CE - 012333000201900299011AUTOQUERESUEL20230428113815

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad Número único de radicación: 680012333000201900299-01

Demandante: Gustavo Villamizar Motta

Demandada: Área Metropolitana de Bucaramanga

Asunto: Resuelve un recurso de apelación

AUTO INTERLOCUTORIO

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Área Metropolitana de Bucaramanga 1 contra el auto de 10 de octubre de 20192, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Santander decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo Metropolitano núm. 031 de 29 de diciembre de 201 43, expedid o por la Junta del Área Metropolitana de Bucaramanga.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii ) Consideraciones; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Atendiendo lo dispuesto en el artículo 3 .º de la Ley 1625 de 29 de abril de 2013, “[…] Las Áreas Metropolitanas están dotadas de personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridad y régimen administrativo y fiscal especial. […]”. 2 Cfr. Folios 82 y 83 del cuaderno núm. 1 del expediente.

Metropolitanas están dotadas de personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridad y régimen administrativo y fiscal especial. […]”. 2 Cfr. Folios 82 y 83 del cuaderno núm. 1 del expediente. 3 “[…] POR MEDIO DEL CUAL SE DA APLICACIÓN AL LITERAL J) DEL ARTÍCULO 7.º Y AL LITERAL D)

DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 1625 DE 2013 […]”2

Núm. único de radicación: 680012333000201900299-01

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El señor Gustavo Villamizar Motta , en adelante la parte demandante, presentó demanda4 contra el Área Metropolitana de Bucaramanga , en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad5, para que se declare la nulidad del Acuerdo Metropolitano núm. 031 de 29 de diciembre de 2014, expedido por la Junta del Área Metropolitana de Bucaramanga.

Solicitud de medida cautelar

2. La parte demandante solicitó como medida cautelar la suspensión

provisional de los efectos del acto acusado, así:

3. Estableció, mediante un cuadro, cada defecto del acto acusado en comparación con las siguientes normas: i) el literal j) del artículo 7.º de la Ley 1625 de 29 de abril de 20136; y ii) los artículos 44, 55 y 66 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 19937.

4. Expresó que el acto acusado se fundamentó en el Acuerdo núm. 016 de

diciembre de 19937.

4. Expresó que el acto acusado se fundamentó en el Acuerdo núm. 016 de 31 de agosto de 20128 que se anuló mediante sentencia de 21 de junio de 2018, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

5. Destacó que el acto acusado tambié n se fundamentó en la Ley 1625, norma que tiene como sustento la Ley 99, normativa que le da competencia a las Áreas Metropolitanas en materia ambiental siempre que su población urbana sea

4 En nombre propio. 5 Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 6 “[…] Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas […]”. 7 “[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones […]”. 8 “[…] POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE, ORGANIZA Y REGLAMENTA LA AUTORIDAD

AMBIENTAL METROPOLITANA, Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA, FUNCIONES Y ASIGNACIONES

SALARIALES PARA SU FUNCIONAMIENTO […]”.3

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igual o superior a un millón de habitantes, requisito incumplido que sirvió para declarar la nulidad del Acuerdo núm. 016 de 2012.

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igual o superior a un millón de habitantes, requisito incumplido que sirvió para declarar la nulidad del Acuerdo núm. 016 de 2012.

6. Insistió que las Áreas Metropolitanas tienen competencia en materia ambiental siempre que su población urbana sea igual o superior a un millón de habitantes atendiendo el censo poblacional que se realizó el 15 de octubre de 1985, sin que bajo ningún aspecto se puedan tener en cuenta proyecciones, índices, variaciones o tasas de crecimiento exponencial de la población censada.

7. Calificó como inaceptable, ilegal e inconstitucional que la parte demandada, en el acto acusado, manifest ara que contin uaba ejerciendo sus facultades ambientales en el Área Metropolitana d e Bucaramanga; lo anterior, porque desconoció que el literal j) del artículo 7.º de la Ley 1625 dispone que las Áreas Metropolitanas ejercen las funciones y competencias de autoridad ambiental en los términos dispuestos en la Ley 99 que, resaltó, exige un número mínimo de habitantes para que se active la competencia.

