CE - 012333000201900287011SENTENCIA20230224091519

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Radicación No. 41001-23-33-000-2015-00217-01

Actor: DANIELA ALEJANDRA PÉREZ MONJE

IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA - Pág. No. 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente : 73001-23-33-000-2019-00287-01 (3141-2022) Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social (UGPP) Demandado : William Sánchez Ortega y Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación de exservidor del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia de 21 de abril de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 154 a 163). La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por intermedio de apode rada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por intermedio de apode rada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el señor William Sánchez Ortega y la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) , para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución RDP 35357 de 5 de agosto de 2013, por medio de la cual la entidad demandante reconoció pensión de jubilación al accionado, de conformidad con el régimen especial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), sin «[…] contar con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición pensional […]».

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene reintegrar los dineros pagados por concepto de la aludida pensión, debidamente indexados; y se condene en costas procesales.2

Expediente 73001-23-33-000-2019-00287-01 (3141-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho UGPP contra William Sánchez Ortega y Colpensiones 1.3 Fundamentos fácticos. Relata la accionante que el señor William Sánchez Ortega nació el 24 de diciembre de 1963, prestó sus servicios en el Inpec del 20 de diciembre de 1983 al 30 de diciembre de 2013 y su último empleo fue el de inspector, código 4137, grado 13.

Ortega nació el 24 de diciembre de 1963, prestó sus servicios en el Inpec del 20 de diciembre de 1983 al 30 de diciembre de 2013 y su último empleo fue el de inspector, código 4137, grado 13.

Que, a través de Resolución RDP 35357 de 5 de agosto de 2013 , concedió al accionado pensión de jubilación a partir del 1º de julio del mismo año , condicionada al retiro del servicio, calculada sobre el 75% del promedio de lo cotizado durante el último año laborado ( 1º de julio de 2012 a 30 de junio de 2013), en los términos de la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994.

Dice que, mediante Resoluciones RDP 1779 de 19 de enero y RDP 44323 de 19 de noviembre , ambas de 2018 , despachó de manera desfavorable una petición de reajuste de la citada prestación, al estimar que el reconocimiento efectuado le era más favorable.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por los actos censurados los artículos 1º, 2º, 6º, 48 y 209 de la Constitución Política, 96 de la Ley 32 de 1986, 36 de la Ley 100 de 1993, 8 del Decreto 407 de 1994 y 6º del Decreto 2090 de 2003.

Arguye que el accionado «[…] no le es aplicable el régimen especial de los empleados del INPEC contenido en la Ley 32 de 1986 porque el requisito de 20 años de servicio en cargos de excepción allí establecido lo completó con

Arguye que el accionado «[…] no le es aplicable el régimen especial de los empleados del INPEC contenido en la Ley 32 de 1986 porque el requisito de 20 años de servicio en cargos de excepción allí establecido lo completó con posterioridad al 28 de julio de 2003 (fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003) específicamente el 19 de diciembre de 2003, luego entonces, […] el demandado debió efectuar aportes para pensión cuando menos 500 semanas de cotización especial, además de cumplir con el número de semanas mínimo exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo y por lo menos cumplir uno de los dos requisitos exigidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para gozar del régimen de transición, requisitos que no cumple […]» (sic).

1.5 Medida cautelar. La UGPP, en el escrito de demanda, solicitó suspender provisionalmente los efectos jurídicos del acto cuestionado; medida cautelar negada con auto de 3 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo del Tolima (ff. 28 a 32 C. medida cautelar ) confirmado a través de proveído de 4 de septiembre siguiente (ff. 40 y 42 ibidem), porque no se logró demostrar las condiciones consagradas en el artículo 231 del CPACA.3

Expediente 73001-23-33-000-2019-00287-01 (3141-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho UGPP contra William Sánchez Ortega y Colpensiones 1.6 Contestaciones de la demanda:

Expediente 73001-23-33-000-2019-00287-01 (3141-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho UGPP contra William Sánchez Ortega y Colpensiones 1.6 Contestaciones de la demanda:

1.6.1 Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) [ff. 190 a 197]. A través de apoderado , se opuso a las súplicas de la demanda; en lo concerniente a las situaciones fácticas expone que algunas son ciertas y otras no le constan; y formuló la excepción que denominó inepta demanda.

