CE - 012333000201900343021SENTENCIA20231013153928

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 41001-23-33-000-2019-00343-02 (1969-2023) Demandante: Clara Inés Pérez Castillo Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio ; Departamento del Huila.

Tema: Cesantías anualizadas y sanción moratoria por incumplimiento en la consignación del auxilio (Docentes)

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 24 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró probada la excepción de prescripción y negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Clara Inés Pérez Castillo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, formuló, en síntesis, las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) El ficto o presunto configurado por el silencio del departamento del Huila, frente a la petición radicada por la suscrita el 5 de septiembre de 2018; ii) El ficto o presunto configurado por el silencio

configurado por el silencio del departamento del Huila, frente a la petición radicada por la suscrita el 5 de septiembre de 2018; ii) El ficto o presunto configurado por el silencio del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, frente a la solicitud instaurada por la demandante el 5 de septiembre de 2018.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a l os demandad os al reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas y a la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por la omisión en la consignación del auxilio de cesantías correspondiente a 1993, las cuales deberán ser liquidadas en forma anualizada desde el 15 de febrero del año siguiente a su causación y hasta la fecha en que se produzca la consignación de la prestación reclamada.41001-23-33-000-2019-00343-02 (1969-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Que el cumplimiento de dicho fallo se ordene conforme lo establecido en el artículo 192 del CPACA, se reconozcan los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia y que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

HECHOS

La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la demandante, labora como docente perteneciente a la planta de personal del departamento del Huila, desde el 21 de diciembre de 1993.

Que las entidades demandadas no le consignaron en forma oportuna las cesantías del

Que la demandante, labora como docente perteneciente a la planta de personal del departamento del Huila, desde el 21 de diciembre de 1993.

Que las entidades demandadas no le consignaron en forma oportuna las cesantías del año 1993, es decir, hasta el 14 de febrero del siguiente año en que se causaron.

Que, con ocasión a este incumplimiento, ha debido reconocérsele y pagársele el equivalente a un día de salario por cada día de mora, sin embargo, hasta la fecha no se le ha reconocido la sanción ocasionada por el retardo.

Que el 5 de septiembre de 2018 presentó reclamación administrativa ante el departamento d el Huila y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio , a fin de que estas reconocieran y pagaran la s cesantías y la sanción moratoria por la no consignación oportuna de tal auxilio.

Que ninguna de las entidades demandadas emitió pronunciamiento alguno frente a lo solicitado, configurándose el silencio administrativo negativo a partir del 7 de diciembre de 2018.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

Mediante auto del 1 4 de agosto de 2019 fue admitida la demanda y notificada a las demandadas. El Departamento del Huila, se opuso a las pretensiones, aduciendo que, en virtud de la descentralización administrativa de la época, es a la Nación a quien corresponde el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes y propone como excepci ones las denominadas falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción.

El Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, no ejerció su derecho de defensa y contradicción.

propone como excepci ones las denominadas falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción.

El Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, no ejerció su derecho de defensa y contradicción.

Por medio de auto del 30 de noviembre de 2020 se declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales, sin embargo, esta corporación mediante providencia del 3 de junio de 2021 revocó dicha decisión ordenando continuar con el proceso.41001-23-33-000-2019-00343-02 (1969-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Mediante auto del 20 de octubre de 2022 el Tribunal se abstuvo de citar a audiencia inicial y en su lugar anunció su pronunciamiento por medio de sentencia anticipada. En igual providencia, se fijó el litigio y se corrió traslado para alegar de conclusión a las partes y al Ministerio Público.

SENTENCIA APELADA

Se profirió sentencia el 24 de enero de 2023 en la cual se declaró probada la excepción de prescripción extintiva de la s cesantías y de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de l auxilio correspondiente al año 1993 y se negaron las pretensiones.

