CE - 012333000202000075011SENTENCIASENTENCIA20231026212310

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00075-01 (27491)

Demandante: José Alirio Rodríguez Vargas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 66001-23-33-000-2020-00075-01 (27491)

Demandante JOSÉ ALIRIO RODRÍGUEZ VARGAS

Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP Temas Aportes trabajador independiente. Deducción de costos y gastos. Exoneración aportes a pensión. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 19 de enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, que decidió lo siguiente1: “1. NIÉGANSE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

2. Sin costas en esta instancia, por lo considerado.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el remanente de la cuota de gastos si a ello hubiere lugar, y archívese el expediente."

2. Sin costas en esta instancia, por lo considerado.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el remanente de la cuota de gastos si a ello hubiere lugar, y archívese el expediente." ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Previo Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro. RDC 2017 -03699 del 29 de noviembre de 2017, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) expidió la Resolución Nro. RDO 2018-03321 del 13 de septiembre de 2018, por medio de la cual profirió liquidación oficial y determinó a cargo del actor aportes en salud y pensión, y sanciones por las conductas de omisión e inexactitud por los períodos de enero a diciembre de 2015.

El demandante interpuso el recurso de reconsideración contra la anterior decisión, que fue resuelto en la Resolución Nro. RDC 2019-01891 del 30 de septiembre de 2019, en el sentido de reducir los aportes en $48.418.292, y, por ende, modificar las sanciones impuestas2. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

1 SAMAI del Tribunal. Índice 24. 2 Los antecedentes administrativos pueden ser consultados en el índice 28 de Samai.Radicado: 66001-23-33-000-2020-00075-01 (27491)

Demandante: José Alirio Rodríguez Vargas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Demandante: José Alirio Rodríguez Vargas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones3: “Respetuosamente solicito ante el Honorable Magistrado del conocimiento que, con base en los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, se dicte Sentencia de fondo favorable a las súplicas de la demanda, en la cual se efectúen las siguientes o simil ares declaraciones: 1.- La NULIDAD de la LIQUIDACIÓN OFICIAL Nº RDO -2018-03321 del 13/09/2018, por medio de la cual se determinan los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en los subsistemas de salud y pensión y se sanciona por no declarar por conducta de omisión e inexactitud correspondiente al año 2015, al señor JOSE ALIRIO RODRÍGUEZ VARGAS, ya identificado. 2.- La NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN Nº RDC -2019-01891 del 30/09/2019, notificada en forma virtual el día dos (2) de Octubre de dos mil diecinueve (2019), por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución de Liquidación antes citada. 3.- Que para restablecer el derecho de mi representado, se declare que no adeuda suma alguna a la UNIDAD DE PENSIONES Y PARAFISCALES. 4.- Como PRETENSIÓN SUBSIDIARIA, se ordene a la Unidad de Gestión de Pensiones y

3.- Que para restablecer el derecho de mi representado, se declare que no adeuda suma alguna a la UNIDAD DE PENSIONES Y PARAFISCALES. 4.- Como PRETENSIÓN SUBSIDIARIA, se ordene a la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, determinar los ajustes correspondientes de acuerdo con los valores que correspondan bajo la premisa de tener en cuenta la deducción de los costos y gastos solicitados en el denuncio rentístico de 2015, presentado por mi mandante. 5.- Como petición especial, solicito del Honorable Tribunal, considerar la viabilidad de la aplicación de las normas referidas a cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, en cuanto se refiere al subsistema de Salud que en el caso sub -júdice se exige por el año 2015.4” A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 29 de la Constitución Política; 18 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 de 2003; 1 y 3 del Decreto 510 de 2003, compilados en el Decreto 1833 de 2016; 135 de la Le y 1753 de 2015 y 107 del Estatuto Tributario. El concepto de nulidad se resume de la siguiente manera: Afirmó que su actividad económica consistía en la fabricación de muebles, la cual implicaba costos y gastos que fueron reportados en su declaración de r enta atendiendo lo dispuesto en el artículo 107 del Estatuto Tributario. No obstante, la UGPP determinó los ajustes de los aportes a salud y pensión por el año 2015 con desconocimiento del artículo 6 de la Ley 797 de 2003, de conformidad con el cual los tr abajadores independientes deben cotizar sobre los ingresos efectivamente

