CE - 012333000201900240011SENTENCIA20230505162959

Radicado: 63001-23-33--000-2019-00240-01 (26614)

Demandante: Jhon Jairo Manjarrés Ramírez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D. C., cuatro (04) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 63001-23-33-000-2019-00240-01 (26614)

Demandante: Jhon Jairo Manjarrés Ramírez

Demandada: DIAN

Temas: Renta. 2015. Ingresos. Procedimiento. Mérito probatorio.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 03 de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que negó las pretensiones de la demanda sin condenar en costas (índice 2 de Samai)1.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Con la Liquidación Oficial de Revisión nro. 012412019000011, del 16 de agosto de 2019 , la Administración modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2015, presentada por el actor, en el sentido de adicionar ingresos brutos operacionales, por ventas omitidas y por intereses y rendimientos financieros e imponer sanción por inexactitud

la Administración modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2015, presentada por el actor, en el sentido de adicionar ingresos brutos operacionales, por ventas omitidas y por intereses y rendimientos financieros e imponer sanción por inexactitud disminuida en aplicación del principio de favorabilidad (índice 2 de Samai).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes p retensiones (ibidem):

1. La nulidad de la Liquidación de Revisión nro. 012412019000011, de 16 de agosto de 2019, proferida por la (…) por medio de la cual se determinó la obligación tributaria del impuesto sobre la renta a cargo de Jhon Jairo Manjarrés Ramírez (…), por el año gravable 2015.

2. Que como consecuencia de dicha nulidad y para r establecer al demandante Jhon Jairo Manjarr és Ramírez (…), en su derecho, se declare que mi patrocinado no está obligado a pagar suma alguna por concepto de la liquidación oficial de revisión demandada, ordenando en consecuencia la firmeza de su liquidación privada del impuesto de renta por el año gravable 2015.

1 Del repositorio informático Samai.Radicado: 63001-23-33--000-2019-00240-01 (26614)

Demandante: Jhon Jairo Manjarrés Ramírez

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Demandante: Jhon Jairo Manjarrés Ramírez

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3. Ordenar a la parte demandada que dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

4. Condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 2.º, 4.º, 6.º, 15, 21, 29, 83 y 121 de la Constitución; 27 y 28 del CC (Ley 84 de 1873, Código Civil); 1.º, 26, 82, 583, 584, 647, 648, 683, 684, 686, 693, 702, 705, 706, 712, 730, 742, 743, 744, 745, 746, 779 y 789 del ET (Estatuto Tributario); y 1.º a 5.º, 10, 137 y 138 del CPACA (Código Contencioso administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011); y 167, 174 y 240 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012) , bajo el siguiente concepto de violación (ibidem):

El actor sostuvo que la Administración vulneró el debido proceso, su derecho de defensa y el espíritu de justicia, en tanto se negó a entregar la denuncia del tercero con base en la cual se inició la investigación y la copia del expediente administrativo , lo que impidió el

el espíritu de justicia, en tanto se negó a entregar la denuncia del tercero con base en la cual se inició la investigación y la copia del expediente administrativo , lo que impidió el conocimiento pleno del procedimiento administrativo y obstaculizó su derecho de contradicción. Estas mismas violaciones surgieron porque el acto demandado se fundó en medios de prueba que, a su juicio, fueron irregularmente allegadas al proceso, en vista de que la adición de ingresos (i.e. operacionales e intereses) provino de pruebas indiciarias recaudadas mediante la diligencia de registro practicada en las instalaciones de un tercero, a pesar de que el artículo 779 -1 del ET establece que esta prueba se practica en las instalaciones del propio contribuyente o de depositarios de la información, precisando que el tercero al que se le hizo el registro no reunía ninguna de las dos calidades . En ese sentido, sostuvo que esas pruebas tampoco pudieron obrar en la actuación acusada bajo la figura de la prueba trasladada del artículo 174 del CGP, porque contra ese tercero no se aperturó un expediente administrativo y, en todo caso, los indicios no demostraron un supuesto de hecho cierto.

