CE - 012333000202000047011SENTENCIA20231128150329

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 19001-23-33-000-2020-00047-01 (1188-2023)

Demandante: Edgar Emilio Silva Delgado Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente nacional. La incorporación no cambia la naturaleza de la relación legal y reglamentaria . REVOCA PARCIALMENTE Y

CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor EDGAR EMILIO SILVA DELGADO instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes,

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones, (i) RDP 034442 del 16 de septiembre de 2016 y (ii) RDP 049539 del 28 de diciembre de 2016; por medio de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia y se desa tó desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto contra el primer acto administrativo enunciado.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y

1 Folios 1 y 2.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00047-01 (1188-2023)

pagar al accionante la mencionada prestación en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial mensual devengado en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, con efectividad desde ese mismo instante ocurrido el 21 de enero de 2014 , y con el debido ajuste de valor sobre las sum as adeudadas por este concepto.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

HECHOS2

concepto.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera:

Que el señor Edgar Emilio Silva Delgado nació el 25 de julio de 1953 (sic). Que en su vida laboral estuvo vinculado al magisterio inicialmente desde el 9 de octubre de 1979 hasta el 1.° de septiembre de 1983, esto por nombramiento efectuado por el gobernador del departamento del Cauca mediante Decreto 833 del 28 de septiembre de 1979, a fin de desempeñarse como docente en el Colegio Francisco José de Caldas de la Sierra.

Posteriormente tuvo una vinculación de carácter nacional como educador oficial desde el 2 de septiembre de 1983 hasta el 14 de diciembre de 19973 derivada de la Resolución 12938 del 2 de agosto de 1983 expedida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Luego dicho vínculo mutó a departamental por mandato de la Ley 60 de 1993, en razón a que el departamento del Cauca fue certificado, según Resolución 6270 del 16 de diciembre de 1996 del MEN, y le fue entregada la educación, a través de acta de la misma fecha . M ás adelante , adujo que dicho vínculo se tornó municipal en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 715 de 2001, según consta en el acta de entrega del 18 de julio de 2003, a través de la cual se le entregó la administración del servicio educativo al municipio de Popayán.

de 2001, según consta en el acta de entrega del 18 de julio de 2003, a través de la cual se le entregó la administración del servicio educativo al municipio de Popayán.

Como consecuencia de la descentralización los tiempos de servicios laborados desde el 15 de diciembre de 1997 hasta el 2 de marzo de 2016 (fecha de la expedición del certificado) son de carácter territorial y, por tanto, aptos para el reconocimiento de la pensión gracia.

Que el 11 de mayo de 2016, la parte actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia , a lo cual dicha entidad expidió la Resolución RDP 034442 del 16 de septiembre de 2016 con la que negó la prestación.

2 Folios 2 a 4. 3 Ver hecho 4° de la demanda, folio 3.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00047-01 (1188-2023)

Que el accionante presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, el cual fue resuelto a través de las Resoluci ón RDP 049539 del 28 de diciembre de 2016 siendo confirmada la decisión inicial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 12 de marzo de 20214 y notificada a la UGPP5, q uien manifestó que al demandante no le asiste el derecho reclamado, dado que no cuenta con los veinte años en la docencia oficial de carácter

La demanda fue admitida mediante auto del 12 de marzo de 20214 y notificada a la UGPP5, q uien manifestó que al demandante no le asiste el derecho reclamado, dado que no cuenta con los veinte años en la docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o n acionalizado, teniendo en cuenta que para acceder a la prestación solicitada no es posible computar tiempos de servicio del orden nacional que se generaron a partir del 2 de septiembre de 1983.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) caducidad; (ii) inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido, (iii) ausencia de vicios en los actos administrativos demandados , (i v) prescripción ( v) buena fe y (vi) la genérica o innominada.

Mediante auto6 el tribunal hizo uso del artículo 182A del CPACA y consideró que la discusión que se suscitaba en el presente proceso es de pleno derecho, por lo que debía dictarse sentencia anticipada, por tanto, procedió a incorporar las pruebas aportadas en la demanda y en la contestación y , en virtud del artículo 181 del CPACA, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y rendir concepto, respectivamente; con el fin de dictar sentencia una vez vencido el término allí dispuesto.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia del 4 de agosto de 2022 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante, luego de considerar que el actor prestó sus servicios como docente nacional desde el 2 de septiembre de 1983 , y que las vinculaciones se dieron desde esa fecha en

negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante, luego de considerar que el actor prestó sus servicios como docente nacional desde el 2 de septiembre de 1983 , y que las vinculaciones se dieron desde esa fecha en adelante no mutaron a territoriales por la descentralización de la educación, por lo tanto, no son válidas para el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

En la providencia se analizó el marco normativo de la pensión gracia y del proceso de la descentralización de la educación, en virtud de la Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 y con ocasión a las referencias efectuadas concluyó que «contrario a lo alegado por la actora (sic), la vinculación es una sola y no muta o cambia por la descentralización territorial de la educación, prevista en las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, porque estas

4 Folio 183 a 184. 5 Folio 189. 6 Folios 219 a 220. 7 Folios 251 a 260.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00047-01 (1188-2023)

disposiciones no prevén la modificación de las vinculaciones ni la incorporación automática a la entidad territorial […]».

