CE - 012333000201902694011SENTENCIA20230531141739

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001-23-33-000-2019-02694-01 (0366-2022)

Demandante: Juan Pablo Ortega Henao Demandado: NaciónMinisterio de Educación Nacional , Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, municipio de Medellín, Temas: Nivelación salarial y prestacional / docente nacional

Sentencia segunda instancia __________________________________________________________________ Asunto La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 4 de agosto de 2021 por el Tribuna l Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes 1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, Juan Pablo Ortega Henao presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación , Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en adelante FOMAG y municipio de Medellín, secretaría de educación,

Contencioso Administrativo1, Juan Pablo Ortega Henao presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación , Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en adelante FOMAG y municipio de Medellín, secretaría de educación, en orden a que se declare la nulidad del acto administrativo 201830345312 del 21 de noviembre del 2018 que le negó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre los docentes y dire ctivos docentes al servicio del municipio.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) ordenar el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales (prima de navidad, de vacaciones, de servi cios, sobresueldos, horas extras, etc.) existentes entre los docentes que laboran al servicio del

1 En adelante CPACA.2

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02694-01 (0366-2022) Demandante: Juan Pablo Ortega Henao municipio de Medellín, desde la presentación de la reclamación administrativa hasta el momento en que la entidad efectúe el pago ; ii) condenar a la entidad demandada al pago de los intereses moratorios por las sumas adeudadas al demandante; iii) condenar a la indexación de las sumas adeudadas al demandante hasta la fecha en que se produzca el pago total de la obligación conforme al IPC; iv) condenar en costas a la demandada y v) dar cumplimiento al fallo.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

Juan Pablo Ortega Henao inició labores en la secretaría de educación municipal

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

Juan Pablo Ortega Henao inició labores en la secretaría de educación municipal de Medellín como docente de carácter nacional y perteneciente a la planta del referido ente territorial.

El departamento de Antioquia fue descentralizado administrativamente en los servicios educativos estatales el 10 de abril de 1996, por medio de la Resolución 6000 del 9 de diciembre de 1995 y la Ley 60 de 1993. Una vez el municipio de Medellín acreditó los requisitos para el manejo descentralizado de la educación de conformidad con la Ley 715 de 2001 que modificó la Ley 60 de 1993 , fue entregado el servicio de educación por parte del Ministerio de Educación Nacional por medio de la Resolución 2823 del 9 de diciembre de 2002.

La prenotada resolución expedida por el MEN estableció en el artículo 2 que: «en desarrollo del proceso de descentralización, el Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín deberán suscribir actas de entrega del personal docente, directivo docente y administrativo, bienes, recursos financieros y archivos de información que le correspondan al Municipio en cumplimiento de las normas vigentes». Con dicha disposición de carácter nacional, se expidió el Decreto municipal 58 del 2003, por medio del cual se estableció que: «(…) se incorporará a esta planta 1644 cargos existentes en el municipio de Medellín y que venían siendo financiados con recursos propios, discriminados así: 70 cargos de directivos docentes, 1573 cargos de docentes y 21 cargos administrativos».

esta planta 1644 cargos existentes en el municipio de Medellín y que venían siendo financiados con recursos propios, discriminados así: 70 cargos de directivos docentes, 1573 cargos de docentes y 21 cargos administrativos».

Así mismo, en su artículo primero , decidió adoptar e incorporar la planta global de cargos del municipio de Medellín, con los siguientes cargos financiados por el Sistema General de Participaciones así: 9.7 67 docentes, 604 directores docentes, 24 jefes de núcleo y 490 administrativos, para un total de 10.395 cargos docentes y directivos docente s y 490 cargos administrativos, de los cuales , de conformidad con e l acta de entrega, 8.752 correspondían a docentes y directivos docentes propiamente vinculados al municipio de Medellín antes de la descentralización3

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02694-01 (0366-2022)

Demandante: Juan Pablo Ortega Henao educativa.

