CE - 012333000201900568011SENTENCIA20231009121810

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 66001-23-33-000-2019-00568-01 (1145-2022)

Demandante: María Judith Cano Velásquez Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1

Temas: Pensión gracia – Tiempos válidos para el reconocimiento

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

María Judith Cano Velásquez presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 009503 del 21 de marzo de 2019,

de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 009503 del 21 de marzo de 2019, RDP 012483 del 12 de abril de 2019 y RDP015447 del 21 de mayo de 2019, a través de las cuales la UGPP le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

1 En lo que sigue UGPP. 2 En adelante CPACA.2

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00568-01 (1145-2022) Demandante: María Judith Cano Velásquez Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó que: i) se reconociera y pagara la prestación solicitada con inclusión de todos los factores salariales devengados durante el año anterior al status de pen sionado; ii) se ajustaran los valores reconocidos de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC); iii) se cumpliera la sentencia en los términos de los del artículo 192 del CPACA; y iv) se condenara en costas y agencias en derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• María Judith Cano Velásquez nació el 15 de febrero de 1952 y entre el 5 de diciembre de 1977 y el 30 de abril de 2011 prestó sus servicios como docente en el Colegio Popular Diocesano de Dosquebradas (Risaralda), esto es por más de 20 años.

• El Colegio Popular Diocesano de Dosquebradas, es un establecimiento educativo del orden municipal.

Colegio Popular Diocesano de Dosquebradas (Risaralda), esto es por más de 20 años.

• El Colegio Popular Diocesano de Dosquebradas, es un establecimiento educativo del orden municipal.

• El 2 de noviembre de 2018, por considerar que cumplía con los requisitos para acceder a la pensión gracia, le solicitó a la UGPP su reconocimiento y pago. Petición que fue negada mediante Resolución RDP009503 del 21 de marzo de 2019 al estimar que no contaba con los 20 años de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, establecidos por la ley para su reconocimiento.

• Contra el mencionado acto , interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos con las resoluciones RDP012483 del 12 de abril de 2019 y RDP015447 del 21 de mayo de esa anualidad, a través de los cuales se confirmó la decisión de negar el reconocimiento pensional.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales , se señalaron los artículos 2, 6, 25, 48, 53 y 58 de la Constitución Política; las leyes 57 de 1887, 114 de 1913, 6 de 1945, 4 de 1966, 5 de 1969, 33 de 1985, 62 de 1985, 71 de 1988, 91 de 1989, 60 de 1993, y 115 de 1994.

En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos3:

• El demandante cumplió con lo dispuesto en las l eyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 para acceder al reconocimiento y pago de la pensión

• El demandante cumplió con lo dispuesto en las l eyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 para acceder al reconocimiento y pago de la pensión

3 Samai del Tribunal, índice 1, documento: 2_002DEMANDA(.PDF) NroActua 1.3

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00568-01 (1145-2022) Demandante: María Judith Cano Velásquez gracia, pues cuenta con más de 20 años de servicios como educador territorial, tiempo en el que se desempeñó con honradez y buena conducta.

• María Judith Cano Velásquez se vinculó como docente oficial antes del 31 de diciembre de 1980 y en el momento de solicitar el reconocimiento de la prestación ya había alcanzado los 50 años de edad.

• «[A] pesar de ser una docente nacional» , prestó sus servicios en un establecimiento educativo del orden territorial que recibe los recursos del departamento o del mismo municipio para su funcionamiento.

1.2. Contestación de la demanda

La UGPP 4 se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que expresan a continuación:

• No es procedente realizar el reconocimiento de la prestación solicitada por María Judith Cano Velásquez, por cuanto no acreditó que hubiese prestado 20 años de servicios como docente oficial del orden territorial o nacionalizado, en consideración a que los tiempos laborados fueron de carácter nacional.

• La demandante pretende el reconocimiento de la pensión gracia con base en el tiempo de servicios durante el cual contó con una vinculación nacional tiempos que no pueden ser tenidos en cuenta para esos efectos.

• La demandante pretende el reconocimiento de la pensión gracia con base en el tiempo de servicios durante el cual contó con una vinculación nacional tiempos que no pueden ser tenidos en cuenta para esos efectos.

Finalmente propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; ii) buena fe; iii) prescripción; y iv) la genérica.

11.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia proferida el 23 de septiembre de 20215 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:

• Mediante Resolución 13903 del 25 de noviembre de 1977, el Ministerio de Educación Nacional nombró a María Judith Ca no Velásquez en el cargo de

4 Samai del Tribunal, índice 5, documento: 8_008CONTESTACIONDEMANDA(.PDF) NroActua 5. 5 Samai del Tribunal, índice 24, documento: 21_021SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.PDF) NroActua 24.4

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00568-01 (1145-2022) Demandante: María Judith Cano Velásquez profesora de «enseñanza secundaria» en la Institución Educativa Popular Diocesano del municipio de Dosquebradas.

