CE - 012333000201900824011SENTENCIA20230317094136

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00824-01 (27007)

Demandante: TRANSPORTES CALDERÓN SA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 68001-23-33-000-2019-00824-01 (27007)

Demandante: TRANSPORTES CALDERÓN SA Demandado: DIAN Temas: IVA bimestre 6 de 2014. Inspección tributaria. Suspensión término de firmeza. Servicio excluido de transporte de pasajeros

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 17 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que resolvió1:

«PRIMERO: DENI ÉGANSE las pretensiones de la demanda interpuesta mediante apoderado por TRANSPORTES CALDERON S.A., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: CONDÉNASE EN COSTAS de primera instancia a la parte demandante,

ADUANAS NACIONALES – DIAN, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: CONDÉNASE EN COSTAS de primera instancia a la parte demandante, conforme lo indicado en la parte motiva de esta sentencia. Las costas se liquidarán por parte de la Secretaría de esta Corporación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 del

Código General del Proceso […]».

ANTECEDENTES

El 20 de enero de 2015, TRANSPORTES CALDERÓN SA, presentó la declaración de IVA del bimestre 6 de 20142, corregida el 5 de junio de 2015, en la que liquidó un saldo a pagar de $45.633.0003.

El 20 de abril de 2015, la sociedad presentó la declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2014.

El 17 de marzo de 2017 , la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, en la investigación adelantada por el impuesto sobre la renta del año 2014, dictó el auto de inspección tributaria

042382017000074. El 13 de junio de 2017, por auto de apertura 042382017000547, inició investigación por el programa «INDICIOS DE INEXACITU D», en relación con la declaración de IVA del bimestre 6 de 20145.

1 Índice 27 en Samai. 2 Fl. 11 c.a. 3 Fl. 3 c.a. 4 Información tomada del informe final de 13 de julio de 2017. Fl. 152 c.a. 5 Fl. 4 c.a.Radicado: 68001-23-33-000-2019-00824-01 (27007)

3 Fl. 3 c.a. 4 Información tomada del informe final de 13 de julio de 2017. Fl. 152 c.a. 5 Fl. 4 c.a.Radicado: 68001-23-33-000-2019-00824-01 (27007)

Demandante: TRANSPORTES CALDERÓN SA

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2 El 14 de julio de 2017, la citada división p rofirió el Requerimiento Especial 042382017000032, notificado el 15 de julio de 2017 6. en el que propuso disminuir ingresos excluidos en $879.829.000, adicionar ingresos por operaciones gravadas en $5.417.122.000, determinar un mayor impuesto generado de $866.740.000, e imponer sanción por inexactitud de $ 866.740.000, para fijar un saldo a pagar de $1.779.113.00007. La sociedad dio respuesta a este acto8.

El 15 de junio de 2018, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga profirió la Liquidación Oficial de Revisión 042412018000029, en la cual mantuvo las glosas propuestas en el requerimiento especial9. Contra este acto se interpuso recurso de reconsideración10.

El 19 de junio de 2019, mediante la Resolución 992232019000084, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos (E) de la Dirección de Gestión Jurídica del nivel central de la DIAN, confirmó el acto liquidatorio11.

DEMANDA

Gestión de Recursos Jurídicos (E) de la Dirección de Gestión Jurídica del nivel central de la DIAN, confirmó el acto liquidatorio11.

DEMANDA

TRANSPORTES CALDERÓN SA, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, formuló las siguientes12:

«PRETENSIONES

PRIMERA – Que se declare la Nulidad de la LIQUIDACIÓN OFICIAL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - REVISIÓN Nº 042412018000029 del 15 de Junio de 2018 profer ida por la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA , mediante la cual modificó la Liquidación Privada de Impuesto a las Ventas por el periodo bimestral 6 del año gravable 2014, al pasar de un saldo a pagar de $ 45.633.000=, a $912.373.000=, y se sancionó por in exactitud a la Sociedad en cuantía de $866.740.000=.

SEGUNDOQue se declare Nulidad de la RESOLUCIÓN Nº 9922320190000 84 del 19 de junio de 2019, notificada el 27 de junio de 2019 , proferida por la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS JUR ÍDICOSDIRECCIÓN DE GESTI ÓN JUR ÍDICA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , por medio del cual se resolvió el recurso de Reconsideración.

TERCERA -Que se declare que el día 20 de abril de 2017 quedó en firme la declaración de renta año gravable 2014 presentada el día 20 de abril de 2015 por TRANSPORTES

el recurso de Reconsideración.

