CE - 012333000201900441011SENTENCIA20230314213754

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinti trés (202 3)

Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2019 -00441 -01 (0174 -2021 )

Demandante: CARLOS ALBERTO FLÓREZ SOTO

Demandado: MUNICIPIO DE PEREIRA , RISARALDA

Tema: relación laboral encubierta – prueba de la continuada subordinación y dependencia . Ley 1437 de 2011

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes , en contra de la sentencia del 11 de mayo de 2020 , proferida por el Trib unal Administrativo de Risaralda , por medio de la cual se acogieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1 Pretensiones 1

Carlos Alberto Flórez Soto , por intermedio de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento

2.1 Pretensiones 1

Carlos Alberto Flórez Soto , por intermedio de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad del Oficio 18740 del 30 de abril de 2018 suscrito por el secretario de educación del municipio de Pereira , Risaralda , por medio del cual se dio respuesta negativa a la petición realizada el 25 de abril de 2018 , en la que se exigió reconocer la existencia de una relación laboral entre el demandante y dicha entidad en el lapso comprendido entre el 3 de marzo del 2008 y el 1 de febrero de 2016 .

1 Archivo pdf. que corresponde al cuaderno 1 del expediente. Folios 71 y 72.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2019 -00441 -01 (0174 -2021)

Dem andante: Carlos Alberto Flórez Soto

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2 A título de restablecimiento del derecho , solicitó que se condene al municipio a pagar los siguientes emolumentos que le correspondían al demandante: prima de servicios, prima de navidad y de vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, auxilio de alimentación , auxilio de transporte, dotación, bonificación por

municipio a pagar los siguientes emolumentos que le correspondían al demandante: prima de servicios, prima de navidad y de vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, auxilio de alimentación , auxilio de transporte, dotación, bonificación por recreación, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos y demás prestaciones devengadas por los empleados de planta con idénticas o similares func iones, liquidad as de acuerdo con el valo r pactado en los contratos suscritos y ejecutados; indexados al momento en que se realice el pago; además, que realice el pago de los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud que se debió traslada r a los fondos, así como lo relativo al valor que correspondía aportar a las cajas de compensación ; que las sumas objeto de condena sean indexadas; que se condene a la demandada en costas.

2.2. Hechos relevantes

El señor apoderado de la parte demandante narró los hechos que se resumen a continuación 2:

2.2.1. Carlos Alberto Flórez Soto prestó sus servicios a l municipio de Pereira , Risaralda , para desempeñar principalmente labores de vigilante y de conserje en diferentes instituciones educativas a través de contratos de prestación de servicios entre el 3 de marzo de 2008 y el 1 de febrero de 2016.

2.2.2. En la demanda se precisó que el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 28 de junio de 2011, el demandante «laboró para el Municipio de Pereira – Secretaría de Educación Municipal, a través de la liquidada

el 1 de enero de 2010 y el 28 de junio de 2011, el demandante «laboró para el Municipio de Pereira – Secretaría de Educación Municipal, a través de la liquidada empresa de ser vicios temporales “Servitemporales”».

2.2.3. La parte demandante afirmó que los servicios fueron prestados de manera personal, bajo continuada subordinación y dependencia, sujetos a un horario de trabajo y que las labores se cumplían en las mismas

2 Folio s 69 a 71 del archivo pdf. correspondiente al cuaderno 1. Índice 2 del aplicativo SAMAI.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2019 -00441 -01 (0174 -2021)

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3 condiciones que las d e los servidores de planta , y por ellas recibía los honorarios pactados.

2.2.4. Por medio de derecho de petición de 25 de abril de 2018 solicitó el reconocimiento de una relación laboral .

2.2.5. A través del Oficio 29958 de 28 de julio de 2016 suscrito por el secretario de educación del municipio de Pereira, Risaralda , se dio respuesta negativa a la anterior petición.

2.3. Normas violadas y concepto de violación.

Como disposiciones violadas citó las siguientes:

por el secretario de educación del municipio de Pereira, Risaralda , se dio respuesta negativa a la anterior petición.