Providencia objeto del recurso de apelación

8. El Tribunal Administrativo de Santander mediante auto de 10 de octubre de 2019 decretó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, en

los siguientes términos:

“[…] DECRETAR la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del ACUERDO METROPOLITANO No. 031 DE DICIEMBRE DE 2014, proferido por la Junta del Área Metropolitana de Bucaramanga […]”.

“[…] DECRETAR la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del ACUERDO METROPOLITANO No. 031 DE DICIEMBRE DE 2014, proferido por la Junta del Área Metropolitana de Bucaramanga […]”.

9. El a quo manifestó que el literal j) del artículo 7.º de la Ley 1625 fijó como facultad de las Áreas Metropolitanas la de ejercer las funciones y competencias de autoridad ambiental en su perímetro urbano en los términos dispuestos en la Ley 99 que, a su vez establ ece en el artículo 55, que las Áreas Metropolitanas, con población igual o superior a un millón de habitantes, tienen competencia , dentro de su perímetro urbano, “[…] para el otorgamiento de licencias4

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ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones cuya expedición no esté atribuida al Ministerio del Medio Ambiente […]”9.

10. Aludió a la sentencia de 16 de noviembre de 2016, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con el fin de indicar que, para que el Área Metropolitana de Bucaramanga pudiera asumir las funciones ambientales previstas en la ley debía tener una población urbana superior a un millón de habitantes, siendo necesario atender la información del censo de 1985 por ser el único adoptado mediante una ley y en el cual se determinó que el Área Metropolitana de Bucaramanga tenía una población de 553.208 habitantes.

11. Destacó que, en consecuencia, la parte demandada carecía de

determinó que el Área Metropolitana de Bucaramanga tenía una población de 553.208 habitantes.

11. Destacó que, en consecuencia, la parte demandada carecía de competencia para expedir el acto acusado y, por tanto, se debía conceder la medida cautelar solicitada.

Recurso de apelación y sus fundamentos

12. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra el auto de 10

de octubre de 201910, en los siguientes términos:

Falta de competencia del Tribunal Administrativo de Santander

13. La parte demandada señaló que el Secretario Jurídico del Municipio de Girón, Santander, expresó que en el Acuerdo Metropolitano núm. 031 de 2014, expedido por el Área Metropolitana de Bucaramanga, se reproducía el contenido del Acuerdo núm. 016 de 2012 , acto administrativo que se declaró nulo por el Consejo de Estado mediante sentencia de 21 de junio de 2018, proferida dentro del expediente 680012333000201200213 -0211; por lo tanto , en aplicación del artículo 239 de la Ley 1437, sobre procedimiento en caso de reproducción del acto, lo envió a la Sección Primera del Consejo de Estado para que se pronunciara respecto de su legalidad.

9 Cfr. Folio 83 del cuaderno núm. 1 del expediente. 10 Cfr. Folios 84 a 91 del cuaderno núm. 1 del expediente. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de junio de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 68001-23-33-000-2012-00213-02.5

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de junio de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 68001-23-33-000-2012-00213-02.5

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14. Indicó que el funcionario citado supra solicitó “[…] la suspensión provisional del reseñado acto administrativo […]”12.

15. Sostuvo que la solicitud de nulidad del Acuerdo Metropolitano núm. 031 de 2014, por reproducción del Acuerdo núm. 016 de 2012 , se tramita dentro del expediente con el número único de radicado 680012333000201200213-02.

16. Aseguró que, con ocasión de lo anterior, en el presente proceso propuso la excepción de pleito pendiente, la que desconoció el a quo al momento de proferir el auto apelado.

