CE - 012333000201900673011SENTENCIA20231127150716

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022)

Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Temas: Pensión gracia. Tiempos válidos para el reconocimiento

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la deman dante contra la sentencia proferida el 2 3 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Blanca Alcira Benavides Niño presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administ rativo2, en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones i) RDP 044106 del 23 de noviembre de

de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administ rativo2, en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones i) RDP 044106 del 23 de noviembre de 2017 a través de la cual la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia; ii) RDP 008 282 del 1º de marzo de 201 8 mediante la cual se confirmó la anterior decisión y el auto iii) ADP 003867 del 25 de mayo, mediante el cual se corrig ieron

1 En adelante la UGPP. 2 En adelante CPACA.2

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022) Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño unas palabras contenidas en la anterior disposición en su parte considerativa.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que i) se condenara a la UGPP al reconocimiento y al pago de la pensión gracia en cuantía del 75% del promedio de la remuneración del último año de servicio , ii) se reconocieran los intereses comerciales y moratorios iii) se indexara la primera mesada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• Blanca Alcira Benavides cumplió con el requisito previsto en la Ley 37 de 1933, de haber trabajado durante 20 años en colegios de secundaria, y con los enunciados en la Ley 114 de 1913 de contar con 50 años de edad, tener buena conducta y «no pertenecer al grupo de maestros oficiales de primaria que habían sido excluidos de dicho

en la Ley 114 de 1913 de contar con 50 años de edad, tener buena conducta y «no pertenecer al grupo de maestros oficiales de primaria que habían sido excluidos de dicho beneficio por estar recibiendo en 1913 (diciembre 4) pensión o recompensa de la nación a causa de la guerra de los mil días».

• La docente no percibe pensión o recompensa del tesoro, la mesada que recibe hace más de 20 años proviene del FOMAG, el cual fue creado por la Ley 91 de 1989 y cuya naturaleza es parafiscal y el artículo 15 ibidem hace posible su compatibilidad con la pensión gracia

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron las leyes 37 de 1933, 91 de 1989, 42 de 1933, 116 de 1928, 114 de 1913 y 39 de 1903.

En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:

-La UGPP no aplicó las normas correspondientes al caso concreto y , en su lugar, optó por otras menos favorables para el trabajador, tal como lo expresa la Corte Constitucional en la sentencia T-571 de 2002.

• Inicialmente la pensión gracia fue concebida como una prestación que la nación confería a los docentes de primaria de orden regional o local, luego fue ampliado el beneficio a los empleados y profesores de las escuelas normales, después fue posible su otorgamiento a docentes que hubieran completado los años de servicio en planteles educativos de secundaria, sin que fuera relevante identificar si aquellos3

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022)

en planteles educativos de secundaria, sin que fuera relevante identificar si aquellos3

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022) Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño eran de orden nacional o territorial o si recibían una pensión ordinaria que estuviera a cargo total o parcial de la Nación3.

1.2. Contestación de la demanda

La UGPP se opuso a las pretensiones con fundamento en que la demandante no cumple con los requisitos previstos en las leyes 114 de 1913, 37 de 1933 y 91 de 1989 y con las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en las sentencias C -084 de 1999 y C -489 de 2000, como lo son la edad, el tiempo de servicio y la vinculación antes del 29 de diciembre de 1989.

Al expediente fue allegado el certificado de servicios expedido por la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda , en la cual se indicó que Blanca Alcira Benavides desde el 14 de junio de 1978 hasta la fecha de expedición de ese documento fue nombrada como docente oficial de carácter nacional . Así como también se e videnció en el formato único para la expedición de certificados de salarios expedido por el departamento de Risaralda en el cual fue señalado que la profesora tuvo vinculación nacional , y en el certificado de tiempo de servicio proferido esa Gobernación4.

Propuso como excepciones las siguientes: i) inepta demanda; ii) inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; iii) buena fe; iv) prescripción y v) genérica.