2.3. Normas violadas y concepto de violación.

Como disposiciones violadas citó las siguientes:

Constitución Política: artículos 2, 4, 6, 13, 25, 28, 53, 90, 209,

229, 300.

Código Sustantivo del Trabajo: a rtículo 23.

Decreto Ley 31 35 de 1968 : artículos 1, 5, 6 y 8. Decreto 1848 de 1969. Ley 100 de 1993. Decreto 1295 de 1994. Ley 21 de 1982.

El señor apoderad o de la parte demandante indicó que se debe declarar la nulidad del acto demandado puesto que durante la vigencia de los contratos de prestación de servicios se reunieron los elementos de una relación laboral , y con esto se desconoció el prin cipio de primacía de la realidad sobre las formalidades y el de igualdad .

Además, afirmó que si una persona presta servicios como vigilante por varios años no se puede considerar que ejerció actividades temporales como independiente , con base en lo decidido por esta corporación en la sentencia de 7 de septiembre de 2006, dentro del expe diente 7979 -2005.

2.4. Contestación de la demandaNulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2019 -00441 -01 (0174 -2021)

Dem andante: Carlos Alberto Flórez Soto

Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2019 -00441 -01 (0174 -2021)

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4 El municipio de Pereira , Risaralda , guardó silencio en esta etapa procesal 3.

2.5. Decisiones relevantes en el curso de la audiencia inicial

Dentro del trámite de la audiencia inicial, realizada el 18 de septiembre de 2019 , el Tribunal Administrativo de Risaralda puso de presente que no se contestó la demanda, y por lo tanto, no existían excepciones por resolver en los términos del numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

A continuación , fijó el litigio en los siguientes términos:

«Se considera por el Despacho que, de acuerdo con la demanda y su contestación, el litigio se circunscribe al estudio de legalidad del acto administrativo No. (sic) 18740 del 30 de abril de 2018 expedido por el Municipio de Pereira, por medio del cual se re solvió negativamente la solicitud de reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales a favor del demandante, y en consecuencia se declare la existencia de una relación laboral entre el actor y el Municipio de Pereira; lo anterior a efectos de det erminar si procede el pago de prestaciones sociales y demás emolumentos que constituyan factor salarial a favor del señor Carlos Alberto

existencia de una relación laboral entre el actor y el Municipio de Pereira; lo anterior a efectos de det erminar si procede el pago de prestaciones sociales y demás emolumentos que constituyan factor salarial a favor del señor Carlos Alberto Flórez Soto, de acuerdo con la labor que desempeñaba, por el período comprendido entre el 3 de marzo de 2008 al 1° de febrero de 2016, como vigilante y/o celador en instituciones educativas del municipio de Pereira. O si por el contrario, como lo sostiene el Municipio de Pereira, no hay lugar a declarar la ilegalidad del acto señalado toda vez que la entidad demandada no l e adeuda ninguna acreencia al señor Flórez Soto, ya que nunca se presentó un vínculo laboral, pues lo único que existió fue una prestación de servicios de forma interrumpida, al cual se le cancelaron los honorarios pactados en el contrato »4.

2.6. La sentencia apelada

3 Folio 150 del archivo pdf. que corresponde al cuaderno 1. Índice 2 del aplicativo SAMAI. 4 Folio 151 del archivo pdf. que corresponde al cuaderno 1 del expediente. Índice 2 del aplicativo SAMA I.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2019 -00441 -01 (0174 -2021)

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5 El Tribunal Administrativo de Risaralda 5, por medio de la sentencia proferida el 11 de mayo de 2020 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

Para comenzar, se refirió a los elementos de la relación laboral e hizo la diferencia entre las formas de vinculación de un ciudadano con la administración, y puso el acento en que el elemento esencial del contrato de prestación de servicios lo constituye la independencia y autonomía del contratista.

A continuación , entró a analizar el acervo y estableció que en el expediente reposan los contratos suscritos entre el señor Carlos Alberto Flórez Soto y el municipio de Pereira para los siguientes lapsos: del 3 de marzo de 2008 al 31 de diciembre de 2008; del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009; del 29 de junio de 2011 al 29 de diciembre de 2011; del 2 de enero de 2012 al 2 de marzo de 2012; del 1 de marzo de 2012 al 3 1 de diciembre de 2012; del 2 de enero de 2013 al 31 de diciembre; del 2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014; del 2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015; del 1 de enero de 2016 al 1 de febrero de 2016 .

al 31 de diciembre de 2014; del 2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015; del 1 de enero de 2016 al 1 de febrero de 2016 .

