CE - 012333000201900289011SENTENCIA20230503221949

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 19001-23-33-000-2019-00289-01 (1897-2020)

Demandante: Manuel Alberto Balcázar

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Reconocimiento pensión de jubilación convencional. Trabajador oficial del extinto ISS, cambio de naturaleza a empleado público.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de l Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Manuel Alberto Balcázar , por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de

consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Manuel Alberto Balcázar , por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) RDP020900 del 27 de mayo de 201 6; y ii) RDP022869 del 20 de junio de 2016 , por medio de la s cuales «se negó el2

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Demandante: Manuel Alberto Balcázar

reconocimiento pensional deprecado ». Los mencionados actos fueron proferidos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el accionante solicitó condenar a la UGPP a i) reconocer una pensión de jubilación desde el 22 de junio de 2 009, de acuerdo con los beneficios de la convención colectiva de trabajo celebrada entre el Instituto de Seguro Social, en adelante ISS, y la Asociación Sindical «Asmedas» para el período 2001 y 2004; y ii) indexar las sumas que resulten.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

1. El señor Manuel Alberto Balcázar nació el 22 de junio de 1954.

1. Laboró al servicio del ISS entre el 21 de junio de 1988 y el 24 de septiembre de 2006, en forma ininterrumpida , fecha a partir de la cual, mediante el Decreto

1. Laboró al servicio del ISS entre el 21 de junio de 1988 y el 24 de septiembre de 2006, en forma ininterrumpida , fecha a partir de la cual, mediante el Decreto 1750, se escindió el ISS y se creó la ESE Antonio Nariño . Posteriormente, fue vinculado sin solución de continuidad a la referida ESE desde el 25 de septiembre de 2006 donde trabajó hasta el 30 de septiembre de 2010.

1. Cómo médico fue asociado desde la fecha de su vinculación al ISS (21 de junio de 1988) a la Asociación Médica Sindical Asmedas y actualmente pertenece la Junta Directiva Seccional Cauca, en ese orden , es beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y Sintra Seguridad Social.

1. Luego de alcanzar 22 años , 3 meses y 8 días de arduo trabajo y de cumplir 55 años de edad solicitó a la ESE Antonio Nariño el otorgamiento de la pensión de jubilación siendo rechazada bajo el argumento de que la ESE no hacía parte de la3

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Demandante: Manuel Alberto Balcázar

convención colectiva de trabajo firmada para el período comprendido entre el 1° de noviembre de 2001 y el 31 de octubre de 2004, e sto es, la suscrita entre el ISS y Sintra Seguridad Social , en representación de sus asociados , entre ellos , Asmedas.

1. Teniendo en cuenta ello, hizo la misma solicitud ante la UGPP, que mediante la Resolución RDP08634 del 25 de febrero de 2016 le negó el derecho ; esta

Asmedas.

1. Teniendo en cuenta ello, hizo la misma solicitud ante la UGPP, que mediante la Resolución RDP08634 del 25 de febrero de 2016 le negó el derecho ; esta decisión fue confirmada con la Resolución RDP022869 del 20 de junio de 2016 , al indicar que se encontraba demostrado que el accionante era un empleado público y, por tanto, no es sujeto ni puede beneficiarse de convenciones colectivas.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 2, 13, 39, 48, 53 y 58 de la Constitución Política; 467, 470 y 477 del Código Sustantivo de T rabajo; parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005; y la sentencia de la Corte Constitucional C-314 de 2004.

Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la parte actora expuso los siguientes argumentos:

1. Los actos acusados de sconocen el derecho a la pensión de jubilación que le asiste al demandante por haber acreditado los requisitos exigidos en la convención colectiva de trabajo suscrita entre Sintra Seguridad Social y el ISS, según los cuales « el trabajador oficial que cumpl a veinte años (20) de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo pe rcibido en el último año de servicios».4

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jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo pe rcibido en el último año de servicios».4

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Demandante: Manuel Alberto Balcázar

1. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en precisar que atendiendo al principio de favorabilidad y de la «condición más beneficiosa para el trabajador» debe reconocer la pensión convencional teniendo en cuenta todos los factores devengados en el último año de servicio.

1. La negativa adoptada por la entidad demandada desconoce el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual prevé que se debe respetar la vigencia de las reglas pensionales po r el «término inicialmente pactado en las convenciones colectivas, así sean posteriores al 31 de julio de 2010».

1.2. Contestación de la demanda

El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las siguientes razones de defensa:1

1. La convención colectiva de trabajo en su artículo 98 estableció como requisito que el trabajador oficial cumpliera con la edad y el tiempo de servicio para ser acreedor de una pensión convencional , para el caso en concreto la edad exigida es de 55 años y 20 años de servicio.

