CE - 012333000201900388011SENTENCIA20231128145847

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 52001-23-33-000-2019-00388-01 (1025-2023)

Demandante: Arturo Hermenegildo Araujo Ortega Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente nacional. La incorporación no cambia la naturaleza de la relación legal y reglamentaria. REVOCA PARCIALMENTE Y

CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor ARTURO HERMENEGILDO ARAUJO ORTEGA instauró demanda en

contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en

contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes,

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad total de la Resolución RDP 035491 del 22 de septiembre de 2016 y la nulidad parcial de la Resolución RDP 019318 del 11 de mayo de 2017; por medio de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia y se desató desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto contra el primer acto administrativo enunciado.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y pagar al accionante la mencionada prestación con efectividad desde ese mismo

1 Folios 3 y 4, Índice 2 SAMAI, archivo digital denominado «ED_DDA_ONEDRIVE_20230125(.zip) NroActua 2»Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

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instante ocurrido el 16 de marzo de 2011. Asimismo, que se cancelen los reajustes sobre la prestación y los intereses moratorios que se causen por su falta de pago de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 187 del CPACA y 14 de la Ley 100 de 1993.

sobre la prestación y los intereses moratorios que se causen por su falta de pago de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 187 del CPACA y 14 de la Ley 100 de 1993.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera:

Que el señor Arturo Hermenegildo Araujo Ortega nació el 26 de agosto de 1949 . Que en su vida laboral estuvo vinculad o al magisterio inicialmente desde el desde el 1.° de octubre de 1969 hasta el 29 de abril de 1976 , esto por un nombramiento efectuado por el gobernador del departamento de Nariño mediante Decreto 280 del 2 de octubre de 1969 , a fin de desempeñarse como seccional de la Escuela de Varones de la Sección Chapal en el municipio de Funes.

Posteriormente tuvo una vinculación de carácter nacional como educador ofic ial desde el 30 de abril de 1976 hasta el 14 de octubre de 1997 3 derivada de la Resolución 1952 del 13 de abril de 1976 expedida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Luego dicho vínculo mutó a departamental por mandato de la Ley 60 de 1993, en ra zón a que el departamento de Nariño fue certificado, según Resolución 2230 del 1 de julio de 1997 del MEN, y le fue entregad o el servicio educativo, a través de acta d el 15 de octubre de 1997 . Más adelante, adujo que

Resolución 2230 del 1 de julio de 1997 del MEN, y le fue entregad o el servicio educativo, a través de acta d el 15 de octubre de 1997 . Más adelante, adujo que dicho vínculo se tornó municipal en virtud de lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, según consta en el acta del 25 de agosto de 1999, a través de la cual se le entregó la administración del servicio educativo al municipio de Pasto y en la Resolución 5290 del 24 de noviembre de 1997.

Como consecuencia de la descentralización los tiempos de servicios laborados desde el 25 de agosto de 1999 hasta el 26 de octubre de 2014 son de carácter territorial y, por tanto, aptos para el reconocimiento de la pensión gracia.

Que el 11 de mayo de 2016, la parte actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, a lo cual dicha entidad expidió la Resolución RDP 035491 del 22 de septiembre de 2016 con la que negó la prestación.

Que el accionante presentó recurs o de apelación contra el anterior acto administrativo, el cual fue resuelto a través de las Resolución RDP 019318 del 11 de mayo de 2017, siendo confirmada la decisión inicial.

2 Folios 4 a 5, índice 2 SAMAI, archivo digital denominado «ED_DDA_ONEDRIVE_20230125» 3 Ver hecho 4 de la demanda, folio 4, archivo digital denominado «ED_DDA_ONEDRIVE_20230125».Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 25 de agosto de 20204 y notificada a la UGPP5, quien contestó m anifestando que al demandante no le asiste el derecho reclamado, dado que no cuenta con los veinte años en la docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado que se requieren para acceder, esto, en la medida que, el tiempo de servicio prestado a partir del 13 de abril de 1976, no puede ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que su vinculación fue de carácter nacional, en tanto su nombramiento fue efectuado por el Ministerio de Educación.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales , (ii) cobro de lo no debido , (iii) prescripción y, (iv) reconocimiento oficioso de excepciones.