TERCERA -Que se declare que el día 20 de abril de 2017 quedó en firme la declaración de renta año gravable 2014 presentada el día 20 de abril de 2015 por TRANSPORTES CALDERÓN S.A., como consecuencia de la ausencia del Requerimiento Especial en Renta que lo exigen los art. 705 y 714 del E.T.

CUARTAQue como consecuencia de lo anterior y a título de Restablecimiento del Derecho, se declare la firmeza de la Liquidación Privada del Impuesto sobre las Ventas del periodo bimestral 6 del año gravable 2014».

Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:

• Artículo 34 de la Constitución Política

6 Fl. 169 c.a. 7 Fls. 158 a 168 c.a. 8 Fls. 170 a 177 c.a. 9 Fls. 27 a 40 c.p. 10 Fls. 409 a 418 c.a. 11 Fls. 10 a 25 c.p. 12 Fl. 45 c.p.Radicado: 68001-23-33-000-2019-00824-01 (27007)

Demandante: TRANSPORTES CALDERÓN SA

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3 • Artículos 476 [2], 647, 648, 683, 705, 705-1, 706, 710, 714, 730, 742, 743 y 746 del Estatuto Tributario

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Violación de los artículos 714, 705, 705 -1 y 706 del ET por indebida interpretación y

del Estatuto Tributario

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Violación de los artículos 714, 705, 705 -1 y 706 del ET por indebida interpretación y aplicación: El requerimiento especial se notificó extemporáneamente, por cuanto la firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2014, operó el 20 de abril de 2017. Como no se profirió y notificó requerimiento especial en la investigación abierta por el impuesto sobre la renta, se materializó la firmeza de dicha declaración y, en consecuencia, la de IVA del bimestre 6 de 2014 . L a DIAN aplicó indebidamente la suspensión del término derivada de la inspección tributaria decretada en renta pues, para que operara, se requería la expedición del acto previo , con lo cual la Administración tomó seis meses para extender el término de firmeza de la declaración de renta de 2014.

Vulneración de los artículos 710 y 730 del ET: Por extemporaneidad en la notificación del requerimiento especial de IVA del bimestre 6 de 2014 (15 de julio de 2017 ), la DIAN incurrió en la causal de nulidad del artículo 730 [3] del ET, toda vez que, al notificar la liquidación de revisión el 13 de junio de 2018, lo hizo extemporáneamente, pues el plazo para hacerlo vencía el 20 de enero del mismo año.

Violación del artículo 476 [2] del ET por indebida aplicación: La DIAN valoró de manera subjetiva las pruebas aportadas (soportes contables, contratos y anexos de estos, certificaciones de personal, facturación, entre otras), cuando consideró que el servicio público de transporte

Violación del artículo 476 [2] del ET por indebida aplicación: La DIAN valoró de manera subjetiva las pruebas aportadas (soportes contables, contratos y anexos de estos, certificaciones de personal, facturación, entre otras), cuando consideró que el servicio público de transporte terrestre automotor especial de pasajeros , prestado por la sociedad en virtud del subcontrato 166000 -SC-1459, era un servicio privado gravado con el IVA a la tarifa general, en cuanto los usuarios del mismo fue ron personas con características comunes y homogéneas (empleados), y no la comunidad en general.

El 100 % de los ingresos generados y derivados del referido subcontrato correspondieron a la prestación del servicio de transporte especial en la modalidad de pasajeros, toda vez que la sociedad está habilitada por el Ministerio de Transporte para ello, servicio que, conforme a la normativa que rige la materia, es calificado como servicio público; lo previsto en el artículo 4 del Decreto 0348 de 2015 , confirma el adecuado manejo dado por la actora al servicio contratado como excluido de IVA.

La afirmación de la DIAN , según la cual e l incluir en las facturas «con o sin conductor » lleva a concluir que el servicio es de alquiler, no fue discutida antes de la notificación del requerimiento especial, razón por la cual se aporta certificación de contador y revisor fiscal, que precisa las tarifas que se cobraron por el servicio prestado y que concuerdan con el contrato, así como la certificación del director del subcontrato quien explica la razón de ser de la inclusión de dicho texto en las facturas.

Existe diferencia de criterios entre la actora y la Administración en torno a uno de los elementos esenciales de la obligación tributaria , como lo es el hecho generador, y las

razón de ser de la inclusión de dicho texto en las facturas.

