CE - 012333000201900787011SENTENCIA20231206082931

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 76001-23-33-000-2019-00787-01 (5295-2022)

Demandante: José Nicolás Díaz Roa Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente nacional. La incorporación no cambia la naturaleza de la relación legal y reglamentaria. REVOCA PARCIALMENTE Y

CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor JOSÉ NICOLÁS DÍAZ ROA instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de

El señor JOSÉ NICOLÁS DÍAZ ROA instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones, (i) RDP 027838 del 12 de julio de 2018 y (ii) RDP 038633 del 24 de septiembre de 2018; por medio de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia y se desató desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto contra el primer acto administrativo enunciado.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y pagar al accionante la mencionada prestación con efectividad desde ese mismo

1 Folios 111 a 112.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

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instante ocurrido el 22 de noviembre de 2015 . Asimismo, que se cancelen los reajustes sobre la prestación y los intereses moratorios que se causen por su falta de pago de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 187 del CPACA y 14 de la Ley 100 de 1993.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo

de pago de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 187 del CPACA y 14 de la Ley 100 de 1993.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera:

Que el señor José Nicolás Díaz Roa nació el 28 de diciembre de 2005. Que en su vida laboral estuvo vinculado al magisterio como docente de básica secundaria de carácter departamental - nacionalizado por un lapso de 9 meses y 5 días, en los centros educativos y por los tiempos que pasan a enunciarse:

• En la Institución Educativa José María Vivas Balcázar desde el 4 de septiembre hasta el 3 de noviembre de 1978. • En la Institución Educativa José María Vivas Balcázar desde el 5 de febrero hasta el 4 de abril de 1979. • En el Instituto Técnico Industrial de Buenaventura desde el 27 de junio al 31 de octubre de 1979

Posteriormente tuvo una vinculación de carácter nacional como educador oficial desde el 31 de marzo de 1990 hasta el 2 de febrero de 2018 3 derivada de la Resolución 0414 del 18 de enero de 1990 expedida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Luego dicho vinculó muto a departamental por mandato de la Ley 60 de 1993, en razón, que el departamento del Valle del Cauca fue certificado, según Resolución 6017 del 22 de diciembre de 1995 del MEN, y le fue entregada la

60 de 1993, en razón, que el departamento del Valle del Cauca fue certificado, según Resolución 6017 del 22 de diciembre de 1995 del MEN, y le fue entregada la educación, a través de acta del 22 de abril de 1996. Más adelante, adujo que dicho vínculo se tornó municipal en virtud de lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, según consta en el acta de entrega del 27 de junio de 2003, a través de la cual se le entregó la administración del servicio educativo al municipio de Cali y en la Resolución 2749 del 3 de diciembre de 2002.

Como consecuencia de la descentralización los tiempos de servicios laborados desde el 22 de abril de 1996 hasta el 2 de febrero de 2018 son de carácter territorial y, por tanto, aptos para el reconocimiento de la pensión gracia.

2 Folios 112 a 114. 3 Ver hecho 4° de la demanda, folio 129 del archivo digital «21_ED_201900787».Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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Que el 24 de abril de 2018, la parte actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, a lo cual dicha entidad expidió la Resolución RDP 027838 del 12 de julio de 2018 con la que negó la prestación.

Que el accionante presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, el cual fue resuelto a través de las Resoluci ón RDP 038633 del 24

027838 del 12 de julio de 2018 con la que negó la prestación.

Que el accionante presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, el cual fue resuelto a través de las Resoluci ón RDP 038633 del 24 de septiembre de 2018 siendo confirmada la decisión inicial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 16 de octubre de 20194 y notificada a la UGPP5, quien manifestó que al demandante no le asiste el derecho reclamado, dado que no cuenta con los veinte años en la docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o n acionalizado, teniendo en cuenta que para acceder a la prestación solicitada no es posible computar tiempos de servicio del orden nacional.

Propuso como excepciones que las denominó : (i) inexistencia de la obligación; (ii) prescripción, (iii) buena fe (iv) cobro de lo debido; (v) imposibilidad jurídica para cumplir lo pretendido; (vi) innominada o genérica.

