CE - 012333000202100025011SENTENCIA20230510103259

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 73001-23-33-000-2021-00025-01

Referencia: Acción Popular – Fallo

Actores: JUAN CARLOS RAMÍREZ Y OTROS.

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA RECURRIDA. LA PARTE

ACTORA NO ACREDITÓ QUE CON EL DESARROLLO DEL PROCESO DE

SELECCIÓN NÚM. 604 DE 2018 SE TRASGREDAN LOS DERECHOS

COLECTIVOS INVOCADOS.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADO S: AL

ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN Y A QUE SU

PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA Y A LA MORALIDAD

ADMINISTRATIVA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de a pelación interpuesto por los señores SORLINDA BOCANEGRA GÓMEZ, ROBINSON DAVIAN RAMÍREZ, JUAN CARLOS RAMÍREZ, ARLEX TOBAR y YINA MARCELA PÉREZ CHILAT contra la sentencia de 3 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de l Tolima1, que denegó el amparó de los derechos colectivos invocados.

1 En adelante el Tribunal.2

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denegó el amparó de los derechos colectivos invocados.

1 En adelante el Tribunal.2

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Actores: JUAN CARLOS RAMÍREZ Y OTROS

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I.- ANTECEDENTES

I.1La Demanda

Los señores SORLINDA BOCANEGRA GÓMEZ, ROBINSON

DAVIAN RAMÍREZ, JUAN CARLOS RAMÍREZ, CARLOS ALBERTO

BONILLA PASCUA, ARLEX TOBAR, YINA MARCELA PÉREZ

CHILAT, CLAUDIA PIN O, EDITH CRUZ DEVIA, LUZ NELCY

REINOSO, JUAN DAVID CALDERÓN, RAMÓN ELÍAS

VILLAMARÍN LOZANO, WILLIAM LEMUS TAMARA, JAIME

BERMÚDEZ SUÁREZ, GENTIL HUERFIA, HERIBERTO ARANGO

VALLEJO, MARCELINO REINOSO IPUZ, ANDERSON ÁLVARO

SÁNCHEZ QUIROGA, ALDAN TOVAR DINO, ED IER FABIAN VEGA QUINTERO y LEONORICEL VILLAMIL TORO, actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19982, presentaron demanda ante el Tribunal con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos a la educación y a la moralidad administrativa presuntamente vulnerado s por el

5 de agosto de 19982, presentaron demanda ante el Tribunal con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos a la educación y a la moralidad administrativa presuntamente vulnerado s por el

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 3, la COMISIÓN

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 4 y el DEPARTAMENTO DEL

TOLIMA5.

2 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. 3 En adelante el Ministerio 4 En adelante la CNSC 5 En adelante el Departamento3

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I.2. Hechos

Pusieron de manifiesto que el Gobierno Nacional a través del Decreto Ley 882 de 26 de mayo de 20176, creó un concurso especial de méritos para la provisión de educadores en zonas afectadas por el conflicto armado.

Señalaron que el MINISTERIO, a través de la Resolución núm. 4972 de 2018, definió las zonas en las que se proveerían los cargos de docente y directivos docentes con ocasión del concurso especial creado por el Decreto Ley 882 de 2017.

Afirmaron que la CNSC, a través de los acuerdos 20 181000002536 de 19 de julio de 2018 y 20181000009136 de 2018, estableció las

creado por el Decreto Ley 882 de 2017.

Afirmaron que la CNSC, a través de los acuerdos 20 181000002536 de 19 de julio de 2018 y 20181000009136 de 2018, estableció las reglas del concurso especial abierto para distintos municipios incluidos los de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, ubicados en el Departamento del Tolima.

Manifestaron que en desarrollo del concurso la CNSC, mediante auto núm. 20192310016554 de 6 de agosto de 2019, inició una actuación administrativa con la finalidad de determinar la existencia de irregularidades en los procesos de selección núms. 301 a 623 de 2018 de Directivos Docentes y Docentes en las zonas afectadas por el conflicto, la cual culminó con la expedición de la Resolución núm.

