CE - 012333000201900852021SENTENCIA20231025100125

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020190085202 (2679-2022)

Demandante: Luis Rafael Calderón Daza Demandado: Procuraduría General de la Nación Temas: Retiro empleado provisional por nombramiento de lista de elegible

Sentencia de segunda instancia __________________________________________________________________

Asunto La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes 1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1, Luis Rafael Calderón Daza presentó demanda contra la Procuraduría General del Nación en orden a que se declarara la nulidad de i) la Resolución 40 del 20 de enero de 2015 por medio de l cual dio apertura y reglamentó la convocatoria del proceso de se lección para promover los cargos de

de i) la Resolución 40 del 20 de enero de 2015 por medio de l cual dio apertura y reglamentó la convocatoria del proceso de se lección para promover los cargos de carrera de procuradores judiciales I y II de la entidad; ii) la c onvocatoria 4 del 23 de enero de 2015 por medio del cual se ofertaron 208 empleos correspondientes a procuraduría judicial II asignada a la procuraduría d elegada para el Ministerio Públicos en asuntos penales; iii) el Decreto 3753 del 8 de agosto de 2016 que nombró a Juan Carlos Murillo Ochoa en el cargo de procurador judicial II en asuntos penales; iv) el Decreto 3858 del 8 de agosto de 2016 por medio del cual

1 En adelante CPACA.2

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

se retiró del servicio a l demandante y el a cta de posesión 121 de Juan Carlos Murillo Ochoa del 1 de septiembre de 2016.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó que i) se ordenara reintegrarlo al cargo de procurador judicial II, código 3PJ, grado EC en la procuraduría 348 judicial II penal de Medellín de justicia y paz; ii) ordenara el pago indexado de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos y los aportes a la seguridad social dejados de pe rcibir desde la fecha del retiro hasta que se produzca el reintegro y se declare que no ha existido solución de continuidad; iii) se ordenara pagar el valor de la condena debidamente indexada de acuerdo a lo previsto en el artículo 187 del CPACA y iv) se

fecha del retiro hasta que se produzca el reintegro y se declare que no ha existido solución de continuidad; iii) se ordenara pagar el valor de la condena debidamente indexada de acuerdo a lo previsto en el artículo 187 del CPACA y iv) se condenara a la demandada al pago de costas y agencias en derechos.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes2:

El actor ocupó e l cargo de procurador judicial, código II 3PJ, grado EC en la procuraduría 348 judicial II penal de Medellín de justicia y paz, p or virtud del Decreto 2595 del 23 de octubre de 2008, cargo que ejerció hasta el 1 de septiembre de 2016. El Decreto de nombramiento en el mencionado empleo fue expedido con posterioridad a la Ley 975 de 2005 y por el hecho de contar con la expresión «justicia y paz», lo dejó por fuera del Decreto Ley 262 de 2000 que no lo estableció, cargo que además, tenía una vigencia temporal.

Ante la demanda de inconstitucionalidad promovida contra el artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, la Corte Constitucional emitió la sentencia C -101 de 2013 en la que ordenó a la Procuraduría General de la Nación dar apertura al proceso de selección para proveer cargos de procurador judicial I y II y en razón de ello, el Procurador General de la Nación emitió la Resolución 40 del 20 de enero de 2015 a través de l cual dio cumplimiento a la orden judicial, de ahí que ofertó 744 cargos de procuradores judiciales I y II a través de las diferentes convocatorias. Sin embargo, e n ninguna de las convocatorias contenidas en la

enero de 2015 a través de l cual dio cumplimiento a la orden judicial, de ahí que ofertó 744 cargos de procuradores judiciales I y II a través de las diferentes convocatorias. Sin embargo, e n ninguna de las convocatorias contenidas en la Resolución 40 de 2015, se encuentran incluidas las procuradurías judicial I y II creadas en virtud de la justicia transicional, debido a su naturaleza temporal y vigencia determinada.

El actor concursó para la convocatoria 4 de 2015, referida a la procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos penales y llegó hasta la presentación de la prueba de conocimientos al ser excluido de las demás etapas

2 Folios 2 al 19.3

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

por no haber obtenido el puntaje señalado en la norma. En razón a ello, a través del Oficio 4408 del 12 de a gosto de 2016 le fue comunicado la terminación de su provisionalidad y el nombramiento de Juan Carlos Murillo Ochoa en el cargo de procurador judicial II, código 3PJ, grado EC, en aplicación de la lista de elegibles contenida en la Resolución 357 del 11 de julio de 2016 y los Decretos 3753 y 3858 del 8 de agosto de 2016.

