CE - 012333000201900307011SENTENCIA20230222171111

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 66001-23-33-000-2019-00307-01

ACCIÓN POPULAR – FALLO

Actora: NATHALIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ

TESIS: LA COMUNA VILLA SANTANA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

SE ENCUENTRA UBICADA EN UNA ZONA CATALOGADA COMO DE

RIESGO MITIGABLE Y NO MITIGABLE . NO OBSTANTE, EL

MUNICIPIO HA SIDO PASIVO FRENTE AL CONTINUO

ASENTAMIENTO DE PERSONAS EN LA ZONA, SIN LA DEBIDA

PREVISIÓN URBANÍSTICA, ADEMÁS DEL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES DE AGRICULTURA DE FORMA DESCONTROLADA Y

SIN LA DEBIDA PREVISIÓN DEL RIESGO, TODO LO CUAL HA

AFECTADO SUS DERECHOS COLECTIVOS.

DERECHO COLECTIVO INVOCADO COMO VULNERADO: A LA

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES TÉCNICAMENTE

PREVISIBLES.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el MUNICIPIO DE PEREIRA1 y por la coadyuvante COTTY MORALES CAAMAÑO contra la sentencia de 30 de abril de 2021, proferida por

1 En adelante el Municipio.2

MUNICIPIO DE PEREIRA1 y por la coadyuvante COTTY MORALES CAAMAÑO contra la sentencia de 30 de abril de 2021, proferida por

1 En adelante el Municipio.2

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Actora: NATHALIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ

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el Tribunal Administrativo de Risaralda2, que declaró la amenaza del derecho colectivo invocado.

I.- ANTECEDENTES

I.1La Demanda

La señora NATHALIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19983, presentó demanda ante el Tribunal contra el MUNICIPIO y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE RISARALDA – CARDER4, tendiente a que se protegiera el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles.

I.2. Hechos

Indicó que la comuna Villa Santana del MUNICIPIO está expuesta a deslizamientos de tierra que se convirtieron en una amenaza generadora de riesgo para la población, lo que dio lugar a que la

2 En adelante el Tribunal. 3 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. 4 En adelante CARDER.3

2 En adelante el Tribunal. 3 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. 4 En adelante CARDER.3

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administración municipal catalog ara el sector como de riesgo no mitigable, conforme se expuso en el diagnóstico socio – económico del año 2015.

Narró algunos eventos ocurridos en la zona, tales como : i) el derrumbe presentado el 2 de mayo de 2016 en el que un vehículo de servicio público colectivo quedó atrapado con pasajeros; ii) las lluvias de 17 de febrero de 2018 que dejaron sesenta viviendas sin cubierta; iii) los deslizamientos d e 7 de agosto de ese año que causaron el taponamiento de la vía que conducía a la localidad; iv) el vendaval de 21 de febrero de 2019 que afectó el sector objeto de la presente acción; y v) la emergencia de 3 de abril de ese mismo año en la que un poste amenazaba con caer sobre una vivienda en la zona de Villa Santana, a causa de un deslizamiento.

Por último, puso de presente que el MUNICIPIO entregó 288 viviendas en el sector El Remanso y en la comuna Villa Santana en diciembre de 2018, pero que en el sector antiguo quedaron

Santana, a causa de un deslizamiento.

Por último, puso de presente que el MUNICIPIO entregó 288 viviendas en el sector El Remanso y en la comuna Villa Santana en diciembre de 2018, pero que en el sector antiguo quedaron pendientes por construir y entregar 132 viviendas y en el nuevo 250, de lo que se extrae que si bien l a Administración gestionó la construcción de viviendas, aun no se ha mitigado el riesgo del sector.4

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I.3. Pretensiones

La actora solicitó lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Declarar que el Municipio de Pereira y la CARDER, vulneraron el derecho a la seguridad y prevención de desastres de la comuna Villa Santana, en conexidad con el derecho a la vida y la vivienda digna.

SEGUNDO: Ordenar que se adelanten las medidas necesarias por parte de las entidades competentes, para proteger las viviendas que se encuentran en riesgo mitigable y desarrollar e implementar proyectos para la prevención, mitigación y gestión de riesgos.

TERCERO: Ordenar a la administración municipal, reubicar las familias del sector de Villa Santana que se encuentran catalogadas en riesgo no mitigable y ejecutar los proyectos para la construcción de viviendas, informando a la ciudadanía los tiempos en que serán entregadas […]”.