A partir del 6 de enero de 2004, una vez se encontraba aprobada la planta global de cargos docentes, directivos docentes y administrativos del municipio de Medellín, procedió a cancelar salarios y prestaciones superiores a los docentes y directivos docentes territoriales municipales que con anterioridad eran cancelados con recursos propios, caso que no acontece para los docentes y directivos docentes nacionales, nacionalizados y territoriales departamentales incorporados, cancelados con recursos del SGP.

El 26 de septiembre de 2018 presentó una petición ante el municipio de Medellín y solicitó un trato igualitario al no poder existir diferencias salariales y prestacionales entre los diferentes docentes y directivos docentes vinculados a la planta global

El 26 de septiembre de 2018 presentó una petición ante el municipio de Medellín y solicitó un trato igualitario al no poder existir diferencias salariales y prestacionales entre los diferentes docentes y directivos docentes vinculados a la planta global del ente territorial , con el debido reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales , siendo negada por la entidad , toda vez que los docentes se diferencian por el tipo de vinculación y aplicación normativa en materia salarial y prestacional.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante considera vulneradas las siguientes disposiciones:

El preámbulo y los artículos 2, 4, 25, 53 de la C.P.; el literal a) del artículo 7 del protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (protocolo de San Salvador).

En cuanto al concepto de violación, se expusieron los siguientes argumentos2:

Se infringió el preámbulo y el artículo 2 de la Constitución Política porque en ella se dispuso el objetivo de asegurar a todos los habitantes del territorio nacional sus derechos y garantías, supuesto que no se ha respetado por la demandada al dejar de cancelar igual remuneración para la totalidad de los docentes que hacen parte de la planta mencionada . Así mismo, c onsideró transgredido el artículo 4 ibidem, porque las omisiones de la administración desati enden la supremacía constitucional respecto del trabajo como un derecho y una obligación social que goza de especial protección del Estado.

Se vulneró el artículo 53 constitucional, en cuanto a los principios de primacía de la realidad sobre las formas, favorabilidad e igualdad, al desconocerse que todos

goza de especial protección del Estado.

Se vulneró el artículo 53 constitucional, en cuanto a los principios de primacía de la realidad sobre las formas, favorabilidad e igualdad, al desconocerse que todos

2 Folios 81-87 del expediente.4

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02694-01 (0366-2022) Demandante: Juan Pablo Ortega Henao los docentes de la planta global del municipio actualmente se les pagan con los ingresos del Sistema General de Participación, desempeñan iguales funciones y trabajan en la misma entidad territorial desce ntralizada, lo que implica una discriminación entre los trabajadores, aun cuando todos desempeñan igual actividad, vulnerando el principio de «trabajado igual, salario igual».

Se q uebrantó el pri ncipio de favorabilidad, pues existe un desmejoramiento injustificado a un grupo de maestros, dándoles un trato disímil respecto de otros que desarrollan iguales actividades, tienen iguales condiciones, obligaciones, horarios, escalafón, pertenecen a la misma planta global de docentes y a la misma entidad territorial descentralizada. Así mismo, el principio de progresividad de los derechos sociales, postulado que no se cumple, porque dejó de cancelar el total de la remuneración a los docentes del municipio de Medellín incorporados con posterioridad a la descentraliz ación educativa, en comparación con los docentes territoriales municipales, a los cuales se les aumentó la remuneración.

Por último, se vulneró el literal a ) del artículo 7 del Protocolo de San Salvador, el cual determina que la remuneración debe ser en c oncordancia con las actividades desarrolladas, recibiendo un salario de forma equitativa y no desigual.

Por último, se vulneró el literal a ) del artículo 7 del Protocolo de San Salvador, el cual determina que la remuneración debe ser en c oncordancia con las actividades desarrolladas, recibiendo un salario de forma equitativa y no desigual.