Dentro de los argumentos esgrimidos para nombrar en período de prueba a Juan Carlos Murillo Ochoa y para dar por terminado el nombramiento del actor, fueron la celebración del concurso de méritos, la ubicación del primero en la lista de elegibles y el nombramiento en provisionalidad del demandante, amén de haberse

Carlos Murillo Ochoa y para dar por terminado el nombramiento del actor, fueron la celebración del concurso de méritos, la ubicación del primero en la lista de elegibles y el nombramiento en provisionalidad del demandante, amén de haberse indicado que no era necesario solicitar autorización judicial para proceder con el retiro de un servidor sindicalizado, en razó n a que el mismo obedecía a un nombramiento por lista de elegibles producto de concurso de méritos.

El actor se encontraba afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores y Procuradores Judiciales de la Procuraduría General de la Nación «Sintraprojudiciales», desde su creación y el día 8 de agosto de 2016, su presidente le comunicó al Procurador General de la Nación la lista de aquellos procuradores que eran fundadores, entre ellos, el demandante, condición que mantenía para el momento de emisión de los act os administrativos demandados y el acto de comunicación.

La Procuraduría General de la Nación se encontraba cobijada por un sistema especial de carrera administrativa contenida en el Decreto Ley 262 de 2000 que no tiene regulado el trámite de incorporació n de un cargo de libre nombramiento y remoción como es el caso de los cargos de procuradores judiciales I y II al sistema de carrera, situación que solo se presentó en virtud de la decisión de la Corte Constitucional adoptada en sentencia C -101 de 2013, po r lo que debía la entidad acudir a un trámite legislativo para lograr la expedición de una norma con fuerza de ley y así poder adelantar el concurso de méritos.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

acudir a un trámite legislativo para lograr la expedición de una norma con fuerza de ley y así poder adelantar el concurso de méritos.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 4, 13, 29, 58, 93 y 280 de la Constitución Política; 406 y 407 del Código Sustantivo del Trabajo; 25, 112 a l 118 del Código Procesal Laboral ; la Resolución 40 de 2015; la convocatoria 4 de 2015; la Ley 1437 de 2011; la Convención 87 de la OIT y la Convención 98 de la OIT.4

Radicado: 05001233300020190085202 (2679-2022)

Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

En cuanto al concepto de violación, se expusieron los siguientes argumentos3:

La Procuraduría General de la Nación al expedir la Resolución 40 de 2015 desconoció normas constitucionales en las que debió fundarse y ampararse como son el artícul o 13 que consagra el derecho a la igualdad por no tener en cuenta que las personas que al momento de proferir ese acto ostenta ban los cargos creados en virtud de la Ley 975 de 2005, del Decreto 4795 de 2007 y la Ley 1448 de 2011 y ejercieran funciones ante la justicia transicional con anterioridad a la ejecutoria de la sentencia C -333 de 2012, por lo que tenían derecho a que se les otorgara un trato igual al brindado a los funcionarios judiciales mencionados en esa sentencia, es decir, que se les permitiera permanecer en los cargos y solo hasta que se presentara su vacancia por cualquier situación administrativa,

otorgara un trato igual al brindado a los funcionarios judiciales mencionados en esa sentencia, es decir, que se les permitiera permanecer en los cargos y solo hasta que se presentara su vacancia por cualquier situación administrativa, proveerlos.

La Resolución 40 de 2015 trasgredió los derechos adquiridos por los procuradores judiciales de la justicia transicional , pues al no c onsolidarse ninguna de las situaciones administrativas que deriv aran en el retiro legal, no podían ser removidos de sus cargos, máxime porque la entidad no realizó siquiera un estudio con miras a verificar quienes se encontraban en situaciones especiales c omo la descrita, la cual otorgaba en este caso una estabilidad laboral.

La entidad desconoció el fuero sindical y la necesidad de solicitar autorización judicial previa para retirar del servicio a aquellas personas que pertenecen a éste y más cuando se t rata de miembros fundadores, quienes, a la luz de convenciones ratificadas por Colombia, gozan de fuero sindical.

