CE - 012333000201900333011SENTENCIA20230206092444

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021)

Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos

Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Temas: Docente amenazada. Vinculación laboral

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Herlinda Lucila Hernández Matos, por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del Oficio 16570 del 12 de diciembre de 2018, proferido por la Secretaría de Educación

conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del Oficio 16570 del 12 de diciembre de 2018, proferido por la Secretaría de Educación

1 Folios 1 a 21.2

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021) Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos Distrital de Barranquilla, que le negó la reinco rporación en la planta de personal docente de dicho ente territorial.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó condenar a la parte demandada a lo siguiente: i) reincorporarla y pagarle los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde junio de 2005 y hasta cuando se verifique su reingreso a la planta de personal docente del distrito de Barranquilla; ii) actualizar el valor de las condenas y pagar los intereses moratorios a que haya lugar, conforme lo preceptúan los artículos 187 y 192 del CPACA; iii) sufragar las costas procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

1. Por Decreto 00007 del 19 de abril de 1991, l a señora Herlinda Lucila Hernández Matos fue nombrada en propiedad como docente del distrito de Barranquilla.

1. Mediante la Resolución 0003 del 7 de diciembre de 2001, el comité especial de docentes y administrativos docentes amenazados de dicha entidad territorial le concedió a la demandante la calidad de docente y persona amenazada.

1. La administración incumplió la anterior resolución , ya que la actora no fue

docentes y administrativos docentes amenazados de dicha entidad territorial le concedió a la demandante la calidad de docente y persona amenazada.

1. La administración incumplió la anterior resolución , ya que la actora no fue reubicada en alguna institución educativa ni recibió protección por parte de las autoridades competentes, pese a que se encontraba en condiciones de inseguridad y peligro.

1. Bajo este panorama, la accionante se vio en la necesidad de desplazarse a la ciudad de Bogotá y con el aval del Ministerio del Interior fue inscrita en el programa de protección y se le buscó refugio en otro país.3

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021) Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos v) El 28 de febrero de 2008, la accionante le informó a la Secretaría de Educación de Barranquilla que desde septiembre de 2001 se encontraba adscrita al programa de protección que coordina el Ministerio del Interior y tenía el estat us de refugiada en Estados Unidos. En dicha oportunidad solicitó copia de su hoja de servicio.

1. Por Resolución 02318 del 20 de agosto de 2009, la mencionada secretaría inició una actuación para determinar la situación laboral y administrativa de la actora.

1. En el año 2012 [sic], Estados Unidos le ofreció asilo a la señora Hernández Matos, por lo que emigró hacia ese país y allí permanece espe rando que le sea notificada la reubicación ordenada por la Resolución 0003 de 2001.

1. El 29 de octubre de 2018, la demandante solicitó su reincorporación a la planta

notificada la reubicación ordenada por la Resolución 0003 de 2001.

1. El 29 de octubre de 2018, la demandante solicitó su reincorporación a la planta de personal docente del distrito de Barranquilla, por considerar que cesó la situación de riesgo en la que se había encontrado . También reclamó los salarios causados desde junio de 2005, por tratarse de una servidora en servicio activo.

1. Mediante el acto acusado, la administración negó la anterior petición por estimar que la actora incumplió con el artículo 22 de la Ley 715 de 2001, el Decreto 520 de 2010 y la Resolución 1240 de 2010, referentes a las medidas que debían adoptarse para resolver la situación de los educadores que estaban fuera del país.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13 y 29 de la Constitución Política; 22 de la Ley 715 de 2001; 36, literales b) y h), del decreto 2277 de 1979; Decretos 3322 y 520 de 2010 y 1782 de 2013; Re solución 3900 del 12 de mayo de 2011, suscrita por el Ministerio de Educación Nacional.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo siguiente:4

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021) Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos i) La demandante sufrió un trato desigual respecto del señor Carlos Alberto Núñez Rodríguez, teniendo en cuenta que ambos se encontraban en situaciones similares,

Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos i) La demandante sufrió un trato desigual respecto del señor Carlos Alberto Núñez Rodríguez, teniendo en cuenta que ambos se encontraban en situaciones similares, pues son docentes refugiados en el extranjero por razones de seguridad; sin embargo, a la primera se le negó la reincorporaci ón al servi cio y el pago de los respectivos emolumentos , mientras que al segund o sí se le reconocieron estas prerrogativas.