En cuanto a la prueba de la continuada subordinación, sostuvo que de las mismas funciones se desprende este elemento , pues la vigilancia y seguridad de las instituciones debe ser garantizada en todo momento, como lo señaló el Consejo de Estado en la sentencia de 3 de mayo de 2007 6, y agregó que con los testimonios de Gloria Esperanza Toro Salgado y de Diana Julieth Flórez Soto se llega a la misma conclusión, puesto que declararon que las funciones tenían que ser desempeñadas por el demandante, bajo el cumplimiento de un horario, si guiendo las directrices impartidas por el rector de la institución educativa a la que estuviera asignado.

As í las cosas, indicó que se demostró la existencia de una verdadera relación laboral entre el señor Flórez Soto y el municipio de Pereira.

5 Folios 191 a 232 del archivo pdf. que corresponde al cuaderno 1 del expediente. Índice 2 del aplicativo SAMAI. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 3 de mayo de 2007, expediente 4583 -2004, magistrado ponente: Jesús María Lemos Bustamante.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2019 -00441 -01 (0174 -2021)

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Por ende, señaló que hay lugar a reconocer las prestaciones generadas con ocasión del servicio desempeñado por el demandante y el cómputo del tiempo para efectos pensionales, con base en los honorarios estipulados , junto con el pago de las cotizaciones cor respondientes a la seguridad social integral.

En este punto, analizó la excepción de prescripción y señaló que existió una interrupción significativa entre el 1 de enero de 2010 y el 28 de junio de 2011 . Al respecto, precisó que si bien la parte demandante señaló que durante este período prestó sus servicios a través de la cooperativa Servitemporales, no aportó ninguna prueba de este hecho.

Ahora bien, debido a que la petición de reconocimiento de la relación laboral se realizó el 25 de abril de 2018 , y que la demanda se presentó el 27 de agosto de 2008, declaró prescritas las prestaciones anteriores al 29 de junio de 2011.

Así mismo, indicó que el señor Flórez Soto tiene derecho a l pago de los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud que debió trasladar a los respectivos fondo s durante todos los períodos en los que el demandante fungió como contratista con base en los honorarios pactados, en el porcentaje que le correspondía como empleados.

Por otra parte, señaló que no hay lugar a reintegrar las cotizaciones

períodos en los que el demandante fungió como contratista con base en los honorarios pactados, en el porcentaje que le correspondía como empleados.

Por otra parte, señaló que no hay lugar a reintegrar las cotizaciones a Cajas de Compensación Familiar pues no se demostró que se hayan realizado.

No accedió a reconocer horas extras, diurnas y nocturnas puesto que la parte demandante no demostró que se hayan cau sado.

Pese a que en la demanda no se solicitó la sanción moratoria, el Tribunal Administrativo de Risaralda señaló que no hay lugar a su reconocimiento porque el derecho al pago de las cesantías surge con la sentencia.

Además, indicó que no hay lugar a r econocer la bonificación por recreación ni el auxilio de transporte, puesto que la declaratoria de existencia de la relación laboral no da lugar a considerar al señorNulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2019 -00441 -01 (0174 -2021)

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7 Flórez Soto como empleado de planta y porque no se demostró cuáles son los criterios de l a entidad demandada para su asignación.

Por otra parte, ordenó pagar las dotaciones que le habrían correspondido de haber sido vinculad o mediante una relación legal y reglamentaria , cada cuatro meses.

cuáles son los criterios de l a entidad demandada para su asignación.

Por otra parte, ordenó pagar las dotaciones que le habrían correspondido de haber sido vinculad o mediante una relación legal y reglamentaria , cada cuatro meses.

No accedió a reconocer la prima de servicios, por cuanto la Corte Constitucional declaró la excepción de inconstitucionalidad de la expresión «del orden territorial» contenida en el artículo 1 del Decreto 1042 de 1978.