1.2. Contestación de la demanda

La Procuraduría General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación4:

El empleo ocupado por el demandante fue creado por el presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias mediante el Decreto Ley 2247 de 2011, que en su artículo 1 modificó la planta de personal de la entidad y creó los cargos allí relacionados con carácter permanente, entre los cuales se encontraban 50 de procurador judicial II, código 3PJ grado EC, los cuales podían ser distribuidos según las necesidades del servicio, de ahí que no tengan los cargos una designación concreta.

encontraban 50 de procurador judicial II, código 3PJ grado EC, los cuales podían ser distribuidos según las necesidades del servicio, de ahí que no tengan los cargos una designación concreta.

3 Folios 22 al 49 4 Reposa en el expediente digital que se encuentra cargado en el aplicativo Samai a índice 25

Radicado: 05001233300020190085202 (2679-2022)

Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

Dichos empleos de procurador judicial I y II se adicionaron a la planta globalizad a dejándose de manera expresa la facultad para que el procurador general la Nación los pudiera distribuir mediante acto administrativo motivado, con sujeción a la estructura interna de la entidad y las necesidades del servicio, todo lo cual resultó concordante con lo establecido en el artículo 2 del Decreto Ley 265 de 2000 y el numeral 39 del artículo 7 del Decreto Ley 262 del mismo año.

La Corte Constitucional a través de la sentencia C -101 del 28 de febrero de 2013, ordenó a la Procuraduría General de la Nación convocar a concurso público para la provisión en carrera administrativa de todos los empleos de procurador judicial, sin exclusión, tácita o expresa de alguno de estos y por ello, fue que se emitió la Resolución 40 del 20 de enero de 2015 que dispuso la apertura del respectivo proceso de selección, a través de 14 convocatorias, correspondiéndole al empleo ocupado por el demandante, la convocatoria 4-2015. El proceso de selección de personal adelantado por la entidad para la provisión de los cargos de procurador judicial correspondió al cumplimiento estricto de la orden emitida por la Corte

ocupado por el demandante, la convocatoria 4-2015. El proceso de selección de personal adelantado por la entidad para la provisión de los cargos de procurador judicial correspondió al cumplimiento estricto de la orden emitida por la Corte Constitucional en la sentencia C -101 de 2013, lo que descarta l a vulneración de algún derecho del demandante, pues, desde entonces, la comunidad jurídica en general y, en especial, los procuradores judiciales en provisionalidad, conocían las consecuencias respectivas, al punto que pudieron participar del proceso en igualdad de condiciones que los demás concursantes.

En cuanto a la condición de miembro fundador del «sintraprojudiciales», manifestó el artículo 24 del Decreto 760 de 2005 expresamente señala que no será necesaria la autorización judicial para retirar de l servicio a los empleados amparados con fuero sindical en varios casos, entre ellos, cuando los empleos provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el empleado no ocupare los puestos que permitan su nombramiento en estricto orden de mérito, por lo que pese a su condición de aforado, no se requería contar con autorización judicial para retirarlo del servicio, habida cuenta de que concursó, pero su puntaje no lo hizo acreedor de un puesto en la lista de elegibles.

Los cargos de procurador judi cial II, código 3PJ, grado EC fueron creados mediante Decreto 4795 de 2007 con carácter permanente y adicionados a la planta de cargos de la entidad con esa connotación y se destinaron en forma expresa al cumplimiento de funciones relativas a la materia regulada en la Ley 975 de 2005, por lo que siguen las reglas previstas en los Decretos 265 de 2000 y 262

planta de cargos de la entidad con esa connotación y se destinaron en forma expresa al cumplimiento de funciones relativas a la materia regulada en la Ley 975 de 2005, por lo que siguen las reglas previstas en los Decretos 265 de 2000 y 262 del mismo año , de manera que, el hecho que el cargo ocupado por el actor haya sido asignado a un área de desempeño como fue justicia y paz , obedece a la competencia con que cuenta el Procurador General de la Nación para proceder con la ubicación de los cargos en las distintas dependencias de desempeño de la6

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

entidad y por ello es que en las convocatorias a concursos de méritos no se discriminan los empleos por número de procuraduría o área, lo que hace que la convocatoria 4 de 2015, este ajustada a la legalidad.