1. El ordenamiento superior y la jurisprudencia de la Corte Constitucional2 han sido consistentes en señalar la protección que debe prodigar el Estado a los docentes amenazados en aras de salvaguardarlos junto a sus familias y garantizarles el mínimo vital y el trabajo. Así, se ha reconocido que pueden seguir percibiendo los salarios sin importar que se encuentre pendiente su reubicación laboral.

1. El Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 1240 de 2010 con el fin de reglamentar el Decreto 520 de 2010 en relación con los traslados de los profesores por motivos d e seguridad; sin embargo , dicho órgano excedió sus competencias, ya que también reguló la situación de los docentes amenazados que vivían fuera del país. Entonces, el oficio enjuiciado no podía fundarse en dicha resolución para negar la reincorporación reclamada por la actora, pues se trataba de una directriz ilegal e inconstitucional.

1. Ante el presunto ausentismo de la demandante, la Secretaría de Educación de Barranquilla debió adelantar las actuaciones tendientes a revisar tal situación; sin embargo, solo con la Resolución 02318 de 2009 se inició la investigación, la cual

1. Ante el presunto ausentismo de la demandante, la Secretaría de Educación de Barranquilla debió adelantar las actuaciones tendientes a revisar tal situación; sin embargo, solo con la Resolución 02318 de 2009 se inició la investigación, la cual hasta el momento no se ha definido, es decir, que todavía no se ha dispuesto la reubicación de la actora ni mucho menos se ha declarado el abandono del cargo.

1.2. Contestación de la demanda

2 La actora invocó las Sentencias T-733 de 1998, T-1026 de 2002 y T-731 de 2007.5

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021) Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla solicitó negar las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:3

1. La actora pretende revivir términos ya fenecidos para regularizar su situación laboral y obtener un enriquecimiento sin justa causa. En efecto, desde el año 2005, la interesada fue excluida de la planta de personal docente y se le suspendió el pago de las respectivas asignaciones salariales.

1. En este caso operó la prescripción de los derechos invocados, ya que la actora radicó la reclamación 15 años después de su desvinculación.

1. Se configura una ineptitud de la demanda, por cuanto no existe congruencia entre las peticiones elevadas en vía gubernativa y las pretensiones planteadas en sede judicial. En efecto, ante la administración se solicitó el reintegro a la planta de personal y el pago de salarios, pero «en ningún momento hace referencia a pagos

las peticiones elevadas en vía gubernativa y las pretensiones planteadas en sede judicial. En efecto, ante la administración se solicitó el reintegro a la planta de personal y el pago de salarios, pero «en ningún momento hace referencia a pagos prestacionales o a las consecuencias de retardo de un hipotético y remoto fallo condenatorio».

1. La señora Herlinda Lucila Hernández Matos no cumplió con las obligaciones que tenía en condición de docente amenazada con miras a legalizar su situación; por el contrario, desde el 2012 se radicó en Estados Unidos y solo hasta el 29 de octubre de 2018 solicitó el reintegro y pago de emolumentos.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 13 de noviembre de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:4

1. El distrito de Barranquilla incumplió con el deber que le atribuyó la Resolución

3 Folios 1 a 12, cuaderno 2. 4 Folios 184 a 191.6

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021) Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos 1240 de 2010, en el sentido de ubicar a la actora y legalizar su situación laboral. Al respecto, se observa que la Resolución 02318 de 2009 inició una actuación administrativa para verificar la s condiciones en que se encontraba la educadora , pero tal acto nunca se le notificó a la interesada y en la constancia de envío se anotó que el domicilio estaba cerrado.

administrativa para verificar la s condiciones en que se encontraba la educadora , pero tal acto nunca se le notificó a la interesada y en la constancia de envío se anotó que el domicilio estaba cerrado.