I.4. Defensa

del sector de Villa Santana que se encuentran catalogadas en riesgo no mitigable y ejecutar los proyectos para la construcción de viviendas, informando a la ciudadanía los tiempos en que serán entregadas […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- El MUNICIPIO argumentó que adelantó dos proyectos de vivienda incluyendo la reubicación de las familias damnificadas . El primero, se llamó urbanización El Remanso, localizado en la comuna Villa Santana, creado por medio del Decreto 112 de 21 de febrero de 2006; y el segundo, se dio en el marco de lo establecido en la Ley 1537 de 20 de junio de 20125, en la que se dispusieron los lineamientos para los proyectos de vivienda de interés prioritario,

5 Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.5

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dentro del programa “cien mil viviendas gratis” destinado a las familias de más bajos recursos y población vulnerable.

Argumentó que aun cuando no se conoce con exactitud las personas que presuntamente se encuentran en condiciones de vulnerabilidad para así desarrollar un proyecto de vivienda de reubicación, lo procedente es el otorgamiento de subsidios familiares de vivienda, a través de la presentación de un proyecto al Gobierno Nacional , por

que presuntamente se encuentran en condiciones de vulnerabilidad para así desarrollar un proyecto de vivienda de reubicación, lo procedente es el otorgamiento de subsidios familiares de vivienda, a través de la presentación de un proyecto al Gobierno Nacional , por lo que se trataba de una decisión colecti va y no unilateral de la Administración Municipal al intervenir autoridades de carácter nacional y territorial en los términos de lo previsto en el Decreto 2190 de 12 de julio 20096.

Afirmó que , en virtud del principio de legalidad del gasto , no es posible adelantar un proyecto de reubicación que no cuente con la debida planeación, así como con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal ; y precisó las etapas legalmente establecidas para el desarrollo de un proyecto de inversión pública.

6 Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007 en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas.6

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Se refirió al incumplimiento de la carga de la prueba, pues , a su juicio, el demandante no hizo ni siquiera una relación de las familias damnificadas por fenómenos naturales para de esa forma identificar

Se refirió al incumplimiento de la carga de la prueba, pues , a su juicio, el demandante no hizo ni siquiera una relación de las familias damnificadas por fenómenos naturales para de esa forma identificar por lo menos un grupo susceptible de protección legal.

I.4.2.- La CARDER afirmó que no vulneró los derechos colectivos invocados en la demanda, en atención a que no ejecuta actividades de gestión del riesgo, conforme a lo establecido en el Decreto 919 de 1o. de mayo de 19897 y en las leyes 388 de 18 de julio de 19928, 136 de 2 de junio de 19929, 715 de 21 de diciembre de 200110 y 1523 de 24 de abril de 201211, normas en las que se establec e que son los entes territoriales los que deben realizar las operaciones necesarias para eliminar el riesgo de los asentamientos localizados en zonas de alto riesgo.

7 Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones. 8 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. 9 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. 10 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislati vo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 11 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece

Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 11 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.7

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Informó que atendió una solicitud efectuada por la planta de Scribe Colombia S.A., por lo cual efectuó una visita el día 23 de enero de 2017 en la que constató que debido a las lluvias que se presentaron para la época hubo concentración de agua sobre determinado s sectores de la ladera que sobrepasaron la condición de saturación de los suelos y generó desintegración de la estructura del mismo, hecho que ocasionó la afectación de cerramientos de la empresa, derrumbes y volcamiento de algunos sectores , cuyas circunstancias se relacionan con las deficiencias o ausencia de obras de manejo de aguas lluvia para los accesos, caminos y escaleras en el barrio Monserrate sector 3.

Aseveró que, además de lo informado por la mencionada empresa, no se realizó ningún tipo de solicitud o reclamo por parte de la ciudadanía ni del MUNICIPIO relacionada con los hechos planteados en la demanda.

Propuso las siguientes excepciones:

- «IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR COMO

ciudadanía ni del MUNICIPIO relacionada con los hechos planteados en la demanda.

Propuso las siguientes excepciones:

• «IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR COMO MECANISMO DE AMPARO O DE PROTECCIÓN DE DERECHOS INDIVIDUALES». Adujo que la demandante alegó la vulneración de8

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derechos colectivos, pero que únicamente se refirió a las afectaciones ambientales padecidas por un predio en especial sin hacer referencia ni demostrar cu ál fue la vulneración de derechos colectivos, por lo que la acc ión popular no era el mecanismo legal idóneo para la pretendida protección.

