CE - 012333000202003195011SENTENCIAFALLO20231204092019

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 05001-23-33-000-2020-03195-01 (1031-2023)

Demandante: Ana Isabel Londoño Toro Demandada: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Medellín

Temas: Compatibilidad entre pensión y salario de docente oficial. Fecha de efectividad de la pensión y del retroactivo de mesadas

adeudadas. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora ANA ISABEL LONDOÑO TORO instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 202050021723 del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual el municipio de Medellín en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció una pensión ordinaria de jubilación a favor de la demandante, ello en punto al condicionamiento del goce de la prestación a la demostración del retiro definitivo del servicio.

1 Ver expediente digital obrante en el índice 2 de la plataforma SAMAI.2

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03195-01 (1031-2023)

Que, a título de restablecimiento del derecho , se condene a la s entidades demandadas a reconocer la compatibilidad entre la pensión otorgada a la accionante y el salario que devengó como docente oficial y que, por lo tanto, la primera sea concedida con efectividad desde el 10 de mayo de 2019 cuando aquella adquirió el estatus jurídico respectivo, sin exigir la terminación de su vínculo estatal, y que adicionalmente, el pago retroactivo de las mesadas causadas se haga a partir de esa fecha y hasta la de retiro definitivo.

adquirió el estatus jurídico respectivo, sin exigir la terminación de su vínculo estatal, y que adicionalmente, el pago retroactivo de las mesadas causadas se haga a partir de esa fecha y hasta la de retiro definitivo.

Que las sumas adeudadas se reconozcan con los ajustes anuales, así como debidamente indexadas y con el pago de intereses moratorios por el mismo período insoluto.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta l a demanda pueden resumirse de la siguiente manera:

Que la señora Ana Isabel Londoño Toro laboró como docente estatal con vinculación de tipo territorial en el municipio de Medellín, ello desde el 30 de enero de 1995 hasta el 12 de junio de 2020.

Que el 20 de junio de 2019 , la reclamante solicitó ante la entidad territorial demandada el reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de jubilación por haber laborado al servicio del magisterio durante más de 20 años. Que dicha autoridad dio respuesta a la petición a través de la Resolución 202050021723 del 12 de marzo de 2020, esto en el sentido de conceder el goce la prestación, pero condicionado a la demostración del retiro definitivo del servicio.

Que la actora adquirió el estatus j urídico pensional el 10 de mayo de 2019, pero continuó laborando como educadora hasta el 12 de junio de 2020, por lo que durante este lapso percibió el respectivo salario, mas no la pensión de jubilación.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 7 de octubre de 2020,3 y notificada a la

este lapso percibió el respectivo salario, mas no la pensión de jubilación.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 7 de octubre de 2020,3 y notificada a la Nación – Ministerio de Educación - FOMAG4 y al municipio de Medellín 5. La autoridad nacional se abstuvo de contestar la demanda, mientras que la referida entidad territorial sí presentó memorial de contestación6 en el cual manifestó que, el reconocimiento de la pensión de la señora Ana Isabel Londoño Toro se dio con un estricto cumplimiento de las disposiciones aplicables a dicha prestación económica,

2 Idem. 3 Idem. 4 Idem. 5 Idem. 6 Idem.3

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03195-01 (1031-2023)

como lo son las Leyes 33 de 1985, 91 de 1989 y 812 de 2003. Que, en todo caso, esta autoridad profirió la decisión objeto de este litigio en virtud de las facultades que le confiere la Ley 715 de 2001, el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1272 de 2018, lo que significa que la obligación de reconocimiento y pago de la mentada prerrogativa recae única y exclusivamente en el FOMAG.