La situación descrita en la sentencia C-333 de 2012 no es la misma que ostentaba el demandante, especialmente porque la exigencia de mérito y calidad que impone la Constitución Política respecto de quienes ingresan al servicio público, no puede ser dejada de lado, como lo pretendió el actor al sugerir que no se haga uso de las listas de elegibles para proveer los referidos empleos, a tal punto que l a lectura integral de la providencia permite observar que la Corte Constitucional hizo una invitación a que los cargos de las autoridades judiciales de justicia y paz fueren elegidos conforme al mérito y haciendo uso de las listas de elegibles . A diferencia de lo ocurrido con los funcionarios de la rama judicial que ingresaron al servicio en virtud de la Ley de justicia y paz, los funcionarios que ingresaron a la Procuraduría

elegidos conforme al mérito y haciendo uso de las listas de elegibles . A diferencia de lo ocurrido con los funcionarios de la rama judicial que ingresaron al servicio en virtud de la Ley de justicia y paz, los funcionarios que ingresaron a la Procuraduría General de la Nación se vincularon a una planta global y sus funciones podían ser asignadas a las procuradurías delegadas en asuntos penales con intervención ante los despachos de justicia y paz o a cualquier otra delegada, existiendo incluso la posibilidad que esas funciones fueran asignadas a empleados que veían vinculados a la entidad desde tiempo atrás.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia proferida el 26 de noviembre de 2021 negó las pretensiones de la demanda . Para tal efecto, se pronunció en estos términos5:

El acta de posesión no es un acto administrativo, en tanto no contiene una expresión de la voluntad de la administración que cree, modifique o extinga relaciones jurídicas, en punto a ser un documento público por medio del cual se da cumplimiento de un acto administrativo pr evio que declaró la designación del funcionario y consigna el compromiso de cumplir los deberes que un determinado cargo impone que es adquirido por es a persona nombrad a para ocupar un empleo, por tanto, no era posible solicitar la nulidad del acta de posesión 121 del 1 de septiembre de 2016 por medio de l cual, Juan Carlos Murillo Ochoa tomó posesión del cargo de procurador 348 judicial II penal de Medellín.

El Decreto 4795 de 2007 creó cargos de procuradores judiciales I y II, código 3PJ, grados EC y EG para cumplir las funciones propias de la procuraduría judicial para

posesión del cargo de procurador 348 judicial II penal de Medellín.

El Decreto 4795 de 2007 creó cargos de procuradores judiciales I y II, código 3PJ, grados EC y EG para cumplir las funciones propias de la procuraduría judicial para la justicia y paz , cargos que fueron incorporados a la planta globalizada de la Procuraduría General de la Nación sin que se les asigna ra una denominación

5 Folios (…).7

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

diferente a la descrita en el artí culo primero de la norma y menos , una vigencia temporal. Luego, con la expedición del Decreto 2247 de 2011, se produjo una modificación de la planta de cargo de la Procuraduría General de la Nación que consistió en la creación de cargos de procurador judic ial I y II con un carácter permanente, según se dejó expresado en el artículo primero de la norma, cargos incorporados a la planta globalizada de la entidad.

La vocación de permanencia de los cargos fue reemplaza por la Corte Constitucional a través de sentencia C-172 de 2017, en la que declaró inexequible la expresión «de carácter permanente » del artículo primero y la sustituyó por la frase «por 10 años, sin perjuicio de lo que pueda determinar el legislador », pero para arribar a esa decisión, tuvo en cu enta la necesidad de creación de cargos para cumplir las funciones previstas en la Ley 975 de 2005 propias de la jurisdicción de justicia y paz, la cual fue suplida con la creación de cargos de

para arribar a esa decisión, tuvo en cu enta la necesidad de creación de cargos para cumplir las funciones previstas en la Ley 975 de 2005 propias de la jurisdicción de justicia y paz, la cual fue suplida con la creación de cargos de procuradores judiciales I y II mediante el Decreto 4795 de 200 7, empleos que fueron clasificados con código 3PJ , grados EC y EG e incorporados a la planta globalizada de la entidad, sin adscripción a un área específica, pues correspondía al Procurador General de la Nación disponer de ellos según la estructura interna y las necesidades del servicio.

Luís Rafael Calderón Daza fue nombrado mediante el Decreto 2595 del 23 de octubre de 2008 para ocupar el cargo de procurador 348 judicial II penal de Medellín – justicia y paz , código 3PJ, grado EC, sin que se tenga certez a que ejerciera la función de intervención como para predicar que su cargo era de aquellos a los que la Corte Constitucional le asignó una vigencia de 10 años. En todo caso, lo demostrado es que se desempeñ ó como procurador judicial II penal de Medellín an te la jurisdicción de justicia y paz desde el año 2008, mucho antes de que fuera expedido el Decreto 2247 de 2011 que creó los otros cargos de procurador judicial en la planta globalizada de la entidad para atender asuntos de justicia transicional.