Adicionalmente, la prueba documental con la cual se adiciona ron los ingresos operacionales no contenía su información financiera y/o contable, sino la del tercero de la visita del registro y eran documentos de prueba del ingeniero que instaló el programa, como fue certificado por este, quien nominaba de diferente forma los archivos. Aseguró que la carga probatoria no se invertía en ella como contribuyente, pues no estaba frente a un hecho de los que requieren ser probados por el contribuyente, de manera que la obligación

fue certificado por este, quien nominaba de diferente forma los archivos. Aseguró que la carga probatoria no se invertía en ella como contribuyente, pues no estaba frente a un hecho de los que requieren ser probados por el contribuyente, de manera que la obligación de probar permanecía a cargo de la Administración. Y, frente a la adición de los intereses, aseguró que se fundó en testimonios practicados en los que se le negó su participación, lo que impidió controvertir los hechos atestiguados.

En el anterior contexto, aseguró que la demandada no desvirtuó la presunción de veracidad de la declaración debatida, pues, no acreditó los hechos económicos cuestionados pese a que estaba en mejor posición para probarlos. Agregó, que los vacíos probatorios debían resolverse a su favor conforme con el artículo 745 del ET , e invocó el espíritu de justicia . Finalmente, pidió revocar la sanción por inexactitud, ya que no se probó la realización de la conducta típica.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora ( índice 2 de Samai), para lo cual, negó haber transgredido las garantías fundamentales invocadas, pues, según afirmó, en el procedimiento de fiscalización se le otorgó al actor el acceso pleno al expediente administrativo, donde reposaba la denuncia del tercero y el acervo probatorio en que se fundó el acto demandado. Aseguró que, en todo caso, en el plenario acreditó la entrega deRadicado: 63001-23-33--000-2019-00240-01 (26614)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 copias del expediente a la apoderada del contribuyente y evidenció la inexistencia de la presunta solicitud de copia de la denuncia argüida. En la misma línea, señaló que el acto definitivo se fundó en los diferentes med ios de prueba allegados al proceso y no solo en indicios. Asimismo, manifestó que la diligencia de registr o se realizó conforme al artículo 779-1 del ET, y en la dirección en la que informó el denunciante que se encontraban los documentos del investigado , resaltando que las pruebas obtenidas de esa sociedad que nomina el actor como un tercero, era una empresa de la que el contribuyente era representante legal , y que las pruebas recaudadas en el registro dieron cuenta que se trataba de la información contable del demandante y no de la compañía a quien se le hizo la visita. Por todo ello, señaló que no era necesario proferir un auto de traslado de pruebas, pues la diligencia se surtió dentro de la investigación contra el actor.

En adición, explicó que probó l os ingresos operacionales glosados con base en la información digital y documentos que halló en la diligencia de registro, en la que encontró operaciones de venta no declaradas , cuya existencia verificó con visitas y declaraciones juradas de terceros. Defendió la adición de ingresos por intereses y rendimientos financieros no declarados, que identificó con base en el registro de las operaciones en el sistema «Kardex», en la que observó las sumas pagadas al investigado, que contrastó con

juradas de terceros. Defendió la adición de ingresos por intereses y rendimientos financieros no declarados, que identificó con base en el registro de las operaciones en el sistema «Kardex», en la que observó las sumas pagadas al investigado, que contrastó con lo declarado por l as personas relacionadas, y que no se evidenció en la contabilidad del demandante. Por otra parte, censuró que en el sub lite se presentara una supuesta negación indefinida, ya que los ingresos glosados si podían ser objeto de comprobación, como en efecto lo hizo con el despliegue probatorio del plenario y con el que desvirtuó la presunción de veracidad de la declaración debatida. Por ello, señaló que no procedía la aplicación de lo previsto en el artículo 745 del ET. Finalmente, defendió que la actora incurrió en el tipo infractor descrito en el artículo 647 ejusdem.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda sin condenar en costas (índice 2 de Samai). Juzgó que no se vulneraron las garantías fundamentales alegadas , pues, halló acreditado en el plenario que la Administración informó al actor la posibilidad de consultar el expediente administrativo, dentro del cual se encontraba el informe del análisis de la denuncia del tercero, respecto de la cual no evidenció la supuesta petic ión referida. Por otra parte, consideró que la diligencia de registr o que se realizó en la sociedad que representaba legalmente el actor se surtió conforme al artículo 779 -1 del ET; aseveró que las pruebas recaudadas no debían trasladarse, pues, su acopio se realizó en el marco de la investigación promovida contra el demandante.

legalmente el actor se surtió conforme al artículo 779 -1 del ET; aseveró que las pruebas recaudadas no debían trasladarse, pues, su acopio se realizó en el marco de la investigación promovida contra el demandante.