17. Insistió en que, en la demanda citada supra, el Secretario Jurídico del Municipio de Girón adujo como causal de nulidad la reproducción del Acuerdo Metropolitano núm. 016 de 2012 , ac to que se anuló por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ; en consecuencia, la autoridad competente para pronunciarse sobre la legalidad del acto acusado, en los términos del artículo 239 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 13, “[…] es el H. Consejo de Estado , al interior del trámite de reproducción del Acuerdo No. 031 de 2014 […]”14.

Desconocimiento de los argumentos expuestos en el memorial por medio

interior del trámite de reproducción del Acuerdo No. 031 de 2014 […]”14.

Desconocimiento de los argumentos expuestos en el memorial por medio del cual se descorrió el traslado de la solicitud de medida cautelar

18. Reiteró que el Tribunal Administrativo de Santander no tuvo en cuenta los argumentos que la parte demandada expuso en relación con la competencia del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; por tanto, la providencia objeto de la apelación carece de motivación.

19. Señaló que el a quo decretó la medida cautelar incurriendo en prejuzgamiento y en contravía de la finalidad del régimen de medidas cautelares.

12 Cfr. Folio 85 del cuaderno núm. 1 del expediente. 13 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 14 Cfr. Folio 86 del cuaderno núm. 1 del expediente.6

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20. Destacó que mediante el acto acusado se: i) autorizó al Director del Área Metropolitana de Bucaramanga para que, en un plazo no may or a 12 meses, expidiera el Plan Metropolitano para la Protección de los Recursos Naturales y Defensa del Ambiente; y ii) destinaron los recursos de la sobretasa ambiental metropolitana para que la autoridad ambiental rural culminará los proyectos en ejecución; entonces, la integralidad a la que se refiere el acto acusado, es que para su fecha de expedición, la parte demandada ejerc ía competencias ambientales gradual mente en los términos del artículo 7.º del Acuerdo

ejecución; entonces, la integralidad a la que se refiere el acto acusado, es que para su fecha de expedición, la parte demandada ejerc ía competencias ambientales gradual mente en los términos del artículo 7.º del Acuerdo Metropolitano núm. 016 de 2012 porque para el año 2014 no se había anulado.

21. Manifestó que el acto acusado no estructuró ni creó la relación jurídica en que se edifica la competencia ambiental que a la fecha ejerce la parte demandada porque aquella se originó en la ley; la necesidad de expedirlo se contrajo a la obligación de terminar la gradualidad fijada en el Acuerdo Metropolitano núm. 016 de 2012.

22. Preguntó cuál era la necesidad de suspender los efectos del acto acusado si la competencia en materia ambiental viene de la Ley 1625 y su alcance se tiene que debatir en un proceso en el que se defina un conflicto de competencias entre la parte demandada y la Corporación Aut ónoma Regional para la Defensa de la

Meseta de Bucaramanga.

23. Cuestionó por qué, en el presente asunto y cuando se definió la legalidad del Acuerdo Metropolitano núm. 016 de 2012 , se concluyó que la s áreas metropolitanas, para cumplir la funció n que le s confiere la ley, tenían que remitirse supletoria mente al artículo 55 de la Ley 99 y, con sustento en ello, acceder a decretar la medida cautelar, cuando la parte demandada precisamente ejerció sus facultades de ley.

24. Afirmó que la competencia de autoridad ambiental urbana que ejerció la parte demandada se amparó en el literal j) del artículo 7.º de la Ley 1625 que

ejerció sus facultades de ley.

24. Afirmó que la competencia de autoridad ambiental urbana que ejerció la parte demandada se amparó en el literal j) del artículo 7.º de la Ley 1625 que dispuso que de conformidad con el artículo 319 de la Constitución Política , es función de las áreas metropolitanas ejercer la autoridad ambiental en su perímetro urbano de conformidad con lo dispu esto en la Ley 99; es decir, la competencia en materia de autoridad ambiental tiene origen en la ley.7

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25. Resaltó que el escenario actual es distinto al que existía cuando la parte demandada asumió funciones ambientales mediante el Acuerdo Metropolitano núm. 016 de 2012 porque este se sustentó en el artículo 66 de la Ley 99 atendiendo a que la Ley 128 de 23 de febrero de 1994 15, reglamentaria de las áreas metropolitanas , no estableció ejercicio de competencias en materia ambiental, situación que varió con la ex pedición de la Ley 1625 que sí fijó esas competencias.