No se configuró un trato desigual entre iguales, si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional a través de la sentencia C-333 de 2012 dispuso que la provisión de los empleos de magistrados de justicia y paz y de los empleados de apoyo administrativo y social se haría a partir de su notificación, mediante listas de

Constitucional a través de la sentencia C-333 de 2012 dispuso que la provisión de los empleos de magistrados de justicia y paz y de los empleados de apoyo administrativo y social se haría a partir de su notificación, mediante listas de elegibles vigentes, sin que ello cobijara a los cargos de procuradores judiciales con intervención en esa jurisdicción, cargos que por demás, fueron creados desde el año 2007 bajo la denominación procurador judicial I y II, código 3PJ, grados EC y EG e incorporados a la planta globalizada de la entidad, lo que hacía posible su distribución en las distintas áreas de intervención de la Procuraduría General de la Nación, entre ellas, la de justicia y pa z. Tampoco puede predicarse un derecho adquirido con fundamento en una decisión que no cobij ó la situación particular de8

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

los procuradores judiciales y menos , cuando desconoce el mérito estatuido como parámetros principal y primordial de la elección pública de los funcionarios de la administración según se deriva del artículo 125 Superior.

Si bien el demandante logró demostrar su condición de miembro fundador del sindicato de trabajadores y procuradores judiciales de la Procuraduría General de la Nación, la condición de aforado que ello le otorga no necesariamente implica el deber de la autoridad nominadora de solicitar autorización judicial , toda vez que dicha norma prevé que cuando los empleos provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el em pleado no ocupare los puestos que permitan su nombramiento en estricto orden de mérito, procede la desvinculación del

dicha norma prevé que cuando los empleos provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el em pleado no ocupare los puestos que permitan su nombramiento en estricto orden de mérito, procede la desvinculación del trabajador porque emerge de un mandato constitucional y legal y no por despido o decisión unilateral del nominador.

1.4. El recurso de apelación

Luis Calderón Daza interpuso recurso de apelación6 y lo sustentó así:

La sentencia proferida por el a quo desconoció que las procuradurías judicial I y II de justicia y paz tienen un origen legal, es decir, s on diferentes y posterior a las procuradurías judiciales I y II que hacen parte de la estructura de la PGN por mandato del Decreto Ley 262 de 2000 , cuya naturaleza es temporal y con una vigencia determinada. En ese sentido, ejercen sus funciones ante la justicia transicional y no tienen vocac ión de permanencia, de suerte que, solo subsisten mientras esté vigente dicha jurisdicción, por lo que, el error de la demandada consistió en no advertir esta situación en la Resolución 40 de 2015.

Reiteró los argumentos expuesto en el concepto de la viol ación referido al desconocimiento de los derechos adquiridos de las personas que ostentaban los cargos de procuradores judiciales I y II creados en virtud de la justicia transicional vinculados a la entidad como tales con anterioridad a la ejecutoria de la sentencia C-333 de 2012. Insistió en que la Resolución 40 de 2015 ni las distintas convocatorias ofert aron el cargo de procurador 348 judicial II penal de Medellín justicia y paz.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

C-333 de 2012. Insistió en que la Resolución 40 de 2015 ni las distintas convocatorias ofert aron el cargo de procurador 348 judicial II penal de Medellín justicia y paz.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

Luis Rafael Calderón Daza reiteró lo manifestado en el recurso de apelación.

6 Folios (…).9

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

1.6. El Ministerio Público

El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, con fundamento en que el recurso de apelación no ataca en forma alguna la decisión del a quo, sino vuelve a plantear lo dicho en la demanda, por lo que enfrentar una situación así dificulta la controversia de posiciones y limita a manifestar sus criterios sobre los fundamentos iniciales pero no r especto del ataque a una decisión tomada y suficientemente argumentada, motivo por el cual, considera que no se desvirtuó la presunción de legalidad de la Resolución 40 de 2015.