Mediante auto del 1.º de diciembre de 2021,7 el tribunal de origen en aplicación del artículo 182A del CPACA (modificado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021),

Mediante auto del 1.º de diciembre de 2021,7 el tribunal de origen en aplicación del artículo 182A del CPACA (modificado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021), prescindió de la audiencia inicial por tratarse este caso de un asunto de pleno derecho, pero adicionalmente fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, efectuó el decreto de pruebas y con posterioridad corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y así dictar sentencia anticipada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo de Antioquia dictó sentencia escrita el 7 de diciembre de 2022, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda . Al respecto, inicialmente precisó que los entes territoriales actúan como unos meros facilitadores para que los docentes nacionalizados y nacionales tramiten el reconocimiento y pago de su pensión, carga que por ley se encuentra en cabeza del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Que, en tal sentido, los municipios o departamentos elaboran los proyectos de actos administrativos de reconocimiento de pensión de los respectivos educadores , y posteriormente con la aprobación de la Fiduciaria encargada de la administración de los recursos del citado fondo, los suscriben, pero solo en representación de dicho fondo por mandato de la ley.

Que según lo expuesto y acogiendo el criterio del Consejo de Estado sobre la materia, se concluye que la entidad responsable del reconocimiento pensional solicitado por la parte actora es el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y no a la Secretaría de Educación del municipio de Medellín, razón por la cual está

materia, se concluye que la entidad responsable del reconocimiento pensional solicitado por la parte actora es el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y no a la Secretaría de Educación del municipio de Medellín, razón por la cual está llamada a prosperar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del ente territorial.

Frente al caso concreto adujo que, teniendo en cuenta el hecho de que la demandante se vinculó al municipio de Medellín el 30 de enero de 1995, en materia pensional se le aplica ba lo establecido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 por haberse vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, de manera que la accionante tenía derecho a una pensión de jubilación con base en la Ley 33 de 1985, que como requisitos para acceder a la prestación preceptuó

7 Idem. 8 Idem.4

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03195-01 (1031-2023)

que debían acreditarse 20 años continuos o discontinuos de servicio y la edad de 55 años, los cuales la señora Londoño Toro cumplió el día 10 de mayo de 2019.

Que el reconocimiento de la pensión de la actora se dio con efectos fiscales a partir del momento en que esta acreditara el retiro definitivo del servicio, sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Consejo de Estado asumió la postura doctrinal según la cual, el pago de esta prestación a los docentes vinculados antes de la expedición

del momento en que esta acreditara el retiro definitivo del servicio, sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Consejo de Estado asumió la postura doctrinal según la cual, el pago de esta prestación a los docentes vinculados antes de la expedición de la Ley 812 de 2003, se debe efectuar sin necesidad de demostrar la terminación del vínculo laboral, ello en la medida en que el régimen especial del magisterio lo permite, pues el artículo 19 de Ley 4.ª de 1992 no restringe dicha compatibilidad.

Que lo anterior se ratifica con las providencias del Consejo de Estado como la proferida el 28 de febrero de 2020 en el proceso con número interno 0897-2017, de la cual se extrae que, en efecto, son compatibles la percepción de la mesada pensional de jubilación docente y el salario que percibe el educador, al punto de que es posible que este último , aun estando pensionado, puede seguir laborando y disfrutar del salario hasta su retiro definitivo.

Que en el presente caso no es viable el reconocimiento de los intereses moratorios por el pago tardío de la mesada pensional, pues el pago se encontraba suspendido hasta el retiro del servicio, es decir, todavía no se había incluido en nómina y por lo tanto no se puede asegurar una tardanza en el abono respectivo. Sobre la prescripción mencionó que esta no se configuró, toda vez que la reclamante interrumpió el término respectivo con la petición radicada el 20 de junio de 2019 y, además, radicó la demanda el 30 de septiembre de 2020.

EL RECURSO DE APELACIÓN9

La parte demandada solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia por

además, radicó la demanda el 30 de septiembre de 2020.

EL RECURSO DE APELACIÓN9

La parte demandada solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia por considerar que, de conformidad con lo que disponen las Leyes 6 .ª de 1945, 33 de 1985, 71 de 1988 y 91 de 1989, así como los Decretos 1160 de 1989 y 3752 de 2003, para el reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes, estos deben cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicios para adquirir el estatus jurídico que les permite devengar una mesada equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados en el último año de servicios anterior a la fecha de consolidación de la prerrogativa, pero condicionada a que esta se reliquide al momento del retiro definitivo del servicio en el porcentaje antes referido.