1. En las resoluciones que negaron el reconocimiento pensional se constató que no es posible acceder a la prestación deprecada c omoquiera que no obra certificación de tiempos de servicio con la que se pudiera determinar que el interesado reunió el requisito de los 20 años de labor en el ISS; aunado a ello se

que no es posible acceder a la prestación deprecada c omoquiera que no obra certificación de tiempos de servicio con la que se pudiera determinar que el interesado reunió el requisito de los 20 años de labor en el ISS; aunado a ello se tiene que el demandante no tenía la edad requerida para el «26 de junio de 2003», por lo que no cumplió con los requisitos exigidos estando vigente el vínculo laboral.

1 Folios 115 al 125.5

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Demandante: Manuel Alberto Balcázar

1. Se tornaría significativamente gravoso acceder a lo solicitado , más aún cuando todos los actos administrativos demandados conservan incólume s su presunción de legalidad.

Propuso las excepciones de f alta de competencia por el factor cuantía , inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido , ausencia de vicios en los actos administrativos demandados y prescripción.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de l Cauca, mediante sentencia oral proferida el 20 de noviembre de 2019, en el trámite de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:2

1. Conforme el material probatorio aportado se tiene que el actor completó 20 años de servicio en el año 2008, pero llenó los requisitos exigidos en el artículo 98 de la convención colectiva el 22 de junio de 2009 , cuando cumplió los 55 años de edad.

1. No obstante , de conformidad con la jurisprudencia de la Corte

de la convención colectiva el 22 de junio de 2009 , cuando cumplió los 55 años de edad.

1. No obstante , de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado solamente podía gozar de los beneficios de la pensión convencional colectiva hasta el 31 de octubre de 2004 , fecha para la cual no había cumplido, se itera, con la edad y el tiempo de servicios que exigía la referida convención.

1. Por tanto, el señor Manuel Alberto Balcázar consolidó su estatus pensional el 22 de junio de 2009 , fecha para la cual ya no estaba vigente la convención colectiva cuya aplicación pretende, luego devienen negativas sus pretensiones.

2 Folios 171 al 176 y cd 177. Con ponencia del magistrado Carlos Leonel Buitrago Chávez.6

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Demandante: Manuel Alberto Balcázar

1. De otra parte y aun entendiendo que el actor fue trabajador oficial hasta el 2006 cuando se trasladó a la ESE Antonio Nariño, de todas maneras debe partirse del supuesto de que , como lo unificó la Corte Constitucional , la convención colectiva no se prorrogó automáticamente, ya que rigió solo hasta el 31 de octubre de 2004 y , por tanto , la conclusión anotada no se altera con esta variante interpretativa.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado del accionante interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base en los siguientes argumentos:3

1. El demandante estuvo vinculado con el ISS hasta el 24 de septiembre de

1.4. El recurso de apelación

El apoderado del accionante interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base en los siguientes argumentos:3

1. El demandante estuvo vinculado con el ISS hasta el 24 de septiembre de 2006, tiempo en el que disfrutó plenamente de todos los derechos convencionales, de suerte que constituye una contradicción afirmar que los referidos derechos convencionales se extinguieron el 26 de junio de 2003 o el 31 de octubre de 2004.

1. Para el año 2004 el demandante aún era parte del ISS, ya que fue transferido a la ESE Antonio Nariño el 26 de septiembre de 200 6, aún cobijado por la convención colectiva , en ese orden , insistió, continuaba devengando los beneficios de la referida convención.

1. En el caso particular del actor es excepcional y no le es aplicable ninguna de las sentencias a las que hizo referencia el a quo, pues el 26 de septiembre de 2006 este contaba con 53 años de edad , razón por la cual debían respetarse sus derechos convencionales adquiridos de conformidad con los literales ii) o iii ) del artículo 98 de la convención colectiva de trabajo.

1. De manera subsidiaria «y teniendo en cuenta los escasos recursos de mi mandante, solicito se otorgue amparo de pobrez a, y se exima de condenar en

3 Folios 189 al 196.7

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Demandante: Manuel Alberto Balcázar

costas en caso que (sic) sea vencido en el presente proceso».

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Demandante: Manuel Alberto Balcázar

costas en caso que (sic) sea vencido en el presente proceso».

