CE - 012333000202000567011SENTENCIAFALLO20231128141622

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 54001-23-33-000-2020-00567-01 (3035-2023)

Demandante: José Rafael Celis Molina Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente nacional. La incorporación no cambia la naturaleza de la relación legal y reglamentaria. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander , por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor JOSÉ RAFAEL CELIS MOLINA instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 001258 del 18 de enero de 2019; y (ii) RDP 011110 del 4 de abril de 2019, por medio de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia y se desató desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto contra el primer acto administrativo enunciado.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y

1 Ver expediente digital en el índice 2 de la plataforma SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 54001-23-33-000-2020-00567-01 (3035-2023)

pagar al accionante la mencionada prestación en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial mensual devengado en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, con efectividad desde ese mismo instante ocurrido el 20 de septiembre de 2016, y con el debido ajuste de valor sobre las sumas adeudadas por este concepto.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

HECHOS2

este concepto.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera:

Que el señor José Rafael Celis Molina nació el 1.º de febrero de 1957. Que en su vida laboral estuvo vinculado al magisterio inicialmente desde el 9 de marzo hasta el 6 de junio de 1979, esto en virtud del Decreto 187 del 12 de marzo de 1979 emitido por el departamento de Norte de Santander, para prestar su servicio en el municipio de Durania. Que luego, mediante Resolución 1256 del 2 de agosto de 1979 , fue nombrado como docente en el municipio de Chitagá del 29 de agosto de 1979 al 6 de febrero de 1980.

Que posteriormente tuvo una vinculación como educador oficial del 1.º de octubre de 1980 al 9 de julio de 2018 sin solución de continuidad, derivada en principio de la Resolución 14212 del 20 de agosto de 1980 expedida por el Ministerio de Educación Nacional. No obstante, durante esta relación legal y reglamentaria presentó una incorporación con el departamento de Norte de Santander por efectos de la descentralización de la educación a partir del 20 de diciembre de 1996 y hasta la mencionada fecha en la que se expidió el certificado de información laboral cuando aún seguía activo.

Que el 18 de septiembre de 2018 , la parte actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, a lo cual dic ha entidad expidió la

cuando aún seguía activo.

Que el 18 de septiembre de 2018 , la parte actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, a lo cual dic ha entidad expidió la Resolución RDP 001258 del 18 de enero de 2019 con la que negó la prestación.

Que el accionante presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, el cual fue resuelto a través de la Resolución RDP 011110 del 4 de abril de 2019, siendo confirmada la decisión inicial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

2 Idem.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicado: 54001-23-33-000-2020-00567-01 (3035-2023)

La demanda fue admitida mediante auto del 26 de febrero de 2021 3 y notificada a la UGPP4, quien radicó memorial de contestación 5 en el que manifestó que , el demandante no cumple con los requisitos legales para la obtención de la pensión gracia, debido a que del 29 de agosto de 1979 al 6 de febrero de 1980 y del 1.º de octubre de 1980 al 9 de julio de 2018, su vinculación como docente fue de carácter nacional, razón por la cual no hay lugar al reconocimiento y pago de la prerrogativa solicitada, pues no cumplió todos los requisitos para acceder a esta. Propuso como excepciones que las denomin ó: (i) prescripción de los derechos laborales aplica a todos y cada uno de los conceptos reclamados por el

solicitada, pues no cumplió todos los requisitos para acceder a esta. Propuso como excepciones que las denomin ó: (i) prescripción de los derechos laborales aplica a todos y cada uno de los conceptos reclamados por el demandante, (ii) inexistencia de la obligación , (iii) buena fe, y (iv) omisión en la inclusión de la totalidad de los actos administrativos que negaron la pensión gracia dentro de la demanda. En la audiencia inicial 6 el tribunal advirtió que las excepciones propuestas no pueden ser consideradas como previas, por tanto, serían resueltas en la sentencia. Adicionalmente, en esta diligencia se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio , se efectuó l a incorporación de pruebas y decretaron otras.

Posteriormente, mediante auto del 1º de diciembre de 20227 se dio por terminado el período probatorio, y en virtud del artículo 181 del CPACA, se prescindió de la celebración de la audiencia de pruebas y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y dictar sentencia con posterioridad.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo del Norte de Santander , mediante sentencia del 15 de marzo de 2023, declaró probada la excepción de «inexistencia de la obligación» y negó las pretensiones de la demanda, argumentando en primer lugar que, mediante la Ley 43 de 1975, el Estado optó por lo que se denominó la "nacionalización" de la educación primaria y secundaria, proceso que se llevó a cabo entre el 1.º de enero

la Ley 43 de 1975, el Estado optó por lo que se denominó la "nacionalización" de la educación primaria y secundaria, proceso que se llevó a cabo entre el 1.º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980 y, durante el cual, el pago de los docentes oficiales se realizó a través de los Fondos Educativos Regionales (FER).