1.3. La sentencia apelada

Propuso como excepciones las siguientes: i) inepta demanda; ii) inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; iii) buena fe; iv) prescripción y v) genérica.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, en sentencia del 23 de septiembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda al considerar que la demandante no cumplió con los requisitos necesarios para el reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que no acreditó la prestación de sus ser vicios como docente en establecimientos educativos de orden territorial o nacionalizado durante 20 años. Para tal efecto, se pronunció en estos términos5:

• La Ley 29 de 1989 restructuró el Ministerio de Educación Nacional y asignó a los departamentos y municipios, según su capacidad, la administración del personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales y nacionalizados; sin que cambiara la naturaleza de los nombramientos previamente realizados a los docentes , los cuales seguían a cargo de las entidades que los

3 Expediente digital, Gestionar Documentos. SAMAI del tribunal de primera instancia. 4 Expediente digital, Gestionar Documentos. SAMAI del tribunal de primera instancia. 5 21_021SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.PDF) NroActua 20. SAMAI del tribunal de primera instancia.4

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022) Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño crearon. Entonces al tratarse de un nombramiento realizado por la nación , el docente, a pesar de ser administrado por u na entidad territorial conservaba su

Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño crearon. Entonces al tratarse de un nombramiento realizado por la nación , el docente, a pesar de ser administrado por u na entidad territorial conservaba su calidad de nacional, contrario a lo que pretendió acreditar la demandante.

• No resulta admisible la aplicación del principio de favorabilidad laboral con el fin de excluir a la demandante del cumplimiento del requisi to de haberse vinculado a una plaza nacionalizada o territorial, por cuanto no existe duda en relación con esa exigencia, en el sentido de que proviene de un mandato legal.

• Como conclusión emerge que, la demandante no acreditó la prestación del servicio en virtud de una vinculación como docente territorial o nacionalizada, pues si bien estuvo vinculada antes del 31 de diciembre de 1980 y acredit ó más de 40 años de tiempo laborado como maestra, lo cierto es que esta vinculación fue como profesora nacional designada por el Ministerio de Educación Nacional, de manera que no se desvirtuó la legalidad de los actos demandados.

Finalmente, no condenó en costas.

1.4. El recurso de apelación

Blanca Alcira Benavides Niño solicitó la revocatoria de la sentencia proferida en primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos6:

• El a quo desconoció la normativa constitucional y el criterio jurisprudencial, al validar solo algunas dis posiciones legales y omitir el principio de favorabilidad laboral.

• Los docentes están facultados para recibir más de una asignaci ón que provenga del erario, así tengan origen en igual ente público , por su parte la pensión gracia puede adjudicarse a docentes de primaria independientemente de que su

laboral.

• Los docentes están facultados para recibir más de una asignaci ón que provenga del erario, así tengan origen en igual ente público , por su parte la pensión gracia puede adjudicarse a docentes de primaria independientemente de que su vinculación sea nacional, departamental, municipal o distrital , siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913 . Si bien en la Ley 116 de 1928 se estableció que las institucio nes de secundaria normalistas eran nacionales, lo cierto es que esa ley también permite que esos tiempos sean contados para acceder al reconocimiento de la prestación. Los docentes nacionales de secundaria no normalista también se encuentran avalados para acceder a ella, como sucede en el caso de todos los maestros vinculados antes de 1981.

6 24_0024RECURSOSENTENCIA(.PDF) NroActua 25. Índice 25 de SAMAI del tribunal de primera instancia.5

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022) Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño - Por su parte la Ley 37 de 1933 dispuso como exigencia para el reconocimiento de esa pensión, haber completado los años de servicio en un colegio de educaci ón secundaria, y no distingue entre el tipo de no mbramiento ni la calidad de nacional, departamental, municipal o distrital del plantel , luego el intérprete tiene prohibido pretender el cumplimiento de requisitos que no estén previstos en la normativa. La Ley 91 de 1989 derogó todo lo dispuesto respecto de la pensión gracia , determinó como requisitos para acceder a ella, no devengar de manera parcial o total alguna

pretender el cumplimiento de requisitos que no estén previstos en la normativa. La Ley 91 de 1989 derogó todo lo dispuesto respecto de la pensión gracia , determinó como requisitos para acceder a ella, no devengar de manera parcial o total alguna otra mesada proveniente del erario y tener una vinculación antes de 1981.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. Blanca Alcira Benavides Niño guardó silencio7.