6 “Por el cual se adoptan normas sobre la organización y prestación del servicio educativo estatal y el ejercicio de la profesión docente en zonas afectadas por el conflicto armado”.4

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20191000103205 de 19 de septiembre de 2019 que declaró la existencia de una irregularidad y ordenó la realización de una nueva prueba de conocimientos para el empleo de docente de primaria.

Indicaron que la realización del proceso de selección núm. 604 de 2018 para el Departamento del Tolima trasgredía el derecho colectivo

prueba de conocimientos para el empleo de docente de primaria.

Indicaron que la realización del proceso de selección núm. 604 de 2018 para el Departamento del Tolima trasgredía el derecho colectivo a la educación, por cuanto, a su juicio, el concurso especial de méritos era innecesario en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, habida cuenta que no existían dificultades para llenar las vacantes en sus establecimientos educativos.

Expusieron que el concurso especial permitió la participación de bachilleres, lo cual afecta la idoneidad y formación que debe tener un docente y que impide garantizar un servicio educativo de calidad.

Afirmaron que el concurso especial desconocía la condición de víctimas reconocidas del conflicto armado de los docent es provisionales que durante mucho tiempo han ejercido la profesión en dichas zonas.

Señalaron que el concurso especial trasgredía el derecho colectivo a la moralidad administrativa, toda vez que en su desarrollo se presentaron irregularidades que llevaron a que la CNSC repitiera la prueba de conocimientos para el empleo de docente de primaria.5

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I.3. Pretensiones

En virtud de lo anterior, la parte actora solicitó:

“[…] PRIMERA. Ordenar la protección de los derechos colectivos a la educación y la moralid ad administrativa de la comunidad

I.3. Pretensiones

En virtud de lo anterior, la parte actora solicitó:

“[…] PRIMERA. Ordenar la protección de los derechos colectivos a la educación y la moralid ad administrativa de la comunidad educativa de Planadas, así como el principio de progresividad educativa.

SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior, ordenar retrotraer o en su defecto suspender, en el estado en que se encuentre, el proceso de selección No. 604 de 2018 y todas las actuaciones administrativas asociadas al mismo que a la fecha ya se ha promovido un listado de elegibles.

TERCERA: Garantizar el derecho a la educación con calidad de los niños y niñas del sistema educativo rural, garantizando que los docentes que sean asignados a las escuelas rurales sean licenciados y profesionales en educación y no bachilleres y en caso contrario, se mantengan a los profesores provisionales profesionales o normalistas.

CUARTA: Reconsiderar la continuación y aplicación del proceso para proveer las vacantes ofertadas en los territorios denominados del posconflicto, como el municipio de Planadas Tolima y otros, teniendo en cuenta que los docentes en provisionalidad que ocupan estas plazas tienen toda la experiencia, idoneidad, arraigo y sentido de pertenencia que les permiten garantizar plenamente el derecho a la educación. De igual manera, en caso de que se decida realizar otro concurso docente privilegiar criterios de experiencia, idoneidad, arraigo para proveer las plazas.

QUINTA: Desplegar todas las acciones necesarias contundentes y pertinentes, en el ámbito de sus competencias de ley, para que los docentes provisionales afectados con el concurso puedan seguir

idoneidad, arraigo para proveer las plazas.

QUINTA: Desplegar todas las acciones necesarias contundentes y pertinentes, en el ámbito de sus competencias de ley, para que los docentes provisionales afectados con el concurso puedan seguir ejerciendo su labor docente y satisfacer el derecho a la educación.

De igual manera realizar todas las acciones que sean necesarias para evitar cualquier tipo de represalia contra los docentes provisionales que se mencionan o suscriben esta petición.

SEXTA: Ordenar las investigaciones y compulsa de copias e investigación penal, disciplinaria y fiscal de todos los funcionarios que participaron en la planeación y ejecución de la convocatoria 604 de 2008, por vulneración de la moralidad administrativa.