1. Desde el año 2001 a la señora Herlinda Lucila Hernández Matos se le reconoció como docente amenazada, pero la entidad empleadora no la trasladó, pese a que así lo ordenaban los artículos 22 de la Ley 715 de 2001 y 53 del Decreto Ley 1278 de 2002.

1. La administración refirió que no había suscrito los convenios interadministrativos para trasladar a la demandante; sin embargo, ello no es suficiente para avalar las omisiones en que incurrió el ente territorial accionado y la vulneración al derecho a la igualdad de la accionante, pues a otro educador, en circunstancias similares a las suyas, sí se le salvaguardaron sus prerrogativas laborales.

1. La Corte Constitucional ha indicado que los docentes amenazados o desplazados son sujetos de especial protección y el Estado debe garantizar que no se les suspenda el pago de los salarios y promover su reubicación laboral.5

1. Por las anteriores razones, debe entenderse que la demandante ha mantenido su condición de profesora en servicio activo. En consecuencia, se declara la nulidad del oficio demandado y, a título de restablecimiento del derecho, se ordena reincorporar a la actora como docente, en el escalafón 10 que detentaba, en alguna de las instituciones educativas del distr ito de Barranquilla, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 29 de octubre de 2015 y en adelante, teniendo en cuenta que operó la prescripción trienal.

de las instituciones educativas del distr ito de Barranquilla, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 29 de octubre de 2015 y en adelante, teniendo en cuenta que operó la prescripción trienal.

1.4. El recurso de apelación

5 El a quo invocó la Sentencia T-704 de 2011.7

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021)

Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos

El apoderado de la entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base en los siguientes argumentos:6

1. La decisión de primera instancia premió el actuar negligente de la demandante, quien obtuvo un provecho injusto por parte del distrito de Barranquilla. A su vez, se desconoció que había operado la prescripción del derecho a ser reincorporada al servicio.

1. El a quo no valoró integralmente el acervo probatorio, pues no se pronunció frente al hecho cierto de que la actora fue desvinculada desde el año 2005 y la entidad territorial no contaba con información diferente a la que reposaba en su hoja de vida.

1. La situación de la accionante se rige por los Decretos 1645 de 1992, 3222 de 2003, 520 de 2010 y la Resolución 1240 de 2010.

1. En el año 2012, la señora Herlinda Lucila Hernández Matos se domicilió en Estados Unidos y en ningún momento solicitó su reubicación ni el pago de salarios, pues ello solo ocurrió hasta el 29 de octubre de 2018 , es decir, que actuó en

Estados Unidos y en ningún momento solicitó su reubicación ni el pago de salarios, pues ello solo ocurrió hasta el 29 de octubre de 2018 , es decir, que actuó en contravía de los deberes que le asistían como docente . En efecto, la Resolución 1240 de 2010 determinó que los educadores amenazados estaban llamados a legalizar su situación ante sus nominadores.

1. Contrario a lo afirmado en la demanda, no existe prueba de que el 28 de febrero del 2008 la accionante le dio a conocer a la Secretaría de Educación de Barranquilla que se encontraba adscrita al programa de protección que coordinaba el Ministerio del Interior.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

6 Folios 200 a 202.8

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021) Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos Las partes y Ministerio Público se abstuvieron de intervenir en el trámite de segunda instancia.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

Conforme a los argumentos expuestos por la entidad apelante,7 el problema jurídico se contrae a determinar lo siguiente: i) si la señora Herlinda Lucila Hernández Matos cumplió con los deberes establecidos en la normativa superior para reingresar a la planta de personal docente del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y percibir los emolumentos causados desde el 29 de octubre de 2015 en adelante, teniendo en cuenta su condición de docente amenazada y asilada en el extranjero; y, ii) si prescribió el derecho a la reubicación laboral.

en adelante, teniendo en cuenta su condición de docente amenazada y asilada en el extranjero; y, ii) si prescribió el derecho a la reubicación laboral.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

La problemática del desplazamiento forzado y la necesidad que tienen las víctimas de buscar refugio en otros lugares , dentro o fuera del país , ha sido objeto de concienzudos análisis al interior del Consejo de Estado. Al respecto, resulta relevante citar el siguiente pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil:8