26. Señaló que el análisis sobre el alcance del literal j) del artículo 7.º de la Ley 1625 “[…] no puede ser de orden gramatical debido a que la misma, da lugar a diversas interpretaciones, las que deben ser soportadas mediante un análisis que escapa a la mera literalidad de la norma, como la que en apariencia fue la que llevó a cabo el a-quo […]”16 (Destacado original del texto).

27. Aceptó que el artículo 231 de la Ley 1437 prevé que la medida cautelar de suspensión provisional procede cuando la violación surja del análisis del acto

27. Aceptó que el artículo 231 de la Ley 1437 prevé que la medida cautelar de suspensión provisional procede cuando la violación surja del análisis del acto acusado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas; sin embargo, lo anterior “[…] no implicaba hacer de lado el análisis en relación con la oposición presentada por la suscrita representación del AMB como entidad demandada, en cuanto a que la mención y/o referencia que a la Ley 99 de 1993 se hace en el literal j) del art. 7 de la Ley 1625 de 2013, no tiene otro fin que disponer la normatividad para el acatamiento del régimen ambiental, lo que conlleva per se a considerar que la misma exige el cumplimiento del MILLÓN DE HABITANTES en el área urbana, para que pueda hacer el ejercicio de autoridad ambiental, como así concluyó el a quo, acudiendo a una interpretación gramatical que atiende a la mera literalidad de la norma […]” 17 (Destacado y subrayado original del texto).

28. Expresó que en los términos previstos en el artículo 319 de la Constitución Política, las competencias de las área s metropolitanas solamente pueden darse a través de una ley orgánica y no ordinaria; en consecuencia, con la expedición

15 “[…] Por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas […]”. 16 Cfr. Folio 89 del cuaderno núm. 1 del expediente. 17 Ibídem.8

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de la Ley Orgánica 1625, el legislador dispuso la posibilidad de un reparto de competencias en cabeza de los esquemas asociativos territoriales como las áreas metropolitanas.

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de la Ley Orgánica 1625, el legislador dispuso la posibilidad de un reparto de competencias en cabeza de los esquemas asociativos territoriales como las áreas metropolitanas.

II. CONSIDERACIONES

29. La Sala abordará el estudio de las consideraciones, en las siguientes partes: i) la competencia; ii) cuestión previa; iii) procedencia y oportunidad del recurso de apelación; iv) el problema jurídico; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos ; vi) las normas violadas; vii) el acto acusado; y viii) análisis del caso concreto.

Competencia

30. Vistos los artículos : 125 y 150 de la Ley 1437, sobre expedición de providencias y competencia del Consejo de Estado en segunda instancia : esta Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto de 10 de octubre de 2019 proferido por el Tribunal

Administrativo de Santander.

Cuestión previa

Intervención de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga

31. La abogada Eyni Patricia Aponte Duarte, mediante escrito recibido en el correo electrónico de la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación el 16 de septiembre de 2020 18, expresó que atendiendo el poder que le confirió el Secretario General de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga manifestaba que: i) el 23 de octubre de 2019 su

de septiembre de 2020 18, expresó que atendiendo el poder que le confirió el Secretario General de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga manifestaba que: i) el 23 de octubre de 2019 su poderdante radicó ante el a quo un escrito por medio del cual solicitó que se le tuviera como coadyuvante de la parte demandante; además se opuso al recurso

18 Cfr. Folio 4 del cuaderno núm. 2 del expediente.9

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de apelación que la parte demandada interpuso contra el auto de 10 de octubre de 2019; y ii) por la importancia del asunto reiteraba los argumentos de oposición al recurso de apelación y exponía otros para apoyar el escrito inicial.