1.2. Contestación de la demanda

El municipio de Medellín se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones por las razones que se expresan a continuación3:

No es verdad que exista un trato desigual, pues la diferencia salarial entre los docentes que fueron incorporados a la planta global del municipio de Medellín obedece a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 34 de la Ley 715 de 2001 . Si bien, desde el 6 de enero de 2004 , el ente territorial incorporó y adoptó la planta global de cargos del sector educativo financiados con recursos del Sistema General de Participaci ón, existía un grupo de docentes que fueron nombrados previamente por el municipio, los cuales mantienen el régimen salarial y prestacional que tenían, en virtud del concepto «sin solución de continuidad », lo cual explica el fundamento legal para que se presente una diferencia salarial entre los docentes territoriales municipales, terri toriales departamentales incorporados, nacionales y nacionalizados, en razón a que cada uno se diferencia por el tipo de vinculación, aplicación normativa en materia salarial y prestacional.

Adicionalmente, el numeral 1 del artículo 15 de la Ley 91 de 19 89 establece que los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 , como en efecto

3 Folios 111-124 del expediente.5

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02694-01 (0366-2022)

Demandante: Juan Pablo Ortega Henao

3 Folios 111-124 del expediente.5

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02694-01 (0366-2022) Demandante: Juan Pablo Ortega Henao ocurrió en el caso del demandante, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional.

El Concejo municipal de Medellín expidió el Acuerdo 89 de 1987 en el que estableció que los docentes y directivos docentes territoriales del municipio vinculados mediante esa denominación, mantienen su vinculación sin solución de continuidad, incluyendo los salarios y prestaciones sociales, por ende, aquellos beneficios laborales que no tienen, continuarán sin tenerlos.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida el 4 de agosto de 2021, negó las pretensiones de la demanda.

Para tal efecto se pronunció en estos términos4:

El a quo concluyó que el acto acusado se ajusta a derecho, pues no desmejora las condiciones salariales y prestacionales que el actor traía como empleado de la Nación al momento de ser incorporado a la nueva planta de personal del municipio de Medellín, protegiéndole de esta manera los derechos adquiridos del personal docente, tal y como lo ordena el artículo 58 de la Constitución Política y la Ley 715 de 2001 y normas concordantes sobre el asunto.

El actor no demostró que la diferencia entre salarios y prestaciones sociales de los docentes pudiesen vulnerar los derechos, principios y garantías constitucionales, teniendo en cuenta que las entidades territoriales al momento de incorporar el

El actor no demostró que la diferencia entre salarios y prestaciones sociales de los docentes pudiesen vulnerar los derechos, principios y garantías constitucionales, teniendo en cuenta que las entidades territoriales al momento de incorporar el personal docente como consecuencia de la descentralización de la educación si bien se encontraban obligados a respetar algunas condiciones de dicho personal, no podían asumir obligaciones fiscales diferentes de las determinadas en la ley, recursos que de igual forma no pueden ser modificados por el Ministerio de Educación Nacional sin soporte jurídico alguno ni presupuesto nacional que fundamente ello.

En esa medida, s ostuvo que la brecha salarial y prestacional existente entre el personal docente nacional y nacionalizado con el territorial, obedece a las disposiciones legales sobre el asunto, que no le permiten al empleador (municipio) modificarlas, circunstancia que de acuerdo con lo referido con anterioridad no vulnera el derech o a la igualdad, ni el principio denominado «a trabajo igual, salario igual », ni otra disposición constitucional , toda vez que , efectuada la

4 A índice 2 de SAMAI.6

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02694-01 (0366-2022) Demandante: Juan Pablo Ortega Henao incorporación a la planta de cargos de personal docente del municipio de Medellín, se le respetó el régimen con el que venía con anterioridad, sin alteración alguna y sin solución de continuidad en el servicio prestado.

1.4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación5 y lo sustentó así:

Solicitó que se apli cara la excepción de ilegalidad frente a la Resolución

1.4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación5 y lo sustentó así:

Solicitó que se apli cara la excepción de ilegalidad frente a la Resolución 201830345312 del 21 de noviembre de 2018 que le negó la nivelación salarial, con fundamento en que contraría los preceptos constitucionales de «a trabajo igual salario igual », debido a que todos los docentes que asumió el municipio de Medellín al momento de su certificación desarrollan, desde ese entonces y actualmente, las mismas actividades l aborales, cumplen el mismo horario y están sujetos a la misma legislación (Decreto 2277 de 1979) . Es así como sin importar su vinculación nacional, nacionalizada o territorial, al momento de ser tomados en la planta de la entidad territorial de bieron equipararse sus salarios, respetando los regímenes prestacionales de los que ya venían gozando.