Que la Ley 812 de 2003 en su artículo 81 dispuso que, el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraran vinculados al servicio público educativo oficial, correspondería al establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de

9 Idem.5

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03195-01 (1031-2023)

dicha norma, y que quienes ingresaran a partir de su vigencia, serían afiliados al FOMAG con los derechos pensionales del régimen de prima media señalado en las

dicha norma, y que quienes ingresaran a partir de su vigencia, serían afiliados al FOMAG con los derechos pensionales del régimen de prima media señalado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, esto con los requisitos previsto s en ellas, con excepción de la edad de pensión de vejez que sería de 57 años para hombres y mujeres.

Que, con fundamento en la jurisprudencia y normativa en comento, y teniendo en cuenta la historia laboral de la demandante, y que el aquella fue nombrada como docente en propiedad con posterioridad al año 2003, le era aplicable la Ley 812 de 2003.

Ahora, de manera discordante frente a su argumento inicial de defensa, la entidad demandada señaló expresamente que : «[…] en armonía con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 224 de 1972, el cual establece que el goce de la pensión de jubilación no es incompatible con el ejercicio de empleos docentes, se concluye que los maestros oficiales pueden percibir la pensión de jubilación y el salario. Por lo tanto, aquellos están exceptuados de la prohibición de recibir doble asignación del tesoro público, en la medida en que el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 dejó a salvo la compatibilidad entre las prestaciones pensionales y las asignacio nes derivadas del ejercicio de la actividad educativa. […]».

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

De conformidad con el numeral 4.° del artículo 247 del CPACA, una vez admitido el recurso10, las partes guardaron silencio.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

recurso10, las partes guardaron silencio.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Deberá resolver la Subsección si la pensión de jubilación reconocida a la demandante debe ser efectiva desde la fecha de adquisición de su estatus jurídico como jubilada por ser compatible con la percepción del salario como docente oficial, o si dicha prestación no podía devengarse de manera concomitante con la remuneración por su servicio como educadora en actividad.

Marco normativo y jurisprudencial

La Constitución Política de 1886 estableció la prohibición de percibir más de una asignación proveniente del tesoro público o de empresas o instituciones en que

10 Índice 4 de la plataforma SAMAI.6

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03195-01 (1031-2023)

tuviera parte el Estado, con excepción de los casos especialmente establecidos por el legislador. Así lo dispuso en el artículo 64 ibidem en el siguiente sentido:

«[…] Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes. Entiéndase por tesoro público el de la nación, los departamentos y los municipios. […]»

Con posterioridad, el Decreto Ley 1317 de 18 de julio de 1960,9 reiteró la prohibición

casos especiales determinen las leyes. Entiéndase por tesoro público el de la nación, los departamentos y los municipios. […]»

Con posterioridad, el Decreto Ley 1317 de 18 de julio de 1960,9 reiteró la prohibición prevista en el artículo 64 de la Constitución Política de 1886. No obstante, estableció algunas excepciones a dicha regla, entre ellas la referida a las asignaciones provenientes de establecimientos educativos oficiales, siempre y c uando no se tratara de docentes que cumplieran su labor en tiempo completo, así:

«[…] Artículo 1º. Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las excepciones que se determinan a continuación:

a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trate de profesorado de tiempo completo. […]» [Resalta la Sala]

De igual forma, el Decreto 1042 de 7 de junio de 1978 11 planteó lo propio en los siguientes términos:

«[…] Artículo 32. De la prohibición de recibir más de una asignación. De conformidad con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado público podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro, o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, ya sea en razón de contrato, de comisión o de honorarios.

Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones que a continuación se determinan:

a) Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de

que a continuación se determinan:

a) Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de tiempo completo. […]» [Resalta la Sala].