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. El demandante

El señor Manuel Alberto Balcázar por conducto de apoderado, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.4

1.5.2. La demandada

La UGPP, en su escrito de alegatos de conclusión solicitó se confirme la sentencia proferida por el a quo e insistió que el actor no logró ser beneficiari o de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y Sintra Seguridad Social, toda vez que no acreditó la totalidad de requisitos para el 31 de octubre de 2004, fecha en que perdió su vigencia.5

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a determinar si el señor Manuel Alberto Balcázar tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos de la Convención

4 Memorial electrónico visible en el índice 40 de la plataforma Samai. 5 Memorial electrónico visible en el índice 39 de la plataforma Samai. 6 Folio 251.8

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Demandante: Manuel Alberto Balcázar

Colectiva suscrita por el ISS con su sindicato de trabajadores para la vigencia 2001-2004.

2.2. Marco normativo

Demandante: Manuel Alberto Balcázar

Colectiva suscrita por el ISS con su sindicato de trabajadores para la vigencia 2001-2004.

2.2. Marco normativo

El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por la Ley 65 de 1967, expidió el Decreto 3135 de 1968 « Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de los emple ados públicos y trabajadores oficiales». Esta disposición en su artículo 5 señaló lo siguiente:

Artículo 5.- Empleados públicos y trabajadores oficiales. Las personas que presten sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos públicos se preci sará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.

Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dich as empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.

La anterior disposición fue reglamentada por el Decreto 1848 de 1969, en la que distinguió las categorías de los empleados públicos y trabajadores oficiales de la siguiente manera:

Artículo 2.- Empleados públicos. 1. Las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos

siguiente manera:

Artículo 2.- Empleados públicos. 1. Las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales, son empleados públicos. […] Artículo 3.- Trabajadores oficiales. Son trabajadores oficiales los siguientes:

a. Los que prestan sus servicios a las entidades señaladas en el inciso 1 del artículo 1 de este decreto, en la construcción y sostenimiento de las obras públicas, con excepción del personal directivo y de confianza que labore en dichas obras; y b. Los que prestan sus servicios en establecimientos públicos organizados con carácter comercial o industrial, en las empresas industriales o comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, “con excepción del personal directivo y de confianza que trabaje al servicio de dichas entidades". Es nulo lo que aparece9

Radicación: 19001-23-33-000-2019-00289-01 (1897-2020)

Demandante: Manuel Alberto Balcázar

subrayado. Sentencia del 16 de julio de 1971. t. LXXXI, del C. de E). Ver Ley 190 de 1995 Radicación 1072 de 1998 Sala de Consulta y Servicio Civil. […]

De igual modo, en su artículo 7 ibidem estableció lo siguiente:

Regla general. 1. Las normas de este Decreto y del Decreto 3135 de 1968, que consagra prestaciones sociales, se aplicarán a los empleados públicos nacionales de la rama administrativa del poder público, mientras la ley no disponga otra cosa.2. Se aplicarán igualmente, con el carácter de garantías mínimas a los trabajadores oficiales, salvo las excepciones y limitaciones que para casos especiales se

de la rama administrativa del poder público, mientras la ley no disponga otra cosa.2. Se aplicarán igualmente, con el carácter de garantías mínimas a los trabajadores oficiales, salvo las excepciones y limitaciones que para casos especiales se establecen en los decretos mencionados, y sin perjuicio de l os que solamente para ellos establezcan las convenciones colectivas o laudos arbitrales, celebradas o proferidos de conformidad con las disposiciones legales que regulan el derecho colectivo del trabajo. Ver: Artículo 15 Ley 91 de 1989 Ramo docente. Artículo 14 Decreto Nacional 3135 de 1968 Artículo 4 Decreto Nacional 1045 de 1978.

Conforme a las normas transcritas, se tiene que los únicos servidores públicos que pueden ser beneficiarios de las disposiciones de las convenciones colectivas son los trabajadores ofici ales. No obstante, se debe determinar si las cláusulas convencionales que mejoran las condiciones salariales y prestacionales de dichos trabajadores se siguen aplicando aun cuando varíe su condición y pasen a ostentar la calidad de empleados públicos.

Sobre el particular, se tiene que el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, previó su aplicación a todas las personas empleadas por la administración pública «en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del trabajo», y en su artículo 7 precisó:

Artículo 7: Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociaci ón entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o

condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociaci ón entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones.10

Radicación: 19001-23-33-000-2019-00289-01 (1897-2020)

Demandante: Manuel Alberto Balcázar

Por su parte, el Convenio 154 de la citada Organización, se refiere al fomento de la negociación colectiva, y se dirige a que sea posible entre todos los empleadores y a todas las categorías de trabajadores a las cuales se aplica dicho Convenio.

