue agravada.

Además, sostuvo que si el operador disciplinario consideraba que para el segundo cargo existían más elementos de atenuación que de agravación no se debió aumentar la sanción, toda vez que del primer cargo fue exonerado.

2. 8. Alegatos de conclusión en segunda instancia .

La parte demandante presentó alegatos de conclusión 7 ratificándose en los razonamientos realizados en la demanda y precisando que las causales de nulidad que invoca son : haberse expedido los actos administrativos con infracción de las normas en las que debería fundarse y en forma irregular .

ratificándose en los razonamientos realizados en la demanda y precisando que las causales de nulidad que invoca son : haberse expedido los actos administrativos con infracción de las normas en las que debería fundarse y en forma irregular .

La Personería municipal de Tebaida, Quindío alegó de conclusión 8 reiterando los argumentos de la contestación de la demanda.

6 Folios 382 al 389 del expediente. 7 Índice 16 SAMAI. 8 Índice 15 SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho.

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9 La Procuraduría General de la Nación guardó silencio. 9

El Ministerio Público rindió concepto 10 solicitando confirmar la sentencia de primera instancia con base en los argumentos que se resumen:

Consideró que como en la decisión disciplinaria de segunda instancia se exoneró al demandante del primer cargo , en la imposición de la sanción para el segundo cargo no le eran aplicables las reglas de dosificación previstas en el numeral 2 del articulo 47 de la Ley 734 de 2002 sino que se debe atender los criterios establecidos en el numeral 1, pues es un caso de u na falta grave imputada a título de culpa gravísima, y en este evento la

articulo 47 de la Ley 734 de 2002 sino que se debe atender los criterios establecidos en el numeral 1, pues es un caso de u na falta grave imputada a título de culpa gravísima, y en este evento la suspensión señalada es de 4 meses.

Así las cosas, sostuvo que no le asiste razón al apelante en el sentido de indicar que se vulneró el principio de la re formatio in pejus , pues la pena impuesta en primera instancia fue imputada a título de concurso homogéneo de conductas y sancionada con 6 meses de suspensión y en la segunda instancia al ser absuelto del primer cargo se disminuyó a 4 meses, lapso inferior al inicial.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia .

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ,11 el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

9 Índice 19 SAMAI . 10 Índice 18 SAMAI . 11 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cu ando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 63001-23-33-000-2019-00239-01 (2094-2021)

extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.Nulidad y restablecimiento del derecho.

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Demandante: Faber Jemay López Narváez

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10 interpuesto.

3.2. Problema jurídico.

De acuerdo con los argumentos presentados por la parte demand ante en el recurso de apelación, esta Sala deberá examinar el siguiente problema jurídico:

• ¿En el proceso disciplinario adelantado contra el señor FABER JEMAY LÓPEZ NARVÁEZ se desconoció el principio de la no reformatio in pejus por hacerle más gravosa la sanción en segunda instancia ?

Para efectos de resolver el problema planteado , la Sala analizará: (i) el control integral del juez contencioso administrativo respecto de los actos administrativos disciplinarios ; (ii) la prohibición de la «reformatio in pejus» y (ii i) el análisis del caso concreto .

3.3 Marco normativo y Jurisprudencial

3. 3.1 Control integral del juez contencioso administrativo respecto de los actos administrativos disciplinarios.

Inicialmente, con el fin de decidir esta controversia, es pertinente hacer alusión al alcance del juicio de legalidad que el juez administrativo debe adelantar respecto de los actos administrativos de carácter disciplinario.

Inicialmente, con el fin de decidir esta controversia, es pertinente hacer alusión al alcance del juicio de legalidad que el juez administrativo debe adelantar respecto de los actos administrativos de carácter disciplinario.

Al respecto, destaca la Sala que, de conformidad con la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016 12 proferida por la Sala Plena de esta Corporación , el control que debe ejercer el juez administrativo sobre los actos de la administración que sean de carácter disciplinario , debe ser un control integral, en la medida

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de agosto de 2016, radicado 12 10-2011, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz, demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación.Nulidad y restablecimiento del derecho.

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11 en que la actividad de este juez «supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales » y se concreta en los siguientes postulados:

«1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial ” respecto de las decisiones adoptadas por lo s

derechos fundamentales » y se concreta en los siguientes postulados:

«1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial ” respecto de las decisiones adoptadas por lo s titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregu laridades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos . 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva […] »

Bajo tal entendimiento, en criterio de la Sala ese juicio integral supone, en cuanto a las causales de nulidad, que el juez, en virtud de la primacía del derecho sustancial, puede y debe examinar causales conexas con derechos fundamentales a fin de optimizar la tutela judicial efectiva.

Respecto a la valoración de las probanzas recaudadas en el disciplinario, el aludido juicio integral lo habilita para estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que

la tutela judicial efectiva.