Encontró acreditado el Tribunal que mediante Resolución No. 5249 del 9 de noviembre de 2015, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció y ordenó el pago de las cesantías desde 1993. Que, si bien en los soportes de dicho acto administrativo

de 2015, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció y ordenó el pago de las cesantías desde 1993. Que, si bien en los soportes de dicho acto administrativo aparece que los periodos liquidados inician desde 1994, de acuerdo con la parte motiva del acto, debe concluirse que tal periodo sí quedó incluido y por tanto fue debidamente reconocido, liquidado y pagado.

Que aún habiéndose aceptado que tales actos no incluían la liquidación de las cesantías del año 1993, se debía igualmente negar lo pretendido, puesto que en dicho supuesto se configur a la prescripción respecto de las cesantías y de la sanción moratoria invocadas.

Que tales derechos se encuentran prescritos, teniendo en cuenta que para la anualidad perseguida , 1993, el derecho se hizo exigible el 15 de febrero de 1994 y fenecía el 15 de febrero de 1997, por lo que habían pasado más de 3 años desde que se hizo exigible el derecho sin que se presentara la correspondiente reclamación administrativa, pues esta última fue radicada solo hasta el 5 de septiembre de 2018 ante las entidades demandadas , cuando ya había operado el fenómeno jurídico de la prescripción trienal.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante manifestó su inconformidad considerando que el auxilio de cesantías es una prestación social de creación legal a cargo del empleador y en favor del trabajador que se encuentre cesante o durante la vigencia del vínculo laboral, siempre que se cumpla con ciertos requisitos para su reconocimiento, ya sea, por temas de educación, mejoramiento o compra de vivienda. Estima que se trata de un derecho de

trabajador que se encuentre cesante o durante la vigencia del vínculo laboral, siempre que se cumpla con ciertos requisitos para su reconocimiento, ya sea, por temas de educación, mejoramiento o compra de vivienda. Estima que se trata de un derecho de orden público irrenunciable e imprescriptible y que constituye un ahorro para el trabajador.

Que, en tal sentido, las cesantías deben ser reconocidas y pagadas por el empleador en las oportunidades que la ley consagra .41001-23-33-000-2019-00343-02 (1969-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Que adicionalmente, mientras exista un vínculo laboral vigente al momento de realizar las respectivas solicitudes, no debe operar el fenómeno jurídico de la prescripción y, en consecuencia, los derechos laborales pueden ser reclamados en cualquier tiempo.

Que teniendo en cuenta que las enti dades demandadas no consignaron el auxilio de cesantías en los plazos fijados legalmente para cada anualidad, se tiene que a partir del 15 de febrero del año siguiente al que debieron consignarse se causó el derecho al pago de la sanción moratoria regulada en el artículo 99 de la ley 50 de 1990, aplicable a los empleados del régimen anualizado .

Por todo lo mencionado, solicita se revoque la sentencia objeto de alzada , se declare la nulidad del acto administrativo demandado y se acceda a las pretensiones de la demanda.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

En atención a lo dispuesto en el numeral 5. del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021,

demanda.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

En atención a lo dispuesto en el numeral 5. del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 del CPACA, y conforme a la constancia secretarial del 29 de junio de 2023, no habiendo sido necesario el decreto de pruebas, se prescindió del traslado para alegar de conclusión.

CONSIDERACIONES

Los problemas jurídicos se resumen en determinar, si la demandante tiene derecho a percibir el auxilio de cesantías por el año 1993 y establecer la entidad responsable del respectivo pago. Y sí operó el fenómeno jurídico de la prescripción sobre la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 , en relación con las cesantías causadas de 1993.

Del marco jurídico aplicable a los docentes oficiales en materia de cesantías

Las cesantías son consideradas un ahorro en cuenta individual del empleado que, salvo las excepciones de ley 1, será retirado al momento en que quede cesante. El ahorro así constituido, puede ser reclamado en el mismo instante de quedar cesante, pues precisamente esa es la causal principal para el retiro de las cesantías .

En lo que respecta al personal docente, e l artículo 3.º de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como « una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por un a entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a cargo del pago de las prestaciones sociales 2 que se causaran a favor del personal

jurídica, cuyos recursos serán manejados por un a entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a cargo del pago de las prestaciones sociales 2 que se causaran a favor del personal docente nacional y nacionalizado, a partir de la promulgac ión de esa ley.