Confirmó la procedencia de los conceptos glosados. Al respecto, consideró que la Administración no limitó el fundamento de la adición de los ingresos, a los archivos digitales recaudados en las diligencias de registr o, pues la decisión también consideró los demás medios de prueba que reposan en el plenario (i.e. declaraciones, documentos, inspecciones tributarias, entre otros). Asimismo, avaló los intereses glosados , porque estimó que la ausencia de contra interrogación de los declarantes no vulneró el derecho de contradicción del actor, ni invalidó la aptitud probatoria de los testimonios, los cuales podían ser objeto de reparos con ocasión de la respuesta al requerimient o especial, lo cual no ocurrió. Por las anteriores razones, encontró desvirtuada la presunción de veracidad de la declaración debatida y confirmó la sanción impuesta en el acto acusado.

Recurso de apelación

El demandante apeló la decisión de primer grado. Insistió en que su contraparte vulneró el debido proceso y su derecho de defensa por la renuencia a entregar copia de la denunciaRadicado: 63001-23-33--000-2019-00240-01 (26614)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 del tercero con base en la cual se inició la actuación administrativa, así como las copias del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 del tercero con base en la cual se inició la actuación administrativa, así como las copias del expediente administrativo. A estos efectos adujo que, no resultaba suficiente el informe de la denuncia y que no exist ía reserva en el proceso, de manera que como auditado, tenía acceso al expediente sin limitación alguna. Seguidamente, manifestó su desacuerdo con el señalamiento del tribunal en el sentido de que había tenido la posibilidad de consultar el expediente en las oficinas de la Administración, pues considera que haberlo hecho en el despacho oficial le representaba incomodidades, mientras que de haber obtenido copia hubiera podido estudiarlo de fondo, con suficiente tiempo y en cualquier momento.

Señaló también que no cuestionaba la validez de la diligencia de registro efectuaba a la sociedad que constituía un tercero, sino sus efectos en relación con el actor. Manifestó que la prueba era ilegal, pues si eventualmente se pretendía hacer valer la prueba contra el actor, debía haberse cumplido con el rigorismo de la prueba trasladada. Dijo que el acto que ordenó la diligencia señaló la sociedad como cont ribuyente, sin precisar que fuese la depositaria de documentos de la actora, y agregó que para que procediera la prueba, debía expresarse en el acto que la ordenó, los motivos para realizarla. Tras ello, adujo que se había violado el debido proceso, lo que daba lugar a la anulación de las pruebas y de la liquidación oficial.

Reprochó igualmente la adición de los intereses determinados, aduciendo que las pruebas

había violado el debido proceso, lo que daba lugar a la anulación de las pruebas y de la liquidación oficial.

Reprochó igualmente la adición de los intereses determinados, aduciendo que las pruebas en que se fundó la glosa (i.e. testimonios) no fueron puestos en conocimiento de la actora, pese a haber designado apoderado, razón por la que no pudieron ser objeto de contradicción -cuestionamiento que planteó en forma de negación indefinida -. Asimismo, manifestó que debía aplicarse lo previsto en el artículo 745 ibidem.

Respecto de los ingresos glosados, señaló: «[d]esconoce mi representado la existencia de un archivo en Excel denominado “EMP 02 JJ MANJARRES GILBERTO RODR ÍGUEZ” donde supuestamente se detecta una omisión de ingresos de parte del actor por $1.191.299.501»; a continuación, explicó que e l ingeniero que instal ó el programa en los equipos objeto de la diligencia de registro, constantemente realizaba pruebas, generando diferentes archivos que denominaba de diversas formas , y adujo que para probar esto, presentó el certificado del ingeniero, el cual no fue valorado ni por la DIAN ni por el tribunal. Censuró que la base de datos en cuestión no era del actor y que, no se le indicó cada una las personas que supuestamente le hicieron pagos en la cuantía glosada. Insistió en que la declaración gozaba de presunción de veracidad conforme al artículo 746 ibidem, estando en cabeza de la Administración la carga de la prueba para desvirtuarla, en tanto no se trataba de un hecho respecto del c ual, hubiera exigido la ley o la DIAN una comprobación especial al actor.

en cabeza de la Administración la carga de la prueba para desvirtuarla, en tanto no se trataba de un hecho respecto del c ual, hubiera exigido la ley o la DIAN una comprobación especial al actor.