32. Visto el artículo 1.º del Acuerdo núm. 1117 de 30 de mayo de 200819, “[…] Por el cual se faculta a la Directora General de la Corporación, para la delegación de la función de constituir apoderados o mandatarios judiciales en empleados del Nivel Directivo de la Corporación […]”, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, autoriz ó a la Directora General de la entidad para delegar en los empleados del nivel directivo la facultad de otorgar poderes a los abogados internos y externos para su representación judicial.

33. La Sala, por una parte, observa que al expediente no se aportó copia del acto administrativo por medio del cual el Director (a) General de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, delegó en

33. La Sala, por una parte, observa que al expediente no se aportó copia del acto administrativo por medio del cual el Director (a) General de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, delegó en el Secretario General la facultad de conferir poderes a los abogados internos o externos para la representación judicial de la entidad; y, por la otra, advierte que no obra prueba que acredite que a la Corporación citada supra se le reconoció, dentro de este proceso, la calidad de coadyuvante de la parte demandante.

34. La Sala, acorde con lo expuesto , considera que : i) la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga carece de legitimación para actuar como coadyuvante de la parte demandante; es decir, no puede efectuar los actos procesales permitidos a la parte que pretende ayudar; y ii) no es posible reconocer personería a la abogada Eyni Patricia Aponte Duarte para actuar en representación de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga por ausencia del acto administrativo por medio del cual se delegó en el Secretario General de la entidad la facultad de conferir poderes para la representación judicial de aquella; por tanto, el escrito de 16 de septiembre de 2020 no se tendrá en cuenta para efectos de esta providencia.

19 Cfr. Folio 8 del cuaderno núm. 2 del expediente.10

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Procedencia y oportunidad del recurso de apelación

19 Cfr. Folio 8 del cuaderno núm. 2 del expediente.10

Núm. único de radicación: 680012333000201900299-01

Procedencia y oportunidad del recurso de apelación

35. Vistos los artículos 243 numeral 2.º y 244 numeral 2.º de la Ley 1437, sobre el recurso de apelación y trámite del recurso de apelación contra autos, respectivamente.

36. Atendiendo a que la parte demandada interpuso y sustentó oportunamente el recurso de apelación contra el auto de 10 de octubre de 2019, por medio del cual se decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado, en un asunto de doble instancia, el recurso es procedente de conformidad con lo dispuesto en los artículos anotados supra.

37. Agotado el procedimiento previsto en la Ley 1437 para el recurso de apelación, la Sala procede a examinar los argumentos expuestos por la parte demandada, teniendo en cuenta que de conformidad con los artículos 320 20 y 32821 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201222, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 de la Ley 1437, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso, frente al problema jurídico planteado infra.

Problema jurídico

38. Le corresponde a la Sala determinar si se reunían los requisitos de ley para decretar la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo Metropolitano núm. 031 de 2014, porque su expedición infringió lo dispuesto en los artículos 55

38. Le corresponde a la Sala determinar si se reunían los requisitos de ley para decretar la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo Metropolitano núm. 031 de 2014, porque su expedición infringió lo dispuesto en los artículos 55 y 66 de la Ley 99, respecto al número de habitantes que debía tener, en el área urbana, el Área Metropolitana de Bucaramanga, para efectos de ejercer las competencias y funciones de autoridad ambiental según el literal j) del artículo

20 “[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. […]”. 21 “[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. […]”. 22 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.11

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en costas y ordenar copias. […]”. 22 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.11

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7.º de la Ley 1625 de 2013; en consecuencia, si se confirma, modifica o revoca el auto de 10 de octubre de 2019.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos

39. Vistos los artículos: i) 229 de la Ley 1437, sobre la procedencia de las medidas cautelares; ii) 230 ibidem, referente al contenido y el alcance de las medidas cautelares; y, iii) 231 idem, que regula los requisitos para decretar las medidas cautelares.