SÉPTIMA: Requerir a los demandados para que info rmen si las personas incluidas en la lista de elegibles cumplen con lo establecido en el Decreto Ley 882 de 2017 que establece que se deberá valorar la experiencia comunitaria y el arraigo territorial del candidato en el proceso de evaluación […]”.6

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I.4. Defensa

I.4.1. El DEPARTAMENTO señaló que conforme con lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-011 de 2018, la carrera administrativa y el concurso de méritos son “[…] un sistema técnico de administración de personal y un mecanismo de promoción de los

por la Corte Constitucional en la sentencia SU-011 de 2018, la carrera administrativa y el concurso de méritos son “[…] un sistema técnico de administración de personal y un mecanismo de promoción de los principios de igualdad e imparcialidad, que se fundamenta única y exclusivamente en el mérito y la capacidad del funcionario público […]”, en el que los funcionarios que se encuentran en provisionalidad tienen una estabilidad laboral inter media, debido a que no han participado en el concurso de méritos para proveer su plaza.

Indicó que si los actores no estaban de acuerdo con el concurso de méritos realizado por el MINISTERIO, debieron promover demandas contra los actos administrativos ex pedidos por dicha entidad.

Formuló las excepciones que denomino “improcedencia de la acción” y “Genérica y de reconocimiento oficioso de excepciones ”, para lo cual argumentó que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el me canismo de defensa adecuado para suspender los efectos del proceso de selección núm. 604 de 2018 y, además, solicitó declarar probada cualquier excepción que se configurara dentro del proceso.7

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I.4.2. El MINISTERIO señaló que no le corresponde la administración de la planta de docentes en los establecimientos educativos, habida cuenta que solo le compete fijar la planta docente

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I.4.2. El MINISTERIO señaló que no le corresponde la administración de la planta de docentes en los establecimientos educativos, habida cuenta que solo le compete fijar la planta docente y directiva de manera global, conforme con lo establecido en el Decreto 5012 de 2009.

Formuló las siguientes excepciones:

-. “indebida escogencia de la acción, toda vez que , la acción popular, no es el mecanismo idóneo para controvertir actos administrativos”: Indicó que la parte actora no pretende la protección de los derechos colectivos invocados sino la suspensión del proceso de selecc ión núm. 064 de 2018, aspecto que debe ser analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de la figura de la suspensión provisional dentro de un proceso ordinario.

-. “inexistencia de vulneración de derechos e intereses colectivos por parte del Ministerio de Educación Nacional”: Manifestó que la parte actora no acreditó siquiera sumariamente que haya vulnerado los derechos colectivos invocados en la demanda. Señaló que expidió la reglamentación necesaria para proveer los cargos de docentes, garantizando el derecho de todos los ciudadanos a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos en8

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condiciones de igualdad, según lo previsto en el artículo 125 de la Constitución Política.

Manifestó que todos los docentes que se encontraban desempeñando cargos en provisionalidad tenían la oportunidad de concursar y acceder a los nombramientos , y en caso de que no aprobaran las pruebas del concurso obedecía a que no estaban capacitados para continuar prestando el servicio educativo.

Resaltó que implementó políticas para la prestación del servicio educativo y adelantó el proceso de convocatoria bajo criterios técnicos y legales para que toda persona que cumpliera los requisitos y aprobara el concurso de méritos accediera al cargo.

I.4.3. La CNSC señaló que la demanda tiene como finalidad que se declare la nulidad de: i) el Acuerdo 20181000002536 de 19 de julio de 2018, modificado por el Acuerdo 20181000009136 de 2018, “Por el cual se establecen las reglas del concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de Directivos Docentes y Docentes, en establecimientos educativos oficiales que prestan su servicio a población mayoritaria en zonas rurales afectadas por el conflicto, priorizadas y reglamentadas por el Mi nisterio de Educación Nacional, ubicadas en la entidad territorial certificada en educación DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - Proceso de9

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Nacional, ubicadas en la entidad territorial certificada en educación DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - Proceso de9

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Selección No. 604 de 2018 ”; ii) los resultados de las distintas pruebas fijadas para el proceso de selección; iii) las respectivas listas de elegibles que se expidieron; y iv) los actos administrativos de nombramiento en período de prueba junto con las respectivas actas de posesión que haya expedido el DEPARTAMENTO en el marco del referido proceso, en virtud de sus facultades de a dministración de personal.