2. Consideraciones 2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la Resolución 40 de 2015 está viciada de nulidad al no establecer que el cargo de procurador judicial II, código 3PJ, grados EC carecía del carácter permanente a diferencia de los fijados en la estructura de la Procuraduría General de la Nació n y regulados por el Decreto Ley 262 de 2000 ?; ¿la aludida resolución le desconoció al actor su derecho adquirido

estructura de la Procuraduría General de la Nació n y regulados por el Decreto Ley 262 de 2000 ?; ¿la aludida resolución le desconoció al actor su derecho adquirido al no dársele el mismo tratamiento a que los magistrado de los tribunales de justicia y paz? y ¿para la terminación del nombramiento provision al se necesitaba autorización judicial por gozar de fuero sindical?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Régimen de carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación. Facultades del procurador general para convocar y reglamentar los concursos de méritos de la entidad.

La Constitución Política en su artículo 113 prescribió que además de los órganos que forman parte de las tres ramas del poder público «[…] existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado». Dentro de estos se encuentra la Procuraduría General de la Nación, pues por voluntad del constituyente dejó de formar parte de la rama ejecutiva y se ubicó dentro de la estructura del Estado en la categoría de órgano autónomo e independiente, lo que s e evidencia, por ejemplo, con la forma de elección del procurador general de la Nación independiente de la administración central y con10

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

la calidad de jefe supremo del Ministerio Público que le otorgó el artículo 275 ibidem.

En razón de lo anterior y por virtud del artículo 279 ejusdem que orden ó al legislador regular, entre otras materias, «[…] lo atinente al ingreso y concurso de

ibidem.

En razón de lo anterior y por virtud del artículo 279 ejusdem que orden ó al legislador regular, entre otras materias, «[…] lo atinente al ingreso y concurso de méritos y al retiro del servicio […]» y a que la Ley 909 de 2004 la excluyó de su aplicación, tal entidad cuenta con un régime n propio de carrera administrativa reglado en el Decreto Ley 262 de 2000.

Lo regulado en dicha norma acata la orden del artículo constitucional citado, puesto que fue expedida por el presidente de la República en ejercicio de las facultades otorgadas por el Congreso de la República a través del artículo 1, numeral 4 de la Ley 573 de 2000. A su vez, esta ley la profirió el órgano legislativo en virtud de la competencia atribuida por el artículo 150, numeral 10 de la Constitución Política que prevé la exped ición de leyes ordinarias de concesión de facultades extraordinarias al presidente de la República para que expida «normas con fuerza de ley», jerarquía que tiene el Decreto Ley 262 de 2000.

En ese sentido se pronunció esta sección en el proceso de simple nulidad interpuesto contra la Resolución 40 de 20 15, en el que se examinaron las competencias del procurador general de la Nación para reglamentar el concurso de méritos para la provisión de los cargos de procuradores judiciales I y I I. Al respecto, consideró que «[…] la ley que regula esa materia no es otra distinta al Decreto Ley 262 de 2000, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las precisas facultades extraordinarias conferidas por el Congreso mediante la Ley 573 de 2000, para modi ficar tanto la estructura de la Procuraduría General de

Decreto Ley 262 de 2000, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las precisas facultades extraordinarias conferidas por el Congreso mediante la Ley 573 de 2000, para modi ficar tanto la estructura de la Procuraduría General de la Nación como su régimen de carrera administrativa. En tal sentido, esa y no otra es la ley previa aplicable en cuyo articulado se regulan todos los asuntos mencionados en el problema jurídico» 7 . Y añadió que el decreto «[…] es una ley en sentido material».

La Sala expuso que el acto administrativo no se expidió para regular «todos» los concursos públicos de la Procuraduría General de la Nación, sino solo los que ordenó la sentencia C -101 de 2013 q ue dispuso la convocatoria de este para la provisión de los empleos de procuradores judiciales y que, por tanto, dio cumplimiento a esta. Agregó que el artículo 7, numeral 40 del Decreto Ley 262 de 2000, le dio la potestad al procurador general de la Nació n para definir el sistema de calificación y para «[…] adoptar los instrumentos necesarios para el cumplimiento de los fines de cada una de las etapas del proceso de selección

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 30 de julio de 2021, radicación: 11001 -0325-000-2015-00366-00(0740-15), demandante: Héctor Alfonso Carvajal Londoño y otros.11

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

[…]»8 y, en general, para «[…] definir las condiciones de las convocatorias para los concursos de méritos y suscribirlas»