Manifiesta que la entidad territorial no realiz ó la correspondiente homologación salarial, por cuanto al ser vinculado a la planta de personal del ente territorial percibió salarios inferiores a los anteriormente asignados por el municipio, vulnerando así el derecho de igualdad.

1.5. Alegatos de conclusión

Se verificó SAMAI y las partes no presentaron alegatos en segunda instancia.

1.6. Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio Publico no rindió concepto.

2. Consideraciones

El recurrente solicitó que se inapli cara, por vía de excep ción de ilegalidad , la citada resolución, por cuanto la considera contraria al principio de «a trabajo igual salario igual»; no obstante, la Sala observa que se trata del acto administrativo

El recurrente solicitó que se inapli cara, por vía de excep ción de ilegalidad , la citada resolución, por cuanto la considera contraria al principio de «a trabajo igual salario igual»; no obstante, la Sala observa que se trata del acto administrativo que es objeto de enjuiciamiento ante esta jurisdicción y por lo t anto se atendrá al examen de legalidad que se haga con base en los vicios que en la demanda se predican respecto de la aludida resolución.

5 A índice 2 de SAMAI7

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02694-01 (0366-2022)

Demandante: Juan Pablo Ortega Henao

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿es procedente aplicar la excepción de ilegalidad invocada respecto del acto administrativo que es objeto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ? ¿le asiste derecho al actor a la nivelación salarial y prestacional frente a los cargos docentes y directivos docentes territoriales vinculados a la planta global del municipio de Medellín?

Para resolver el anterior problema, se abordarán los siguientes temas: i) Régimen jurídico de los docentes y directivos docentes territoriales, nacionales y nacionalizados; ii) improcedencia del principio «a trabajo igual, salario igual» ; y iii) estudio del caso concreto.

2.2. Marco normativo. Con el propósito de solucionar el problema jurídico planteado, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo aplicable al caso concreto.

2.2.1. Régimen jurídico de los docentes y directivos docentes territoriales, nacionales y nacionalizados

planteado, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo aplicable al caso concreto.

2.2.1. Régimen jurídico de los docentes y directivos docentes territoriales, nacionales y nacionalizados

El artículo 150, numeral 19, literal e) , de la Constitución, estableció como atribución del Congreso de la República la siguiente:

«Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos , de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;» (Subrayas fuera del texto)

Por su parte, el artículo 189 numeral 14 de la Constitución prevé que:

«Corresponde al presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos. El Gobierno no p odrá crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales».

Como se observa, existe una competencia compartida entre el legislador y el ejecutivo para la regulación de l régimen salarial y prestacional de los empleados8

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02694-01 (0366-2022) Demandante: Juan Pablo Ortega Henao públicos de la administración central, correspondiéndole al primero la función de

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02694-01 (0366-2022) Demandante: Juan Pablo Ortega Henao públicos de la administración central, correspondiéndole al primero la función de establecer un «marco general» sobre la forma como el segundo ha de desarrollar su actividad reguladora, todo en consonancia con la finalidad de la ley.

Por su parte, en el orden municipal, sucede algo similar, pues el Congreso de la República profiere de igual forma la ley marco sobre la cual , el ente territorial ejecutará su actividad respectiva. A su vez, el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992 al señalar los principios a los que debe someterse el gobierno nacional para ejercer la atribución de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyó en esta clasificación no sol o a los servidores del orden nacional, sino también a los territoriales:

«El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley (...)».