1.5.2. La UGPP reafirmó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y solicitó confirmar la sentencia apelada, al no encontrarse acreditados los requisitos requeridos por el ordenamiento jurídico para acceder al reconocimiento de la pensión gracia8. Además, reiteró la solicitud de unificación de jurisprudencia en la cual manifestó la necesidad de proferir una directriz respecto de las condiciones que debe reu nir la plaza para ser considerada como nacional, nacionalizada o territorial, en virtud de la SUJ-11-52 del 21 de junio de 2018.

1.6. El Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto, tal y como se advierte en la constancia secretarial del 28 de abril de 20229.

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

2.1.1. Solicitud de unificación de la jurisprudencia

Con escrito del 27 de abril de 2022 la UGPP10 solicitó que a través de una sentencia de unificación jurisprudencial se defina «que debe entenderse como ‹plaza docente› su definición, requisitos y lineamientos que permitan dilucidar cuales son las condiciones que

de unificación jurisprudencial se defina «que debe entenderse como ‹plaza docente› su definición, requisitos y lineamientos que permitan dilucidar cuales son las condiciones que debe reunir ‹la plaza› a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21-06-2018, para ser considerado como nacional, nacionalizada o territorial» (sic).

7 Según el informe del 17 de junio de 2022 de la Secretaría de la Sección Segunda de la Corporación, visto a ALDESPACHOPARASENTENCIA_11232022(.docx) NroActua 14, índice 14, SAMAI. 8 11_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 13, índice 13, SAMAI. 9 18_ALDESPACHOPARASENTENCIA_289720211(.docx) NroActua 18, índice 18, SAMAI. 10 Samai, índice 6, 8_MemorialWeb_Petición(.pdf) NroActua 6.6

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022)

Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño

Al respecto, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación en auto del 29 de junio de 2023 11, se pronunció en relac ión con una solicitud de unificación que guarda identidad con la que se presentó en este caso, para lo cual se abstuvo de avocar el asunto con base en las siguientes consideraciones:

1. Lo expuesto por la UGPP en la solicitud de unificar o sentar jurispr udencia, está dirigido a controvertir las reglas definidas en la sentencia SUJ-11-S2 del 21 de junio

avocar el asunto con base en las siguientes consideraciones:

1. Lo expuesto por la UGPP en la solicitud de unificar o sentar jurispr udencia, está dirigido a controvertir las reglas definidas en la sentencia SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, lo que difiere del objetivo previsto por el legislador en el artículo 271 del

CPACA;

1. El incremento de la litigiosidad en relación con la pensión gracia, que aduce el ente solicitante, no es atribuible a la mencionada sentencia de unificación, sino a que la UGPP continúa asumiendo una posición jurídica distinta de la expuesta por la Sección Segunda. Lo anterior tampoco constituye un argument o suficiente para avocar conocimiento del asunto con fines de unificación, ya que en esa oportunidad la corporación determinó parámetros claros aplicables en la materia.

1. El análisis de la naturaleza de los recursos del sistema general de participaciones fue abordado en dos oportunidades por esta corporación mediante sentencias de unificación en las que se fijaron lineamientos orientadores para las autoridades administrativas y judiciales. En efecto, la providencia del 21 de junio de 2018 realizó un estudio riguroso sobre dichos recursos, antes y después de la entrada en vigor de la Ley 60 de 1993. Igualmente, la sentencia de unificación del 11 de agosto de 202212 identificó las etapas del servicio educativo en Colombia, incluso la previa a la expedición de la Ley 60 de 1993, que es objeto de cuestionamiento por parte de la entidad demandada en su solicitud de unificación. En esta última decisión se precisó que el hecho de que el gobierno central hubiera asumido el pago de las acreencias de los docentes nacionalizados, no implicó que su vinculación mutara de plano a una de

entidad demandada en su solicitud de unificación. En esta última decisión se precisó que el hecho de que el gobierno central hubiera asumido el pago de las acreencias de los docentes nacionalizados, no implicó que su vinculación mutara de plano a una de carácter nacional.