11 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las esca las de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones».7

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03195-01 (1031-2023)

Sin embargo, con la expedición de la Ley 91 de 1989,12 el legislador permitió la compatibilidad de la pensión ordinaria de jubilación con la pensión gracia, esto teniendo en cuenta el carácter especial de que esta última, entendida como una recompensa por parte de la Nación a la labor docente.

Posteriormente, con la expedición de la Constitución Política de 1991 se reiteró la prohibición de percibir doble asignación proveniente del tesoro público, en los siguientes términos:

«[…] Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas. […]»

De acuerdo con lo anterior, es claro que la prohibición constitucional de percibir doble asignación proveniente del tesoro público impide la coexistencia de dos o más emolumentos que tengan como fuente u origen el ejercicio de empleos o cargos públicos. En este sentido, la norma comprende dos prohibiciones , i) desempeñar dos empleos de forma simultánea y ii) recibir más de una asignación del tesoro público.

Por otro lado, el artículo 128 Constitucional fue desarrollado por el artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992,13 así:

«[…] Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que proven ga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.

Exceptúense las siguientes asignaciones: (…)

12 «Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

2. Pensiones: Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen

2. Pensiones: Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación». 13 «Por la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso N acional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.»8

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03195-01 (1031-2023)

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados. […]»

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C -133 de 1993 declaró la exequibilidad de la norma al indicar que tal precepto se ajusta al postulado relativo

oficiales docentes pensionados. […]»

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C -133 de 1993 declaró la exequibilidad de la norma al indicar que tal precepto se ajusta al postulado relativo a la incompatibilidad entre dos o más asignaciones del erario , ello con base en los siguientes planteamientos:

«[…] Si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo es menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración de los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o más cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación que provenga del erario público. El término "asignación" comprende toda clase de remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc . Siendo así, bien podía el legislador ordinario establecer dicha incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a. de 1992, sin contrariar mandato constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se hubiere concluido que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los funcionarios públicos debía ser regulado por medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería inconstitucional, por cuanto el legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo. […]» [Resalta la Sala].

Bajo el panorama expuesto, se advierte que la prohibición establecida por la Constitución Política de recibir dos o más pagos con fuente de financiación de recursos públicos abarca también a las pensiones, en términos generales, siempre y cuando su origen provenga de aportes derivados de vinculaciones con el Estado.

Constitución Política de recibir dos o más pagos con fuente de financiación de recursos públicos abarca también a las pensiones, en términos generales, siempre y cuando su origen provenga de aportes derivados de vinculaciones con el Estado.

De hecho, este postulado fue advertido por legislador en desarrollo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, toda vez que en el artículo 279, inciso 2° de dicha norma, se consagró expresamente la compatibilidad de las prestaciones y salarios docentes de la siguiente forma:

«[…] ARTÍCULO 279. Excepciones. (…) Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. […]»

En cuanto al ejercicio de la docencia como una de las excepciones aludidas, el artículo 5 del Decreto 224 de 1972 dispone:

«[…] Artículo 5º.- El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente9

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03195-01 (1031-2023)

apto para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03195-01 (1031-2023)

apto para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad. […]»

Sobre el asunto, es preciso colocar de presente que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido pacífica, pues así se deriva de la s sentencias del 14 de agosto de 200914, del 30 de marzo de 201715 y del 28 de marzo de 2019,14 cuando en esta última se expuso que:

«[…] e l goce de la pensión de jubilación no es incompatible con el ejercicio de empleos docentes, es decir, permite a los docentes percibir la pensión de jubilación y el salario simultáneamente.