1 Según las cuales se pueden hacer retiros parciales, con destino a compra o remodelación de vivienda, educación, entre otros. 2 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.41001-23-33-000-2019-00343-02 (1969-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 La aludida norma, en su artículo 1.º, numeral 3.º, precisó que los docentes territoriales son aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975» y en el parágrafo del artículo 2.º estipuló la manera como se reconocerían y pagarían las prestaciones sociales causadas hasta la fecha de promulgación de la mencionada Ley 91 de 1989, así:

«[…] Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera: […]

Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con

prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera: […]

Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975. […]»

A pesar de que no se indicó el régimen de cesantías aplicable a los docentes «territoriales», lo cierto es que el legislador creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para atender las prestaciones sociales de los maestros nacionales y nacionaliz ados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de esta ley (91 de 1989), con observancia del régimen ya referido y « de los que se vinculen con posterioridad a ella », tal como lo previó el artículo 4.º .

Sobre el régimen prestacional de lo s docentes nacionalizados, nacionales y aquellos que se vinculen a partir del 1.º de enero de 1990, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, señaló:

«[…] A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincu le con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley. […]»

De manera particular, sobre las cesantías, el numeral 3° de este mismo artículo reguló:41001-23-33-000-2019-00343-02 (1969-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 «[…] 3.- Cesantías:

A.- Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B.- Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo

B.- Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Social es del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. […]»3

A partir de lo anterior, se tiene que los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el sistema de retroactividad y que a los docentes nacionales los vinculados a partir del 1 de enero de 1990 , se les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, esto es, un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses.

En relación con esta prestación, l a Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el 25 de agosto de 2016 4, en la que sentó la línea de interpretación y aplicación jurisprudencial, entre otros, sobre la prescripción de las

En relación con esta prestación, l a Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el 25 de agosto de 2016 4, en la que sentó la línea de interpretación y aplicación jurisprudencial, entre otros, sobre la prescripción de las cesantías anualizadas y definitivas.

La providencia de unificación citada concluyó que «respecto de las cesantías anualizadas, en el marco de la Ley 50 de 1990, no se aplica el fenómeno de prescripción, pues la obligación de su consignación en una fecha determinada surge de pleno derecho, en virtud de lo dispuesto en la ley, que le concede al empleador un término perentorio para realizar el depósito en el fondo administrador al que esté afiliado el empleado y la omisión en el cumplimiento de ese término no puede redundar en la afectación de los derechos del empleado.»

3 Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional siempre y cuando se entienda que las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de dici embre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer. 4 Expediente con radicado: 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-14).41001-23-33-000-2019-00343-02 (1969-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 La sanción moratoria respecto de las cesantías anualizadas correspondiente al año 1993

www.consejodeestado.gov.co 7 La sanción moratoria respecto de las cesantías anualizadas correspondiente al año 1993

La Sección Segunda de esta Corporación unificó el criterio jurisprudencial sobre l a ocurrencia del fenómeno de la prescripción extintiva frente a la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio de las cesantías anualizadas, a través de la sentencia del 25 de agosto de 2016 5, aclarada en providencia, también de unificación, del 6 de agosto de 20206.

En dicha oportunid ad, señaló que la penalidad en comento está sometida a la prescripción trienal, al tenor de los dispuesto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral y que el momento a partir del cual procede la reclamación de la misma corresponde al día en que se configura la mora respecto de la obligación originaria, esto es, desde el 15 de febrero del año en que debió realizar se la consignación de las cesantías anualizadas.

De conformidad con la tesis de unificación, pese a no existir una norma expresa que contemple un término de prescripción para la penalidad ante la tardanza en el depósito de las cesantías anualizadas a que tiene derecho el trabajador, sobre las mismas opera el fenómeno de prescripción trienal, como se indica a continuación:

«[…] Como se señaló en forma previa, los salarios moratorios, que están a cargo del empleador que incumpla su obligación de consignar las cesantías en el término que la ley concede, no son accesorios a la prestación “cesantías”.