Que d icha figura fue implementada mediante el Decreto 3157 de 1968 y reglamentada en normas como el Decreto 525 de 1990, que radicó en cabeza del representante legal del Ministerio de Educación ante el FER, las funciones de certificar disponibilidad presupuestal y vacancia de cargos, así como de refrendar

3 Idem. 4 Idem. 5 Idem. 6 Idem. 7 Idem. 8 Idem.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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los actos administrativos suscritos por los nominadores y ordenadores del gasto.

Que posteriormente fue expedida la Ley 29 de 15 de febrero de 1989, a través de la cual se reestructuró el Ministerio de Educación Nacional y, entre otras cosas, se asignó a los departamentos y municipios, según su capacidad, la administración del personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales y nacionalizados. Esto, sin que se cambiara la naturaleza de los nombramientos realizados con anterioridad a los docentes, quienes seguían a cargo de las entidades que los crearon, tal como se determinó en el parágrafo 1 del artículo 9

nacionalizados. Esto, sin que se cambiara la naturaleza de los nombramientos realizados con anterioridad a los docentes, quienes seguían a cargo de las entidades que los crearon, tal como se determinó en el parágrafo 1 del artículo 9 ibidem.

Que respecto a los efectos de la descentralización de la educación en Colombia, en armonía con la jurisprudencia casi unánime del Consejo de Estado, debe considerarse que este proceso involucró el tra slado del personal docente a las entidades territoriales certificadas en educación, primero a los entes departamentales como lo determinó la Ley 60 de 1993 y después, a los municipales en virtud de lo dispuesto en la Ley 715 de 2001. No obstante, ello no implicó la mutación del nombramiento nacional a territorial, ni el correspondiente computo de tiempos de servicios computables para adquirir el derecho a la pensión gracia, por cuanto fue la misma Ley 91 de 1989 la que aclaró que solo acceden a ese derecho, aquellos docentes que hubieran prestado los servicios en planteles municipales, distritales, departamentales o nacionalizados.

Que si bien el señor José Rafael Celis Molina prestó sus servicios como docente nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, entre el 9 de marzo de 1979 hasta el 6 de junio de 1979, para un total de 2 meses, 29 días, su vinculación laboral con posterioridad no resulta apta para acceder al reconocimiento de una pensión gracia de jubilación, toda vez que, en primer lugar, del 29 de agosto de 1979 al 19 de diciembre de 1996 laboró como docente con vinculo nacional, y en segundo lugar, el periodo comprendido desde el 20 de diciembre de 1996 al 9 de

1979 al 19 de diciembre de 1996 laboró como docente con vinculo nacional, y en segundo lugar, el periodo comprendido desde el 20 de diciembre de 1996 al 9 de julio de 2018 (fecha de su retiro por edad), a pesar de haberse prestado al departamento de Norte de Santander como producto de la descentralización de la educación, lo cierto es que ello no implica revivir la inclusión de tiempos de servicio computables para adquirir el derecho a la pensión gracia.

EL RECURSO DE APELACIÓN9

La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, para lo cual sostuvo que , de conformidad con la normativa aplicable a estos asuntos, así como con los actos administrativos que dieron cabal ejecución al proceso de descentralización en el departamento de Norte de Santander, no cabría la menor duda de que el vínculo laboral del accionante, si bien en un principio fue nacional, mutó a territorial (departamental) a partir del 20 de

9 Idem.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Radicado: 54001-23-33-000-2020-00567-01 (3035-2023)

diciembre de 1996 hasta el 9 de julio de 2018.

Que los educadores que venían prestando sus servicios a los departamentos, distritos o municipios, y que quedaron comprendidos en el proceso nacionalizador, así como los que se nombran después del 1.º de enero de 1976 de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43 de 1975, pasaron a denominarse educadores

distritos o municipios, y que quedaron comprendidos en el proceso nacionalizador, así como los que se nombran después del 1.º de enero de 1976 de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43 de 1975, pasaron a denominarse educadores nacionalizados, tal como se desprende del artículo 1.° de la Ley 91 de 1989, por lo que se puede concluir que el vínculo laboral de la accionante que inició desde el 9 de marzo de 1979 hasta el 6 de junio de 1979, es un vínculo departamental, nacionalizado por la Ley 43 de 1975, tal como lo acepta el fallo impugnado.