40. Esta Sala considera que, atendiendo lo previsto en la Ley 1437 , para decretar la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, cuando esta se fundamente en la violación de las disposiciones superiores que se invoquen, bien sea en la demanda o en escrito separado, necesariamente se le impone al juez un deber de análisis de las normas, en confrontación directa con el acto demandado o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

41. Con el fin de verificar los requisitos establecidos para el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efect os de un acto administrativo, esta Sala en providencia de 26 de junio de 202023 consideró que el legislador dividió el artículo 231 de la Ley 1437 en tres partes: la primera, hace referencia a los requisito s para decretar una medida cautelar de suspensión

administrativo, esta Sala en providencia de 26 de junio de 202023 consideró que el legislador dividió el artículo 231 de la Ley 1437 en tres partes: la primera, hace referencia a los requisito s para decretar una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, en el medio de control de nulidad; la segunda, a los requisitos para decretar una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto ad ministrativo, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y la tercera, se refiere a los requisitos para decretar otros tipos de medidas cautelares diferentes a la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, como son las de carácter preventivo, conservativo y anticipativo.

42. La Sala , en la providencia citada supra indicó que cuando se trata de medidas cautelares de suspensión provisional de los efectos de un acto

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez; expediente con núm. único de radicación: 110010324000201600295-00.12

Núm. único de radicación: 680012333000201900299-01

administrativo y se acredita que el acto acusado contraviene el ordenamiento jurídico superior, de manera implícita se satisfacen los requisitos de periculum in mora y fumus boni iuris porque en un Estado Social de Derecho estos elementos siempre concurren cuando se trata de la transgresión del ordenamiento jurídico por las autoridades públicas24.

Normas violadas

43. Artículos 55 y 66 de la Ley 99 de 1993.

Acto acusado

siempre concurren cuando se trata de la transgresión del ordenamiento jurídico por las autoridades públicas24.

Normas violadas

43. Artículos 55 y 66 de la Ley 99 de 1993.

Acto acusado

44. Acuerdo Metropolitano núm. 031 de 2014.

Análisis del caso concreto

45. Para el presente análisis se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NORMAS VIOLADAS SUSTENTO DEL

AUTO DE 10 DE OCTUBRE DE 2019

ACUERDO METROPOLITANO NÚM. 031

DE 2014 Artículos 55 y 66 de la Ley 99 de 1993

“[…] ARTÍCULO 55. DE LAS COMPETENCIAS DE LAS GRANDES CIUDADES. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a 1.000.000 de habitantes serán competentes, dentro de su perímetro urbano, para el otorgamiento de licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones cuya expedición no esté atribuida al Ministerio del Medio Ambiente […]”.

“[…] ARTÍCULO 66. COMPETENCIAS DE GRANDES CENTROS URBANOS. Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que f uere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la

a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que f uere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de

“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE DA

APLICACIÓN AL LITERAL J) DEL

ARTÍCULO 7º Y AL LITERAL D) DEL

ARTÍCULO 20 DE LA LEY 1625 DE 2013

LA JUNTA DEL ÁREA METROPOLITANA

DE BUCARAMANGA

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el literal j) del artículo 7 y el literal d) del artículo 20 de la Ley 1625 de 2013, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo Metropolitano No. 016 de agosto 31 de 2012 , el Área Metropolitana de Bucaram anga – AMB, asumió las funciones ambientales atribuidas por la Ley 99 de 1993 a los Grandes Centros Urbanos de forma gradual dentro del término de dos (2) años, contados a partir de la vigencia del mencionado Acuerdo Metropolitano.

24 Sobre el particular también se puede ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 24 de febrero de 2022. Expediente con núm. Único de radicación:

11001032400020210042100. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.13

Núm. único de radicación: 680012333000201900299-01

11001032400020210042100. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.13

Núm. único de radicación: 680012333000201900299-01

efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.

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