Finalmente, planteó un nuevo argumento de nulidad según el cual , la Administración no valoró la prueba contable que presentó con ocasión de la respuesta al requerimiento ordinario, oportunidad en la cua l asegura haber acompañado toda la documentación requerida, respaldada con la firma de contador público (Art. 777 E.T.) . No propuso reproches en contra de la sanción por inexactitud.

Alegatos de conclusión

Las partes reiteraron los argumentos expuestos en las anteriores etapas procesales (índices 18 y 19 de Samai). El min isterio público pidió confirmar la sentencia apelada al considerar que los medios de prueba del plenario se rec audaron y valoraron de acuerdo con las reglas procesales, garantizando el debido proceso y derecho de defensa (índice 21 de Samai).Radicado: 63001-23-33--000-2019-00240-01 (26614)

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo los cargos de apelación planteados por el demandante, en calidad de apelante único, contra la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda sin condenar en costas . Así,

planteados por el demandante, en calidad de apelante único, contra la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda sin condenar en costas . Así, corresponde establecer si ocurrió la presunta vulneración del debido proceso y derecho de defensa por la renuencia de la Administración a entregar las copias del expediente administrativo y de la denuncia del tercero. Asimismo, se determinará si se vulneraron las garantías fundamentales en cita por ser ilegales las pruebas en las que se fundó el procedimiento de determinación. Señaladamente, se establecerá si los medios probatorios que obran en el plenario acreditan válidamente las razones de hecho invocadas por la demandada como sustento de las glosas por adición de ingresos operacionales e intereses y rendimientos financieros, y si tales documentos desvirtúan la presunción de legalidad de la declaración revisada. Particularmente, se estudiará la carga de la prueba de los conceptos glosados, la valoración probatoria del certificado expedido por un ingeniero y la falta de identificación de cada uno de los presuntos pagadores de los ingresos.

La Sala destaca que no se pronunciará sobre los nuevos cargos de nulidad planteados por el actor en la impugnación, en los que cuestionó la ausencia de valoración de la prueba contable y la práctica de una inspección tributaria , pues, estos planteamientos no fueron objeto de debate en el procedimiento administrativo y no se incluy eron en el concepto de violación propuesto en la demanda, por lo que resolverlo comportaría abrir un debate nuevo en segunda instancia , restando las oportunidades de defensa y contradicción de la contraparte en este proceso y desbordando las competencias del juez de segundo grado (artículo 328 del CGP).

en segunda instancia , restando las oportunidades de defensa y contradicción de la contraparte en este proceso y desbordando las competencias del juez de segundo grado (artículo 328 del CGP).

2Conforme a esa fijación del litigio, la Sala se pronunciará sobre el primer problema jurídico planteado. El demandante alega que su contraparte vulneró el debido proceso , puesto que se negó a emitirle copias del expediente administrativo y de la denuncia del tercero con base en los cuales inició la actuación administrativa demandada . Sobre el particular, su contraparte defiende que en sub lite no se presentó la ren uencia alegada, pues, por una parte, en el plenario no se encontró prueba de la presunta solicitud de copia de la denuncia de tercero, la que en estricto sentido no debía ser notificada, ya que fue una información -y no un acto administrativomediante la que se reportaron las irregularidades investigadas y que de hacerse pública supondría poner en riesgo al denunciante y, por otra parte, porque en el sub examine se acreditó que se entregaron las copias del expediente pedidas por el apoderado del contribuyente, a quien además se le manifestó que podía realizar la inspección física del mismo. De esa manera, el pronunciamiento que se reclama en esta instancia se circunscribe a determinar sí la actora tuvo la oportunidad de conocer la actuación administrativa adelantada en su contra.