Si bien es cierto se causan en torno a ellas, no dependen directamente de su

empleador que incumpla su obligación de consignar las cesantías en el término que la ley concede, no son accesorios a la prestación “cesantías”.

Si bien es cierto se causan en torno a ellas, no dependen directamente de su reconocimiento, ni hacen parte de él ; pues su causación es excepcional, está sujeta y deviene del incumplimiento u omisión del deber legal consagrado a cargo del empleador, están concebidas a título de sanción, por la inobservancia de la fecha en que se debe efectuar la consignación de esa prestación.

Como hacen parte del derecho sancionador y a pesar de que las disposiciones que introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que una de las características del derecho sancionador es que no pueden existir sanciones imprescriptibles.

Siendo así y como quiera que las Subsecciones A y B han aplicado la prescripción trienal en asuntos relativos a sanción moratoria, se considera que no hay controversia alguna sobre ese particular; no obstante, sí es del caso precisar que la norma que se ha de invocar para ese efecto, es la consagrada en el Código de Procedimie nto Laboral, artículo 151 , que es del siguiente tenor literal:

“Artículo 151. -Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un de recho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual.”

El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un de recho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual.”

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014). 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).41001-23-33-000-2019-00343-02 (1969-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 La razón de aplicar esta disposición normativa y no el término prescriptivo consagrado en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, previamente citado s, consiste en que tales decretos en forma expresa señalan que la prescripción allí establecida, se refiere a los derechos de que tratan las referidas normas, entre los cuales no figura la sanción moratoria, pues para la época de su expedición, la sanción aludida no hacía parte del ordenamiento legal, la que solo fue creada a partir de la consagración del régimen anualizado de las cesantías, en virtud de la Ley 50 de 1990. […].» (Negrillas del texto, subrayas propias).

Ahora, frente al momento en que surge el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de la sanción por mora de que trata el numeral 3.º, del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la providencia de unificación de fecha 06 de agosto de 2020, sentó las

pago de la sanción por mora de que trata el numeral 3.º, del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la providencia de unificación de fecha 06 de agosto de 2020, sentó las siguientes reglas jurisprudenciales:

«i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción moratoria del régimen anualizado de cesantías -Ley 50 de 1990, es desde su causación y exigibilidad, es decir, 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la rec lamación administrativa deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.

1. En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación de cesantías del régimen de Ley 50 de 19 90, el término prescriptivo de la sanción deberá contabilizarse de manera independiente por cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación para reclamar la sanción moratoria correspondiente, so pena de su extinción. […]»

Resolución al caso concreto

La demandante fue nombrad a como docente para prestar sus servicios en el departamento del Huila , mediante Decreto 965 del 30 de noviembre de 1993 y tomó posesión del mismo a partir del 21 de diciembre de la misma anualidad 7.

Obran las copias de la Resolución 5249 del 9 de noviembre de 2015 mediante la cual, la Secretaría de Educación del departamento del Huila, reconoció a favor de la demandante unas cesantías parciales para reparaciones locativas, correspondientes

Obran las copias de la Resolución 5249 del 9 de noviembre de 2015 mediante la cual, la Secretaría de Educación del departamento del Huila, reconoció a favor de la demandante unas cesantías parciales para reparaciones locativas, correspondientes a los años 1994 a 201 5, sin que se pueda concluir que en dicho acto administrativo estuviera incluido el periodo de 1993, ya que no se avizora dentro del expediente prueba alguna que permita presumir el reconocimiento del mencionado auxilio en el año solicitado.

En la sentencia de primera instancia se supone el reconocimiento y pago de las cesantías correspondientes a la vigencia de 1993 a partir del análisis de la Resolución 5249 del 9 de noviembre de 2015, antes mencionada.