En este punto , ordenó indexar las sumas y se abstuvo de conden ar en cos tas a la demandada ya que no se demostró que se hayan causado .

Como consecuencia de lo anterior , dispuso:

«1. SE DECLARA PARCIALMENTE PROBADA DE OFICIO LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN extintiva del derecho, respecto de los períodos comprendidos entre el 3 de marzo al 31 de diciembre de 2008 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, salvedad hecha de las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en salud y pensiones en tanto estas son imprescriptibles, de conformidad con lo argumentado en la p arte motiva de esta sentencia.

2. SE DECLARA LA NULIDAD del Oficio 18740 de fecha 30 de abril de 2018, mediante el cual fue negado el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales correspondientes, solicitadas por la parte demandante, proferido por el municipio de Pereira, conforme las razones expresadas en la parte considerativa de la presente providencia.

3. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA al municipio de Pereira a pagar en favor de l demandante Carlos Alberto Flórez

considerativa de la presente providencia.

3. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA al municipio de Pereira a pagar en favor de l demandante Carlos Alberto Flórez Soto las prestaciones laborales de orden legal a las cuales tiene derecho, incluyendo vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, y primas legales a que haya lugar, tomando como base los honorarios contractuales der ivados de los contratos de prestación de servicios correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, del 29 de junio de 2011 al 29 de diciembre de 2011; del 2 de enero de 2012 al 2 de marzo de 2012; d el 1 deNulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2019 -00441 -01 (0174 -2021)

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8 marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2012; del 2 de enero de 2013 al 31 de diciembre; del 2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014; del 2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015; del 1 de enero de 2016 al 1 de febrero de 2016, de acuerdo co n las consideraciones de este fallo.

4. Se condena a la entidad demandada a pagar al demandante

de 2015; del 1 de enero de 2016 al 1 de febrero de 2016, de acuerdo co n las consideraciones de este fallo.

4. Se condena a la entidad demandada a pagar al demandante las diferencias que surjan por virtud de los derechos prestacionales que aquí se ordenan, y que impliquen variación del ingreso base para cotización de los apor tes a la seguridad social en pensión y salud, teniendo en cuenta todo el período de ejecución contractual, por lo expuesto.

5. El municipio de Pereira deberá tener en cuenta los honorarios pactados en todos los contratos celebrados y calcular el ingreso ba se de cotización (IBC) pensional del actor, mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes realizados por aquel como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el cual, SE ORDENA cotizar al respectivo fondo de pensiones la s uma faltante por concepto de aportes a pensión, pero solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador. Para tales efectos, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia

6. El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, se debe computar para efectos pensionales.

7. SE CONDENA a la entidad demandada al pago compensatorio en dinero, en favor del demandante, de las dotaciones de vestido y calzado de labor cau sadas entre el 1

prestación de servicios, se debe computar para efectos pensionales.

7. SE CONDENA a la entidad demandada al pago compensatorio en dinero, en favor del demandante, de las dotaciones de vestido y calzado de labor cau sadas entre el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2011: una dotación; 2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012: tres dotaciones; del 2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2013: tres dotaciones; del 2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014: tres dotaciones; del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015: tres dotaciones, y del 1 de enero hasta el 30 de diciembre de 2016: tres dotaciones; por las razones expresadas en la parte considerativa de esta providencia.

7. Se condena a la demandada a efect uar los ajustes de valor sobre las sumas que resulten a favor del demandante según el índice de precios al consumidor de conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA, para lo cual se observará lo señalado en la parte motiva de este fallo.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2019 -00441 -01 (0174 -2021)

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8. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos referidos en el artículo 192 del CPACA. Para

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8. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos referidos en el artículo 192 del CPACA. Para lo anterior se enviará la copia respectiva del acta a la Procuraduría Regional, para los efectos del artículo 75 numeral 12 del Decreto 2 62 de 2000.

9. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda, por lo considerado.

10. SIN COSTAS en esta instancia, por lo considerado.

11. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el remanente de la cuota de gastos si a ello hubiere lugar, y archívese el exp ediente (…) ».