La grave situación actual del país en materia de orden público, trae funestas consecuencias para la sociedad, entre las cuales vale la pena resaltar la constante y reiterada vulneración del derecho de las personas a vivir en paz9 y a residir en el lugar que a bien tengan 10. Este problema genera a su turno uno de los fenómenos contemporáneos más trágicos, cual es el éxodo de seres humanos - con secuelas

7 Artículo 328 del Código General del Proceso. 8 Concepto 1428 del 15 de agosto de 2002, Consejero Ponente Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce. 9 “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.” Artículo 22 constitucional. 10 “Sólo el legislador puede restringir ese derecho de las personas a permanecer o a circular y la restricción sólo puede tener los objetivos allí señalados, es decir, que la ley restrictiva no puede alejarse de los parámetros fijados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta doble faz, permanecer y circular, y la única posibilidad restrictiva: limitación establecida por la Ley, está también recogida en nuestra

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta doble faz, permanecer y circular, y la única posibilidad restrictiva: limitación establecida por la Ley, está también recogida en nuestra Constitución Política.” Sentencia T-227/97 de la Corte Constitucional.9

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021) Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos tales como desintegraci ón familiar, rompimiento de lazos sociales y culturales, alteración de las relaciones de empleo, marginamiento y aumento de las condiciones de pobreza, etc. – quienes ante tal flagelo, emigran en busca de la protección del bien supremo de la vida, y sus c olaterales como la integridad y la seguridad personal, lesionados por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, patentes en el conflicto armado interno que se padece 11 .

[…] aquél [el Estado] está obligado a neutralizar y mitigar los efectos de los procesos y dinámicas de violencia, a través de medidas que garanticen a los empleados públicos desplazados, medios necesarios para proveer sus propias formas de subsistencia, a través de la reincorporación a la vida laboral y su retorno voluntario a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento. El Estado, pues, está en el deber de asumir una posición activa hasta tanto se logre la consolidación y estabilización socioeconómica del desplazado, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento.

En el caso concreto de los empleados públicos, víctimas de desplazamiento forzado

consolidación y estabilización socioeconómica del desplazado, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento.

En el caso concreto de los empleados públicos, víctimas de desplazamiento forzado por razones de violencia 12, de coacción injusta ejercida sobre ellos por los grupos armados al margen de la ley y de los continuos enfrentamientos entre la Fuerza Pública y éstos, hace necesario adoptar medidas para su protección, entre las cuales se destaca el traslado o la reubicación, con suficiente justificación constitucional, si se tiene en c uenta que es finalidad del Estado garantizar la efectividad de todos los derechos de los coasociados, entre ellos, la vida, la igualdad – en tanto se garantiza la misma protección y trato de las autoridades -, la paz, la libertad, los de libre circulación y residencia, el derecho al trabajo y el de no ser molestado en su persona o familia – arts. 11, 13, 22, 24, 25 y 28 de la C. P. -. […].

El anterior concepto refleja la profunda inquietud que se ha suscitado en nuestro país por las lamentables dinámicas de desplazamiento humano, pues se trata de un efecto de la violencia que deja en indefensión a sus víctimas, las obliga a abandonar sus medios de subsistencia, proyectos de vida y causa hondas heridas en el tejido social. Por su parte, los servidores públic os, entre ellos los docentes, no han sido ajenos a dicha realidad.

11 En sentencia T098 de 2002 la Corte Constitucional sostuvo: “En la sentencia T -227 de 199711 se dibujó el desolador

ajenos a dicha realidad.