Existe diferencia de criterios entre la actora y la Administración en torno a uno de los elementos esenciales de la obligación tributaria , como lo es el hecho generador, y las consecuencias que, en responsabilidad de IVA, se derivan del mismo; para la sociedad, el servicio prestado en desarrollo del contrato suscrito con CBI Colombiana SA fue de transporte público terrestre automotor en la modalidad especial de personas, el cual contó con la habilitación y autorización de la autoridad de transporte pertinente.Radicado: 68001-23-33-000-2019-00824-01 (27007)

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4 El contrato suscrito entre la sociedad y CBI Colombiana SA (beneficiaria del servicio) y su apéndice 1 , allegados con la inspección tributaria, definieron el alcance general del servicio contratado para transportar personal del contratista fuera y dentro de sus instalaciones, con lo cual se especificó el grupo de personas que requirieron el servicio. Y en la facturación, revisada por el personal del contratista, no se incluyó transporte de personal no autorizado por este, con lo cual se dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 3 y 22 del Decreto 174 de 2001.

No se acepta que la DIAN afirme que la única forma de vinculación de los vehículos a la empresa prestadora del servicio para la conformación del parque automotor , es a través de contratos de colaboración empresarial, porque el requisito para la prestación del servicio público es que los vehículos estén matriculados como de servicio público

la empresa prestadora del servicio para la conformación del parque automotor , es a través de contratos de colaboración empresarial, porque el requisito para la prestación del servicio público es que los vehículos estén matriculados como de servicio público especial, y habilitados por el Ministerio de Transporte como lo indican los artículos 6 y 22 del Decreto 174 de 2001, lo cual ocurrió.

La facturación de los servicios prestados internamente en la refinería «con o sin conductor», obedeció a los dos tipos de tarifas que se tenían establecidas en el contrato según el tipo de vehículo y al hecho de que no todos los conductores tenían acceso permitido a las instalaciones, sin que ello cambiara la naturaleza del servicio como excluido y el cobro sin IVA en la factura.

Vulneración de los artículos 647 y 648 del ET por indebida aplicación: No hay lugar a imponer sanción por inexactitud , porque de la confrontación de las cifras declaradas con la contabilidad se concluye que la sociedad no incurrió en omisión de ingresos; lo que se presentó fue una diferencia de criterios en la aplicación del artículo 476 [ 2] del ET.

Violación de los artículos 34 de la CP y 683 del ET: Los actos acusados son confiscatorios, por cuanto las obligaciones tributarias derivadas de las actuaciones administrativas adelantadas por los seis bimestres de 2014 ($27.170.196.000), superan el patrimonio líquido de la sociedad ($10.985.778.000), lo que la lleva a asumir una carga desproporcionada, que demuestra la intención dolosa de la Administración de despojar a la sociedad y a sus propietarios de sus derechos reales y personales.

OPOSICIÓN

desproporcionada, que demuestra la intención dolosa de la Administración de despojar a la sociedad y a sus propietarios de sus derechos reales y personales.

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó condenar en costas a la demandante, con fundamento en lo siguiente:

propuso la s excepciones previas de «inepta demanda por indebido agotamiento de la vía administrativa e indebida acumulación de pretensiones»13.

Hubo indebido agotamiento de la vía administrativa frente al primer cargo de la demanda, relativo a la extemporaneidad en la notificación del requerimiento especial de IVA del bimestre 6 de 2014, y a la presunta firmeza de la declaración de este período, porque en la respuesta al requerimiento especial y en el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación de revisión demandada, la actora se limitó a discutir la operación con CBI Colombiana SA, en relación con la exclusión de IVA y la sanción por inexactitud, constituyéndose en un hecho nuevo que no conoc ió, vulnerándose así su derecho de contradicción y defensa.

13 Expediente digital.Radicado: 68001-23-33-000-2019-00824-01 (27007)

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5 La pretensión de la demanda, en la que solicita que se declare la firmeza de la declaración de renta del año gravable 2014 de la actora, no puede ser decidida en este proceso, ya que los actos administrativos demandados corresponden a la declaración

5 La pretensión de la demanda, en la que solicita que se declare la firmeza de la declaración de renta del año gravable 2014 de la actora, no puede ser decidida en este proceso, ya que los actos administrativos demandados corresponden a la declaración de IVA del bimestre 6 de 2014, por lo que, de hacerse un pronunciamiento respecto de dicha petición, se vulneraría el debido proceso de la Administración.