1. En la sentencia del 21 de junio de 2018 se sentaron reglas precisas en torno al concepto de la «plaza docente» que habilita el reconocimiento de la pensión gracia. En ese sentido, se dejó expreso que la naturaleza de la vinculación se puede acreditar con la copia de los actos administrativos de nombramiento o las certificaciones que demuestren que la plaza ocupada es de aquellas que permiten la sumatoria de tiempos para acceder a la prestación. Lo anterior, se acompasa con el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 y con las consideraciones expuestas en la sentencia de unificación

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de junio de 2023, radicado 15001-23-33000-201900099-01 (5605-2019) 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, radicado 15001 -2333-000-2016-0278-01 (3018-2017).7

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022) Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño del 11 de agosto de 2022 13, relacionadas con la conservación de la expectativa de obtener el reconocimiento de la pensión gracia luego de la entrada en vigor de la citada ley14, que se desprende del artículo 15 ibidem.

1. El criterio adoptado por el Consejo de Estado para definir cuándo un docente tiene

obtener el reconocimiento de la pensión gracia luego de la entrada en vigor de la citada ley14, que se desprende del artículo 15 ibidem.

1. El criterio adoptado por el Consejo de Estado para definir cuándo un docente tiene derecho a la pensión gracia, ha sido pacífico y constante. Así se puede observar en las sentencias proferidas el 29 de agosto de 1997 15, 22 de enero de 2015 16, 21 de junio de 201817 y 11 de agosto de 202218, en las que se estableció que los docentes nacionales no tienen la posibilidad de acceder a esta prestación especial, e igualmente se han señalado los tiempos de servicio computables para ese efecto.

1. Los criterios que plantea para definir las controversias no constituyen premisas que puedan ser aplicadas en forma uniforme, debido a la evolución normativa del servicio educativo y a la competencia para expedir el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Al respecto, la Sección Segunda en la providencia del 20 de octubre de 202219, puso de presente que existe la posibilidad de que el docente que ocupa una plaza territorial o nacionalizada haya terminado sujeto a un régimen salarial y prestacional del orden nacional como efecto de la nacionalización de la educación, sobre todo porque el actual esquema constitucional de competencia s le asigna la fijación del régimen prestacional de los servidores públicos a autoridades del orden nacional y les impide a los entes territoriales crear prestaciones sociales para sus servidores.

En ese orden, como se mencionó en líneas anteriores, media nte auto proferido el 29 de junio de 2023, la Sección Segunda de esta Corporación decidió no avocar el

servidores.

En ese orden, como se mencionó en líneas anteriores, media nte auto proferido el 29 de junio de 2023, la Sección Segunda de esta Corporación decidió no avocar el conocimiento de un asunto en el que se solicitó proferir sentencia de unificación en relación con «la definición del término “plaza docente”, la prueba idónea para acreditar la calidad de docente territorial y los criterios para determinar esa condición en los empleos docentes», asimismo resolvió:

13 Ibidem. 14 «(…) Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos». 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado S -699. C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de enero de 2015, radicado 25000-23-42000-2012-02017-01 (0775-2014). C.P. Alfonso Vargas Rincón (E). 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 25000 -23-42000-2013-04683-01 (3805-2014) SUJ-011CE-S2-2018. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, radicado 15001 -23000-2013-04683-01 (3805-2014) SUJ-011CE-S2-2018. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, radicado 15001 -2333-000-2016-00278-01 (3018-2017) SUJ-030CE-S2-2022. 19 Radicado 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015).8

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022) Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño «Las consideraciones aquí expuestas son aplicables a las solicitudes de unificación que se fundamenten en lo s mismos argumentos que fueron analizados en esta providencia. Por ende, al amparo de la presente decisión, dichos asuntos pueden continuar con su trámite, con el fin de llegar a su pronta resolución.»

