CE - 012333000202000850011AUTOQUERESUEL20230221101458

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00069-01 (68432)

Demandante: MARÍA CECILIA BAYER MENDOZA Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA

NACIONAL Y OTRO Referencia: REPARACIÓN DIRECTA APELACIÓN DE AUTOS EN CPACAEl Consejo de Estado conoce en segunda instancia del auto que rechaza la demanda. VIGENCIA DE LA LEY PROCESAL-Como el término empezó a correr antes de la entrada en vigencia del CPACA, aplica el CCA. CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-El término de dos años se contabiliza a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa. DELITO DE LESA HUMANIDAD-La responsabilidad civil del Estado se rige por normas distintas a la de la responsabilidad penal de sus agentes. DERECHOS DE CONTENIDO CREDITICIO-El titular puede renunciarlos si solo afectan el interés individual y no lo prohíbe la ley. : María Cecilia Bayer Mendoza y otros, a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otro, para que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos por la muerte de Omar de Jesús Noguera Paz por un grupo paramilitar. Adujeron que los demandados omitieron el deber de seguridad y

Nacional y otro, para que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos por la muerte de Omar de Jesús Noguera Paz por un grupo paramilitar. Adujeron que los demandados omitieron el deber de seguridad y protección, pues Noguera Paz había recibido amenazas en su contra. El 20 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle rechazó la demanda porque operó la caducidad del medio de control. Sostuvo que los demandantes conocieron el daño desde que murió Noguera Paz, esto es, el 23 de septiembre de 2000, por ello, el término para presentar la demanda venció el 24 de septiembre de 2002 y como la demanda se presentó el 3 de julio de 2020 operó la caducidad. Los demandantes esgrimieron, en el recurso de apelación, que no operó la caducidad, porque se trata de un “delito de lesa humanidad”. Agregaron que han recibido amenazas por las denuncias que presentaron ante la Procuraduría General de la Nación y ante la Defensoría del Pueblo, por ello, existe una "“revictimización prolongada”. El 11 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle concedió el recurso de apelación.2 Expediente n 68.432

Demandante: María Cecilia Bayer Mendoza y olros

Confirma Caducidad

1. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar el A, modificado por el presente asunto de conformidad con el artículo 150 CPAC de los recursos de artículo 26 de la Ley 2080 de 2021, según el cual conoce apelación contra los autos, susceptibles de ese recurso, dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En consonancia, el artículo 243.1,

de los recursos de artículo 26 de la Ley 2080 de 2021, según el cual conoce apelación contra los autos, susceptibles de ese recurso, dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En consonancia, el artículo 243.1, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, prevé que el auto que rechace la demanda es susceptible del recurso de apelación y se decide por la Sala, conforme al artículo 125. Esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión mayor asciende a $2.050.767.103, suma que supera los 500 SMLMV exigidos por el articulo 152.6, esto es, $438.901.500.

2. El fenómeno de caducidad se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces para demandar. Término que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar ante las autoridades competentes. La caducidad tiene lugar justamente cuando expira ese término perentorio fijado por la ley. El artículo 624 CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prescribe que los términos se rigen por las leyes vigentes al momento en que empiezan a correr.

Como Omar de Jesús Noguera Paz murió el 23 de septiembre de 2002 (registro civil de defunción, f. 44, índice 2, Samai), la norma aplicable es el CCA. El término para formular el medio de control de reparación directa, según el artículo 136.8 CCA, es de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del

formular el medio de control de reparación directa, según el artículo 136.8 CCA, es de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. El término de caducidad establecido en el artículo 136 CCA es una norma de orden público —y por consiguiente de obligatorio cumplimiento (art. 6 CPC hoy retomado por el art. 13 CGP)- de la que no pueden disponer los jueces ni las partes, porque constituye una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Además, salvo algunas excepciones :legales, los derechos crediticios asociados a las acciones indemnizatorias son renunciables, transigibles y, en general, de libre disposición de su titular (art. 15 CC). 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2020, $877.803, por 500.3 Expediente n”. 68 432

Demandante: María Cecilia Bayer Mendoza y otros Confirma Caducidad Así lo resaltó la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de ese precepto, pues la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho. Por ende, según la Corte, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas en la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado, situación que no se extiende a quien no acudió en tiempo a la defensa de sus derechos?,

ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado, situación que no se extiende a quien no acudió en tiempo a la defensa de sus derechos?, Este criterio lo reiteró la Corte en el estudio de constitucionalidad del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136.9 CCA, al destacar que la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que apunta a la protección del interés general, de modo que su configuración impide el ejercicio de la acción y no puede iniciarse válidamente el proceso. También señaló que la caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio por el juez, cuando se verifique su ocurrencia. El artículo 136 CCA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones sobre el tipo de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u operación administrativa para contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no hubiera podido conocer el daño en esa fecha, pues en este evento, la caducidad se debe contar desde que tuvo conocimiento de este. Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño,