Es del caso precisar que si bien el artículo 55 de la Constitución Política7 garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, dicha prerrogativa admite excepciones legales como la misma norma lo prevé.

Una de las excepciones p revistas en la ley para la negociación colectiva está establecida en el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, en el sentido de que los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones deben tramitarse en los mismos términos que los demás, aun cuando no pueden declarar o hacer huelga en tratándose de los servicios públicos esenciales.

No obstante, el artículo 416 ibidem ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial con la entrada en vigencia de los mentados Convenios Internacionales de la

los servicios públicos esenciales.

No obstante, el artículo 416 ibidem ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial con la entrada en vigencia de los mentados Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo - OIT 15 1 y 154, adoptados por la legislación Nacional mediante las Leyes 411 de 1997 8 y 524 de 12 de agosto de 1999.

En efecto, en sentencia C -1235 de 2005 la Corte Constitucional analizó la viabilidad de hacer un estudio de constitucionalidad concordado con los instrumentos internacionales concluyendo respecto de la negociación colectiva frente a los empleados públicos que «s urge con claridad, entonces, que se está ante un panorama legal distinto al que existía cuando la Corte, en el año de 1994,

7 Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley . Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colecti vos de trabajo (subraya y resaltado fuera de texto). 8 Con análisis de constitucionalidad en la Sentencia C-377 de 1998.11

Radicación: 19001-23-33-000-2019-00289-01 (1897-2020)

Demandante: Manuel Alberto Balcázar

en la sentencia C -110 de 1994, examinó el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, por un lado, no habían sido incorporados por medio de la ley, los Convenios 151 y 154 de la OIT, tantas veces citados, y del otro, los cambios introducidos son sustanciales y acordes con la Constitución, por las razones

Trabajo, pues, por un lado, no habían sido incorporados por medio de la ley, los Convenios 151 y 154 de la OIT, tantas veces citados, y del otro, los cambios introducidos son sustanciales y acordes con la Constitución, por las razones expuestas en las sentencias que aprobaron dichos tratados».

La Corte Constitucional advierte una nueva situación en vigencia de los citados convenios y considera que la imposibilidad de los empleados públicos de presentar pliegos de peticiones y celebrar convenciones colectivas no riñe con el ordenamiento jurídico superior, en la medida en que la negociación colectiva no se identifica con dichos institutos, sino que comprende un mayor campo de acción a través de diversas figuras que pueden ser utilizadas por los empleados públicos. Por ello, deben buscarse mecanismos de concertación que permitan equilibrar l a tensión existente entre el derecho de los empleados públicos de intervenir en las decisiones que afectan su ejercicio laboral, con la competencia de las autoridades constitucionalmente establecidas en el orden nacional y territorial, para fijar las condiciones laborales de quienes están vinculados al Estado mediante una relación legal y reglamentaria.

En su decisión la Corte instó al legislador a regular claramente los mecanismos de concertación de los empleados públicos, con el objeto de garantizar su derecho a la negociación colectiva, dentro de los límites que imponen su papel dentro del Estado9.

9 «(…) La Corte no desconoce que el problema del ejercicio del derecho de los sindicatos de empleados públicos a la negociación colectiva radica en que no existen mecanismos legales apropiados para hacer cumplir este derecho. Es más, el

Estado9.

9 «(…) La Corte no desconoce que el problema del ejercicio del derecho de los sindicatos de empleados públicos a la negociación colectiva radica en que no existen mecanismos legales apropiados para hacer cumplir este derecho. Es más, el legislador no ha desarrollado el procedimiento para que estos sindicatos puedan iniciar la concertación, garantizar que las peticiones o los reclamos sean recibidos y atendidos por la administración pública. Ni se ha establecido cuál es la autoridad pública competente para pronunciarse cuando se desconoce, sin motivo el derecho de negociación colectiva. Tampoco existen los mecanismos legales que garanticen que las solicitudes de los sindicatos de empleados públicos, después de la etapa de concertación, se reflejen en los proyectos de ley de presupuesto o en las leyes de carrera administrativa.» Por consiguiente, se comparte la solicitud del Ministerio Públ ico en el sentido de que el legislador debe reglamentar el procedimiento encaminado a reglamentar, en un plazo prudencial, y concertando en lo posible con las organizaciones sindicales de empleados públicos, el derecho a la negociación colectiva de estos s ervidores, de conformidad con el artículo 55 de la Constitución y con los Convenios 151 y 154 de la OIT debidamente ratificados por el país y que hacen parte de la legislación interna en virtud de las leyes 411 de 1998 y 524 de 1999, respectivamente.»12