Que el fallo recurrido desconoce las sentencias de unificación del Consejo de Estado del 22 de enero de 2015, del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022, pues si bien es cierto los servicios que dan lugar al reconocimiento de la pensión gracia son los prestados en las entidades territoriales, y por lo tanto no se tienen en cuenta los servicios prestados a la Nación , debe tenerse en cuenta que después de la descentralización de la educación, los educadores ya no prestan servicio a esta última sino a las entidades territoriales, por lo que es indudable que la labor desarrollada luego de aquel proceso, resulta válida para el reconocimiento de la prerrogativa solicitada.

Que la sentencia apelada incurrió en un defecto fático por indebida valoración del material probatorio aportado al proceso, pues de acuerdo con lo descrito en el acta de entrega de servicio educativo al departamento de Norte de Santander, el tribunal dio por probado que en virtud de la descentralización tanto los bienes como el personal así como la administración del situado fiscal fue entregado a los entes

de entrega de servicio educativo al departamento de Norte de Santander, el tribunal dio por probado que en virtud de la descentralización tanto los bienes como el personal así como la administración del situado fiscal fue entregado a los entes territoriales, pero sin tener en cuenta que en virtud de la misma perdió el carácter de la vinculación nacional y pasó a desempeñarse a la planta del departamento.

Que en el caso objeto de estudio, existió una sustitución patronal, la cual operó por mandato de las Leyes 43 de 1975, 60 de 1993 y 715 de 2001, proceso a partir del cual los docentes pasaron de las plantas que asumía la Nación en prestación del servicio educativo a los planteles departamentales, distritales o municipales sin necesidad de un nuevo nombramiento, a quiénes m utó el vínculo laboral que ostentaban en virtud del mismo proceso de nacionalización.

Finalmente sostuvo que los únicos tiempos reconocidos como nacionales son desde el 1.º de octubre de 1980 hasta el 19 de diciembre de 1996 , mismos que no son aptos para el reconocimiento de la pensión, sin embargo, en atención a la jurisprudencia vigente, s í es posible computar la fecha con vinculación territorial comprendida entre el 20 de diciembre de 1996 al 9 de julio de 2018 que lo fueron de carácter departamental, esto para el reconocimiento de la pensión gracia.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTESCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 54001-23-33-000-2020-00567-01 (3035-2023)

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Radicado: 54001-23-33-000-2020-00567-01 (3035-2023)

De conformidad con el numeral 4.° del artículo 247 del CPACA, una vez admitido el recurso10, las partes guardaron silencio.

POSICIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO11

El Ministerio Público emitió concepto en el caso particular en el sentido de solicitar que se confirme el fallo apelado, para lo cual adujo que está plenamente demostrado que el tipo de vinculación ostentado por el docente durante su trayecto laboral obedece mayormente al orden nacional . Que al respecto se debe recalcar que para el personal nacional, la regla legal establecida es clara al indicar que los docentes de este orden no tienen derecho al reconocimiento de esta pensión gracia, por lo que el tiempo laborado bajo esa condición no se puede tener en cuenta para el mismo efecto , pues cabe recordar que para la prueba de calidad de docente territorial o nacionalizado, se requiere copia de los actos administrativos donde conste este vínculo, en los que se debe establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar hace parte de aquellas que el legislador ha previsto expresamente como territoriales, lo cual no ocurrió en este caso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, ello en el entendido de que tuvo una incorporación a la planta de personal docente de una entidad territorial en virtud del proceso de descentralización del servicio educativo.

o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, ello en el entendido de que tuvo una incorporación a la planta de personal docente de una entidad territorial en virtud del proceso de descentralización del servicio educativo.

Para resolver este problema jurídico, l a Sala hará referencia a: i) los aspectos generales de la pensión gracia aplicables al caso concreto , ii) las implicaciones de la i ncorporación del personal docente a los entes territoriales en el proceso de descentralización de la educación y finalmente, iii) resolverá el caso concreto.

Marco normativo y jurisprudencial

a. Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1.° señaló que:

10 Índice 4 de la plataforma SAMAI. 11 Ver índice 9 de la plataforma SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 54001-23-33-000-2020-00567-01 (3035-2023)

«[l]os maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

«[l]os maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3 .° de la norma en cita estableció que, «[l]os veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»12. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este de recho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que : «[c]uando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidar á con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidar á con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

12 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 54001-23-33-000-2020-00567-01 (3035-2023)

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prest aciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de

será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los do centes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Sobre el punto, la jurisprudencia de es ta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyen do a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199713 señaló que:

territorial y nacionalizado, es decir, excluyen do a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199713 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la tota lidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 54001-23-33-000-2020-00567-01 (3035-2023)

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 14 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes

interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también cor respondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prest aban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación

factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prest aban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vi nculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la

14 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 54001-23-33-000-2020-00567-01 (3035-2023)

respectiva ce rtificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de