Indicó que el artículo 1 ° del Decreto Ley 882 de 2017 le otorgó competencia para para adelantar el concurso especial de méritos para la provisión de educadores en zonas afectadas por el conflicto , el cual fue reglamentado a través del Decreto 1578 de ese año.

Mencionó que en virtud de lo anterior , expidió los acuerdos 20181000002536 de 19 de julio de 2018 y 20181000009136 de 2018 con la finalidad de llevar a cabo el concurso de méritos para proveer empleos en establecimientos educativos oficiales que prestan sus servicios en zonas rurales en el Departamento del Tolima.

Manifestó que el Decreto Ley 882 de 2017 previó unos requisitos especiales de participación distintos a los establecidos por el Estatuto

servicios en zonas rurales en el Departamento del Tolima.

Manifestó que el Decreto Ley 882 de 2017 previó unos requisitos especiales de participación distintos a los establecidos por el Estatuto de la Profesionalización docente, teniendo en cuenta el enfoque que debía tener el proceso de selección, los cuales se tuvieron en cuenta en el citado concurso.10

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Señaló que la priorización de las zonas rurales afectadas por el conflicto fue definida por el MINISTERIO a través de la Resolución núm. 04972 de 2018, por lo que no tiene competencia para decidir sobre la inclusión o no inclusión de los empleos ubicados en las zonas rurales de los municipios Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, en el marco del Proceso de Selección núm. 604 de 2018.

Resaltó que fue el Decreto Ley 882 de 2017 el que dispuso que los bachilleres pudieran presentarse al concurso de méritos, con la condición de que reunieran los requisitos señalados en el artículo 21 del Decreto Ley 1278 de 2002 en un tér mino de 3 años, contado a partir del nombramiento en per íodo de prueba, disposición que fue declarada exequible por la Corte Constitucional.

Expuso que los factores de arraigo territorial y de experiencia en zona

partir del nombramiento en per íodo de prueba, disposición que fue declarada exequible por la Corte Constitucional.

Expuso que los factores de arraigo territorial y de experiencia en zona de postconflicto se tienen en cuenta en l a prueba de valoración de antecedentes sin constituir un requisito mínimo para participar en el concurso de méritos, por lo que en caso de no acreditarlos la consecuencia, únicamente, es la de no dar al candidato puntaje alguno.

Indicó que el concurso es público y abierto, por lo que cualquier ciudadano puede acceder al empleo ofertado siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos para aspirar al cargo.11

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Puso de presente que algunos de los accionantes son docentes provisionales que se presentaron al proceso de selección y no superaron la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos, razón por la cual fueron excluidos del concurso de méritos , pues no demostrar las competencias que exige el empleo.

Frente a las presuntas irregularidades en el des arrollo del concurso, afirmó que conoció por medios de comunicación y diferentes peticiones presentadas por los aspirantes que se dio una presunta filtración de las pruebas aplicadas y de los cuadernillos, circunstancia por la que inició la investigación administrativa correspondiente.

Señaló que a través de la Resolución núm. 20191000103205 de 19

filtración de las pruebas aplicadas y de los cuadernillos, circunstancia por la que inició la investigación administrativa correspondiente.

Señaló que a través de la Resolución núm. 20191000103205 de 19 de septiembre de 2019 declaró la existencia de una irregularidad respecto de la filtración previa de las Pruebas de Conocimientos Específicos y Pedagógicos y la Psicotécnica, únicamente, para el empleo de Docente de Primaria , motivo por el cual dejó sin efectos la prueba escrita aplicada el 4 de agosto de 2019, para el referido empleo y ordenó a la Universidad Nacional de Colombia diseñar, construir y aplicar una nueva Prueba de Conocimientos Específicos y Pedagógicos y la Psicotécnica para tal empleo.