Radicación: 19001-23-33-000-2019-00289-01 (1897-2020)

Demandante: Manuel Alberto Balcázar

Con tal propósito, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 160 del 5 de febrero de 2014 reguló el procedimiento de negociación entre las organizaciones

Demandante: Manuel Alberto Balcázar

Con tal propósito, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 160 del 5 de febrero de 2014 reguló el procedimiento de negociación entre las organizaciones sindicales de empleados públicos y las entidades públicas y estableció en su artículo 5.° lo siguiente:

Materias de negociación. Son materias de negociación:

1. Las condiciones de empleo, y

2. Las relaciones entre las entidades y autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos para la concertación de las condiciones de empleo.

Parágrafo 1. No son objeto de negociación y están excluidas, las siguientes materias:

1. La estructura del Estado y la estructura orgánica y la interna de sus entidades y organismos;

2. Las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado;

3. El mérito como esencia y fundamento de las carreras especiales y de la

carrera administrativa general y sistemas específicos;

4. La atribución disciplinaria de las autoridades públicas;

5. La potestad subordinante de la autoridad pública en la relación legal y reglamentaria.

Parágrafo 2. En materia salarial podrá haber negociación y concertación, consultando las posibilidades fiscales y presupuestales; sin perjuicio de lo anterior, en el nivel territorial, se respetarán los límites que fije el Gobierno Nacional. En materia prestacional las entidades no tienen facultad de negociar y concertar, toda vez que por mandato constitucional y legal la única autoridad competente para regular la materia es el Presidente de la República.

Como puede observarse, los empleados públicos no gozan de un der echo

negociar y concertar, toda vez que por mandato constitucional y legal la única autoridad competente para regular la materia es el Presidente de la República.

Como puede observarse, los empleados públicos no gozan de un der echo pleno a la negociación colectiva; y si bien es cierto no se les puede vulnerar su derecho a buscar medios de concertación, voluntaria y libre, la participación en la toma de las decisiones que los afectan no puede quebrantar la facultad que ostentan l as autoridades constitucional y legalmente establecidas de fijar, de forma unilateral, sus condiciones laborales.

En esas condiciones, se hace necesario analizar los efectos que la escisión del ISS causó en las prerrogativas de la convención colectiva vigentes hasta ese13

Radicación: 19001-23-33-000-2019-00289-01 (1897-2020)

Demandante: Manuel Alberto Balcázar

momento, para sus trabajadores, cuya vinculación se transformó de trabajadores oficiales a empleados públicos.

2.2.1. Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y Sintra Seguridad Social

Aquellos servidores que pasaron de ser trabajadores oficiales a empleados públicos, como consecuencia de la escisión del ISS y la creación de las ESE, pueden beneficiarse de una convención colectiva de acuerdo con lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-314 de 2004.

En efecto, en la sentencia citada , la Corte concluyó que si bien a los extrabajadores oficiales del ISS ya no se les permite celebrar futuras negociaciones colectivas por su condición de empleados públicos, los derechos laborales y prestacionales obtenidos por esos mecanismos de negociación deben ser

extrabajadores oficiales del ISS ya no se les permite celebrar futuras negociaciones colectivas por su condición de empleados públicos, los derechos laborales y prestacionales obtenidos por esos mecanismos de negociación deben ser reconocidos, por lo menos por el tiempo en que fueron pactados.

Con bas e en lo anterior, estimó que la definición de los derechos adquiridos contenida en el artículo 18 del Decreto Ley 1750 de 2003, resultaba contraria al ordenamiento constitucional ,10 en tanto el decreto originalmente protegía únicamente los derechos que hab ían ingresado definitivamente en el patrimonio jurídico de los afectados, dejando por fuera los beneficios futuros pactados en la Convención Colectiva celebrada el 1 de noviembre de 2001.

Estos fueron los razonamientos de la Corte, en relación con los derechos adquiridos de los trabajadores oficiales cuyo régimen fue transformado por el de empleados públicos:

[…]Finalmente, el aparte final del inciso estudiado señala que “se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas

10 La expresión declarada inexequible decía: «Se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas».14

Radicación: 19001-23-33-000-2019-00289-01 (1897-2020)

Demandante: Manuel Alberto Balcázar

consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas”, queriendo significar c on ello que si la prestación no ha ingresado en

consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas”, queriendo significar c on ello que si la prestación no ha ingresado en el patrimonio, no será cobijada como derecho adquirido.

Aunque en principio esta expresión podría considera