Mediante auto del 14 de septiembre de 2021 6 el tribunal en aplicación del artículo 182ª del CPACA, consideró que la discusión que se suscitaba en el presente proceso era de pleno derecho y no era necesaria la práctica de pruebas, por lo que debía dictarse sentencia anticipada . Por lo tanto, a través de dicha providencia procedió a incorporar las pruebas aportadas en la demanda y en la contestación , negó las pruebas solicitadas, fijó el litio y en virtud del artículo 181 del CPACA ordenó correr traslado para presentar alegatos de conclusión dentro de los 10 días y en la misma oportunidad al Ministerio Publico para rendir concepto de fondo.

negó las pruebas solicitadas, fijó el litio y en virtud del artículo 181 del CPACA ordenó correr traslado para presentar alegatos de conclusión dentro de los 10 días y en la misma oportunidad al Ministerio Publico para rendir concepto de fondo.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo d el Valle del Cauca mediante sentencia del 15 de diciembre de 2021 negó las pretensiones de la demanda, luego de considerar que, si bien en el proceso el actor acreditó un tiempo de servicio superior a los 20 años que exige la norma para el reconocimiento pensional, este no puede ser computado, toda vez que los planteles en los que laboró el demandante, desde 1990 a 2018, son de carácter nacional y no nacionalizado.

El actor no cumplió con el tiempo mínimo de servicio de 20 años como docente territorial o nacionalizad o necesario para acceder a la prestación pues, si bien

4 Folio 100 a 106 del archivo digital «21_ED_201900787». 5 Folios 122 del archivo digital «21_ED_201900787». 6 Archivo digital « 7_AUTOTRASLADOPARTES10DIAS». 7 Archivo digital «13_SENTENCIAQUENIEGALASPRETENSIONES»Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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demostró que laboró como docente nacionalizado desde 4 de septiembre de 1978 hasta 3 de octubre de 1979 , periodo que es válido para reclamar la pensión , la vinculación que se generó desde el año 1990 fue nacional.

demostró que laboró como docente nacionalizado desde 4 de septiembre de 1978 hasta 3 de octubre de 1979 , periodo que es válido para reclamar la pensión , la vinculación que se generó desde el año 1990 fue nacional.

Que el fenómeno de la descentralización de la educación (Ley 60 de 1993) y la certificación de los municipios del Valle del Cauca (2003) contrario a lo que argumenta la parte no cambian la estructura de todas las instituciones educativas del departamento. Así, indicó que no es válido señalar que por la descentralización y certificación municipal el tipo de vinculación del señor José Nicolas Díaz Roa se transformó de nacional a nacionalizada.

Por lo anterior concluyó que no era posible admitir que para obtener el derecho se discuta la mutación del vínculo, cuando se determinaron límites para la adquisición del mismo, razones que consideró suficientes para denegar las pretensiones de la demanda.

Finalmente, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, en armonía con el numeral 1º del artículo 365 del CGP, dispuso condenar en costas a la parte demandante a favor de la entidad demandada , teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado judicial de la UGPP.

EL RECURSO DE APELACIÓN8

La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, para lo cual sostuvo que, de conformidad con la normativa aplicable a estos asuntos , así como con los actos administrativos que dieron cabal ejecución al proceso de descentralización en el departamento del Valle del Cauca y el municipio de Cali no cabría la menor duda de que el vínculo laboral

normativa aplicable a estos asuntos , así como con los actos administrativos que dieron cabal ejecución al proceso de descentralización en el departamento del Valle del Cauca y el municipio de Cali no cabría la menor duda de que el vínculo laboral del accionante, si bien en un principio fue nacional, mutó a territorial a partir del 22 de abril de 1996.

Que los recursos del Sistema General de Participaciones, con los que se financia la educación primaria y secundaria, que fue descentralizada, no son recursos nacionales y que son una fuente exógena de los recursos propios de las entidades territoriales.

Que la Ley 60 de 1993 no descentralizó el servicio educativo de manera automática; sino que concibió dicha descentralización como un proceso, para cuya satisfacción exigió dos requisitos básicos: certificación de la entidad territorial para poder ser prestador del servicio educativo y acta de entrega ; documentos respecto de los cuales se probó el cumplimiento en el Departamento del Valle del Cauca y en el Municipio de Cali, pese a lo cual, el fallador de primera instancia no tuvo en cuenta las consecuencia s legales en materia de mutación del vínculo nacional a

8 Archivo digital denominado « 16_APELACIONDESENTENCIA_RECURSODEAPELACIO».Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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departamental y luego a municipal.

Que existió una indebida valoración del acervo probatorio pues, con el certificado del 2 de febrero de 2018  expedido por la Secretaría de Educación departamental

departamental y luego a municipal.

Que existió una indebida valoración del acervo probatorio pues, con el certificado del 2 de febrero de 2018  expedido por la Secretaría de Educación departamental del Cauca, la entidad territorial al «autoproclamarse entidad nominadora certificó todo el tiempo nacional como si no se hubiera producido el fenómeno de la descentralización de la educación»; lo cual a su juicio constituye un reflejo de la falta de cuidado de dicha dependencia y del síndrome de centralismo que imperaba para la época, así como una falsedad ideológica parcial que si bien no ameritaba tacha, sí debe ser tenida en cuenta por el juez al momento de fallar.