UGPP determinó los ajustes de los aportes a salud y pensión por el año 2015 con desconocimiento del artículo 6 de la Ley 797 de 2003, de conformidad con el cual los tr abajadores independientes deben cotizar sobre los ingresos efectivamente percibidos. Indicó que con la respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir aportó la relación de sus erogaciones, las cuales fueron reportadas en la declaración de renta por valor de $1.049.498.000; así mismo, a llegó certificado expedido por contadora en el que se afirmó que los rubros declarados correspondían a los registros contables y cumplían con los presupuestos de necesidad, causalidad y proporcionalidad. Con todo, la entidad al proferir la liquidación oficial : i) determinó valores diferentes en cuanto a la sanción planteada en el requerimiento , aludiendo para ello a la

3 Samai del Tribunal/ Índice 21/1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS.PDF (.PDF) NroActua21/ página 13 a 14 4 Como sustento de esta pretensión indicó que “se considera fuera de lógica jurídica el hecho de exigir aportes en salud por un período al cual ya no es posible en el tiempo acceder como retribución por su pago”.Radicado: 66001-23-33-000-2020-00075-01 (27491)

Demandante: José Alirio Rodríguez Vargas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

aplicación del principio de favorabilidad del artículo 314 de la Ley 1 819 de 2016; y ii) relacionó las pruebas aportadas con el requerimiento, las cuales daban cuenta

www.consejodeestado.gov.co 3

aplicación del principio de favorabilidad del artículo 314 de la Ley 1 819 de 2016; y ii) relacionó las pruebas aportadas con el requerimiento, las cuales daban cuenta de las erogaciones incurridas, pero no las aplicó, puesto que procedió a liquidar el IBC a partir del ingreso bruto mensualizado para todos los períodos de enero a junio de 2015, y sobre el 40% de dichos ingresos para los meses de julio a diciembre de 2015. Puso de presente que en la demandada afirmó que revisó las pruebas aportadas allegadas al proceso de fiscalización a la luz de los artículos 107 y 771-2 del Estatuto Tributario, sin embargo, no ofreció las razones por las cuales negó el reconocimiento de los costos y gastos y se limitó a liquidar el IBC sobre el ingreso bruto mensualizado. Manifestó que con el recurso de reconsideración aportó las pruebas correspondientes a las facturas y documentos equivalentes como soporte de los costos. Con fundamento en estos medios probatorios la entidad modificó los valores determinados inicialmente, acept ando erogaciones por valor de $678.739.815 y rechazó la suma de $31.622.922, sin ofrecer explicaciones más allá de que no se probaron los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. Resaltó que, además de las pruebas aportadas con el recurso de reconsideración, solicitó la práctica de una inspección “ocular, contable o tributaria” con el fin de verificar su contabilidad, frente a lo cual no obtuvo respuesta por parte de la entidad. Expuso que la demandada, “optó por rechazar de plano una parte de los costos y gastos que

su contabilidad, frente a lo cual no obtuvo respuesta por parte de la entidad. Expuso que la demandada, “optó por rechazar de plano una parte de los costos y gastos que asciende a la suma de $370.758.185 y además se afirma que el valor rechazado es de $31.622.922, empero si tenemos en cuenta que la suma solicitada como costos es de $1.049.498.00, dicen aceptar $ 678.739.815 y rechazar $ 31.622.922, son operaciones que resultan confusas y no ofrecen claridad gramatical ni matemática” lo cual demuestra una falsa motivación. Señaló que el ingreso base de cotización de los trabajadores independientes se encontraba regulado en los artículos 5 y 6 de la Ley 797 de 2003, que modificaron la Ley 100 de 1993, según los cuales se debía cotizar sobre los ingresos efectivamente percibidos. A su vez, el artículo 1º del Decreto 510 de 2003 prescribe como ingresos efectivamente percibidos las sumas que el afiliado recibe para sí mismo, previa la deducción de las erogaciones para el desarrollo de su actividad productora de renta una vez cumplan con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. También hizo mención del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. Oposición de la demanda La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda , con fundamento en lo siguiente5: Propuso como excepci ón la inepta demanda por falta de requisitos formale s6, comoquiera que no se explicó claramente el concepto de violación en los términos exigidos por el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, pues el demandante se limitó a exponer las normas presuntamente7.

comoquiera que no se explicó claramente el concepto de violación en los términos exigidos por el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, pues el demandante se limitó a exponer las normas presuntamente7.