En tal sentido la Corte Constitucional, mediante sentencia C-510 de 14 de julio de 1999, delimitó claramente las competencias del Congreso de la República, del gobierno nacional y de las autoridades territoriales, en lo que al tema salarial de los empleados públicos de este orden se refiere, indicando:

« (...) 4.3. En estos términos, para la Corte es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, así: Primero, el Congreso de la Re pública, facultado única y

« (...) 4.3. En estos términos, para la Corte es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, así: Primero, el Congreso de la Re pública, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar sólo los límites máx imos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y concejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y concejos municipales, en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que, en ningún caso, pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional (…)».

Con la expedición de la Constitución Polít ica de 1991, en el artícu lo 356 se estableció que el gobierno nacional fijaría los servicios que debían ser prestados por la nación y las entidades territoriales; de igual manera, debía determinar el situado fiscal, que comprendía «el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que serí a cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los Distritos Especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para la atención directa, o a9

Nación que serí a cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los Distritos Especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para la atención directa, o a9

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02694-01 (0366-2022) Demandante: Juan Pablo Ortega Henao través de los municipios, de los servicios que se les asignen». En la aludida norma constitucional se determinó que los recursos del situado fiscal se destinarían para financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media, y la salud, en los niveles que la ley señale. Posteriormente, a través de la Ley 43 de 1975, el legislador decidió «n acionalizar la educación primaria y secundaria que oficialmente venían prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarias […]».

A su vez , la Ley 91 de 1989 6 señaló las competencias en cuanto al pago y reconocimiento de prestaciones sociales compartidas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con las entidades territoriales, dependiendo de la calidad del personal, según clasificación hecha en su artículo 1°, que preceptúa:

«ARTÍCULO 1º. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Nacional. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

PARÁGRAFO. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad».

El artículo 15 de la misma disposición normativa preceptúa:

«Artículo 15. - A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden n acional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley».

6 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.10

excepciones consagradas en esta Ley».

6 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.10

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02694-01 (0366-2022) Demandante: Juan Pablo Ortega Henao La norma referida estableció que los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, seguirían b ajo el régimen que venían gozando en cada entidad territorial, según las circunstancias particulares para cada caso y, por otro lado, aquellos nacionales y nacionalizados que fueron vinculados a partir del 1° de enero de 1990, se regirían por la normatividad vigente del sector público nacional.

Producto de tal disposición, se expidió la Ley 60 de 1993 7, en la que dispuso la descentralización del sector educativo8 y, de ese modo, empezó la desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamen te para la prestación de ese servicio. En el parágrafo del artículo 15 ibídem, se determinó que la Nación cedería los bienes del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de igual manera, a través de los diferentes artículos de esa no rmativa, se dispuso el traslado del personal y de los establecimientos educativos, a las entidades del orden territorial.

De igual forma, la citada norma refirió en el artículo 6:

«ARTÍCULO 6o. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL. Corresponde a la ley y a sus reglamentos, señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas de personal docente y administrativo de los servicios educativos estatales. (…)

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o

sus reglamentos, señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas de personal docente y administrativo de los servicios educativos estatales. (…)

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas de departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otras clases de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.

Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las prestaciones del personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. El valor actuarial del pasivo prestacional de las entidades territoriales, que deberán trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, se determinará, para estos efectos, con base en la liquidación que se realice con cada una de ellas, y será financiado con sus propios recursos.

El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los servicios educativos estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores públicos de régimen especial, de los órdenes departamental, distrital o municipal,

7 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recurso s según los artículos

7 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recurso s según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones». 8 En el artículo 16 literal «B. En educación» se fijaron las reglas para la descentralización de ese servicio.11

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02694-01 (0366-2022) Demandante: Juan Pablo Ortega Henao se regirá por el Decreto -ley 2277 de 1979 y demás normas que lo modifiquen y adicionen. Igualmente, sus reajustes salariales serán definidos de conformidad con la Ley 4ª de 1992(…)».

Con base en lo anterior, las plantas de personal entrarían a hacer parte de la respectiva entidad territorial y, para ello, era necesario que se adelantara un proceso de incorporación, pues los docentes que tenían la condición de nacionales o n acionalizados, debían migrar a los departamentos, m