• No se acreditaron los 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado; requisito exigido por la ley para beneficiarse de la pensión gracia, toda vez que el material probatorio aportado al plenario da muestra que la demandante estuvo

• No se acreditaron los 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado; requisito exigido por la ley para beneficiarse de la pensión gracia, toda vez que el material probatorio aportado al plenario da muestra que la demandante estuvo vinculada como docente nacional por más de 25 años, como profesora en el nivel básica secundaria.

• De acuerdo con lo probado, la vinculación de la docente fue del orden nacional y no territorial o nacionalizado como lo exigen las normas aplicables.

• Hasta el retiro del servicio docente, la demandante mantuvo la condición de docente nacional en la Institución Educativa Popular Diocesano del municipio de

Dosquebradas.

• La descentralización de la educación no significó que el vínculo laboral sufrier a transformación, pues la vinculación del educador lo determina el acto de nombramiento y el carácter de la plaza docente, no el origen de los recursos con los que es financiado. Es decir que «si se trataba de un nombramiento realizado por la Nación, el docente a pesar de ser administrado por la entidad territorial conservaba su calidad de Nacional, y no como lo afirma la parte demandante, que como consecuencia de la descentralización y la certificación educativa los tiempos de servicio pasaron a ser de carácter territorial».

1.4. El recurso de apelación

La demandante interpuso recurso de apelación6 en el cual reprochó la decisión del tribunal de primera instancia, y lo sustentó así:

• Si bien su nombramiento como docente fue con vinculación nacional, l o cierto es que todo el tiempo laboró en una institución educativa territorial «la cual recibe los recursos del departamento de Risaralda o del mismo municipio» por tanto, tiene derecho

• Si bien su nombramiento como docente fue con vinculación nacional, l o cierto es que todo el tiempo laboró en una institución educativa territorial «la cual recibe los recursos del departamento de Risaralda o del mismo municipio» por tanto, tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

• «[L]a naturaleza jurídica de la secretaría de educación de Dosquebradas y los planteles educativos distritales son del orden territorial».

• La vinculación del personal docente muta de nacional a territorial, en aquellos

6 Samai del Tribunal, índice 29, documento: 24_024RECURSOAPELACIONSENTENCIA(.PDF) NroActua 29.5

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00568-01 (1145-2022) Demandante: María Judith Cano Velásquez casos en los que el servicio educativo es financiado con re cursos provenientes del situado fiscal o sistema general de participaciones.

• Los elementos materiales probatorios allegados al proceso permiten inferir que su vinculación y permanencia en el servicio docente fue en calidad de educadora territorial, «bajo la dirección de la secretaria de educación de Dosquebradas».

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La parte demandante guardó silencio.

La UGPP solicitó confirmar lo decidido en primera instancia, con fundamento en lo expuesto con la contestación de la demanda7.

1.6. El Ministerio Público

El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia8. Lo anterior, con fundamento en que la demandante prestó sus servicios con vinculación nacional y no territorial o

El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia8. Lo anterior, con fundamento en que la demandante prestó sus servicios con vinculación nacional y no territorial o nacionalizada como lo exige la legislación para para acceder al beneficio pensional.

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

2.1.1. Solicitud de unificación de la jurisprudencia

Con escrito del 27 de abril de 2022 la UGPP9 solicitó que a través de una sentencia de unificación jurisprudencial se defina «que debe entenderse como ‹plaza docente› su definición, requisitos y lineamientos que permitan dilucidar cuales son las condiciones que debe reunir ‹la plaza› a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21-06-2018, para ser considerado como nacional, nacionalizada o territorial». (sic)

7 Samai, índice 12, documento: 12_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 12. 8 Samai, índice 13, documento: MemorialWebCGP_14CONCEPTO_CONCEPTODELMINISTERIOPUBLICO191202220190056801 NI11452022(.pdf) NroActua 13. 9 Samai, índice 6, 8_MemorialWeb_Petición(.pdf) NroActua 6.6

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00568-01 (1145-2022) Demandante: María Judith Cano Velásquez Al respecto, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación en auto del 29 de junio de 2023 10, se pronunció en relación con una solicitud de unificación que

Demandante: María Judith Cano Velásquez Al respecto, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación en auto del 29 de junio de 2023 10, se pronunció en relación con una solicitud de unificación que guarda identidad con la que se presentó en este caso, para lo cual se abstuvo de avocar el asunto con base en las siguientes consideraciones:

1. Lo expuesto por la UGPP en la solicitud de unificar o sentar jurisprudencia, está dirigido a controvertir las reglas definidas en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, lo que difiere del objetivo previsto por el legislador en el artículo 271 del CPACA;

1. El incremento de la litigiosidad en relación con la pensión gracia, que aduce el ente solicitante, no es atribuible a la mencionada sentencia de unificación, sino a que la UGPP continúa asumiendo una posición jurídica distinta de la expuesta por la Sección Segunda. Lo anterior tampoco constituye un argumento suficiente para avocar conocimiento del asunto con fines de unificación, ya que en e sa oportunidad la corporación determinó parámetros claros aplicables en la materia.