Finalmente, dispuso que la primera vinculación configurada entre el 9 de octubre de 1979 hasta el 1.° de septiembre de 1983 pese a que es válida para el reconocimiento de la pensión gracia, resulta insuficiente para cumplir la exigencia de haber prestado

Finalmente, dispuso que la primera vinculación configurada entre el 9 de octubre de 1979 hasta el 1.° de septiembre de 1983 pese a que es válida para el reconocimiento de la pensión gracia, resulta insuficiente para cumplir la exigencia de haber prestado los servicios por 20 años o más como docente nacionalizado o territorial ya que solo suma 3 años, 10 meses y 24 días.

EL RECURSO DE APELACIÓN8

La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, para lo cual sostuvo que, de conformidad con la normativa aplicable a estos asuntos , así como con los actos administrativos que dieron cabal ejecución al proceso de descentralización en el departamento del Cauca y en el municipio de Popayán , no cabría la menor duda de que el vínculo laboral del accionante, si bien en un principio fue nacional mutó a territorial a partir del 15 de diciembre de 1997.

Que, por lo tanto, a partir de la fecha mencionada , el señor Silva Delgado dejó de tener un vínculo nacional, pues los dineros con que se le pagaban sus acreencias no eran propiedad de la Nación, sino que fueron financiados con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, los cuales son propiedad de los entes territoriales.

Que en el caso objeto de estudio, existió una sustitución patronal, la cual operó por mandato de las Leyes 43 de 1975, 60 de 1993 y 715 de 2001, proceso a partir del cual la relación laboral entre los docentes y el Estado fue transformándose y pasó de un v ínculo docente - Nación a un vínculo docente - departamento o docentemunicipio, según el caso.

cual la relación laboral entre los docentes y el Estado fue transformándose y pasó de un v ínculo docente - Nación a un vínculo docente - departamento o docentemunicipio, según el caso.

Que la sentencia recurrida incurrió en un defecto fático al no valorar el material probatorio aportado al proceso; al efecto señaló que no se analiz aron las Resoluciones 6270 del 16 de diciembre de 1996 y 118 del 18 de julio de 2003 , mediante la cual el MEN certificó al departamento del Cauca y al municipio de Popayán, respectivamente, para prestar el servicio educativo, así como tampoco estudió las actas a trav és de las cuales se entregó efectivamente el mentado servicio a las entidades territoriales; documentos que de haber sido apreciados hubiesen resultado suficientes para fallar favorablemente las pretensiones de la demanda al resultar evidente que las plazas a ocupar a partir de la descentralización fueron territoriales.

8 Folios 265 a 287.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00047-01 (1188-2023)

Que una vez acreditado el hecho de que el reclamante tiene más de 50 años y cumplió 20 años de servicio si se contabilizan los tiempos departamentales prestados entre el 9 de octubre de 1979 y el 1.° de septiembre de 1983 y los aquellos servidos entre el 15 de diciembre de 1997 y el 2 de marzo de 2016 (fecha de

prestados entre el 9 de octubre de 1979 y el 1.° de septiembre de 1983 y los aquellos servidos entre el 15 de diciembre de 1997 y el 2 de marzo de 2016 (fecha de expedición del certificado) como docente territorial, se logra corroborar que el demandante sí tenía derecho al pago de la prestación bajo estudio.

Finalmente, adujo que la condena en costas no puede estar únicamente fundada en la derrota de las pretensiones, como lo hizo en este caso el fallador, sino que, por el contrario, debe existir dentro del expediente prueba de que la solicitud de la pensión se hizo de forma temeraria o sin arreglo a los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico para que esta resulte procedente; situación que no aconteció en el caso particular, aunado al hecho de que el demandante confiando en los efectos legales de la descentralización de la educación, ha construido una expectativa válida para que se reconozca el derecho discutido.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

De conformidad con el numeral 4° del artículo 247 del CPACA, una vez admitido el recurso la parte demandante guardó silencio9.

Por su parte, la demandada se pronunció respecto al recurso de apelación en los términos previstos en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, para lo cual señaló la improcedencia del cómputo de los periodos laborados con posterioridad al 1° de enero de 1990, al haber desaparecido tácitamente la brecha salarial que buscaba eliminar el reconocimiento de la pensión gracia con la expedición de la Ley 91 de 1989.

POSICIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO

enero de 1990, al haber desaparecido tácitamente la brecha salarial que buscaba eliminar el reconocimiento de la pensión gracia con la expedición de la Ley 91 de 1989.

POSICIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980 , ello en el entendido de que tuvo diferentes incorporaciones a la planta de personal docente de distintas entidades territoriales en virtud del proceso de descentralización del servicio educativo.

9 Folio 297.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00047-01 (1188-2023)

Para resolver este problema jurídico, la Sala hará referencia a: i) los aspectos generales de la pensión gracia aplicables al caso concreto , ii) las implicaciones de la i ncorporación de personal docente a los entes territoriales en el proceso de descentralización de la educación y finalmente, iii) resolverá el caso concreto.

Marco normativo y jurisprudencial

a. Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,

Marco normativo y jurisprudencial

a. Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«[l]os maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «[l]os veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegiosCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»10. Con la expedición de la

ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»10. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «[c]uando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990

oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de le y, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público

10 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00047-01 (1188-2023)

nacional y adicionalmente de una prima de medio año equiva lente a una mesada pensional.»

Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199711 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 12 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en

nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 12 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez s e incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenient es del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 12 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación

rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los l ineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufraga ban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores

directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufraga ban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recur sos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaz a a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante laCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00047-01 (1188-2023)

cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022, 13 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensi ón gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se conclu