Así las cosas y comoquiera que en la decisión a la cual se ha hecho referencia en párrafos anteriores, la Sección Segunda ya analizó las razones que sustentan la solicitud de unificación presentada por la UGPP en el presente caso, como se concluyó en esa oportunidad, no se avocará el conocimiento del asunt o por cuanto no se encuentran acreditados los supuestos sustanciales para esos efectos, conforme con el artículo 27120 del CPACA.

20 «ARTÍCULO 271. DECISIONES POR IMPORTANCIA JURÍDICA , TRASCENDENCIA ECONÓMICA O SOCIAL O NECESIDAD DE SENTAR JURISPRUDENCIA O PRECISAR SU ALCANCE O RESOLVER LAS DIVERGENCIAS EN SU INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN. Por

ECONÓMICA O SOCIAL O NECESIDAD DE SENTAR JURISPRUDENCIA O PRECISAR SU ALCANCE O RESOLVER LAS DIVERGENCIAS EN SU INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unifi car jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendient es de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia.

En estos casos, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias y autos de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de sus secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias y autos de unificación en es os mismos eventos, en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las integran, o de los tribunales, según el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo. Si la petición proviene de un consejero de Estado, del tribunal administrativo, o del Ministerio Público, esta podrá formularse sin la limitación temporal anterior. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá solicitarlo cuando previamente haya intervenido o se haya hecho parte dentro del proceso.

La petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica trascendencia económica o social o la necesidad de Unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.

La petición que se form ule para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión.

La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos.

PARÁGRAFO. El Consejo de Estado implementará un mecanismo electrónico de fácil acceso que permita comunicar y alertar a sus integrantes y a la ciudadanía en general respecto de aquellas materias o temas que estén en trámite en la Corporación, y que por su importancia jurídica, trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su9

materias o temas que estén en trámite en la Corporación, y que por su importancia jurídica, trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su9

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022)

Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño

2.2. El problema jurídico

Se circunscribe a determinar lo siguiente: ¿ Blanca Alcira Benavides Niño cumple con los requisitos legales para ser beneficiaria de una pensión gracia, en aplicación del régimen prestacional previsto en la Ley 114 de 1913 y demás normas que la regulan?

2.3. Marco normativo

La Ley 114 de 1913 21, creó la pensión gracia, como un reconocimiento a la dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ej ercido la docencia con honradez, consagración y que observara buena conducta.

En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación 22, señaló que «(…) el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque,

«(…) el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».

Posteriormente, las Leyes 116 de 1928 23 y 37 de 1933 24, en sus artículos 6 y 3, respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria, normalistas e inspectores de instrucción pública.

alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación, puedan ser propuestos para ser asumidos de oficio por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, para los fines previstos en este artículo.

Este mecanismo también permitirá que los juzgados y tribunales del país informen sobre procesos en trámite en los respectivos distritos judiciales, que por tener c ircunstancias similares, puedan ser asumidos por el Consejo de Estado para los fines de este artículo. Así mismo, servirá para advertir las divergencias en la interpretación o aplicación de las sentencias y autos de unificación por parte del Consejo de Estado». (subrayado fuera de texto) 21 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11 -S2 del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). 23 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».

junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). 23 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927». 24 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».10

Radicado: 66001-23-33-000-2019-00673-01 (1123-2022) Demandante: Blanca Alcira Benavides Niño Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así25:

«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que p ara gozar de la gracia de la pensión es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”. (En este aparte de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).

Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales.»

Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 197526 y en línea de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198927, en la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia, debe

Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 197526 y en línea de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198927, en la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia, debe reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «(…) colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C -489 de 2000 28 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas concretadas antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es decir que tiene dere