- «INEXISTENCIA DE UN DERECHO LEGÍTIMO PARA

RESPONSABILIZAR A LA CARDER EN LA PRESENTE ACCIÓN POPULAR – FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA». Afirmó que teniendo en cuenta la inexistencia de un daño antijurídico que le fuera imputable, de un perjuicio y de la ausencia de nexo causal entre estos dos, no estaba llamada a responder por las pretensiones de la demanda. Para sustentar su posición se refirió al artículo 14 de la Ley 472 y al marco de competencias que regía a los entes territoriales y a las Corporaciones Autónomas Regionales.

las pretensiones de la demanda. Para sustentar su posición se refirió al artículo 14 de la Ley 472 y al marco de competencias que regía a los entes territoriales y a las Corporaciones Autónomas Regionales.

• «EXCEPCIÓN GENÉRICA». Solicitó decretar de oficio cualquier excepción que resultara probada en el proceso.

I.5. Pacto de cumplimiento9

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La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 27 de febrero de 2020 , la cual se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio de las partes.

I.6. Coadyuvancia

Por medio de auto de 12 de noviembre de 2020, el Tribunal aceptó la coadyuvancia presentada por la señora COTTY MORALES CAAMAÑO a la parte actora.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 30 de abril de 2021 , accedió a las súplicas de la demanda, para lo cual adujo lo siguiente:

Se refirió a la procedencia de la acción popular, al derecho colectivo invocado y al caso concreto, para indicar que del material probatorio obrante en el expediente se evidenció la situación de riesgo del sector de la vía a la comuna Villa Santana del MUNICIPIO, por los

invocado y al caso concreto, para indicar que del material probatorio obrante en el expediente se evidenció la situación de riesgo del sector de la vía a la comuna Villa Santana del MUNICIPIO, por los movimientos en masa existentes.10

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Precisó que pudo constatar la afectación progresiva del desprendimiento del talud ocasionada, entre otras, por las lluvias que saturaban el suelo , que a veces generaban fenómenos de flujo de lodo que conllevaron la inestabilidad de los terrenos y por los banqueos realizados por habitantes del sector para acondicionar sus viviendas, además de la construcción desordenada de las mismas, tanto dentro de la zona de deslizamiento como fuera de la misma.

Consideró que a pesar de que desde el año 1989 se adelantaron estudios en la zona afectada; y que si bien era cierto que en el año 2018 el MUNICIPIO efectuó la reubicación de varias personas, también lo era que, según l a DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE PEREIRA – DIGER, en la comuna Villa Santana habían 2.372 viviendas bajo amenaza geológica, de las cuales 437 es taban catalogadas como en riesgo no mitigable y 1.935 en riesgo mitigable, circunstancia que demostró que no existió una acción eficaz de las

2.372 viviendas bajo amenaza geológica, de las cuales 437 es taban catalogadas como en riesgo no mitigable y 1.935 en riesgo mitigable, circunstancia que demostró que no existió una acción eficaz de las entidades demandadas para adoptar las medidas preventivas que le permitieran mitigar el riesgo causado por el desprendimiento del talud o, en su defecto, reubicar las viviendas en riesgo, todo lo cual evidenció la situación de vulneración del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.11

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Se refirió a las autoridades competentes en materia de gestión del riesgo, así como a las funciones que le corresponden a cada una de ellas, para señalar que el MUNICIPIO es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en su territorio, lo cual incluye el conocimiento y reducción del riesgo y el manejo de desastres, motivo por el que concluyó que al ente territorial accionado le correspondían estas funciones en el caso concreto.

Reiteró que aun cuando no desconocía el hecho de que el ente territorial adelantó unos procesos de reubicación, estos no se relacionan con las viviendas que estaban en alto riesgo no mitigable, lo cual evidencia que el MUNICIPIO no acogió las recomendaciones

territorial adelantó unos procesos de reubicación, estos no se relacionan con las viviendas que estaban en alto riesgo no mitigable, lo cual evidencia que el MUNICIPIO no acogió las recomendaciones efectuadas en los informes realizados, en los que se demostró que las circunstancias generadoras de la problemática eran conexas con inadecuadas coberturas y prácticas agropecuarias sobre la cabecera de la ladera alta de la pendiente, que dejaron el área desprovista de vegetación y ocasion aron el represamiento aguas abajo, circunstancias que podían empeorar en temporadas invernales.