Que la sentencia recurrida incurrió en un defecto fático al no valorar el material probatorio aportado al proceso; al efecto señaló que no se analiz aron l as Resoluciones 6017 del 22 de diciembre de 1995 y 2749 del 3 de diciembre de 2002, proferidas por el Ministerio de Educación Nacional, mediante las cual se certificó al departamento del Valle del Cauca y al municipio de Cali, respectivamente , para prestar el servicio educativo, así como tampoco estudió el acta mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional le entregó el servicio educativo al departamento del Valle del Cauca , como tampoco el Decreto 0326 del 15 de julio de 2003 ; documentos que de haber sido apreciados hubieran dado la convicción suficiente para fallar de manera favorable las pretensiones de la demanda.

Que igualmente existió una falta de análisis crítico sobre la prueba en la medida que el fallador de primera instancia se apegó al hecho de que en la certificación de

para fallar de manera favorable las pretensiones de la demanda.

Que igualmente existió una falta de análisis crítico sobre la prueba en la medida que el fallador de primera instancia se apegó al hecho de que en la certificación de tiempo de servicio del 2 de febrero de 2018 se indicó que el régimen de pensiones por el tiempo comprendido desde el 21 de marzo de 1990 al 2 de febrero de 2018 fue nacional, como si se entendiera que régimen de pensiones y vínculo laboral es lo mismo cuando lo cierto es que no lo es.

Finalmente, adujo que la condena en costas no puede estar únicamente fundada en la derrota de las pretensiones, como lo hizo en este caso el fallador, sino que, por el contrario, debe existir dentro del expediente prueba de que la solicitud de la pensión se hizo de forma temeraria o sin arreglo a los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico para que esta resulte procedente; situación que no aconteció en el caso particular, aunado al hecho de que el demandante confiando en los efectos legales de la descentralización de la educación, ha construido una expectativa válida para que se reconozca el derecho discutido.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

De conformidad con el numeral 4° del artículo 247 del CPACA, una vez admitido el recurso9, la UGPP presentó alegatos de conclusión señalando que, conforme con las disposiciones legales y constitucionales vigentes en la materia, se encuentra

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plenamente demostrado que al demandante no le asiste el derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación gracia por no cumplir los requisitos mínimos exigidos por la Ley.

POSICIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO

El señor Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto a través del cual solicita confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia, modificando únicamente la condena en costas, con base en los siguientes argumentos:

Que, aunque el señor José Nicolás Díaz Roa , prestó sus servicios como docente nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980 y hasta el 30 de septiembre de dicho año, el periodo comprendido resulta insuficiente para acreditar los requisitos establecidos en la norma, esto, es acreditar 20 años de servicio tal y como lo estipula la Ley 114 de 1993. Lo anterior, teniendo en cuenta que desde el 1.° de octubre de 1980 hasta su retiro, el vínculo fue de carácter nacional , por lo anteriormente señalado, este tiempo no se puede computar para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada.

Aunado a ello, señaló que la transferencia para la administración del personal efectuada por parte del Departamento del Cauca al Municipio de Popayán; no varió el vínculo laboral de nacional a territorial del demandante, pues no se evidencia que

Aunado a ello, señaló que la transferencia para la administración del personal efectuada por parte del Departamento del Cauca al Municipio de Popayán; no varió el vínculo laboral de nacional a territorial del demandante, pues no se evidencia que se haya emitido un nuevo acto de nombramiento por parte de los entes encargados, donde se lograra establecer que el vínculo era de carácter laboral.

Por último, adujo que toda vez que dentro de la actuación procesal no se logró observar que el demandante hubiera desplegado conducta temeraria o de mala fe no resultaba viable la imposición de la condena en costas, esto, ya que en vigencia del CPACA la imposición de las costas dejó de fundarse en un criterio subjetivo para considerar, en cambio, aspectos de tipo objetivo valorativo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980, ello en el entendido de que tuvo dos incorporaciones a la planta de personal docente de diferentes entidades territoriales en virtud del proceso de descentralización del servicio educativo.

Para resolver este problema jurídico, la Sala hará referencia a: i) los aspectos generales de la pensión gracia aplicables al caso concreto , ii) las implicaciones deCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

generales de la pensión gracia aplicables al caso concreto , ii) las implicaciones deCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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la incorporación del personal docente a los entes territoriales en el proceso de descentralización de la educación y finalmente, iii) resolverá el caso concreto.

Marco normativo y jurisprudencial

a. Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«[l]os maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «[l]os veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en

6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla laCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

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ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»10. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «[c]uando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se

base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y

de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,

10 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00787-01 (5295-2022)

sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199711 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,

sentencia S-699 del 26 de agosto de 199711 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 12 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos lo cales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por

propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos re cursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 12 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 12 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00787-01 (5295-2022)

dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de doc