Vulneración de los artículos 710 y 730 del ET: El término de firmeza de la declaración de renta del año 2014 se suspendió por 3 meses, cuando se expidió y notificó auto de inspección tributaria; como la firmeza de la declaración de IVA depende de la firmeza de la declaración de renta del mismo año gravable, al tenor de lo dispuesto en el artículo 705 -1 ib., la notificación d el Requerimiento Especial 042382017000032 , efectuada el 15 de julio de 2017, se hizo en términos, sin que se configurara la firmeza de la declaración de IVA, siendo oportuna la liquidación de revisión.

Violación del artículo 476 [2] del ET: La liquidación oficial se fundamentó en el artículo 420 del ET y en los conceptos, U nificado 00001 de 2003 y 1548 de 2016 , que establecen que el servicio de transporte público terrestre automotor especial está gravado con IVA a la tarifa general, en cuanto difiere de l transporte público de pasajeros, en el cual prevalece la libertad de acceso en igualdad de condiciones, el interés general sobre el particular y el precio que es el autorizado y regulado por el Estado. Aludió al concepto 055481 de 2004, 016676 de 2016 y 019658 de 2017 de la

interés general sobre el particular y el precio que es el autorizado y regulado por el Estado. Aludió al concepto 055481 de 2004, 016676 de 2016 y 019658 de 2017 de la DIAN, y a la Resolución 004693 de 2009 del Ministerio de Transporte.

De las pruebas obtenidas y allegadas al expediente (documentos contables, anexos entregados por la sociedad y terceros, la declaración, el contrato suscrito con CBI Colombiana SA y sus anexos, facturación del mismo, habilitaciones de transporte especial, nómina de conductores, apéndice del subcontrato 1666000-SC1459, su adición y órdenes de cambio, relación de vehículos propios, entre otras), se constató que el transporte prestado por la sociedad no podía ser considerado como público , por suplir solo necesidades exclusivas del contratista conforme a horarios, frecuencias, rutas y precios internamente pactados : unos con conductor y otros sin él, peajes, diésel y combustible, que dan cuenta de un servicio gravado.

Del análisis de las fa cturas del servicio de transporte «con y sin conductor » y de las certificaciones de contador y revisor fiscal allegadas, se concluyó que existían contradicciones sobre el hecho de que las facturas impresas «sin conductor» obedecían a políticas salariales , y no se comprobó que los destinatarios y finalidad del servicio correspondieran a los regulados en el artículo 3 del Decreto 174 de 2001.

La habilitación de la sociedad para prestar el servicio público es insuficiente, por cuanto i) no se demostró que el mismo fuera para el público en general , sino para un grupo específico; ii) se probó que para la prestación del servicio de transporte se utilizaron vehículos que no hacían parte del parque automotor de la actora , al amparo de

1. no se demostró que el mismo fuera para el público en general , sino para un grupo específico; ii) se probó que para la prestación del servicio de transporte se utilizaron vehículos que no hacían parte del parque automotor de la actora , al amparo de documentos denominados «convenios de colaboración empresarial », que no tenían dicha naturaleza por ser prestados directamente por personas naturales y no por empresas, en tampoco se entregaron al Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte, como lo ordena el artículo 24 del Decreto 174 de 2001.

Se constató que los «contratos de arrendamiento y/o servicio de transporte de vehículo automotor», correspondían a vehículos de personas naturales afiliad as a otra empresa, o no registrados en la relación allegada por la sociedad, y los identificados como efectuados con vehículos propios no fueron con contratos de colaboración empresarial, sino con contratos de arriendo que no atienden a lo establecido en el artículo 24 del Decreto 174Radicado: 68001-23-33-000-2019-00824-01 (27007)

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6 de 2001, por lo que el servicio de transporte no era público y, por ende, gravado a la tarifa general del 16 %.

Vulneración de los artículos 647 y 648 del ET por indebida aplicación: Procede la sanción por inexactitud, porque en la declaración de IVA del periodo 6 de 2014, la actora incluyó datos equivocados, en cuando no tenía derecho a la exclusión invocada, la cual

sanción por inexactitud, porque en la declaración de IVA del periodo 6 de 2014, la actora incluyó datos equivocados, en cuando no tenía derecho a la exclusión invocada, la cual debió registrar como una operación gravada, lo que derivó en un menor saldo a pagar, sin que se presente diferencia de criterio, sino desconocimiento del derecho aplicable.