1. El análisis de la naturaleza de los recursos del sistema general de participaciones fue abordado en dos oportunidades por esta corporación mediante sentencias de unificación en las que se fijaron lineamientos orientadores para las autoridades administrativas y judiciales. En efecto, la providencia del 21 de junio de 2018 realizó un estudio riguroso sobre dichos recursos, antes y después de la entrada en vigor de la Ley 60 de 1993. Igualmente, la sentencia de unificación del 11 de agosto de 202211 identificó las etapas del servicio educativo en Colombia, incluso la previa a la

un estudio riguroso sobre dichos recursos, antes y después de la entrada en vigor de la Ley 60 de 1993. Igualmente, la sentencia de unificación del 11 de agosto de 202211 identificó las etapas del servicio educativo en Colombia, incluso la previa a la expedición de la Ley 60 de 1993, que es objeto de cuestionamiento por parte de la entidad demandada en su solicitud de unificación. En esta última decisión se precisó que el hecho de que el gobierno central hubiera asumido el pago de las acreencias de los docentes nacionalizados, no implicó que su vinculación mutara de plano a una de carácter nacional.

1. En la sentencia del 21 de junio de 2018 se sentaron reglas precisas en torno al concepto de la «plaza docente» que habilita el reconocimiento de la pensión gracia. En ese sentido, se dejó expreso que la naturaleza de la vinculación se puede acreditar con la copia de los actos administrativos de nombramiento o las certificaciones que demuestren que la plaza ocupada es de aquellas que permiten la sumatoria de tiempos para acceder a la prestación. Lo anterior, se acompasa con el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 y con las consideraciones expuestas en la sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022 12, relacionadas con la conservación de la expectativa de

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de junio de 2023, radicado 15001 -23-33000-201900099-01 (5605-2019) 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2 022, radicado 15001 -2333-000-2016-0278-01 (3018-2017). 12 Ibidem.7

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2 022, radicado 15001 -2333-000-2016-0278-01 (3018-2017). 12 Ibidem.7

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00568-01 (1145-2022) Demandante: María Judith Cano Velásquez obtener el reconocimiento de la pensión gracia luego de la entrada en vigor de la citada ley13, que se desprende del artículo 15 ibidem.

1. El criterio adoptado por el Consejo de Estado para definir cuándo un docente tiene derecho a la pensión gracia, ha sido pacífico y constante. Así se puede observar en las sentencias proferidas el 29 de agosto de 199714, 22 de enero de 2015 15, 21 de junio de 201816 y 11 de agosto de 202217, en las que se estableció que los docentes nacionales no tienen la posibilidad de acceder a esta prestación especial, e igualmente se han señalado los tiempos de servicio computables para ese efecto.

1. Los criterios que plantea para definir las controversias no constituyen premisas que puedan ser aplicadas en forma uniforme, debido a la evolución normativa del servicio educativo y a la competencia para expedir el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Al respecto, la Sección Segunda en la providencia del 20 de octubre de 202218, puso de presente que existe la posibilidad de que el docente que ocupa una plaza territorial o nacionalizada haya terminado sujeto a un régimen salarial y prestacional del orden nacional como efecto de la nacionalización de la educación, sobre todo porque el actual esquema constitucional de competencias le asigna la

ocupa una plaza territorial o nacionalizada haya terminado sujeto a un régimen salarial y prestacional del orden nacional como efecto de la nacionalización de la educación, sobre todo porque el actual esquema constitucional de competencias le asigna la fijación del régimen prestacional de los servidores públicos a autoridades del orden nacional y les impide a los entes territoriales crear prestaciones sociales para sus servidores.