2.1Con el propósito de verificar la presunta vulneración alegada por el actor, la Sala realizó una revisión de los antecedentes administrativos que reposan en el plenario y de cada una de las actuaciones surtidas en el proceso de fiscalización, tras lo cual no se advierte

2.1Con el propósito de verificar la presunta vulneración alegada por el actor, la Sala realizó una revisión de los antecedentes administrativos que reposan en el plenario y de cada una de las actuaciones surtidas en el proceso de fiscalización, tras lo cual no se advierte probado el supuesto de hecho que alega demandante, i.e. la renuencia de la Administración a entregar las copias del expediente administrativo y de la denuncia del tercero. Sobre ello, el a quo expuso que constatado el expediente administrativo no reposaba copia de las presuntas solicitudes que le negaron copia de l a actuación administrativa que echa de menos la parte apelante; sin embargo, la apelante no enerva la conclusión del tribunal señalando la pieza procesal en la que reposa la correspondiente solicitud. Por el contrario, la Sala advierte que en plenario se documentó la diligencia personal del 11 de diciembre de 2019, mediante la cual, la apodera da judicial del demandante realizó la inspección delRadicado: 63001-23-33--000-2019-00240-01 (26614)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 expediente y recibió la copia de las diligencias de notificación del requerimiento es pecial y de la liquidación oficial de revisión (f. 1495 caa), con lo cual, a juicio de esta corporación, el reparo de l demandante no materializa la vulneración al «núcleo esencial » del debido proceso, en tanto que la Administración garantizó el acceso al e xpediente administrativoreparo de l demandante no materializa la vulneración al «núcleo esencial » del debido proceso, en tanto que la Administración garantizó el acceso al e xpediente administrativoen donde reposa el informe de la denuncia del terceroque pudo conocer el contribuyente y frente al cual ejerció su derecho de contradicción. Agréguese, que ha sido criterio de esta corporación2, el hecho de que la autoridad no está en la obligación de notificar ni dar a conocer la denuncia del tercero, pues este tipo de avisos que se le dan a la Administración no es en sí misma la actuación administra tiva que fundamenta jurídica y probatoriamente los actos administrativos acusados, de modo que el derecho de defensa y contradicción del obligado tributario está circunscrito a la controversia frente a los hallazgos y conclusiones de derecho de los actos administrativos, pues la potestad de gestión de la entidad demandada en el ejercicio de fiscalización, aun cuando sea propiciada en su iniciación por la denuncia de tercero, tendrá que ser fundamentada en los hechos probados que se recauden (artículo 742 del ET). No prospera el cargo de apelación.

3Pasa la Sala a resolver el cargo de apelación propuesto por el demandante relacionado con la vulneración al debido proceso por las presuntas irregularidades probatorias, teniendo presente que ha sido criterio de esta Sección 3 que solo las irregularidades que sean sustanciales y que afecten el «núcleo esencial del debido proceso y, en especial, el del derecho de defensa» tiene la vocación de viciar una diligencia.

Puntualmente, sostiene el actor que la Administración fundó el procedimiento administrativo cuestionado en la s pruebas recaudadas en una diligencia de registr o que se realizó a un

derecho de defensa» tiene la vocación de viciar una diligencia.

Puntualmente, sostiene el actor que la Administración fundó el procedimiento administrativo cuestionado en la s pruebas recaudadas en una diligencia de registr o que se realizó a un tercero, y que no cumplió con el rigorismo de la prueba trasladada conforme al artículo 174 del CGP. Al respecto, argumenta que la diligencia de registro se realizó desconociendo lo previsto en el artículo 779 -1 del ET, pues el acto que ordenó la diligencia señaló a la sociedad Invermuebles del Quindío como la contribuyente, sin precisar que fuese la depositaria de documentos de la actora, y agregó que, para que procediera la prueba debía expresarse en el acto que la ordenó, los motivos para realizarla , todo lo cual le impidió ejercer su derecho de contradicción.

Por su parte, la Administración manifiesta que la diligencia de registr o se realizó en las instalaciones de un tercero porque fue el lugar en el que acorde con la denuncia, se encontraba la información y documentos del demandante y porque la normativa no impide que esa diligencia se practi que en instalaciones de otro contribuyente. Seguidamente, expuso que, tras el recaudo de material probatorio del establecimiento registrado, contrastó esas pruebas con otros medios de convicción decretados (i.e. declaraciones de terceros, documentos y facturas) que le permitieron establecer que la información contable obtenida de los discos duros de los computadores del tercero , sociedad Invermuebles del Quindío, (de la cual era representante legal el actor), eran operaciones económicas coincidentes con la del contribuyente demandante, de ahí que la autoridad determinara que no se trataba de

de los discos duros de los computadores del tercero , sociedad Invermuebles del Quindío, (de la cual era representante legal el actor), eran operaciones económicas coincidentes con la del contribuyente demandante, de ahí que la autoridad determinara que no se trataba de información del tercero, sino del demandante, por lo que cuestionó la omisión de ingresos. Resalta que la diligencia se realizó en el marco del procedimiento promovido en contra del contribuyente, por lo que no era procedente realizar el traslado de pruebas alegado.