11 En sentencia T098 de 2002 la Corte Constitucional sostuvo: “En la sentencia T -227 de 199711 se dibujó el desolador panorama que presenta tal fenómeno: ‘Cuando mujeres, niños y ancianos se ven precisados a dejar sus hogares y recorrer grandes distancias desafiando toda clase de peligros, viendo sufrir y aún morir a sus compañeros, como les ha ocurrido a los colonos de la hacienda, la explicable huida no es un problema de orden público propiciado por quienes desean seguir viviendo sino un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado’. El desplazamiento masivo de por sí ubica a los afectados en una gravísima e i nusual situación de desprotección e indefensión. El Estado, por consiguiente, tiene la obligación de emplear rápidamente las medidas efectivas para que sean una realidad los derechos constitucionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre desplazamiento forzado. El grupo social de los desplazados, por su condición de indefensión merece la aplicación de las medidas a favor de los marginados y los débiles, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política, incisos 2° y 3° que permiten la igualdad como diferenciación, o sea la diferencia entre distintos.” 12 “La negativa a recibir a los desplazados puede tener graves consecuencias para los derechos humanos” (Advertencia hecha en 1994 por FRANCIS DENG, representante del Secretario General en las Naciones Unidas, al analizar el desplazamiento interno en Colombia). Frase citada en sentencia T-227/97 de la Corte Constitucional.10

hecha en 1994 por FRANCIS DENG, representante del Secretario General en las Naciones Unidas, al analizar el desplazamiento interno en Colombia). Frase citada en sentencia T-227/97 de la Corte Constitucional.10

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021) Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos Frente a este panorama, el Decreto 1645 de 1992 estableció mecanismos para la solución de la situación del personal docente bajo circunstancias de amenaza en aras de preservar su integridad personal y el derecho al trabajo.

En tal sentido , se determinó que cada departamento tendría un C omité Especial encargado de estudiar, evaluar y resolver los casos que se pusieran a su consideración relacionados con dic hos educadores. Además, el mencionado organismo tendría como funciones principales las de agotar con celeridad los trámites necesarios tendientes a la reubicación de los docentes amenazados ; conceptuar sobre la necesidad de su traslado; certificar la situación de amenaza y su correspondiente reubicación ; s olicitar a las autoridades competentes la protección del profesor; y diligenciar ante la autoridad nominadora la reubicación inmediata.

En lo que respecta a la reubicación de los docentes amenazados se destacan los artículos 6 y 7 del Decreto 1645 de 1992, modificatorios del Decreto 1706 de 1989, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 7. El artículo 17 del Decreto 1706 del 1° de agosto de 1989, quedara así:

Prioridades para nombramiento. La autoridad nominadora deberá agotar rigurosamente el siguiente orden de preferencia para proveer los cargos docentes y

Artículo 7. El artículo 17 del Decreto 1706 del 1° de agosto de 1989, quedara así:

Prioridades para nombramiento. La autoridad nominadora deberá agotar rigurosamente el siguiente orden de preferencia para proveer los cargos docentes y directivos docentes vacantes, así: […]

2. Nombramiento de personal docente, nacional o nacionalizado que se encuentre bajo situación d e amenaza, cuyo traslado haya sido recomendado por el Comité especial creado por el presente Decreto.

[…]

Artículo 8. De la reubicación y el pago de sueldos y emolumentos. El docente a quien se le haya declarado la calidad de amenazado, podrá ser reubica do transitoriamente en un plantel o una dependencia oficial del sector educativo, mientras se efectúa su nombramiento en propiedad.

El reconocimiento y pago de salarios y emolumentos a que tenga derecho el docente a quien se le haya declarado la calidad de amenazado, seguirá a cargo del plantel en donde se encuentre nombrado el educador, hasta tanto le sea resuelta su situación en forma definitiva.11

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021) Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos Parágrafo. Dicho pago se efectuará con estricta sujeción a las normas presupuestales que regulan la materia y no requerirá de otra formalidad ni requisito distinto al de la certificación expedida por el rector del plantel o por el Jefe de la dependencia oficial del sector educativo donde haya sido reubicado transitoriamente el docente.

Posteriormente, el Decreto 3222 de 2003 reguló el traslado por razones de seguridad de la siguiente forma:

dependencia oficial del sector educativo donde haya sido reubicado transitoriamente el docente.

Posteriormente, el Decreto 3222 de 2003 reguló el traslado por razones de seguridad de la siguiente forma:

Artículo 3. Traslados por razones de seguridad. Cuando surja una amenaza o un desplazamiento forzoso, debido a una situación de orden público que atente contra su vida o integridad personal, el docente o directivo docente podrá presentar solicitud de traslado. A la solicitud, adjuntará los soportes o p ruebas con la indicación de las circunstancias en que fundamenta la petición, copia de la comunicación enviada a la Procuraduría Regional y de la denuncia presentada ante la Fiscalía o, en su defecto ante la autoridad judicial competente.