De la misma forma, esta Corporación ha reiterado que a los docentes le está permitido percibir simultáneamente pensión de jubilación, de gracia y, el salario por los servicios que puedan prestar; sin embargo, resulta improcedente el reconocimiento de dos p ensiones ordinarias de jubilación, toda vez que no existe norma que lo autorice. Así se estableció en la sentencia del 3 de mayo de 2001 con ponencia de la doctora Ana Margarita Olaya Forero, dentro del expediente No. 2841 - 2000:

“(...) Reiteradamente es ta Corporación ha, expresado que es improcedente reconocer dos pensiones ordinarias de jubilación, así la preceptiva jurídica aplicable a los docentes permita a éstos percibir simultáneamente pensión de jubilación y el sueldo por los servicios docentes que pueden seguir prestando.

reconocer dos pensiones ordinarias de jubilación, así la preceptiva jurídica aplicable a los docentes permita a éstos percibir simultáneamente pensión de jubilación y el sueldo por los servicios docentes que pueden seguir prestando. Así, en la sentencia del 10 de abril de 1997, Actora: Eunice Arias de Arias, Exp. No. 12.776, Consejera Ponente Dra. Dolly Pedraza de Arenas, luego de determinar que la pensión cuyo reconocimiento requería la demandante era la pensión ordinaria de jubilación, puntualizó que la misma podría ser compatible con otras pensiones, por ejemplo, con la pensión gracia del orden nacional pero no con otra pensión ordinaria de jubilación. Se tiene entonces, que ni las normas a que se ha hecho referencia ni ninguna otra disposición superior, establece la compatibilidad de la percepción de la pensión gracia con dos pensiones ordinarias de jubilación, o la compatibilidad de percibir dos pensiones ordinarias de jubilación, categoría que se reitera, tendría la pensión cuyo reconocimiento reclama la demandante [...]». [Resalta la Sala].

Con base en esta línea jurisprudencial, se advierte que esta Corporación ha reconocido que la excepción a la prohibición prevista en la norma relativa de no recibir una pluralidad de asignaciones provenientes del tesoro público, para el caso de los docentes, se refiere a los siguientes eventos: i) la pensión gracia y la pensión ordinaria de jubilación; y ii) la pensión de jubilación y el salario percibido por el ejercicio de la docencia.

En consecuencia, el personal docente está exceptuado de la prohibición de doble asignación del tesoro públi co, consagrada en el artículo 128 de la Constitución

ejercicio de la docencia.

En consecuencia, el personal docente está exceptuado de la prohibición de doble asignación del tesoro públi co, consagrada en el artículo 128 de la Constitución Política, en el entendido de que de conformidad con el Decreto 224 de 1972 pueden seguir ejerciendo la docencia y percibir además su mesada pensional.10

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2020-03195-01 (1031-2023)

En el referido contexto jurídico, resulta pertinente recordar que en su momento, con la entrada en vigencia del Decreto 1278 de 200214, el Gobierno Nacional consideró necesario contemplar un régimen de incompatibilidades para los educadores oficiales, el cual se desarrolló a través del artículo 45 de la siguiente forma:

«[…] ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos, el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:

a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido; b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares. [...]»

No obstante, debe recordarse que la Corte Constitucional 15 mediante la sentencia C-1157 de 2003 declaró inexequible dicha norma bajo los siguientes postulados:

«[…] una norma habilitante debe conferir facultades concretas para modificar el régimen disciplinario, si el Congreso desea atribuir al Gobierno facultades

C-1157 de 2003 declaró inexequible dicha norma bajo los siguientes postulados:

«[…] una norma habilitante debe conferir facultades concretas para modificar el régimen disciplinario, si el Congreso desea atribuir al Gobierno facultades extraordinarias para reformar la estructura de la falta disciplinaria o el régimen de los deberes y prohibiciones de un servidor público; pero eso no significa que la concesión de facultades para un cambio de una ley, que no tenga relación directa con el régimen disciplinario, exija igualmente que la norma habilitante prevea que el Gobierno también puede reformar el régimen disciplinario. Ahora bien, en el presente caso, el artículo 111, numeral 2 de la Ley 715 de 2001 no atribuyó competencia al Gobierno para modificar el régimen disciplinario de los educadores, y sin embargo el Ejecutivo expidió el artíc ulo 41 del Decreto 1278 de 2002, que realmente tiene implicaciones disciplinarias específicas, pues modifica el