Con base en lo anterior, procederá esta judicatura a establecer si el recaudo de las pruebas en la diligencia de registro que se realizó a l tercero (Invermuebles del Quindío), y su incorporación al procedimiento de revisión debatido -sin que mediara un acto de traslado

2 Sentencias del 24 de octubre de 2013, (exp. 19478, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia ), y del 10 de octubre de 2019 (exp. 23096, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez). 3 Sentencias del 26 de julio de 2017 (exp. 20666, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), y del 06 de mayo de 2021 (exp. 24308, CP: Milton Chaves García).Radicado: 63001-23-33--000-2019-00240-01 (26614)

Demandante: Jhon Jairo Manjarrés Ramírez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 de pruebassignifica un quebranto al debido proceso que afecte la validez de tales pruebas,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 de pruebassignifica un quebranto al debido proceso que afecte la validez de tales pruebas, y en consecuencia, de los actos acusados que se fundaron en esos medios probatorios.

3.1Sobre el mérito de las pruebas para acreditar los hechos económicos , la Sala ha señalado que en ejercicio de las potestades y funciones de comprobación e investigación, la Administración puede desplegar diferentes actuaciones a fin de verificar la correcta aplicación de los tributos en la autodeterminación de la carga impositiva de los contribuyentes, de suerte que deba procurar proveerse de todos los medios probatorios necesarios que conduzcan al convencimiento de los hechos económico s revisados o que justifiquen su reformulación. En esa línea, esta Sección4 ha precisado una postura según la cual los documentos que reposan en el expediente tienen mérito y aptitud probatoria, siempre que se hayan incorporado, recolectado o aportado al expediente administrativo en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 744 del ET, una de ellas, las allegadas en desarrollo de la facultad de fiscalización e investigación, lo que comprende adelantar el registro de oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás locales del contribuyente o responsable, o de terceros depositarios de sus documentos contables o sus archivos , conforme lo prevé el artículo 779-1 del ET, diligencia en la que puede efectuarse el acopio de pruebas, que podrán fundar la expedición de los actos administrativos correspondientes.

Como lo ha sostenido esta corporación 5, las eventuales irregularidades en la práctica de

puede efectuarse el acopio de pruebas, que podrán fundar la expedición de los actos administrativos correspondientes.

Como lo ha sostenido esta corporación 5, las eventuales irregularidades en la práctica de los medios de prueba, lo que incluye la diligencia de registro, no provoca per se la ilegalidad de las pruebas recaudadas, siempre que al contribuyente se le brinden las oportunidades tempestivas para su defensa, en las que pueda además de controvertir las glosas, contraponer a las pruebas recaudadas por la autoridad aquellas que el contribuyente suministre o solicite , a efectos de desvirtuar los cuestionamientos ; contradicción que ocurrirá en el momento posterior a la diligencia cuando el acta de la visita y los medios de prueba recaudados se incorporen al expediente y se pongan en conocimiento del contribuyente mediante el respectivo acto preparatorio (requerimiento especial, pliego de cargos u otro) y el acto definitivo.

Ahora bien, en relación con la prueba trasladada, esta Sección6 precisó un criterio según el cual las pruebas practicadas por la Administración en procedimientos distintos al investigado, pueden ser valoradas a efectos de determinar la veracidad de los hechos debatidos en otros expedientes, siempre que sean útiles y co nducentes a establecer los aspectos glosados; incluso si tales medios probatorios se recaudaron respecto de terceros, esto, como manifestación del principio de econ omía procesal. De suerte que el hecho de que el recaudo probatorio se realice a un tercero diferente al sujeto investigado no condiciona el mérito de los documentos acopiados , siempre y cuando se garantice el derecho de contradicción. Tanto es así, que al tenor del artículo 174 del CGP, en los casos

condiciona el mérito de los documentos ac