Finalmente, puso de presente que en la actualidad dentro del proceso de selección se expidieron varias listas de elegibles con el objeto de proveer los cargos objeto de la acción popular.12

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I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento , llevada a cabo el 2 de julio de 2021, se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio de las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 3 de febrero de 2022, resolvió:

partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 3 de febrero de 2022, resolvió:

“[…]Primero. DECLARAR no probada la excepción de improcedencia del medio de control promovida por las entidades públicas demandadas, conforme lo indicado en parte considerativa de esta providencia.

Segundo. NEGAR el amparo solicitado por los actores populares, toda vez que no se demostró la vulneración de los derechos colectivos invocados, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Tercero. ABSTENERSE de condenar en costas, confo rme a los razonamientos expuestos en parte motiva de esta sentencia […]”.

Para el efecto, explicó que el Gobierno Nacional en desarrollo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera expidió el Decreto Ley 882 de 2017 con la finalidad de brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales , para lo cual dispuso que se adelantara un concurso especial de méritos por una sola vez con el fin de proveer “[…] vacancias definitivas pertenecientes a la planta de cargos docentes precisadas mediante reglamentación que13

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expidiera el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con los Planes de Desarrollo Territorial, y con ello garantizar la disponibilidad y permanencia de personal docente calificado y promover la capacitación universitaria en el sector rural de los municipios en los que existen dificultades para llenar dichas vacantes, por ser zonas afectadas por el conflicto armado […].”

Expuso que , a través del Decreto Ley 893 de 2017, el Gobie rno Nacional estableció 16 programas de desarrollo territorial en 170 municipios que fueron seleccionados atendiendo a los criterios de necesidad y urgencia al ev aluar sus niveles de pobreza extrema, necesidades básicas insatisfechas, afectación por el conflicto armado, debilidad de la institucionalidad administrativa y su capacidad de gestión dentro de los cuales se encuentran los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco del Departamento del Tolima.

Indicó que el concurso de méritos para el ingreso al sistema especial de carrera docente en zonas afectadas por el conflicto, priorizadas y reglamentadas por el MINISTERIO, fue reglamentado a través del Decreto 1578 de 2017.

Afirmó que el MINISTERIO, a través de la Resolución núm. 04972 de 22 de marzo de 2018, previó que los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco eran zonas en las que se proveerían

Afirmó que el MINISTERIO, a través de la Resolución núm. 04972 de 22 de marzo de 2018, previó que los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco eran zonas en las que se proveerían cargos en vacancia definitiva, por una sola vez, en la planta de cargos14

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exclusiva de docentes y directivos docentes, mediante concurso de méritos de carácter especial, precisando que serían las entidades territoriales certificadas las encargadas de determinar las instituciones educativas para proveer dichos cargos.

Manifestó que el DEPARTAMENTO reportó ante la CNSC la Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC Docentede los empleos en vacancia definitiva de la planta de personal en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, con fund amento en la cual se inició el proceso de selección núm. 604 de 2018.

Sostuvo que contrario a lo afirmado por la parte actora, el proceso de selección núm. 604 de 2018 fue producto de un análisis riguroso del Gobierno Nacional y Departamental de las condiciones especiales de los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, en cuanto a niveles de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, alta incidencia del conflicto armado, debilidad institucional administrativa, por lo que

municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, en cuanto a niveles de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, alta incidencia del conflicto armado, debilidad institucional administrativa, por lo que se concluyó que debían ser incluidos en el marco de aplicación del Decreto Ley 882 de 2017.