Al respecto dijo, que, si bien en los soportes de t ales actos y en los actos mismos aparece que los periodos liquidados inician desde 1994, en la parte motiva se indica que el periodo de servicio va desde el 21 de diciembre de 1993 , por lo que resulta pertinente concluir que tal anualidad fue debidamente reconocida y pagada quedando inmersa en los actos administrativos de reconocimiento de cesantías, aún cuando no

7 Folios 48, 54 a 58.41001-23-33-000-2019-00343-02 (1969-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 se precisa si dicho lapso fue incluido en el período de 1994 8.

Para la Sala, n o resulta acertado afirmar que a la apelante le hayan sido canceladas

www.consejodeestado.gov.co 9 se precisa si dicho lapso fue incluido en el período de 1994 8.

Para la Sala, n o resulta acertado afirmar que a la apelante le hayan sido canceladas las cesantías anualizadas de 1993, pues en dicho acto administrativo solo se liquidaron las cesantías parciales a partir de 1994 y siguientes, quedando por fuera el pago correspondiente a l año 1993. Así las cosas, no puede concluirse ni suponerse tal reconocimiento, pues no se encuentra probado dentro proceso que dicho periodo haya sido efectivamente liquidado, requisito indispensable para garantizar el debido proceso y demás derechos invocados por la accionante.

Tampoco es de recibo para la Sala lo enunciado en la sentencia, afirmando que el auxilio de cesantías, en su enfoque general, si bien no está afectado de caducidad, si puede estar sujeto a prescripción, si no se reclama dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad, ya que tal afirmación contraría lo expuesto por la jurisprudencia de esta subsección, como pasará a explicarse.

Frente al pago de las cesantías anualizadas, cabe aclarar que, contrario a lo expresado por el Tribunal Administrativo del Huila, es una obligación legal a cargo del empleador y a favor del trabajador, que ostenta el carácter de imprescriptible .

Así lo ha reconocido el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 25 agosto de 2016, reafirmado en sentencia aclaratoria, ta mbién de unificación, del 6 de agosto de 2020, al abordar la causación y eventual extinción de esta prestación social por prescripción. Así las cosas, como regla jurisprudencial, se concluye que respecto de

de 2020, al abordar la causación y eventual extinción de esta prestación social por prescripción. Así las cosas, como regla jurisprudencial, se concluye que respecto de las cesantías anualizadas de Ley 50 de 1990 no se aplica el fenómeno jurídico de prescripción, pues surge de pleno derecho para el empleador la obligación de consignación en una fecha determinada, que le concede un término perentorio para realizar el dep ósito en el fondo administrador que corresponda, po r lo que la omisión en el cumplimiento de ese t érmino no puede redundar en la vulneración de los derechos del empleado9.

Conforme lo expuesto, esta Sala procederá entonces a aplicar la regla jurisprudencial consagrada en las sentencias de unificación en cita, dejando claro que, tratándose de cesantías anualizadas no es procedente declarar la excepción de prescripción extintiva.

Ahora bien, como consecuencia del reconocimiento del derecho a las cesantías del año 1993 a favor de la señora Clara Inés Pérez Castillo, resulta necesario para la Sala determinar la entidad responsable del pago de dicha prestación y bajo este supuesto resolver la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el departamento del Huila, la cual no fu e resuelta en la sentencia de primera instancia, con ocasión de la declaratoria de prescripción.

La entidad encargada del reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas de los docentes afiliados al F NPSM

8 SAMAI. Tribunal Administrativo del Huila, Dar clic en documentos. Archivo (17_SENTENCIADESEGUNDAINSTANCIA(.pdf) NroActua 69)

de los docentes afiliados al F NPSM

8 SAMAI. Tribunal Administrativo del Huila, Dar clic en documentos. Archivo (17_SENTENCIADESEGUNDAINSTANCIA(.pdf) NroActua 69) 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).41001-23-33-000-2019-00343-02 (1969-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

El artículo 115 de la Ley 115 de 1994, establece que los docentes oficiales se benefician del reconocimiento del auxilio de cesantías de acuerdo con los parámetros establecidos por el artículo 15 , numeral 3 de la Ley 91 de 1989, norma que distingue entre los que se benefician del régimen de cesantías retroactivas