La autoridad nominadora de la entidad territorial certificada determinará la reubicación transitoria o el traslado definitivo con base en el informe del Comité Especial de Docentes Amenazados o Desplazados que creará cada entidad territorial con el fin de conceptuar sobre la situación que afecta al docente, directivo docente amenazado o desplazado, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. Este comité estará conformado por el secretario de educación o qui en haga sus veces, quien lo presidirá, el procurador regional o su delegado, el jefe de la oficina de personal o quien haga sus veces y un representante del sindicato que agrupe el mayor número de docentes de la entidad territorial. En las entidades territoriales que no cuenten con organizaciones sindicales, participará un representante de los docentes seleccionado para este efecto en una reunión general de los docentes. En ningún caso este comité decidirá sobre el sitio de reubicación del

entidades territoriales que no cuenten con organizaciones sindicales, participará un representante de los docentes seleccionado para este efecto en una reunión general de los docentes. En ningún caso este comité decidirá sobre el sitio de reubicación del solicitante o hará gestiones relacionadas con su traslado.

La autoridad nominadora, como primer recurso, evaluará la posibilidad de trasladar al docente o directivo docente amenazado o desplazado, dentro de su jurisdicción.

Cuando por razones de seguridad, la autor idad nominadora considere necesario trasladar al docente o directivo docente a otra entidad territorial, previo convenio interadministrativo, gestionará el traslado preferiblemente a una entidad territorial de tipología similar, donde será incorporado a la planta de la respectiva entidad territorial.

Cuando no se logre un acuerdo para el traslado definitivo a otra entidad territorial, la entidad territorial nominadora podrá reubicar transitoriamente hasta por un año al docente o directivo docente amenazado o desplazado en otra entidad territorial, previo convenio interadministrativo, en el cual deberá explicitarse que la entidad remisora continuará cancelando el salario y las prestaciones sociales de los docentes que se encuentren ubicados transitoriamen te fuera de su jurisdicción por razones de seguridad.

Al final del período convenido, las dos entidades evaluarán las circunstancias en que se generó el convenio y su desarrollo para decidir sobre el posible traslado definitivo12

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021) Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos a la entidad receptora, prórroga del convenio hasta por un año más, el regreso a la entidad nominadora o su traslado a otra entidad territorial.

Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos a la entidad receptora, prórroga del convenio hasta por un año más, el regreso a la entidad nominadora o su traslado a otra entidad territorial.

Parágrafo 1. Las entidades territoriales que actualmente tienen docentes o directivos docentes que, por razones de seguridad, están por fuera de la entidad en que están nombrados, deberán adelantar todas las diligencias administrativas necesarias para definir su situación, a más tardar el 31 de diciembre de 2003. […]

Luego, el Decreto 520 de 2010 derogó el Decreto 3222 de 2003 y atribuyó al Ministerio de Educación el procedimiento para la protección de docentes y directivos territoriales.

El artículo 5 ibidem reguló los traslados extraordinarios, que realizaría la autoridad nominadora, mediante ac to administrativo motivado, en cualquier época del año, entre otras causales, por razones de seguridad fundadas en la valoración de riesgo en los términos que reglamentara el Ministerio de Educación Nacional, lo cual se cumplió con la Resolución 1240 de 20 10, modificada por la Resolución 3900 de 2011.

El artículo 2 de la Resolución 1240 de 2010 retomó la existencia de un Comité Especial para la atención de educadores amenazados, en aras de certificar su nivel de riesgo y solicitar a la autoridad nominadora la adopción de las medidas inmediatas y definitivas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal del servidor.

Dentro de las acciones inmediatas , el artículo 5 ibidem estableció la de ubicar al educador bajo la protección especial y pronta del Estado, preservando sus derechos laborales y salariales, mientras se realiza ban los estudios de seguridad.

del servidor.

Dentro de las acciones inmediatas , el artículo 5 ibidem estableció la de ubicar al educador bajo la protección especial y pronta del Estado, pre