Expresó que «[…] el señor William Sánchez nació el 24 de diciembre de 1963 por ende a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 contaba con la edad de 30 años, lo cual nos indica que no es beneficiario del régimen de transición, por ende si se quisiese avizorar en un modo hipotético la posibilidad de adquirir la pensión de vejez por parte de COLPENSIONES, la normatividad aplicable ser[í]a la 797 de 2003 por cuanto el demandado realiz [ó] cotizaciones a esta entidad, por ello al contrastar lo con el art. 9 de la Ley 797 de 2003 […] el demandado cuenta con 150 semanas cotizadas […] por ende no cumple con uno de los requisitos mencionados, por ello no se le debe de reconocer la pensión bajo esta normatividad […]» (sic para toda la cita).

1.6.2 Señor William Sánchez Ortega (ff. 216 a 242). A través de su abogado, manifestó su oposición a las pretensiones de libelo introductorio y respecto de los hechos indicó que unos son ciertos y otros parcialmente; y opuso las

manifestó su oposición a las pretensiones de libelo introductorio y respecto de los hechos indicó que unos son ciertos y otros parcialmente; y opuso las excepciones denominadas ineptitud de la demanda por falta de claridad en las normas vulneradas , presunción de legalidad, cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación.

Arguyó que «[…] su trayectoria laboral estuvo enmarcada en vigencia de la Ley 32 de 1986, artículo 140 de la Ley 100 de 1993, la Ley 65 de 1993, el Decreto 407 de 1994 […] lo que permite inferir que su derecho a pensión o el status jurídico para la pensión lo adquirió a partir del 19 de diciembre de 2003, como lo reconoce la UGPP en el numeral 4 de los hechos de la demanda, esto es a los 20 años de servicio, convirtiéndose en un derecho adquirido que posteriormente le fue reconocido […]» (sic).

1.7 Providencia impugnada (ff. 285 a 293). El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia de 21 de abril de 2022, negó las pretensiones del medio de control (con condena en costas), al considerar que «[…] el señor William Sánchez Ortega no solo se había vinculado antes de la entrada en vigencia del citado Decreto 2090 de 2003 sino que además contaba con más de 19 años de cotización, es decir, superaba ampliamente las 500 semanas exigidas para ser beneficiario del régimen de transición, y por ende, su prestación se rige por los4

Expediente 73001-23-33-000-2019-00287-01 (3141-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Expediente 73001-23-33-000-2019-00287-01 (3141-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho UGPP contra William Sánchez Ortega y Colpensiones mandatos de la Ley 32 de 1986, tal y como se reconoció por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en la Resolución No. RDP 035357 del 5 de agosto de 2013 […]».

Que «[…] no se comparten los argumentos expuestos por la UGPP […] como quiera que el demandado no está sujeto al cumplimiento de los requisitos del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 dada la especialidad de su régimen, conforme lo aclaró el Acto Legislativo 01 de 2005 […]; motivo por el cual el argumento de nulidad invocado no tiene vocación de prosperidad» (sic).

Concluye que «[…] el señor William Sánchez Ortega se desempeñó en el cargo de dragoneante e inspector del Cuerpo de Custodia y vigilancia Penitenciaria Nacional, y que el régimen aplicable es el contenido en la Ley 32 de 1986 que dispone como único requisito para adquirir el derecho a la pensión de jubilación cumplir veinte (20) años de servicio, ya sean continuos o discontinuos, sin importar la edad; requisito que cumplió el 19 de diciembre de 2003 y para tal año estaba cotizando a Cajanal, es competencia de la UGPP, de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y el Decreto Ley 169 de 2008, lo relativo al reconocimiento y pago de la

2003 y para tal año estaba cotizando a Cajanal, es competencia de la UGPP, de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y el Decreto Ley 169 de 2008, lo relativo al reconocimiento y pago de la prestación pensional, tal y como en efecto ocurrió a través de la Resolución No. RDP 035357 del 5 de agosto de 2013, de manera que mantiene incólume su presunción de legalidad […]» (sic).

1.8 El recurso de apelación (ff. 305 vuelto a 310). La actora, por intermedio de apoderada, interpuso recurso de apelación, para lo cual insiste en que el accionado no es beneficiario de la transición prevista en la Ley 100 de 1993 (pues para el 1º de abril de 1994 tenía 30 años de edad y 10 de servicios), por lo que no le resulta aplicable el régimen especial de la Ley 32 de 1986, sino el creado por el Decreto 2090 de 2003 (artículo 6º), que exige «[…] cotizar el número de semanas mínimas […] contenidas en la ley 797 de 2003, y en ese orden de ideas para hacerse acreedor de la pensión […] debe cumplir con el requisito de los 55 años de edad y 1300 semanas de cotización […]» (sic), lo que no satisfizo, toda vez que «[…] hasta el 24 de diciembre de 2018 acreditó el requisito de edad y adicional a ello debía acreditar las 1300 semanas exigidas en el artículo 9 […]» (sic) ibidem.