Inexistencia de confiscatoriedad en la expedición de los actos administrativos demandados: Afirmar que la DIAN no puede adelantar la labor de fiscalización, o que solo puede modificar declaraciones hasta cierta cuantía, contraría sostenibilidad fiscal del Estado; s i la cuantía de l proceso es alta, lo es porque los impuestos omitidos ascendieron a ese valor, sin ser caprichosa la modificación del tributo y la imposición de la sanción, puesto que se respetó el principio de legalidad y debido proceso.

Se solicita condenar en costas a la demandante con fundamento en el artículo 188 del CPACA y los artículos 361, 365 y 366 del CGP. Las agencias en derecho no requieren prueba, pues se causan por el hecho de comparecer al proceso, y se acreditan con la gestión realizada por el apoderado.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Santander, por auto del 29 de octubre de 202114, declaró no probada la excepción de inepta demanda por indebid o agotamiento de la vía administrativa, y declaró probada parcialmente la excepción de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones frente a la pretensión tercera, porque la reclamación sobre el impuesto sobre la renta no es discutida e n los actos administrativos demandados. En providencia del 15 de febrero de 2022 15, tuvo como

por indebida acumulación de pretensiones frente a la pretensión tercera, porque la reclamación sobre el impuesto sobre la renta no es discutida e n los actos administrativos demandados. En providencia del 15 de febrero de 2022 15, tuvo como pruebas las allegadas con la demanda y su contestación, concretó el litigio en establecer la legalidad de los actos acusados, y dio traslado para alegar de conclusión.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Santander, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante, por lo siguiente16:

Conforme a l os artículos 705, 705 -1, 706, 707, 708, 710 y 714 del ET , a la jurisprudencia del Consejo de Estado 17, y a las actuaciones del proceso, e l requerimiento especial y la liquidación de revisión de IVA por el bimestre 6 de 2014, se notificaron oportunamente por suspensión del término dada por la práctica de inspección tributaria, sin que se configurara la firmeza de la declaración privada.

La facultad fiscalizadora de la DIAN le permite adelantar las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, dentro de las que se encuentran las inspecciones tributarias, sin que obre prueba de que estas se utilizaran para

14 Índice 17 en Samai. 15 Índice 20 en Samai. 16 Índice 27 en Samai. 17 Sentencia del 5 de agosto de 2021, exp. 22105, CP. Myriam Stella Gutiérrez.Radicado: 68001-23-33-000-2019-00824-01 (27007)

Demandante: TRANSPORTES CALDERÓN SA

17 Sentencia del 5 de agosto de 2021, exp. 22105, CP. Myriam Stella Gutiérrez.Radicado: 68001-23-33-000-2019-00824-01 (27007)

Demandante: TRANSPORTES CALDERÓN SA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 actividades distintas a las contempladas en la norma, o para extender términos perentorios que se encontraban en ejecución.

Para aplicar la exclusión del IVA del artículo 476 [2] del ET, el servicio de transporte de pasajeros prestado debe ser de carácter público, y no privado , lo cual se puso de presente en sentencia del 1 de julio de 202118, que avaló el concepto 1548 de 2016 de la DIAN, donde señaló que, cuando el servicio de transporte se preste en el ámbito privado en forma exclusiva, no opera la exclusión.

De las pruebas recaudadas (documentos contables, anexos entregados por la demandante y terceros, las declaraciones tributarias, el contrato suscrito con CBI Colombiana SA y sus anexos, la habilitación de trasporte especial, nómina de los conductores, facturas por la prestación del servicio con y sin conductor, certificaciones de l contador y el revisor fiscal, apéndice de l subcontrato 1666000SC1459, su adición y órdenes de cambio, relación de vehículos propios, entre otras ) se determinó que el transporte especial analizado no cumplía los requisitos para ser considerado como un servicio de transporte público y, por ende, no estaba excluido del IVA.

Los actos acusados se sustentaron en pruebas puestas en conocimiento de la actor a

que el transporte especial analizado no cumplía los requisitos para ser considerado como un servicio de transporte público y, por ende, no estaba excluido del IVA.

Los actos acusados se sustentaron en pruebas puestas en conocimiento de la actor a para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción, sin que fueran desvirtuadas.

No se desestimó que los «contratos de arrendamiento y/o servicio de transporte de vehículo automotor», correspondían a vehículos de personas naturales afiliadas a otra empresa, o no registrados en la relación allegada por la sociedad, y que los identificados como vehículos propios no obedecen a una c olaboración empresarial, sino a contratos de arriendo que no atienden a lo establecido en el artículo 24 del Decreto 174 de 2001.