En ese orden, como se mencionó en líneas anteriores, mediante auto proferido el 29 de junio de 2023, la Sección Segunda de esta Corporación decidió no avocar el conocimiento de un asunto en el que se solicitó proferir sentencia de unificación en relación con «la definición del término “plaza docente”, la prueba idónea para acreditar la calidad de docente territorial y los criterios para determinar esa condición en los empleos docentes», asimismo resolvió:

«Las consideraciones aquí expuestas son aplicables a las solicitudes de unificación que se fundamenten en los mismos argumentos que fueron analizados en esta

13 «(…) Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos». 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado S -699. C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de enero de 2015, radicado 25000-23-42Nicolás Pájaro Peñaranda. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de enero de 2015, radicado 25000-23-42000-2012-02017-01 (0775-2014). C.P. Alfonso Vargas Rincón (E). 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 25000 -23-42000-2013-04683-01 (3805-2014) SUJ-011CE-S2-2018. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, radicado 15001 -2333-000-2016-00278-01 (3018-2017) SUJ-030CE-S2-2022. 18 Radicado 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015).8

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00568-01 (1145-2022) Demandante: María Judith Cano Velásquez providencia. Por ende, al amparo de la p resente decisión, dichos asuntos pueden continuar con su trámite, con el fin de llegar a su pronta resolución.»

Así las cosas y comoquiera que en la decisión a la cual se ha hecho referencia en párrafos anteriores, la Sección Segunda ya analizó las razone s que sustentan la solicitud de unificación presentada por la UGPP en el presente caso, como se concluyó en esa oportunidad, no se avocará el conocimiento del asunto por cuanto no se encuentran acreditados los supuestos sustanciales para esos efectos, conforme con el artículo 27119 del CPACA.

en esa oportunidad, no se avocará el conocimiento del asunto por cuanto no se encuentran acreditados los supuestos sustanciales para esos efectos, conforme con el artículo 27119 del CPACA.

19 «ARTÍCULO 271. DECISIONES POR IMPORTANCIA JURÍDICA, TRASCENDENCIA ECONÓMICA O SOCIAL O NECESIDAD DE SENTAR JURISPRUDENCIA O PRECISAR SU ALCANCE O RESOLVER LAS DIVERGENCIAS EN SU INTERPRETACIÓN Y APLIC ACIÓN. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia.

En estos casos, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias y autos de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de sus secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las

secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las integran, o de los tribunales, según el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo. Si la petición proviene de un consejero de Estado, del tribunal administrativo, o del Ministerio Público, esta podrá formularse sin la limitación temporal anterior. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá solicitarlo cuando previamente haya intervenido o se haya hecho parte dentro del pro ceso.

La petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica trascendencia económica o social o la necesidad de Unificar o sentar jurisprudencia, o precisa r su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.

La petición que se formule para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión.

La inst ancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos.

PARÁGRAFO. El Consejo de Estado implementará un mecanismo electrónico de fácil acceso que

La inst ancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos.

PARÁGRAFO. El Consejo de Estado implementará un mecanismo electrónico de fácil acceso que permita comunicar y alertar a sus integrantes y a la ci udadanía en general respecto de aquellas materias o temas que estén en trámite en la Corporación, y que por su importancia jurídica, trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las d ivergencias en su interpretación y aplicación, puedan ser propuestos para9

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00568-01 (1145-2022)

Demandante: María Judith Cano Velásquez

2.2. Problema jurídico

Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿María Judith Cano Velásquez acreditó los requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad con el r égimen prestacional previsto en la Ley 114 de 1913 y demás normas que la regulan?

Para resolver la Sala abordará la siguiente temática: (1) marco normativo; (2) caso concreto; (3) costas; y (4) conclusión.

2.2. Marco normativo

La Ley 114 de 191320 creó la pensión gracia como un reconocimiento a la dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicios en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra

primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicios en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración y que observara buena conducta.

En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación21 señaló que «el propósito de esta p ensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».

ser asumidos de oficio por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, para los fines previstos en este artículo.

Este mecanismo también permitirá que los juzgados y tribunales del país informen sobre procesos en trámite en los respectivos distritos judiciales, que por tener circunstancias similares, puedan ser asumidos por el Consejo de Estado para los fines de este artículo. Así mismo, servirá para advertir las divergencias en la interpretación o aplicación de las sentencias y autos de unificación por parte del Consejo de Estado». (subrayado fuera de texto) 20 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11 -S2 del 21 de

del Consejo de Estado». (subrayado fuera de texto) 20 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11 -S2 del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).10

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00568-01 (1145-2022) Demandante: María Judith Cano Velásquez Posteriormente, las leyes 116 de 1928 22 y 37 de 1933 23, en sus artículos 6 y 3, respectivamente, ex tendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria, normalistas e inspectores de instrucción pública.

Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así24:

«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe ‹Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional›. (En este aparte de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).

Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o

indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».

Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 197525 y en línea de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198926, en la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia, deb e reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C -489 de 2000 27 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas concretadas antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio.

22 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927». 23 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».

requisitos de edad y tiempo de servicio.

22 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927». 23 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados». 24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrati vo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado No. S-699. 25 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en m