Que «[…] el señor SÁNCHEZ efectuó cotizaciones al Instituto del Seguro Social hoy COLPENSIONES desde el 01 de agosto de 2009 hasta el 30 de5

Que «[…] el señor SÁNCHEZ efectuó cotizaciones al Instituto del Seguro Social hoy COLPENSIONES desde el 01 de agosto de 2009 hasta el 30 de5

Expediente 73001-23-33-000-2019-00287-01 (3141-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho UGPP contra William Sánchez Ortega y Colpensiones diciembre de 2013, siendo por tanto COLPENSIONES la última entidad a la cual estuvo afiliado el interesado correspondiéndole a esta el reconocimiento de la pensión de vejez […]» (sic)

Por otro lado, aduce que en el sub lite se encuentra desvirtuada la buena fe con la que actuó el demandado, puesto que reclamó la referida prestación sin satisfacer las exigencias legales, por lo que se debe ordenar la devolución de dineros que recibió por tal concepto.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante auto de 17 de mayo de 2022 (f. 311) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 26 de septiembre siguiente (f. 342 y vuelto ), en cumplimiento de l artículo 247 del CPACA 1 y durante la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem la accionante y el demandado presentaron alegatos de conclusión2.

2.1 Accionado. Pide confirmar la providencia impugnada, para lo cual sostiene que comoquiera que «[…] ingres[ó] al Instituto Nacion al Penitenciario Y Carcelario el día 20 de diciembre de 1983; de acuerdo [con] el parágrafo transitori[o] 5° del Acto Legislativo 01 de 2005, tiene derecho al régimen

Carcelario el día 20 de diciembre de 1983; de acuerdo [con] el parágrafo transitori[o] 5° del Acto Legislativo 01 de 2005, tiene derecho al régimen especial contemplado en la Ley 32 de 1986. Lo que reafirma el criterio de que la pensión […] se debe reconocer con 20 años de servicio y con todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios […]» (sic).

2.2 Entidad demandante. Insiste en que la decisión de primera instancia debe ser revocada por las mismas razones consignadas en el escrito de alzada.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación3, concierne en

1 Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021. 2 Memoriales adjuntaos en la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai. 3 Según el artículo 328 del Código General del Proceso, « El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón d e la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente6

Expediente 73001-23-33-000-2019-00287-01 (3141-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho UGPP contra William Sánchez Ortega y Colpensiones

Expediente 73001-23-33-000-2019-00287-01 (3141-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho UGPP contra William Sánchez Ortega y Colpensiones esta oportunidad a la Sala (i) determinar si se ajusta a derecho el reconocimiento de la pensión de jubilación del accionado realizado a través de l acto acusado, pues, al no ser beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 (artículo 36), no le era dable acceder a aquella prestación en los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986, por lo que le es aplicable el Decreto 2090 de 2003, en armonía con la Ley 797 del mismo año ; y (ii) establecer si, como lo aduce la UGPP , la competencia frente a la pensión de vejez que le corresponde al demandado recae sobre Colpensiones o si, por el contrario, dicha obligación atañe a la entidad demandante, como lo concluyó el a quo.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones », fue expedida por el Congreso de la República con el fin, entre otros, de unificar la normativa en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales especiales existentes.

No obstante y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas que se

expedida por el Congreso de la República con el fin, entre otros, de unificar la normativa en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales especiales existentes.

No obstante y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicio, se previó el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la referida Ley 100 de 1993.

En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social integral (1º de abril de 1994) contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se les reconocerá la p ensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el régimen anterior.

Por otro lado, en lo atinente a la norma tiva a la que se contrae la demanda, el presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias otorgadas

relacionados con ella».7

Expediente 73001-23-33-000-2019-00287-01 (3141-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho UGPP contra William Sánchez Ortega y Colpensiones en el artículo 17 (numeral 2)4 de la Ley 797 de 2003, que reformó «[…] algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y

en el artículo 17 (numeral 2)4 de la Ley 797 de 2003, que reformó «[…] algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales», emitió el Decreto ley 2090 de 26 de julio de 2003, «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades »5, que en lo pertinente, preceptúa:

Artículo 1º. Definición y campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo.

Artículo 2º. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes: […]

7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carce lario, Inpec, la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en las actividades antes señaladas en ot ros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública.

[…]

Artículo 3º. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones,

excepción de aquellos administrados por la fuerza pública. […]

Artículo 3º. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediq uen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en

4 «Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de facultades extraordinarias para: […]

2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar el equilibrio financiero del sistema. […]». 5 Publicado en el Diario oficial 45262 de 28 de julio de 2003.8

Expediente 73001-23-33-000-2019-00287-01 (3141-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho UGPP contra William Sánchez Ortega y Colpensiones el artículo siguiente.

Artículo 4º. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho UGPP contra William Sánchez Ortega y Colpensiones el artículo siguiente.

Artículo 4º. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9o de la Ley 797 de 2003[6].

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

Artículo 5º. Monto de la cotización especial. El monto de la cotización especial para las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de 1993, más diez (10) puntos adicionales a cargo del empleador.

Artículo 6º. Régimen de tra nsición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo[7].

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el

condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo[7].

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003[8].

6 «[…] Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º. de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015 ». 7 En sentencia C-663 de 29 de agosto de 2007, la Corte Constitucional, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, declaró este artículo exequible condicionalmente, «[…] en el entendido que para el cómputo de las 500 semanas, también se podrán acreditar semanas de cotización efectuada s en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo». 8 Sobre la aplicación del parágrafo del artículo 6º del Decreto 2090 de 2013, esta subsección, en sentencia de 29 de junio de 2017, C. P. Cesar Palomino Cortés, expedi ente 08001-23-33-000-2012-00082-01 (0391-2014), dijo: « En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, además del requisito

dijo: « En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización especial, exige para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso […]» y «[…] como quiera que la disposición jurídica establece requisitos para la transición de un régimen pensional especial y a su vez requisitos para ser beneficiario del régimen de transición general, la interpretación que9

Expediente 73001-23-33-000-2019-00287-01 (3141-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho UGPP contra William Sánchez Ortega y Colpensiones De la norma trascrita se concluye que la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de internos en centros carcelarios del Inpec y de otros establecimientos penitenciarios tiene el carácter de alto riesgo, por tanto, goza del régimen pensional establecido por el aludido Decreto ley 2090 de 2003; sin embargo, este dispuso un régimen de transición consistente en que quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrán derecho a que una vez cumplidas 10009, la pensión de jubilación les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo, es to es, la Ley 32 de 1986 (en el caso de quienes pertenecen al cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, incluidos

mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo, es to es, la Ley 32 de 1986 (en el caso de quienes pertenecen al cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, incluidos los del Inpec, por remisión del Decreto 407 de 1994, como se anotará más adelante).

Lo anterior, en consonancia con la Carta Política, que en su artículo 48 (parágrafo transitorio 5º10) prescribe: «De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerp o de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes».

Asimismo, el Decreto 1950 de 2005, «por el cual se reglamenta el artículo 140 de la Ley 100 de 1993», en su artículo 1º, insistió en que «De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. Con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas

del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. Con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad con el Decreto -ley 407 de 1994 en

más favorece al demandante es la que permite, ante dos normas con currentes, la aplicación preferente de la regla de transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de vejez ». Criterio reiterado por la subsección A de esta sección, en fallo de 23 de enero de 2020, expediente 76001-23-33-000-2014-00174-01 (2689-15). 9 Artículo 9º de la Ley 797 de 2003 : «[…] A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015». 10 Adicionado por el artículo 1º del Acto legislativo 1 de 22 de julio de 2013.10

Expediente 73001-23-33-000-2019-00287-01 (3141-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho UGPP contra William Sánchez Ortega y Colpensiones concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994».

Por otra parte, por resultar relevante para la resolución del caso concreto, cabe

UGPP contra William Sánchez Ortega y Colpensiones concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994».

Por otra parte, por resultar relevante para la resolución del caso concreto, cabe precisar que la Ley 32 de 3 de febrero de 1986, « Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia», definió que este «[…] es un organismo armado, de carácter civil y permanente al servicio del Ministerio de Justicia e integrado por personal uniformado. Sus miembros recibirán formación y capacitación en la Escuela Penitenciaria Nacional; pertenecerán a la Carrera Penitenciaria de que trata el artículo 100 del Decreto 1817 de 1964 y no podrán elegir o ser elegidos para corporaciones políticas ni participar en organizaciones u actividades de índole partidista » (artículo 2°).

De igual modo, en su artículo 96 dispuso que « Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta la edad».

Luego, el Decreto 407 de 20 de febrero de 199 4, que contiene el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, publicado el 21 siguiente, en su artículo 168 preceptuó:

Los miembros del