Aseveró que, conforme al carácter preventivo de la acción popular, correspondía al MUNICIPIO, de acuerdo con lo establecido en la Ley12

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1523, ejecutar las obras necesarias para solucionar los problemas de erosión, socavación y deslizamiento en la zona, para lo cual debía tener en cuenta las recomendaciones técnicas efectuadas tanto por la CARDER como por los informes obrantes en el expediente ; lo anterior, en atención a que es responsable de los procesos de gestión del riesgo. Asimismo, señaló que el argumento expuesto por el ente territorial de que no contaba con los recursos para la ejecución de las obras de mitigación no tenía asidero jurídico, ni lo liberaba de sus

del riesgo. Asimismo, señaló que el argumento expuesto por el ente territorial de que no contaba con los recursos para la ejecución de las obras de mitigación no tenía asidero jurídico, ni lo liberaba de sus obligaciones constitucionales y legales, ni justifica su conducta pasiva, pues la problemática databa de muchos años atrás y se encontraba lo suficientemente documentada. Que ello era así, si se tiene en cuenta que en el año 2006 se declaró la urgencia manifiesta y a la fecha de la sentencia no se había adelantado intervención alguna.

En relación con la CARDER, precisó que si bien no estaba llamada a la ejecución de obras civiles de mitigación del riesgo, debía adoptar medidas y acciones tendientes a mitigar el riesgo, así como a controlar y hacer respetar las normas urbanísticas y ambientales en el ente territo rial como parte del territorio en que ejerc ía sus funciones; y que al existir infracciones al medio ambiente como la deforestación, señaló que la autoridad ambiental sí había concurrido13

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en la creación del riesgo por incumplimiento de sus competencias legales, conforme lo establecido en la Ley 99 de 22 de diciembre 199312, pues ejercía funciones de autoridad de policía para el control y seguimiento de las actividades de explotación de recursos naturales, las cuales, de acuerdo con el material probatorio obra nte

legales, conforme lo establecido en la Ley 99 de 22 de diciembre 199312, pues ejercía funciones de autoridad de policía para el control y seguimiento de las actividades de explotación de recursos naturales, las cuales, de acuerdo con el material probatorio obra nte en el expediente, no había desplegado.

En conclusión, consideró que se violó y amenazó el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, debido a la omisión del MUNICIPIO y de la CARDER en el ejercicio de acciones oportunas frente a la afectación causada po r los movimientos en masa que se presentaron en la zona aledaña a la vía que conduce de Kennedy a Villa Santana.

Finalmente, afirmó que como la sentencia era estimatoria de las pretensiones, procedía la condena en costas a cargo de la entidad territorial vencida, lo cual comprendía tanto los gastos que se causaron como las agencias en derecho, decisión que adoptó con

12 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.14

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base en la Ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia.

En virtud de lo anterior, profirió las siguientes órdenes:

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base en la Ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia.

En virtud de lo anterior, profirió las siguientes órdenes:

“[…] 1. DECLÁRASE VULNERADO EL DERECHO COLECTIVO a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, por las omisiones del municipio de Pereira y la CARDER en el sector de la comuna de Villasanta, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de la presente providencia.

2. ÓRDENASE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO COLECTIVO a la seguridad y prevención de desastres prev isibles técnicamente, para lo cual la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER y el Municipio de Pereira deberán ejecutar las siguientes

actuaciones:

3.1. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, en el plazo de un (1) mes deberá ent regar a la Administración Municipal de Pereira, los estudios técnicos para efectuar las obras de mitigación de riesgo para ser ejecutado en el talud de la comuna de Villasanta.

3.2. Iniciar las actuaciones administrativas para determinar las infracciones ambientales por construcciones dentro de zonas protegidas, en la comuna Villasanta de municipio de Pereira.

3.3. Establecer y ejecutar en coordinación con el Alcalde Municipal de Pereira, las actividades de reforestación y cuidado del talud en la comuna Villasanta.

3.3.1. El Municipio de Pereira deberá ejecutar las obras de mitigación del riesgo de deslizamiento sobre el talud en la zona

de Pereira, las actividades de reforestación y cuidado del talud en la comuna Villasanta.

3.3.1. El Municipio de Pereira deberá ejecutar las obras de mitigación del riesgo de deslizamiento sobre el talud en la zona aledaña la vía que conduce de Kennedy a Villasanta, en las condiciones técnicas y ambientales que fije la Corporació n Autónoma Regional de Risaralda CARDER, para lo cual contará con un término de seis (6) meses, contados una vez recibida las especificaciones por parte de la CARDER.

3.3.2. En caso de ser necesario, deberá reubicar las familias cuyas viviendas se encuentren en situación de riesgo, para lo cual deberá en el término de un (1) mes efectuar un censo en la comuna de15

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Villasanta, para determinar las familias y personas que se encuentran más cerca del talud y en la zona aledaña a la vía que conduce de Kennedy a Villasanta.