Al no estar excluida del IVA la prestación del servicio de transporte especial por el bimestre 6 de 2014, la Administración gravó a la tarifa general los ingresos obtenidos por la ac tora en la ejecución del subcontrato 166000 -SC1459 suscrito con CBI Colombiana SA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 447 del ET.

La habilitación para prestar el servicio público no hace que dicha actividad sea exenta del IVA, por cuanto no se demostró que incluyera al público en general, sino al «personal designado para el transporte por el contratista » y «como personal autorizado por ésta última », esto es, a un grupo específico, del cual no se probó generalidad.

El análisis que dio lugar a la expedición de los actos demandados está ajustado a derecho, en la medida que no se logró acreditar que el servicio de transporte especial cumpliera las condiciones para clasificar se como servicio de transporte público, y en esa medida, no le aplica la excepción contemplada en el artículo 476 [2] del ET.

derecho, en la medida que no se logró acreditar que el servicio de transporte especial cumpliera las condiciones para clasificar se como servicio de transporte público, y en esa medida, no le aplica la excepción contemplada en el artículo 476 [2] del ET.

La sanción por inexactitud es procedente, porque probó la omisión de ingresos derivada de declarar datos equivocados, cuando no se tenía derecho al tratamiento de excluido, generándose un menor impuesto a pagar . No hubo diferencia de criterios , pues los hechos y cifras declarados no fueron veraces y completos y la actora no acreditó el cumplimiento de los requisitos para que operara la exclusión del IVA.

No se vulneraron los principios de no confiscatoriedad y espíritu de justicia, porque las obligaciones determinadas se sujetaron a las disposiciones que regulan el régimen tributario, al igual que la sanción impuesta.

18 Exp. 22964, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.Radicado: 68001-23-33-000-2019-00824-01 (27007)

Demandante: TRANSPORTES CALDERÓN SA

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8

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, anular los actos acusados, por lo siguiente19:

El Tribunal, al decidir que el requerimiento especial y la liquidación de revisión de IVA del bimestre discutido se notificaron oportunamente, y que no se configuró la firmeza de la declaración privada, violó los artículos 705 -1, 706 y 714 del ET , pues utilizó

del bimestre discutido se notificaron oportunamente, y que no se configuró la firmeza de la declaración privada, violó los artículos 705 -1, 706 y 714 del ET , pues utilizó indebidamente el efecto suspensivo del término que produce la práctica de inspección tributaria.

La declaración de IVA del periodo se presentó el 20 de enero de 2015, y en aplicación del artículo 705-1 ib., adquirió firmeza el 20 de abril de 2017, por no haberse proferido requerimiento especial en la investigación que se abrió a la declaración de renta del 2014, presentada el 20 de abril de 2015. En dicha investigación se decretó inspección tributaria para suspender por tres meses el término para proferir y notificar el requerimiento especial, acto que no se dictó -pues se expidió auto de archivo -, lo que suprimió el efecto suspensivo a la inspección tributaria y originó que la firmeza de la declaración de renta se diera el 20 de abril de 2017, por ausencia del mencionado acto.

La Administración usó el efecto suspensivo de tres meses para legitimar el requerimiento especial en ventas, sin advertir que la inspección tributaria se decretó frente a la declaración de renta el 17 de marzo de 2017, fecha para que no existía proceso tributario en ventas, el cual solo se abrió el 13 de junio de 2017, a tres días de finalizar la suspensión. Por la extemporaneidad en la notificación del requerimiento especial (15 de julio de 2017), se produjo la nulidad de los actos demandados.

El a quo erró el afirmar que el servicio prestado por la actora no cumplía los requisitos

especial (15 de julio de 2017), se produjo la nulidad de los actos demandados.

El a quo erró el afirmar que el servicio prestado por la actora no cumplía los requisitos para ser considerado como servicio de transporte público y, por tanto, excluido de IVA, acogiendo así la tesis de la DIAN, comoquiera que la sociedad tiene como objeto la prestación de servicios de transporte especial terrestre de pasajeros y estaba autorizada por el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio público terrestre especial de personas.

El objeto del contrato suscrito en 2014 era el servicio de transporte terrestre de personas vinculadas a la construcción del complejo petrolero en Mamonal, con trayectos desde Cartagena a la Zona Industrial y viceversa, en varias rutas y horarios, así como el transporte del mismo personal dentro de las instalaciones del complejo; la población que usó el servicio de transporte superaba tres mil pasajeros