5 Samai del Tribunal/Índice 21/4_004CONTESTACIÓNUGPP(.PDF) 6 Mediante auto del 20 de mayo de 2021, el Tribunal negó esta excepción, decisión que puede ser consultada así: Samai del Tribunal/índice 21/7_007AUTORESUELVEEXCINEPTADDA (.PDF) NroActua21 7 Citó la sentencia del Consejo de Estado. Sección Segunda, del 3 de noviembre de 2011, exp.0999-09, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y de la Sección Quinta del 7 de noviembre de 1995, exp. 1415, C.P. Mario Alario Méndez; y de la Corte Constitucional C-197 de 1999.Radicado: 66001-23-33-000-2020-00075-01 (27491)

Demandante: José Alirio Rodríguez Vargas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Expuso que, de conformidad con las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012, el Decreto Ley 169 de 2003; y el Decreto 575 de 2013; la UGPP tiene la competencia para adelantar las funciones de fiscalización y determinación de los aportes al sistema de seguridad social, así como imponer las sanciones correspondientes en los casos que se incurran en las conductas descritas en el Decreto 3033 de 2013.

adelantar las funciones de fiscalización y determinación de los aportes al sistema de seguridad social, así como imponer las sanciones correspondientes en los casos que se incurran en las conductas descritas en el Decreto 3033 de 2013. Realizó un recuento de las normas que regulan la materia , identificando cada uno de los elementos de este tributo, así como de la conducta de omisión e inexactitud, destacando que el demandante no cumplió con la obligación de afiliarse y/o reportar la novedad de in greso y que realizó pagos por valores inferiores. También señaló que la base gravable de los aportes para los trabajadores independientes antes de la Ley 1753 de 2015 corresponde a los ingresos efectivamente percibidos, con la posibilidad de deducir las expensas que cumplan los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. Afirmó que son obligados aportar al sistema aquellos que cuenten con capacidad de pago, entre esos los declarantes del impuesto de renta, IVA e ICA, por mandato del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011. En cuanto al IBC de julio a diciembre de 2015, indicó que por disposición del artículo 135 de la citada Ley 1753, este se calcula sobre el 40% del ingreso bruto mensualizado, sin incluir el IVA cuando a ello hubiere lugar, pudiendo reducir las expensas de la actividad generadora del ingreso. Expuso que el actor , según se declaración de renta , obtuvo ingresos por $1.199.514.000, demostrando su capacidad de pago. A sí mismo, verificadas las planilla de aportes por el año 2015, incurrió en inexactitud, comoquiera que declaró por valores inferiores a los que legalmente estaba obligado.

$1.199.514.000, demostrando su capacidad de pago. A sí mismo, verificadas las planilla de aportes por el año 2015, incurrió en inexactitud, comoquiera que declaró por valores inferiores a los que legalmente estaba obligado. De la información acerca de los costos y gastos aportada en sed e administrativa concluyó que algunos no cumplieron con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, razón por la cual no fueron considerados en la base de liquidación. Además, el certificado emitido por el contador no logró evidenciar la natur aleza de las erogaciones y si se acató lo dispuesto en los artículos 771-2 y 617 ibidem, y los Decretos 1165 de 1996, 1001 de 1997, 3050 de 2007, 2559 de 2007 y demás normas concordantes8, citando ejemplos del rechazo de los costos. Siguiendo lo expuesto, el IBC para los meses de enero a junio de 2015 se calculó sobre el ingreso bruto mensualizado menos los costos aceptados, de conformidad con las pruebas aportadas en su momento, tales como recibos, facturas, peajes, consignaciones, entre otros; y para los meses de julio a diciembre se aplicó el 40% al ingreso bruto mensualizado. Finalmente, referenció varias sentencias de Juzgados Administrativos de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que respaldaban la posición de la entidad. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión negó las pretensiones de la demanda por lo que pasa a exponerse9:

entidad. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión negó las pretensiones de la demanda por lo que pasa a exponerse9:

8 Al respecto mencionó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 15 de noviembre de 2007, exp.14712, C.P. Héctor J. Romero Díaz 9 Samai del Tribunal índice 24Radicado: 66001-23-33-000-2020-00075-01 (27491)

Demandante: José Alirio Rodríguez Vargas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

1. De la obligación de los rentistas de capital al pago de aportes parafiscales De conformidad con los artículos 15 y 157 de la Ley 100 de 1993; 26 del Decreto 806 de 1998 y 1 del Decreto 1406 de 1999, los independientes, incluidos los rentistas de capital, están en la obligación de aportar al sistema de seguridad social, razón por la cual la UGPP podía determinar y liquidar los aportes que fueran omitidos para el año 201510.

2. Cálculo del IBC de los independientes y de la procedencia de deducir costos y gastos Adujo que el demandante para la vigencia fiscalizada 2015, al tratarse de u n independiente y percibir ingresos producto de la actividad económica que desarrollaba, debió cotizar sobre la base de los ingresos definidos tanto en el artículo 19 de la Ley 100 de 1993 para el período transcurrido entre el 1 de enero al

independiente y percibir ingresos producto de la actividad económica que desarrollaba, debió cotizar sobre la base de los ingresos definidos tanto en el artículo 19 de la Ley 100 de 1993 para el período transcurrido entre el 1 de enero al 30 de junio, co mo en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 para el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015, luego de efectuar la deducción de las expensas que cumplieran con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario11.

3. Caso concreto Luego de hacer un recuento sobre las actuaciones surtidas en sede administrativa, expuso que los documentos con los cuales el actor pretendió soportar los costos de su actividad económica, desconocieron las exigencias previstas en el artícul o 107 del Estatuto Tributario, comoquiera que en algunos casos eran ilegibles, no acreditaban la ocurrencia del costo, correspondían a otro período o estaban duplicados, pasando por alto los artículos 711-2 ibidem y 3 del Decreto 522 de 2003.

Así, el actor no cumplió con la carga de la prueba para acreditar la totalidad de las erogaciones, pese a que en sede judicial contó con los términos y oportunidades legales previstos para ejercer su derecho de defensa, por el contrario, se limitó afirmar que los soportes fueron debidamente allegados en sede administrativa y que fue la entidad la que omitió su valoración, premisa que no era cierta conforme a lo expuesto en los actos acusados. Según las reglas de la carga de la prueba , el juez y la demandada no estaban llamados a suplir las falencias probatorias en que incurriera la parte demandante,

expuesto en los actos acusados. Según las reglas de la carga de la prueba , el juez y la demandada no estaban llamados a suplir las falencias probatorias en que incurriera la parte demandante, máxime cuando ést a se encontraba en mejor posición para demostrar los hechos que alegaba, además, porque las potestades de fiscalización conferidas a las autoridades tributarias estaban orientadas a verificar el cumplimiento de los elementos dispuestos por la ley para legitimar el tributo , no para demostrar los hechos que el contribuyente reclamara como ciertos en los denuncios rentísticos. De conformidad con los artículos 18 de la Ley 100 de 1993 y 3 del Decreto 510 de 2003, la base de cotización de los aportes no p odía ser inferior a 1 SMLMV ni superior a 25 salarios, liquidación que deb ía rea lizarse de conformidad con los ingresos percibidos en cada uno de los meses del respectivo año fiscalizado.

10 Sobre el asunto citó las sentencias de la Corte Constitucional C -711 de 2001; C-259 de 2009; C -1089 de 2003 y C-578 de 2009. Del Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2010, exp.1067-06, C.P. Gerardo Arenas Monsalve y de la Sección Cuarta, del 1 de agosto de 2019, exp.23379, C.P. Milton Chaves García. 11 Citó la sentencia de unificación del Consejo de Estado. Sección Cuarta del 26 de noviembre de 2020, exp.21329, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 66001-23-33-000-2020-00075-01 (27491)

Demandante: José Alirio Rodríguez Vargas

exp.21329, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 66001-23-33-000-2020-00075-01 (27491)

Demandante: José Alirio Rodríguez Vargas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

De igual manera, los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993 ( modificados por la Ley 797 de 2003 ) hacen referencia a que el IBC corresponde a los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado, bajo ese entendido la UGPP debió tomar como ingresos del demandante solo la suma de $1.199.514.000, que corresponden a lo obtenido por la actividad comercial de fabricación de muebles, s in incluir lo percibido por el actor por concepto de intereses y rendimientos financieros, y atendiendo los costos y deducciones que resultaran procedentes a la luz del artículo 107 del Estatuto Tributario. Por lo anterior, era procedente que la entidad d eterminara la inexactitud en las declaraciones presentadas por el aportante durante los meses del año 2015 en los subsistemas de salud y pensión, dado que no incluyó los ingresos percibidos como independiente. Frente a la precisión del actor relacionada co n la improcedencia de aplicar las normas referidas a los aportes a salud por cuanto la entidad pretendía fiscalizar períodos respecto de los cuales ya no era posible acceder a la prestación de los servicios, indicó que la labor de la entidad consistía precisamente en la fiscalización de conductas como la omisión, el incumplimiento del deber de afiliación y el no pago de los aportes, las cuales se encontraron tipificadas en el presente caso.

servicios, indicó que la labor de la entidad consistía precisamente en la fiscalización de conductas como la omisión, el incumplimiento del deber de afiliación y el no pago de los aportes, las cuales se encontraron tipificadas en el presente caso. De man era que, la obligación del demandante no estaba relacionada con la prestación o utilización del servicio. Sumado a esto, las contribuciones parafiscales tenían destinación específica, por lo cual también era improcedente la solicitud de eximir al actor del pago de estas. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas por no encontrarlas demostradas en el proceso como lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso y lo indicado en el precedente de esta Corporación12. Recurso de apelación El actor apeló la decisión de primera instancia por lo que pasa a exponerse:13 Sostuvo que la UGPP en los actos acusados liquid ó los aportes y sanciones con fundamento en valores que desconocían mandatos legales, comoquiera que la base para determinarlos, tratándose de trabajadores independientes, obede ce a los ingresos efectivamente percibidos, de conformidad con los artículos 1 del Decreto 510 de 2003 y 107 del Estatuto Tributario. Alegó la falta de correspondencia entre el requerimiento para declarar y la liquidación oficial, como quiera que entre y uno y otro se aumentó el monto de los aportes de $127.187.826 a $140.981.386, lo cual desconocía el artículo 711 del Estatuto Tributario. Reprochó que el Tribunal reiterara la obligación de efectuar aportes a seguridad social, cuando en el caso concreto se estaba discutiendo el hecho de rechazar los costos y deducciones en que incurrió en el desarrollo de su actividad económica,

Reprochó que el Tribunal reiterara la obligación de efectuar aportes a seguridad social, cuando en el caso concreto se estaba discutiendo el hecho de rechazar los costos y deducciones en que incurrió en el desarrollo de su actividad económica, los cuales no fueron tenido s en cuenta, según la entidad, por falta de pruebas y el incumplimiento de los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.

12 Citó la sentencia del Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, del 7 de abril de 2016, exp.129114. 13 Samai del Tribunal índice 29.Radicado: 66001-23-33-000-2020-00075-01 (27491)

Demandante: José Alirio Rodríguez Vargas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Puso de presente que en sede administrativa aportó las facturas, documentos equivalentes y certificado de contador . Sumado a esto, le solicitó a la entidad la práctica de una inspección tributaria a efectos de considerar conducentes sus documentos, más aún cuando en el expediente se advirtió que algunos de los elementos probatorios aportados eran ilegibles, aspecto frente a lo cual nada se dijo en sede administrativa. Expuso que en el recurso de apelación planteó su inconformidad en cuanto a que: “(…) es totalmente desconocido el análisis que se predica efectuado conforme a los artículos 107 y 771 -2 del Estatuto Tributario, pues la Resolución en este punto se limita afirmar sin ninguna explicación el dicho análisis, empero, no es posible controvertirlo ante la ausencia de

107 y 771 -2 del Estatuto Tributario, pues la Resolución en este punto se limita afirmar sin ninguna explicación el dicho análisis, empero, no es posible controvertirlo ante la ausencia de los argumentos que llevaron al rechazo de tales costos y deducciones conforme a ese análisis, pues solo se afirma que se efectuó el mismo, se citan las normas, se rechazan las “expensas necesarias” pero se guarda silencio al respecto cuando solo se dice que “Teniendo en cuenta lo anterior, el IBC sobre el cual se aplicó la tarifa de cotización par a cada subsistema, se determinó a partir del ingreso bruto mensualizado…” (Resaltado propio) razón por la cual vale preguntar ¿teniendo en cuenta que? ¿Debe ser el análisis, pero cuál? ¿Qué valor se otorgó a los anexos que en la misma Resolución se anuncian allegados por el suscrito?” Reiteró que la UGPP al momento de resolver el recurso de reconsideración simplemente se limitó a exponer argumentos similares a los esbozados en la etapa de determinación, desestimando nuevamente las erogaciones y modificando los valores a pagar, sin que fuera posible determinar cómo llegó al resultado del IBC. Adujo que los costos y gastos solicitados en la declaración de renta ascienden a la suma de $1.049.498.000, frente a los cuales la UGPP, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, aceptó el monto de $678.739.815 y rechazó la suma de $31.622.922 sin dar explicaciones más allá de que no se demostraron efectivamente las expensas. Insistió que en el desarrollo de su actividad de fabricación de muebles incurrió en

de $31.622.922 sin dar explicaciones más allá de que no se demostraron efectivamente las expensas. Insistió que en el desarrollo de su actividad de fabricación de muebles incurrió en costos y gastos, que en términos fiscales correspondían a los determinados en el artículo 107 del Estatuto Tributario y fueron trasladados a la declaración de renta, debidamente soportados con los registros y asientos contables. Empero, el Tribunal confirmó los actos acusados bajo iguales o similares premisas expuestas por la Administración, posición que debía revocarse en esta instancia siguiendo los precedentes en los que incluso se han reconocido costos presuntos no solo en materia de renta sino también de parafiscales14. Oposición al recurso La demandada no se pronunció sobre el recurso presentado por el actor. Ministerio Público El agente del Ministerio Público 15 solicitó confirmar la sentencia d e primera instancia, para lo cual adujo que los independientes están obligados a cotizar al sistema de seguridad por mandato de la ley cuando ostentan capacidad de pago para ello16, lo cual se presume cuando son declarantes del impuesto de renta, IVA o ICA.

14 Sobre los costos presuntos mencionó la Resolución 209 de 2020. 15 Índice 11 de Samai. 16 Citó la sentencia del Consejo de Estado. Sección Cuarta, exp.24179, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.Radicado: 66001-23-33-000-2020-00075-01 (27491)

Demandante: José Alirio Rodríguez Vargas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Demandante: José Alirio Rodríguez Vargas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

En cuanto a la determinación del IBC, señaló que si bien era procedente deducir los costos y gastos en que incurriera el aportante para el desarrollo de su actividad económica, lo cierto es que en este caso, tanto en sede administrativa como judicial, el actor no logró acreditar las erogaciones pretendidas por valor de $31.622.922, ni aportó pruebas adicionales que evidenciaran el cumplimiento de los elementos exigidos por el artículo 107 del Estatuto Tributario. Adicional a que los documentos allegados en algunos casos eran ilegibles, otros no acreditaban la ocurrencia del costo y, en algunos casos, no correspondieron al período fiscalizado. De manera que, como el actor no cumplió su carga probatoria, debían negarse las pretensiones de la demanda. CONSIDERACIONES DE LA SALA Le corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación presentado por el demandante, contra la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de la s Resoluciones Nros. RDO 2018-03321 del 13 de septiembre de 2018 y RDC 201901891 del 30 de septiembre de 2019, mediante las cuales la UGPP determinó el monto de los aportes a salud y pensión por los meses de enero a diciembre de 2015, e impuso sanciones por no declarar (omisión) e inexactitud. Para delimitar el problema jurídico, la Sala advierte que, con el recurso de apelación, el actor alegó (i) el desconocimiento del principio de correspondencia entre el

e impuso sanciones por no declarar (omisión) e inexactitud. Para delimitar el problema jurídico, la Sala advierte que, con el recurso de apelación, el actor alegó (i) el desconocimiento del principio de correspondencia entre el requerimiento para declarar y la liquidación oficial, toda vez que existió una diferencia notable de la liquidación de los aportes entre uno y otro acto y (ii) el reconocimiento de los costos presuntos en materia de parafiscales. Sin embargo, no se emitirá ningún pronunciamiento al respecto, comoquiera que se tratan de cargos de nulidad que se presentan por primera vez en el proceso con el recurso de apelación, es decir, se tratan de situaciones f ácticas y jurídicas que no fueron alegadas en su debida oportunidad con la presentación de la demanda. Al respecto, ha sido constante la jurisprudencia en señalar que no le es permitido a las partes la inclusión en sede de apelación de cargos novedosos, desconocidos y ausentes a lo largo del debate judicial, pues supone el planteamiento de asuntos que no han sido objeto de controversia, siendo este un requisito de las normas que regulan el derecho procesal administrativo y las garantías del debido proceso17. Decantado lo anterior, en este caso, el análisis jurídico se centra en determinar la procedencia de depurar los costos y gasto