CE - 012333000202000380021SALVAMENTODEV20231011180302

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - 012333000202000380021SALVAMENTODEV20231011180302
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA

Bogotá DC, tres (3) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Expediente: 63001-23-33-000-2020-00380-02

Quejoso: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Disciplinada: DIOSELINA OLIVERIA AVENDAÑO HERNÁNDEZ Y

VÍCTOR MESA MENDOZA

Asunto: PROCESO DISCIPLINARIO – SEGUNDA INSTANCIA

SALVAMENTO DE VOTO

En consonancia con lo manifestado en la respectiva sesión de la Sala, m e aparto de la decisión adoptada el 3 de octubre de 2 023 que resolvi ó los recursos de apel ación interpuestos por l os señores Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y V íctor Manuel Mesa Mendoza en contra del fallo disciplinario de pri mera instancia del 24 de junio de 2021 proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío, con fundamento en las razones que expongo a continuación:

  1. El artículo 76 de la Ley 734 de 2002 -normativa aplicable a este caso concretopreveía

lo siguiente:

“Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, deberá organizar una unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la doble i nstancia, encargada de conocer y fall ar en primera instancia los procesos disciplinari os que se adelanten contra sus servidores. Si no fuere

oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la doble i nstancia, encargada de conocer y fall ar en primera instancia los procesos disciplinari os que se adelanten contra sus servidores. Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional conocerá del asunto la Procuradurí a General de la Nación de acuerdo a s us competencias. En aquellas entidades u organismos donde existan regionales o seccionales, se podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel, con las competencias y para los fines anotados. En todo caso, la segunda instancia será de competenc ia del nominador, salvo disposición legal en cont rario. En aquellas entidades donde no sea posible organizar la segunda insta ncia, será competente para ello el funcionar io de la Procuraduría a quien le corresponda investigar al servidor público de primera instancia.2

Expediente: 63001-23-33-000-2020-00380-02

Disciplinada: Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y otro Salvamento de voto

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo INEXEQUIBLE> PARÁGRAFO 2o. Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración. PARÁGRAFO 3o. Donde no se hayan implementado oficinas de cont rol interno disciplinario, el competente será el superior inmed iato del investigado y la segunda instancia corresponderá al s uperior jerárquico de aquél” (negrillas adicionales).

Como se desprende de l p arágrafo 3 º de la disposici ón tra nscrita, en las depe ndencias

investigado y la segunda instancia corresponderá al s uperior jerárquico de aquél” (negrillas adicionales).

Como se desprende de l p arágrafo 3 º de la disposici ón tra nscrita, en las depe ndencias donde no se hubieran implementado oficinas de control interno disciplinario, el competente para conocer del respectivo proceso era el superior inmediato del investigado y la segunda instancia correspondía al superior jerárquico de aquel.

  1. Es es pecialmente relevante advertir, que el cuerpo leg al que prev é y regula la organización y funcionamiento de las denominadas of icinas de control interno discipli nario es la Ley 87 de 1993 que, fundamentalmente est á concebida para la Rama Ejecutiva del Poder Público cuya estructura, organización y funcionamiento difiere sustancialmente a los de la Rama Judicial del Poder Público, tanto es así que, en materia disciplinaria no existen las denominada s oficinas de control interno , sino que , la investigación y juzg amiento de orden disciplinario de emplea dos y func ionarios cuenta con una normativa y estructura completamente diferente y autónoma.
  1. En ese orden de ideas considero, respetuosamente, que en este caso concreto la Sala Plena del Consejo de Estado no tenía competencia funcional para resolver los recursos de apelación interpuestos por los señores Dioselina Oliveria Avenda ño Hern ández y V íctor Mesa Mendoza, pues , estos se dese mpeñaban en ca rgos de la Secretar ía General del Tribunal Administrativo del Quindío y en la estructura organizacional de la Rama Judicial no existen oficinas de control interno disciplinario.

Por consiguiente, la primera instancia del proceso disciplinario debió ser adelantada por el

Tribunal Administrativo del Quindío y en la estructura organizacional de la Rama Judicial no existen oficinas de control interno disciplinario.

Por consiguiente, la primera instancia del proceso disciplinario debió ser adelantada por el Secretario de ese Tribunal y, la segunda instancia , por el superior jer árquico de este, es decir, la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Quindío.

  1. En consecuencia, en este caso concreto la Sala Plena del Consejo de Estado no era la competente para conocer en segunda instancia del proceso d isciplinario en segunda instancia, por cuanto carec ía de competenci a para ello y, por lo tanto, as í se debi ó declararse con independencia de la tesis prohijada por la Sala de Consulta y Servicio Civil3

Expediente: 63001-23-33-000-2020-00380-02

Disciplinada: Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y otro Salvamento de voto

de esta Corporaci ón en decisión del 6 de diciembre de 20 21 en el expediente 11001-0306-000-2021-00096-00, MP Óscar Darío Amaya Navas.

El referido vicio de nulidad por ausencia de competencia funcional de las autoridades que tramitaron y decidieron el pr oceso de l a referencia , tanto en primera como en segunda instancia, por su naturaleza y regulaci ón legal, es de car ácter insaneable y, por lo tanto , era imperativo as í declararlo, m ás a ún si s e tiene en cuenta que en ello est á necesariamente comprometido el derecho constitucional fundamental del debido proceso y del juez competente de la persona investigada.

En los anteriores t érminos dejo consignadas las razones que me llevaron a apartarme de

necesariamente comprometido el derecho constitucional fundamental del debido proceso y del juez competente de la persona investigada.

En los anteriores t érminos dejo consignadas las razones que me llevaron a apartarme de la decisión de la referencia.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Magistrado (Firmado electrónicamente)

Constancia. El presente salvamento de voto fue firmad o electrónicamente por el mag istrado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autentic idad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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