Mediante auto6 el tribunal hizo uso del artículo 182A del CPACA al considerar que resultaban aplicables las causales consagradas en los literales a y b, debía dictarse sentencia anticipada. Por tanto, procedió a incorporar las pruebas aportadas en la demanda y en la contestación y, en virtud del artículo 181 del CPACA, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y rendir concepto, respectivamente; con el fin de dictar sentencia una vez vencido el término allí dispuesto.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y rendir concepto, respectivamente; con el fin de dictar sentencia una vez vencido el término allí dispuesto.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia del 6 de abril de 2022 negó las pretensiones de la demanda, luego de considerar que el actor no cumplió con el tiempo mínimo de servicio de 20 años como docente territorial o nacionalizad a necesario para acceder a la prestación pues, si bien demostró que laboró como docente nacionalizado desde 1 de octubre de 1969 hasta 29 de abril de 1976 , periodo que es válido para reclamar la pensión, la vinculación que se generó entre el 30 de abril de 19765 y el 26 de octubre de 2014 fue nacional.

En la providencia se analizó el marco normativo de la pensión gracia y del proceso de la descentralización de la educación, en virtud de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001; con ocasión a las referencias efectuadas concluyó que «[…] que la incorporación de los docentes (en este caso, del orden nacional) fue automática, sin que se hubiese requerido nuevo acto de nombramiento parte del ente territorial (Departamento de Nariño y luego Municipio de Pasto).»

4 Indice 2 SAMAI, archivo digital denominado «ED_DDA_ONEDRIVE_20230125(.zip) NroActua 2» 5 Indice 2 SAMAI, carpeta digital denominada « ED_DDA_ONEDRIVE_20230125(.zip) NroActua 2 » archivo «NotificaciónAutoAdmiteDemanda.pdf.»

5 Indice 2 SAMAI, carpeta digital denominada « ED_DDA_ONEDRIVE_20230125(.zip) NroActua 2 » archivo «NotificaciónAutoAdmiteDemanda.pdf.» 6 Indice 2 SAMAI, carpeta digital denominada « ED_DDA_ONEDRIVE_20230125(.zip) NroActua 2 » archivo «0015.AutoPasaASentenciaAnticipada-CorreTrasladoExcepcionesDeMérito». 7 Indice 2 SAMAI, carpeta digital denominada « ED_DDA_ONEDRIVE_20230125(.zip) NroActua 2 » archivo «0023Sentencia1eraInstancia-PensiónGracia-DocenteNalIncorporadoAlDepto».Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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Que, de tal manera, la asunción de la administración de la educación por parte de los entes territoriales no podía modificar el tipo de nombramient o y por ello, no era procedente entrar a considerar de manera aislada los tiempos de servicios que el demandante solicita tener en cuenta a partir del 15 de octubre de 1997 y subsiguiente del 15 de agosto de 1999 hasta el 26 octubre de 2014, prestados como docente ante el Departamento de Nariño y el Municipio de Pasto.

Advirtió que no eran de recibo los argumentos expuestos por la parte actora según los cuales a partir de la implementación del proceso de descentralización cambió la naturaleza de su vinculación de nacional a territorial , porque de aceptar dicha interpretación se desnaturaliza la teleología de la pensión gracia, al reconocer a un

los cuales a partir de la implementación del proceso de descentralización cambió la naturaleza de su vinculación de nacional a territorial , porque de aceptar dicha interpretación se desnaturaliza la teleología de la pensión gracia, al reconocer a un docente la prestación graciosa cuando no venían percibiendo las situaciones precarias en las que se encontraban los docentes territoriales, en torno a sus salarios y prestaciones.

Que al tenerse que el docente se encontraba vinculado como docente nacional, es claro que tampoco se cumple con el requisito contenido en el art 4º, núm. 3 de la Ley 114 de 1913 que señala : «Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional».

Finalmente, al considerar que se cumplía con la previsión establecida en el numeral 1° del artículo 366 del CGP dispuso condenar en costas a la parte demandada.