3. La responsabilidad civil del Estado tiene reglas distintas a las previstas para atribuir la responsabilidad penal de sus agentes. Aunque en el ámbito penal ciertos

el demandante tuvo conocimiento del daño,

3. La responsabilidad civil del Estado tiene reglas distintas a las previstas para atribuir la responsabilidad penal de sus agentes. Aunque en el ámbito penal ciertos delitos puedan configurase como imprescriptibles, esa figura excepcional no se 2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998 [fundamento jurídico 3.5]. 3 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001 [fundamento jurídico 4]. 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de octubre de 2011, Rad. 20.692 [fundamento jurídico 3.1]. 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2020, Rad. 61.767 [fundamento jurídico 4], con salvamento de voto.4

Expediente n 68.432

Demandante: María Cecilia Bayer Mendoza Confirma Caducidad patrimonial del Estado, ni mo

s. De modo que, el término por el Estado y otros mE difica los traslada al ámbito de la responsabilidad términos previstos en la ley para reclamar los perjuicio para interponer las acciones indemnizatorias por los daños causados : cai ¡ ¡ene difiere del plazo para ejercer la acción penal y el juez administrativo no tien competencia para decidir la imprescriptibilidad de los delitos penales, conforme al artículo 82 CCA, retomado por los artículos 103 y 104 CPACA. La Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio sobre el inicio del conteo del término de caducidad para formular las pretensiones indemnizatorias,

artículo 82 CCA, retomado por los artículos 103 y 104 CPACA. La Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio sobre el inicio del conteo del término de caducidad para formular las pretensiones indemnizatorias, cuando estas se derivan de “delitos de lesa humanidad”. A juicio de la Sala, el término para demandar, establecido por el legislador, debe contarse desde que los afectados conocieron o debieron conocer la participación de agentes del Estado, salvo que existan circunstancias que impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción(. Como la regulación legal de la presentación de la demanda, con la que se pretende reclamar una obligación indemnizatoria que se deriva de un “delito de lesa humanidad”, permite que pueda intentarse desde que ocurre ese hecho o desde que el sujeto activo de la obligación tiene conocimiento de la participación del Estado, no puede desconocerse el término judicial para reclamar una obligación civil.

4. Según la demanda, la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y Empresas Municipales de Cali-Emcali incurrieron en falla del servicio por omisión del deber de seguridad y protección, porque Omar de Jesús Noguera Paz fue asesinado por ser un lider sindical de esa empresa y la Policía no adoptó medidas de protección. Agregó que “el 19 de septiembre del año 2000, siendo las 7 pm, Omar de Jesús Noguera Paz ... fue abordado por un individuo que le colocó un revolver en la cara para luego dispararle en tres oportunidades, causándole graves heridas”

(hecho 1, demanda, f. 1-2, indice 2, Samai). Sostuvo que "aun existiendo amenazas

en la cara para luego dispararle en tres oportunidades, causándole graves heridas” (hecho 1, demanda, f. 1-2, indice 2, Samai). Sostuvo que "aun existiendo amenazas en contra del lider sindical Ornar Nogueta Paz, por sus labores de sindicalista y miembro del comité anticorrupción, carecía absolutamente de protección por parte del estado ... era de pleno conocimiento público que el Grupo Calima de las AUC, E Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2020, Rad. n. 61.033 [fundamento jurídico 5], con aclaración y salvamentos de voto.5 Expediente n”. 68,432

Demandante: María Cecilia Bayer Mendoza y otros Confirma Caducidad hacia presencia en Cali— Valle del Cauca, y que los líderes sindicales eran objetivos militares por considerarlos contrarios a sus pensamientos ideológicos” (hecho 3, demanda, f. 1-2, índice 2, Samai). Conforme lo expuesto en la demanda, desde el momento de los hechos los familiares de Omar de Jesús Noguera Paz atribuyeron al Estado participación por omisión, pues presuntamente no adoptaron las medidas de protección necesarias. Como Omar de Jesús Noguera Paz, murió el 23 de septiembre del 2000 (demanda, f. 44, índice 2, Samai), circunstancia que -según la demandase debió al incumplimiento de un deber de protección, el término de caducidad empezó a correr a partir del día siguiente, esto es el 24 de septiembre del 2000 y vencía el 26 de septiembre de 2002, día hábil siguiente al vencimiento del término (art. 121 CPC).

caducidad empezó a correr a partir del día siguiente, esto es el 24 de septiembre del 2000 y vencía el 26 de septiembre de 2002, día hábil siguiente al vencimiento del término (art. 121 CPC). De manera que, como la demanda se presentó el 3 de julio de 2020, según da cuenta el acta individual de reparto (acta de reparto, índice 2, Samai) operó el fenómeno preclusivo de la caducidad, pues el tiempo transcurrido entre el momento que los familiares de la víctima directa tuvieron conocimiento del hecho dañoso y la fecha en que formularon la demanda, implicó la renuncia a la reclamación de los perjuicios derivados de la muerte de Omar de Jesús Noguera Paz. Por ello, se confirmará la providencia apelada.

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Valle el 20 de octubre de 2021.

SEGUNDO: En firme esta decisión DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE AY ¡COLA 7 ES Presidente de la Sala

NN , GUILLERMO SÁNCHE