2.7. Los recursos de apelación.

El apoderado del señor Flórez Soto apeló parcialmente la anterior decisión 7, en lo relacionado con la declaración de prescripción del derecho , para lo cual afirmó que si bien existió una interrupción entre el 1 de enero de 2010 y el 29 de junio de 2011 , lo cierto es que en este lapso prestó sus servicios a la alcaldía a través de la Cooperativa Servitemporales . Para el efecto aportó copia del historial de cotizaciones al fondo COLFONDOS , en el que consta los aportes realizados durante la vinculación con la referida cooperativa.

De todas formas, precisó que, con base en la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, no hay lugar a declarar la prescripción de los aportes al sistema de seguridad social.

La apoderad a de la parte demanda da apeló la sentencia de 11 de

unificación de 25 de agosto de 2016, no hay lugar a declarar la prescripción de los aportes al sistema de seguridad social.

La apoderad a de la parte demanda da apeló la sentencia de 11 de mayo de 2020 8, con el fin de que sean negadas las pretensiones , pues no se puede inferir la subordinación de l señor Flórez Soto por el despliegue de las labores propias del contrato que celebró, a lo que agregó que simplemente existió una coordinación de labores por parte del municipio.

Al respecto, adujo que no se demostró que le hayan sido impartidas órdenes al demandante, y agregó que a los testimonios se les observa el ánimo de favorecer al demandante.

7 Folios 237 y 238 del archivo pdf. que corresponde al cuaderno 1 del expediente. Índice 2 del aplicativo SAMAI. 8 Folios 250 a 266 del archivo pdf . que corresponde al cuaderno 1 del expediente. Índice 2 del aplicativo SAMAI.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2019 -00441 -01 (0174 -2021)

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10 Además , afirmó que el cumplimiento de un horario laboral no implica per se, la existencia de una rela ción laboral , ya que puede trat arse de la coordinación de las partes.

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10 Además , afirmó que el cumplimiento de un horario laboral no implica per se, la existencia de una rela ción laboral , ya que puede trat arse de la coordinación de las partes.

Por otra parte, indicó que si se llega a reconocer la existencia de una relación laboral hay lugar a declarar la prescripción trienal de todas las sumas anteriores al 25 de abril de 20 15.

2.8. Alegatos de conclusión en la segunda instancia.

Ninguna de las partes se pronunció en esta etapa procesal.

El agente del ministerio público no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 10, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones , como sucede en el presente caso.

9 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda

instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. 10 «Com petencia del superior . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley […]».Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2019 -00441 -01 (0174 -2021)

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11 3.3. Problema jurídico.

De conformidad con lo expuesto en los recursos de apelación , en el caso concreto se deberá determinar si entre el señor Carlos Alberto Flórez Soto y el municipio de Pereira , Risaralda , se presentó una relación laboral subyacente en el lapso que corrió del 3 de marzo de 2008 al 1 de febrero de 2016 . En caso positivo se deberá analizar cuál es el alcance del restablecimiento del derecho , si se presentaron interrupciones , si hay lugar a declarar la prescripción y en qué términos.

Para resolver el problema jurídico planteado, se partirá por recordar

deberá analizar cuál es el alcance del restablecimiento del derecho , si se presentaron interrupciones , si hay lugar a declarar la prescripción y en qué términos.

Para resolver el problema jurídico planteado, se partirá por recordar algunos aspectos relativos al reconocimiento de la relación laboral enmascarada a través de contratos de prestación de servicios.

3.4. De la relación laboral encubierta o subyacente

En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 constitucional consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trab ajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades es tablecidas por las partes.

Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad la boral). Por esta razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la OIT, 11 constituye, junto con otros principios convencionales, 12 un axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.

11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969. 12 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

convencionales, 12 un axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.

11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969. 12 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos é́ de Costa Rica), Colombia rati fic ó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en SanNulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2019 -00441 -01 (0174 -2021)

Dem andante: Carlos Alberto Flórez Soto

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

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Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta al contrato estatal de prestación d e servicios (uno de los instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado), el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 19 93 lo recoge como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionami ento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran

entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionami ento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos