CE - 012333000201900438011SENTENCIASENTENCIA20231110102450

Radicación: 66001233300020190043801 (0689-2022)

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

Radicación: 66001-23-33-000-2019-00438-01 (0689-2022)

Demandante: María Lorena Jaramillo Echeverry

Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

Tema: Relación laboral encubierta . Contratos de prestación de servicios-Instructor.

REVOCA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, contra la sentencia proferida el 31 de mayo de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual accedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora María Lorena Jaramillo Echeverry instauró demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en contra del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA , con el fin de que se acceda

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en contra del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA , con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio 2-2018 001939 del 7 de junio de 2018 por medio del cual el SENA, Regional Risaralda, atendió negativamente la reclamación administrativa.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó se declare que entre ella y el SENA existió una relación laboral entre el 23 de enero de 2006 y el 19 de diciembre de 2017 y, como consecuencia , se condene a la entidad a pagarle las diferencias salariales y las prestaciones sociales que debió devengar en ese período, teniendo en cuenta aquellas que percibían los instructores de planta. Reconocerle los aportes pensionales correspondientes, la indemnización por el pago tardío de los salarios y de las cesantías y los intereses moratorios y devolverle las sumas que asumió por las cotizaciones en salud y riesgos profesionales y el pago de las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual exigidas.

HECHOSRadicación: 66001233300020190043801 (0689-2022)

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La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que laboró en el SENA desde el 23 de enero de 2006 y hasta el 30 de junio de

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La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que laboró en el SENA desde el 23 de enero de 2006 y hasta el 30 de junio de 2011, a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado, denominada COTRASER CTA, asociación con la que la entidad suscribió varios contratos de prestación de servicios.

Que, posteriormente, laboró para la entidad mediante contratos de prestación de servicios profesionales, los cuales suscribió entre el 19 de julio de 2011 y e l 23 de enero de 2017.

Que siempre se desempe ñó como instructora o tutora, de manera presencial o virtual, en el área de comercialización y ventas y, en servicios personales de estética capilar y facial, peluquería, manicure y pedicure; que , cumplió sus funciones en las instalaciones de la entidad y en los lugares asignados por los coordinadores, estuvo sometida a un horario y a las órdenes del personal del SENA.

Que las funciones asignadas fueron de carácter permanente y, entre ellas, debía prestar los servicios de acuerdo con la programación y tiempos definidos por el centro de formación; participar activamente, impulsar y acompañar a los aprendices en el proceso de formación; efectuar y mostrar el oportuno y correcto registro de aprendices, evaluaciones y novedades; formular y diseñar las estrategias y técnicas didácticas, solicitar los recursos y am bientes de aprendizaje, de acuerdo con los lineamientos institucionales vigentes; participar en el diseño curricular y reportar en el aplicativo SOFIA PLUS las actividades a su cargo.

Que cualquier cambio en el horario habitual de trabajo o de actividad debía ser

lineamientos institucionales vigentes; participar en el diseño curricular y reportar en el aplicativo SOFIA PLUS las actividades a su cargo.

Que cualquier cambio en el horario habitual de trabajo o de actividad debía ser solicitado e informado al coordinador académic o; asimismo, debía solicitar permiso para ausentarse.

Que, a pesar de lo anterior, el SENA no le pagó las prestaciones sociales procedentes por la relación laboral .

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del dieciocho (18) de septiembre de dos mil dieciocho (2.018) por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Pereira y notificada a la entidad, quien contestó que la demandante no estuvo vinculada al SENA como empleada pública ni a través de un contrato de trabajo, por lo que no tenía derecho a los emolumentos reclamados.

Que la entidad no contrataba de manera directa a los instructores, sino que lo hacía a través de COTRASER, quien participaba en un proceso de licitación pública y, luego de adjudicado el contrato, enviaba a sus trabajadores asociados en misión, con el prop ósito de que desempeñaran algunas labores, entre esas, la de instrucción en distintas áreas . Que el contrato era global y la contratista enviaba a su personal idóneo para que prestara sus servicios, sin que se configurara una relación laboral entre el enviado en misión y el contratante.

Que, luego de la liquidación de la cooperativa, la entidad contrató a la demandante,Radicación: 66001233300020190043801 (0689-2022)

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porque el personal era insuficiente para atender la oferta y los programas de formación a su cargo; que sin embargo, la vinculación atendió los parámetros de la Ley 80 de 1993 y, en ese orden, no atendió funciones de carácter permanente, ni estuvo sometida al cumplimiento de órdenes u horarios , tampoco tuvo jefes inmediatos sino un supervisor del contrato , quien coordinó algunos aspectos necesarios para la ejecución, entre estos, la programación anticipada.

Que no se configuran los elementos de la relación laboral, pues entre el SENA y la demandante solo existió una relación contractual coordinada a cambio del pago de unos honorarios por los servicios prestados pactados previamente . Que tampoco podía aplicarse una presunción o igualar la vinculación a la de los funcionarios de la planta de personal, por que esta última situación exige superar un proceso de selección o concurso de méritos y cumplir con los requisitos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Finalmente, advirtió que el Oficio demandado no es un acto administrativo ni cumple con las condiciones para otorgarle esa connotación, razón por la que no puede enjuiciarse ni anularse por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Propuso como excepciones, la prescripción y el cobro de lo no debido.

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pereira, en la audiencia del 12 de julio de 2019, declaró su falta de competencia funcional, en razón a la cuantía. El 31 de agosto de la misma anualidad el Tribunal Administrativo de

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pereira, en la audiencia del 12 de julio de 2019, declaró su falta de competencia funcional, en razón a la cuantía. El 31 de agosto de la misma anualidad el Tribunal Administrativo de Risaralda avocó conocimiento del asunto y programó la fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial.

Se celebró audiencia inicial el 16 de septiembre de 2016, en la que se fijó el litigio, se surtió la etapa de conciliación, se decretaron pruebas y se programó la audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término oportuno por la demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del treinta y uno (31) mayo de dos mil veintiuno (2.021), accedió parcialmente a las pretensiones.

Consideró que las pruebas arrimadas dan cuenta de que la demandante laboró en el SENA, por intermedio de la cooperativa COTRASER, desde el 23 de enero de 2006 hasta el 30 de junio de 2011 y, directamente, entre el 19 de julio de 2011 al 19 de diciembre de 2017 , en labores de instructora en el área de peluquería y cosmetología.

Que estaba acreditado que la cooperativa de trabajo fungió como instrumento de intermediación laboral entre la actora y el SENA . Q ue existió una prestación personal del servicio por parte de la demandante y una subordinación, pues aquella

cosmetología.

Que estaba acreditado que la cooperativa de trabajo fungió como instrumento de intermediación laboral entre la actora y el SENA . Q ue existió una prestación personal del servicio por parte de la demandante y una subordinación, pues aquella se desempeñó como instructora, capacitando a los grupos de los diferentes programas, sujeta a un horario fijado por los supervisores o coordinadores de la entidad y a las órdenes impuestas por estos.Radicación: 66001233300020190043801 (0689-2022)

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Que estaba obligada a dictar clases todos los días, por aproximadamente ocho horas diarias y, a asistir a las capacitaciones y reuniones convocadas por el SENA, debía pedir permiso para ausentarse del trabajo y no contaba con libertad en la prestación del servici o. Que a través de la plataforma Sofía Plus se les impartía n órdenes, horarios y situaciones de carácter administrativo.

Que la demandante se desempeñó como instructora o docente y, de esta manera, al tratarse de tareas educativas, se presumía la subordinación, pues esa labor implica el sometimiento permanente a las directrices, órdenes e instrucciones emanadas de las autoridades educativas , en el caso concreto, a las directrices y el horario de clases y actividades establecido por el SENA, en las tareas de brindar capacitación y formación a los aprendices de la entidad, las cuales eran propias del giro ordinario de esta.

Que no operó la prescripción de los derechos prestacion ales, pues, en los términos

capacitación y formación a los aprendices de la entidad, las cuales eran propias del giro ordinario de esta.

Que no operó la prescripción de los derechos prestacion ales, pues, en los términos de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre las relaciones laborales encubiertas y, teniendo en cuenta el análisis de las particularidades, no existieron interrupciones significativas en los contratos y en las labores desempeña das por la demandante, los períodos de parálisis fueron cortos y coincidían con los días de fin e inicio de año, es decir, con las vacaciones colectivas del SENA. Que la señora Jaramillo Echeverry presentó la reclamación administrativa dentro de los tres a ños siguientes a la fecha de terminación del último contrato de prestación de servicios suscrito con la entidad, por lo que no había lugar a declarar la excepción extintiva propuesta.

Condenó a la entidad a cancelar a la actora las prestaciones sociales, durante los períodos comprendidos entre el 19 de julio al 30 de septiembre de 2011, del 12 de octubre al 12 de diciembre de 2011, del 3 de febrero al 4 de julio de 2012, del 9 de julio al 15 de diciembre de 2012, del 21 de enero al 16 de diciembre de 2013, del 20 de enero al 19 de diciembre de 2014 , del 27 de enero al 17 de diciembre de 2015, del 25 de enero al 17 de diciembre de 2016 y del 23 de enero al 19 de diciembre de 2017, tomando como base los honorarios contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios. Y, a reconocer las diferencias prestacionales entre sumas canceladas en virtud de la vinculación como trabajadora en misión y los

2017, tomando como base los honorarios contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios. Y, a reconocer las diferencias prestacionales entre sumas canceladas en virtud de la vinculación como trabajadora en misión y los emolumentos percibidos por los instructores de planta del SENA y que no fueron cubiertos por el tercero empleador, por el tiempo comprendido entre el 23 de enero de 2006 y el 30 de junio de 2011.

Adicionalmente, dispuso que el SENA debía tener en cuenta los honorarios pactados en todos los contratos de prestación de servicios y las diferencias prestacionales ordenadas, para calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante, me s a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes realizados por aquella como contratista y trabajadora en misión y los que se debieron efectuar, caso en el cual, debería cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por conce pto de aportes a pensión.

Negó las demás pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓNRadicación: 66001233300020190043801 (0689-2022)

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La parte demandada interpuso recurso de apelación, en el que expresó que , tal como explicó en la contestación de la demanda y en los alegatos de primera instancia, el Oficio 2-2018 001939 de 7 de junio de 2018 no es un acto administrativo y, por esa razón, no es susceptible de control judicial.

como explicó en la contestación de la demanda y en los alegatos de primera instancia, el Oficio 2-2018 001939 de 7 de junio de 2018 no es un acto administrativo y, por esa razón, no es susceptible de control judicial.

Que el asunto versaba sobre algunos derechos inciertos y discutibles, ya que no se tiene certeza de los extremos laborales de los contratos, el tiempo, la cuantía o los montos de las cesantías reclamadas y, de este modo, la parte demandante debió agotar la conciliación como requisito previo para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero no lo hizo así, por lo que debía declararse el impedimento legal para continuar con el proceso.

Que, según lo probado en el caso, la señora María Lorena Jaramillo Echeverry estuvo vinculada al SENA a través de varios contratos de prestación de servicios , los cuales tuvieron unos objetos contractuales diferentes y una intensidad horaria variable. Que no existió continuidad y permanencia y, por ende, una relación laboral.

Que era evidente que la vinculación de la parte demandante ocurrió en dos períodos que debían diferenciarse, el primero, mediante la contratación a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado, COTRASER y, el segundo, como prestadora de servicios directamente del SENA. Que la vinculación a través de cooperativa finalizó el 3 de julio de 2011; sin embargo, no elevó ninguna solicitud encaminada a obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, dentro de los tres años siguientes a la finalización d e la vinculación, razón por la cual debe declararse la prescripción extintiva de esos derechos salariales .

el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, dentro de los tres años siguientes a la finalización d e la vinculación, razón por la cual debe declararse la prescripción extintiva de esos derechos salariales .

Que en los contratos suscritos por el SENA y la señora Jaramillo Echeverry existía solución de continuidad, pues cada uno de los acuerdos fue diferente y por un tiempo específico, debiéndose contabilizar la prescr ipción de manera individual.

Que, finalmente, se configuró la caducidad del medio de control , ya que la demandante no acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo dentro de los cuatro meses con los que contaba para cuestionar la legalidad del Oficio 2-2018 001939 del 7 de junio de 2018. Que el referido término venció el 7 de octubre de la anualidad previamente citada, pero la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada el 16 de julio de 2019 .

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Por auto del veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2.022), se admitió el recurso de apelación y al no haber pruebas que decretar, no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar, de conformidad con lo establecido en la Ley 2080 de 2021 en su artículo 67 numeral 5 que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALARadicación: 66001233300020190043801 (0689-2022)

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El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALARadicación: 66001233300020190043801 (0689-2022)

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

La Sala deberá determinar, en primer lugar, si el Oficio 2-2018 001939 del 7 de junio de 2018 tiene la condición de acto administrativo; además, si en el presente asunto resulta aplicable el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, es exigible el requisito de la conciliación extrajudicial.

En segundo lugar, de superarse los anteriores presupuestos, deberá analizarse si bajo la apariencia de contratos de prestación de servicios existió un vínculo laboral entre las partes y como consecuencia de ello, si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión de esa relación.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas a ctividades no puedan realizarse con

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas a ctividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad si entre el actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la que procede a analizarse.

La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el elemento de la remuneración.

Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios, dice al respecto: «Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo.Radicación: 66001233300020190043801 (0689-2022)

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se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo.Radicación: 66001233300020190043801 (0689-2022)

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En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada. Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajose obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos. En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones

quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente. Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas para resaltar).

De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.

Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), en el proce so radicado No. 05001 -23-33-000-2013-0114301(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos: «2.3.3.2. Subordinación continuada

01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos: «2.3.3.2. Subordinación continuada

102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad deRadicación: 66001233300020190043801 (0689-2022)

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trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.2

103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolidaha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes: 104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las

ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta. 105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido. 106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,3 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organiz ativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,

manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación. 107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenesRadicación: 66001233300020190043801 (0689-2022)

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perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá

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perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad.

108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades

o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso, puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral. (…) 3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable» del numeral 3.º del ar