Posteriormente, mediante auto del 22 de julio de 2022 se corrigió la decisión anotada en lo que respecta a la condena en costas pues, el tribunal encontró que se incurrió en un error al indicar en la parte resolutiva de la providencia que se condenaba en cos tas a la parte demandada en favor de la parte demandante, cuando lo cierto es que la parte demandante fue la parte vencida en el proceso.

EL RECURSO DE APELACIÓN8

La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, para lo cual sostuvo que, de conformidad con la normativa aplicable a estos asuntos, así como con los actos administrativos que dieron cabal ejecución al proceso de descentralización en el departamento de

sentencia de primera instancia, para lo cual sostuvo que, de conformidad con la normativa aplicable a estos asuntos, así como con los actos administrativos que dieron cabal ejecución al proceso de descentralización en el departamento de Nariño y el municipio de Pasto , no cabría la menor duda de que el vínculo laboral del accionante, si bien en un principio fue nacional, mutó a territorial a partir del 15 de octubre de 1997.

Que, por lo tanto, a partir de la fecha mencionada, el señor Araujo Ortega dejó de tener un vínculo nacional, pues los dineros con que se le pagaban sus acreencias no eran de propiedad de la Nación, sino que fueron financiados con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, los cuales son propiedad de los entes territoriales.

8 Folios 329 a 365.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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Que en el caso objeto de estudio, existió una sustitución patronal, la cual operó por mandato de las Leyes 43 de 1975, 60 de 1993 y 715 de 2001, proceso a partir del cual la relación laboral entre los docentes y el Estado fue transformándose y pasó de un víncu lo docente - Nación a un vínculo docente - departamento o docentemunicipio, según el caso.

Que una vez acreditado el hecho de que el reclamante tiene más de 50 años y cumplió 20 años de servicio si se contabilizan los tiempos de servicio de origen territorial-nacionalizado prestados entre el 12 de marzo de 1970 hasta el 31 de mayo

Que una vez acreditado el hecho de que el reclamante tiene más de 50 años y cumplió 20 años de servicio si se contabilizan los tiempos de servicio de origen territorial-nacionalizado prestados entre el 12 de marzo de 1970 hasta el 31 de mayo de 1976 (6 años, 2 meses y 19 días) y aquellos causad os a partir del 2 de abril de 1996 de diciembre en adelante, que son departamentales y municipales por efecto de la descentralización de la educación y los prestados entre el 29 de diciembre de 1998, se logra corroborar que el demandante sí tenía derecho al pago de la prestación bajo estudio.

Que en el caso objeto de estudio, existió una sustitución patronal, la cual operó por mandato de las Leyes 43 de 1975, 60 de 1993 y 715 de 2001, proceso a partir del cual la relación laboral entre los docentes y el e stado fue transformándose y pasó de un vínculo docente - Nación a un vínculo docente - departamento o docentemunicipio, según el caso.

Que existió una falta de análisis crítico sobre la prueba en la medida que el fallador de primera instancia se apegó al hecho de que en la certificación de tiempo de servicio del 17 de febrero de 2016 se indicó que el régimen de pensiones por el tiempo comprendido desde el 30 de abril de 1976 hasta el 26 de octubre de 2014 fue nacional, como si se entendiera que régimen de pensiones y vínculo laboral es lo mismo cuando lo cierto es que no lo es. Igualmente, señaló que el Tribunal incurrió en una indebida valoración del acervo probatorio pues, con el certificado expedido por la Secretaría de Educación de Pasto, la entidad territorial al «autoproclamarse

lo mismo cuando lo cierto es que no lo es. Igualmente, señaló que el Tribunal incurrió en una indebida valoración del acervo probatorio pues, con el certificado expedido por la Secretaría de Educación de Pasto, la entidad territorial al «autoproclamarse entidad nominadora certificó todo el tiempo nacional como si no se hubiera producido el fenómeno de la descentralización de la educación»; lo cual a su juicio constituye un reflejo de la falta de cuidado de dicha dependencia y del síndrome de centralismo que imperaba para la época, así como una falsedad ideológica parcial que si bien no ameritaba tacha, sí debe ser tenida en cuenta por el juez al momento de fallar.

Por otro lado, atacó la consideración que efectuó el a quo sobre la igualdad salarial de los docentes y su incidencia en la pensión gracia, pues a su juicio «la ley en ningún momento condicionó la vigencia de la pensión gracia a cuando se estableciera un régimen de igualdad salarial o a que los maestros territoria les dejaran de tener el régimen salarial de inferioridad que llegó a motivar la creación de dicha pensión. Y si tal condición no se encuentra en la ley no es dable al intérprete judicial agregar tal condición, porque su función interpretativa terminaría en una función legislativa»

Que una vez acreditado el hecho de que el reclamante tiene más de 50 años de edad y que cumplió 20 años de servicio si se contabilizan los tiemposCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

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departamentales prestados entre el 1 de octubre de 1969 y el 29 de abril de 1976 y los laborados entre el 15 de octubre de 1997 y el 26 de octubre de 2014 (fecha de retiro) como docente territorial, se logra corroborar que el demandante sí tenía derecho al pago de la prestación bajo estudio.

Finalmente, adujo que la condena en costas no puede estar únicamente fundada en la derrota de las pretensiones, como lo hizo en este caso el fallador, sino que, por el contrario, debe existir dentro del expediente prueba de que la solicitud de la pensión se hizo de forma temeraria o sin arreglo a los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico para que esta resulte procedente; situación que no aconteció en el caso particular, aunado al hecho de que la demandante confiando en los efectos legales de la descentralización de la educación, ha construido una expectativa válida para que se reconozca el derecho discutido.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

La parte demandada se pronunció en torno al recurso de apelación en los términos previstos en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, para lo cual solicitó confirmar el fallo de primera instancia, en la medida en que el análisis realizado por el a quo se encuentra adecuado a la materia que fue objeto de la fijación del litigio.

POSICIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Tercero Delegado ante esta corporación rindió concepto a través del cual solicitó confirmar parcialmente la decisión apelada, luego de concluir que el

POSICIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Tercero Delegado ante esta corporación rindió concepto a través del cual solicitó confirmar parcialmente la decisión apelada, luego de concluir que el docente Arturo Hermenegildo Araujo Ortega no reunió la totalidad de los requisitos contemplados en la ley para efectos del reconocimiento de la prestación solicitada, ya que no es posible tener en cuenta los tiempos que corren desde el 15 de octubre de 1997 hasta el 24 de agosto de 1999, al ser estos de carácter nacional.

Para el efecto señaló que si bien es cierto el Departamento de Nariño fue certificado según Resolución 2230 del 1 .º de junio de 1997, proferida por el Ministerio de Educación Nacional; de tal evento no se puede deducir que el vínculo laboral varió o mutó de nacional a territorial, pues no se evidencia que se haya emitido un nuevo acto de nombramiento por parte de los entes encargados, donde se lograra establecer que el vínculo era de carácter laboral.

Finalmente, consideró que con la entrada en vigencia del CPACA, la condena en costas dejó de fundarse en un criterio subjetivo para considerar, en cambio, aspectos de tipo objetivo valorativo , por lo que, al no predicarse temeridad o mala fe tal de la parte demandada no era viable la condena en costas.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980 , ello en el entendido de que tuvo diferentes incorporaciones a la planta de perso nal docente de distintas entidades territoriales en virtud del proceso de descentralización del servicio educativo.

Para resolver e ste problema jurídico, la Sala hará referencia a: i) los aspectos generales de la pensión gracia aplicables al caso concreto , ii) las implicaciones de la incorporación del personal docente a los entes territoriales en el proceso de descentralización de la educación y finalmente, iii) resolverá el caso concreto.

Marco normativo y jurisprudencial

a. Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«[l]os maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación

114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«[l]os maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «[l]os veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad

u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

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Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley» 9. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «[c]uando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «[c]uando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de

las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión

9 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir d el 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector púb lico nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados ,

nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados , sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199710 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 11 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las

por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a l os

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 11 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00388-01 (1025-2023)

entes locales destinar parte de su presupuesto para atender