Respecto a la valoración de las probanzas recaudadas en el disciplinario, el aludido juicio integral lo habilita para estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que soportan la imposición de la sanción disciplinaria, porque solo a partir de su objetiva y razonable ponderación, se puede colegir si el acto disciplinario se encuentra debidamente motivado.Nulidad y restablecimiento del derecho.

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12 Con relación a los principios rectores de la ley disciplinaria, el juez está facultado para examinar el estricto cumplimiento de todos y cada y uno de ellos dentro la actuación sancionatoria 13.

Acerca del principio de proporcionalidad de que trata el artículo 18 de la Ley 734 de 2002, referido a que la sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida y a la graduación prevista en la ley cuando el juicio de proporcionalidad de la sanción sea parte de la decisió n judicial, el juez puede, según lo ordenan el artículo 170 del CCA 14 y el inciso 3 del artículo 187 del CPACA 15, estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas 16.

En cuanto a la ilicitud sustancial , el juez está autorizado para

del CPACA 15, estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas 16.

En cuanto a la ilicitud sustancial , el juez está autorizado para realizar el análisis de racionalidad, razonabilidad y/o

13 La Ley 734 de 2002 en los artículos 4 a 21 contempla los principios de legalidad, ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad humana, presunción de inocencia, celeridad, culpabilidad, favorabilidad, igualdad, función de la sanción d isciplinaria, derecho a la defensa, proporcionalidad, motivación, interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de principios e integración normativa con los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT rat ificados por Colombia. 14 Artículo 170 del CC A modificado por el artículo 38 del Decreto 2304 de 1989. «Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los Organismos de los Contencioso Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar esta s». 15 Artículo 187 inciso 3 del C PA C A. «Para restablecer el derecho particular, l a Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas». 16 La sentencia de unificación al respecto determina que «El juez de lo contencioso administrativo está facultado para realizar un “control positivo”,

nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas». 16 La sentencia de unificación al respecto determina que «El juez de lo contencioso administrativo está facultado para realizar un “control positivo”, capaz de sustituir la decisión adoptada por la administración, lo que permite hablar de “[…] un principio de proporcionalida d sancionador, propio y autónomo de esta esfera tan relevante del Derecho administrativo, con una jurisprudencia abundante y enjundiosa, pero de exclusiva aplicación en dicho ámbito.[…]”, lo cual permite afirmar que “[…] el Derecho Administrativo Sancionad or ofrece en este punto mayores garantías al inculpado que el Derecho Penal […]”». Ahora bien, cuando el particular demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo lo hace en defensa de sus intereses y no de la ley. En consecuencia, el juez debe atender la realidad detrás del juicio disciplinario administrativo puesto que “[…] si la esfera subjetiva se torna en centro de gravedad, el interés del particular adquiere un protagonismo que la ley no ha querido obviar, elevando al grado de pretens ión, junto con la anulatoria, a la solicitud de restablecimiento de la situación jurídica individual […]”».Nulidad y restablecimiento del derecho.

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13

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13 proporcionalidad respecto de la misma, al punto que, si el asunto lo exige, puede valorar los argumentos que sustenten la afectación sustancial del deber funcional y las justificaciones expuestas por el disciplinado.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la sanción administrativa expresa el poder punitivo estatal, la doctrina nacional 17 enseña que es necesario un control de convencionalidad de la sanción, esto es, atendiendo las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 18, debe «extremar las precauciones » para la protección de los derechos fundamentales de las personas, por lo que el juez contencioso ya no es un mero revisor de la legalidad («juez revisor »), sino un juez de constitucionalidad e incluso de convencionalidad ( «juez protector »), lo que obliga a realizar la confrontación de la actuación administrativa sancionatoria frente a tales normas superiores, puesto que al juez le corresponde declarar cualquier «excepción que encuentr e probada » (art. 187

CPACA).

Por lo anterior, al juez le corresponde analizar, no solo la competencia con la que actúa la administración, sino si se dan los elementos de la responsabilidad administrativa como tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad 19.

17 La Sanción Administrativa, Perspectivas contemporáneas. LAVERDE ÁLVAREZ Juan Manuel. Editorial Legis. Página 119 y 120. Primera edición 2020.

antijuridicidad y culpabilidad 19.

17 La Sanción Administrativa, Perspectivas contemporáneas. LAVERDE ÁLVAREZ Juan Manuel. Editorial Legis. Página 119 y 120. Primera edición 2020. 18 Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. También, Mohamed vs. Argentin a de 2012. Tesis reiterada en el caso Petro vs. Colombia 2020. 19 Op. Cit, p. 123. “En conclusión, estimo que la teleología que debe inspira r al juez contencioso para el control de las actuaciones administrativas sancionatorias es la vertida e