3.3.3. Adelantar ante la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios que tenga competencia en el sector de la comuna Villasanta, las medidas tendientes al manejo de aguas de escorrentía y alcantarillado, adecuando las redes necesarias para tal fin.

3.3.4. Ejecutar, en coordinación con la Corporación Autónoma

Villasanta, las medidas tendientes al manejo de aguas de escorrentía y alcantarillado, adecuando las redes necesarias para tal fin.

3.3.4. Ejecutar, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, las medidas de reforestación del talud en la zona aledaña a la vía que conduce de Kennedy a Villasanta.

3.3.5. Mientras se ejecutan las obras de mitigación del riesgo, y se presenta el informe final de cumplimiento de la presente sentencia por parte del Comité de verificación que se integrará en este fallo para tal fin, el Municipio de Pereira suspenderá cualquier actividad constructiva en el sector de la comuna de Villasantana.

4. Se constituye el comité de verificación del cumplimiento de la sentencia, el cual estará integrado por el Personero Municipal de Pereira, un delegado del municipio de Pereira y de la Corporación Autónoma Regional CARDER, un repr esentante de la comuna de Villasantana, el Procurador Judicial No.37 en Asuntos Administrativos de la ciudad de Pereira y la Procuradora 8 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira y esta corporación judicial, de conformidad con lo considerado en esta sentencia13.

5. Condénase en costas, únicamente en cuanto a agencias en derecho, a la entidad demandada, en favor de la accionante popular, las cuales serán fijadas de conformidad con el Acuerdo PSAA16-10554 del año 2016 en primera instancia en la suma de un salario mínimo mensual legal vigente, conforme lo motivado

[…]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

13 Numeral corregido por medio de auto de 21 de mayo de 2021.16

un salario mínimo mensual legal vigente, conforme lo motivado […]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

13 Numeral corregido por medio de auto de 21 de mayo de 2021.16

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III.1 El MUNICIPIO manifestó que no estaba de acuerdo con las conclusiones expuestas por el Tribunal en la sentencia de primera instancia, en atención a que en el expediente no existía material probatorio respecto de la titularidad del derecho colectivo amparado, pues se hizo referencia a familias damnificadas por fenómenos naturales, de quienes se solicit ó la reubicación, pero no se contaba con una relación de “al menos una de estas familias” que permitiera la conformación de un grupo susceptible de protección legal.

Arguyó que el Tribunal precisó que las circunstancias que ocasionaron la problemática de l deslizamiento eran factores antrópicos, aspecto sobre el cual omitió considerar que el Código Civil en el artículo 2347 establece que “[…] toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado […]”; y que, además, también obvió lo preceptuado por la Ley 270 de 7 de marzo de 199614 sobre el hecho de la víctima y lo dicho por la jurisprudencia

sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado […]”; y que, además, también obvió lo preceptuado por la Ley 270 de 7 de marzo de 199614 sobre el hecho de la víctima y lo dicho por la jurisprudencia contencioso administrativa frente al artículo 6315 del Código Civil, en cuanto a la distinción entre culpa y dolo.

14 Estatutaria de la Administración de Justicia. 15 Artículo 63. <culpa y dolo>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.17

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Aseveró que sin atender lo establecido por la ley frente a las licencias urbanísticas, las personas se apropiaban de terrenos que no contaban con los requerimientos técnicos exigidos, por lo q ue se hacía necesaria la recuperación del espacio público y en esa medida su reubicación, no obstante, en su criterio:

“[…] lo que se lee de estas actuaciones, es el otorgamiento de soluciones de vivienda por encima de los requisitos establecidos por el Decreto 2190 de 2009 a ciudadanos que conocedores de las condiciones geográficas y paisajísticas deciden exponer su

“[…] lo que se lee de estas actuaciones, es el otorgamiento de soluciones de vivienda por encima de los requisitos establecidos por el Decreto 2190 de 2009 a ciudadanos que conocedores de las condiciones geográficas y paisajísticas deciden exponer su integridad física y ante la amenaza latente de un desastre ambiental, edifican viviendas, para posteriormente demandar por la reubicación de su vivienda […]”.

Expuso que la reubicación de viviendas no e ra un derecho absoluto e inmediato; y que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los subsidios de vivienda familiar eran un mecanismo para garantizar la vivienda digna, especialmente de personas de bajos recursos, pero que se trataba de un aporte estatal que se entrega ba por una sola vez al beneficiario, el cual era en dinero o en especie.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro