CE - 012333000202000352011SENTENCIA20231019204009

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 08001 23 33 000 2020 00352 01 (3606-2022)

Demandante: Zoraida Cabarcas de Rodríguez Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 16 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que denegó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Zoraida Cabarcas de Rodríguez, por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de

consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Zoraida Cabarcas de Rodríguez, por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 001465 del 22 de enero de 2020 y RDP 0 06496 del 6 de marzo del mismo año, por medio de las cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación.

1 Documento 1 del expediente digital2

Radicado: 08001 23 33 000 2020 00352 01 (3606-2022)

Demandante: Zoraida Cabarcas de Rodríguez

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó condenar a la UGPP a: i) reconocer y pagar la pensión gracia de jubilación a partir del 21 de septiembre de 2011, con inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio; ii) reajustar el valor de las sumas adeudadas conforme al artículo 187 del CPACA; iii) cumplir la sentencia en los términos que prevén los artículos 189 a 192 del CPACA; y iv) pagar las costas del proceso.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

1. La señora Zoraida Cabarcas de Rodríguez nació el 17 de enero de 1945.

1. Por Resolución 89 del 22 de marzo de 1965 fue nombrada maestra interina , por el término de noventa (90) días , en el Departamento del Atlántico. Prestó sus servicios como docente territorial por espacio de 27 años.

1. Por Resolución 89 del 22 de marzo de 1965 fue nombrada maestra interina , por el término de noventa (90) días , en el Departamento del Atlántico. Prestó sus servicios como docente territorial por espacio de 27 años.

1. Solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación, la cual le fue negada a través de los actos administrativos acusados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política; las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 91 de 1989; y los Decretos 081 de 1976 y 2277 de 1979. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo siguiente:

1. La UGPP comete un grave error al considerar que los tiempos laborados por la actora son nacionales, porque entre esta y el Ministerio de Educación Nacional no ha existido vínculo laboral ni obra documento alguno que certifique tal vinculación.

En este orden, resulta evidente que la vinculación y la plaza ocupada por la señora3

Radicado: 08001 23 33 000 2020 00352 01 (3606-2022) Demandante: Zoraida Cabarcas de Rodríguez Cabarcas es de carácter territorial, más exactamente departamental, por cuanto no hubo nombramiento alguno por parte del mencionado Ministerio y los colegios en donde fue nombrada son Instituciones Educativas del orden departamental , por mandato legal.

Cabarcas es de carácter territorial, más exactamente departamental, por cuanto no hubo nombramiento alguno por parte del mencionado Ministerio y los colegios en donde fue nombrada son Instituciones Educativas del orden departamental , por mandato legal.

1. Está probado, con la documentación que se aportó con la demanda, que la señora Cabarcas de Rodríguez, en el periodo laborado del 16 de marzo de 1965 al 16 de junio de 1965 y del 9 de junio de 1965 al 8 de agosto de 1978, laboró como docente departamental, pagada con recursos propios del departamento del Atlántico, y del 1 de octubre de 2004 al 27 de diciembre de 2006 y del 16 de marzo de 2007 al 2 de mayo de 2019 , con recursos del Situado Fiscal , hoy Sistema General de Participaciones, incorporados al presupuesto del departamento del Atlántico , conforme a la Ley 60 de 1993.

1.2. Contestación de la demanda

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos de defensa:

1. La demandante no tiene derecho a la pensión gracia porque no cumple con los requisitos que la ley 114 de 1913 exige para su reconocimiento, pues se requiere que haya prestado sus servicios como docente con vinculación departamental, distrital, municipal o n acionalizado durante 20 años, prerrogativa que no acreditó esta, ya que en el certificado de información laboral expedido por la Secretaria de Educación Departamental del Atlántico se establece que esta laboró para dicha entidad desde el 16 de marzo de 196 5 hasta el 3 de mayo de 2019, bajo una vinculación del orden nacional; por lo tanto, recibió recursos del situado fiscal.

Educación Departamental del Atlántico se establece que esta laboró para dicha entidad desde el 16 de marzo de 196 5 hasta el 3 de mayo de 2019, bajo una vinculación del orden nacional; por lo tanto, recibió recursos del situado fiscal.

1. La actora, al 29 de diciembre de 1989, fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, no contaba con 20 años de servicio, como docente nacionalizada, y mucho menos con 50 años de edad ; es decir, que no cumplía con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad especial para ser beneficiaria de la4

Radicado: 08001 23 33 000 2020 00352 01 (3606-2022) Demandante: Zoraida Cabarcas de Rodríguez pensión pretendida.

Finalmente, propuso las excep ciones de inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción de mesadas.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 16 de diciembre de 2021, denegó las pretensiones de la demanda con sustentó en las siguientes

consideraciones:

1. El Consejo de Estado ha expresado que la pensión gracia se creó como una prerrogativa de carácter gratuito que la Nación reconoce a un determinado grupo de docentes, quienes deben pertenecer al sector público educativo, beneficio que fue ampliado, a través de las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, a aquellos profesores y empleados de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública, no nacionales, lo mismo que a los docentes de la enseñanza secundaria de ese mismo orden.

empleados de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública, no nacionales, lo mismo que a los docentes de la enseñanza secundaria de ese mismo orden.

1. Con relación a la fecha de vinculación del docente, el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo precisó que las mencionadas disposiciones no exigieron que este deba tener una relación laboral vigente al 31 de diciembre de 1980, sino que con anterioridad a esta fecha haya estado vinculado, pues lo que cuenta para efectos pensionales es el tiempo servido, por lo tanto, la falta de continuidad no puede constitu irse en una causal de pérdida del derecho pensional.

1. En el caso concreto, d e las pruebas aportadas se colige que la demandante incumplió con el requisito de haber acreditado veinte años de servicio en la docencia oficial del orden territorial y/o nac ionalizado, dado que su vincul ación con el departamento del Atlántico s olo perduró catorce años y cinco meses; por lo tanto, no reúne la totalidad de los requisitos establecidos legalmente para tener derecho5

Radicado: 08001 23 33 000 2020 00352 01 (3606-2022) Demandante: Zoraida Cabarcas de Rodríguez a la pensión gracia, puesto que no es dable computar el tiempo que laboró como docente nacional para efecto del reconocimiento y pago de la citada prestación.

1.4. El recurso de apelación

La parte actora pidió que se revoque la sentencia y, en consecuencia, se acceda a las pretensiones de la demanda. Expuso las siguientes razones de inconformidad:

1.4. El recurso de apelación

La parte actora pidió que se revoque la sentencia y, en consecuencia, se acceda a las pretensiones de la demanda. Expuso las siguientes razones de inconformidad:

1. El a quo ha desconocido la ley y los precedentes jurisprudenciales, sin motivar la razón que le asiste para ignorar las pruebas aportadas , las cuales dan cuenta de que l os nombramientos posteriores al año 1980 tienen el carácter de departamentales, pues están sign ados por el gobernador del Atlántico ; las plazas para las cuales fue nombrada [Institución Educativa Normal Superior de Manatí e Institución Educativa Normal Superior de Nuestra Señora de Fátima ] también son del orden territorial y el nombramiento está aj ustado con la Ley 116 de 1928 que amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de secundaria, normalistas e inspectores.

1. S i se revisan cuidadosamente los documentos obrantes en el plenario se evidencia que el periodo anterior a 1980, lo laboró en instituciones territoriales y que el tiempo de servicio posterior a esta data fue prestado en escuelas normales, que se ajustan a la Ley 116 de 1928 . De t odas maneras, con la nacionalización de la educación efectuada por virtud de la L ey 43 de 1975, todas las instituciones educativas pasaron a ser territoriales.

1. Acoger la tesis de que la actora tiene una vinculación nacional , porque así lo indique la entidad encargada de expedir y certificar el tiempo de servicio , por el hecho de haberse pagado sus salarios y prestaciones sociales con los recursos del Sistema General de Participaciones, como docente departamental, en el periodo del

indique la entidad encargada de expedir y certificar el tiempo de servicio , por el hecho de haberse pagado sus salarios y prestaciones sociales con los recursos del Sistema General de Participaciones, como docente departamental, en el periodo del 1 de octubre de 2004 al 27 de diciembre de 2006 y del 16 de marzo de 2007 al 2 de mayo de 2019, es desconocer el precedente fijado por el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII -11-2018 del 21 de junio de 2018.6

Radicado: 08001 23 33 000 2020 00352 01 (3606-2022)

Demandante: Zoraida Cabarcas de Rodríguez

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

En esta etapa procesal las partes guardaron silencio.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no emitió concepto.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 1928 2 y 37 de 19333 consagraron la posibilidad de que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en

2 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección. 3 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas p or decreto de carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes. Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.7

Radicado: 08001 23 33 000 2020 00352 01 (3606-2022) Demandante: Zoraida Cabarcas de Rodríguez la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública, siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior.4

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4

siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior.4

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4 ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión o recompensa de carácter nacional».5

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues c onstituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».6

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el

4 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699. 5 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699. 5 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S -699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001 -23-33-0002013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2 018, radicado: 25000-23-42-0002013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001 -23-33000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C -085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.8

Radicado: 08001 23 33 000 2020 00352 01 (3606-2022) Demandante: Zoraida Cabarcas de Rodríguez artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal benef icio sería compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación, en la referida Sentencia S -699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de

regido por las siguientes disposiciones: […]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita, bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre d e 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».9

Radicado: 08001 23 33 000 2020 00352 01 (3606-2022) Demandante: Zoraida Cabarcas de Rodríguez Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, 7 la Sección Segunda del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, 7 la Sección Segunda del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1. 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento pensional.

1. 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede ente nderse como un plazo que demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».8

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionaliza da o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga ant es o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo siguiente:9

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculaci ón del

siguiente:9

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculaci ón del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».10

7 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-2333-000-2016-00278-01 (3018-2017). 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r abdicado 1500123-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 10 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001 -03-15-0002019-02219-01 (AC).10

Radicado: 08001 23 33 000 2020 00352 01 (3606-2022)

Demandante: Zoraida Cabarcas de Rodríguez

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único lí mite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con

ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único lí mite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional que los cobijab a, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada. […]

1. La Sentencia C -506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

1. Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31

profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás req uisitos de ley ». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia del 21 de junio de 2018, 11 esta corporación fijó las siguientes reglas de

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-2342-000-2013-04683-01 (3805-2014).11

Radicado: 08001 23 33 000 2020 00352 01 (3606-2022)

Demandante: Zoraida Cabarcas de Rodríguez unificación:12

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales

Demandante: Zoraida Cabarcas de Rodríguez unificación:12

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al soste nimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cam bia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha

participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29 de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,

12 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.12

Radicado: 08001 23 33 000 2020 00352 01 (3606-2022) Demandante: Zoraida Cabarcas de Rodríguez pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada».13

2.3. Hechos probados

pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada».13

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios14

• Conforme al registro civil de nacimiento, la señora Zoraida Cabarcas de Rodríguez nació el 17 de enero de 1945.

• El 22 de marzo de 1965, por medio de la Resolución 89, el secretario de educación del Atlántico, en uso de sus facultades legales, la nombró en interinidad para cubrir una licencia por el término de 90 días en la Escuela # 23 para niñas, de Barranquilla.

• El 3 de junio de 1965, el gobernador del Atlántico, a través del Decreto 374, en uso de sus facultades legales, la nombró en propiedad, como maestra en la Escuela # 28 para niñas, de Barranquilla.

• El 8 de agosto de 1978, por medio del Decreto 385, el gobernador del Atlántico, en uso de sus facultades legales, aceptó la renuncia de la señora Zoraida Cabarcas al cargo anteriormente mencionado.

• El 29 de septiembre de 2004, por medio del Decreto 405, el gobernador del Atlántico la designó rectora, en provisionalidad, en la Institución Educati va Normal

Superior de Manatí.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-2342-000-2013-04683-01 (3805-2014). 14 Expediente digital13

13 Consejo de Estado, Sección