Puso de presente que los actores no demostraron que los municipios objeto de la acción popular no presentaran dificultades y, por tanto, no les fuera aplicable lo dispuesto en el Decreto Ley 882 de 2017.15

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Argumentó que tampoco se trasgreden los derechos colectivos invocados, al permitir la participación en el concurso de méritos de bachilleres, por presuntamente carecer de condiciones de idoneidad y formación para ser docentes, toda vez que dicha excepción obedecía a la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en lo que tiene que ver con el cierre de la brecha en materia de cobertura educativa entre el campo y la ciudad.

Señaló que la Corte Constitucional en sentencia C -607 de 2017 declaró exequible el Decreto Ley 882 de 2017, en la que se sostuvo que tanto los requisitos especiales del concurso de méritos como la participación de bachilleres no era contraria a la Constitución Política,

declaró exequible el Decreto Ley 882 de 2017, en la que se sostuvo que tanto los requisitos especiales del concurso de méritos como la participación de bachilleres no era contraria a la Constitución Política, por lo que mal podría considerarse que su participación en el proceso de selección núm. 604 de 2018 violara los derechos colectivos invocados.

Manifestó que no resultaba cierto que el proceso de selección núm. 604 de 2018 transgrediera la condición de víctimas del conflicto armado que ostentan los docentes vinculados en provisionalidad, pues: i) de la lectura del Decreto Ley 882 de 2017 se desprendía que toda persona que cumpliera requisitos podía participar en el concurso de mérito s; ii) que en caso de empate se daba prevalencia a la persona que ostentara la calidad de víctima; y iii) que al momento de realizar la prueba de valoración de antecedentes se otorgaban 216

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puntos adicionales por la declaración de víctima y hasta 70 puntos (14 puntos por cada año de experiencia) por experiencia en zonas de conflicto armado en la entidad territorial certificada a la que se aplicara.

Indicó que si bien en el trámite del proceso de selección se presentó una irregularidad , la realidad es que la CNSC adelantó las actuaciones administrativas tendientes a solucionar la problemática,

aplicara.

Indicó que si bien en el trámite del proceso de selección se presentó una irregularidad , la realidad es que la CNSC adelantó las actuaciones administrativas tendientes a solucionar la problemática, producto de las cuales ordenó la realización por segunda vez de una prueba de conocimientos para el empleo de docente de primaria.

Expuso que la parte actora limitó su demanda a poner de presente la mencionada irregularidad , sin verificar que la situación fue subsanada por la CNSC.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

Los señores SORLINDA BOCANEGRA GÓMEZ, ROBINSON DAVIAN RAMÍREZ, JUAN CARLOS RAMÍREZ, ARLEX TOBA R y YINA MARCELA PÉREZ CHILAT solicitaron revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar , amparar los derechos colectivos invocados.

Señalaron que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, en el Municipio de Planadas no era necesario la realización de concurso de méritos,17

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toda vez que las vacantes estaban siendo ocupadas por docentes provisionales que prestaban el servicio educativo y contribuían en la garantía del derecho a la educación de sus habitantes.

Manifestaron que el Tribunal erró al considerar que no se trasgredían los derechos colectivos al permitir que bachilleres pu dieran

provisionales que prestaban el servicio educativo y contribuían en la garantía del derecho a la educación de sus habitantes.

Manifestaron que el Tribunal erró al considerar que no se trasgredían los derechos colectivos al permitir que bachilleres pu dieran presentarse en el proceso de selección, toda vez que el análisis efectuado por la Corte Constitucional en la sentencia C-607 de 2017 no es aplicable al caso concreto.

Expusieron que no se demostró que el concurso especial docente incrementara la cobertura y disminuyera la brecha de acceso al servicio público de educación de la zona rural frente a la urbana.

Insistieron en que el proceso de selección núm. 604 de 2018 no tiene en cuenta la condición de víctimas reconocidas del conflicto respecto de los docentes provisionales, por cuanto, a su juicio, dicho factor es únicamente aplicado para los puntajes y los criterios de desempate en etapas avanzadas del proceso de selección sin tener en cuenta que debería considerarse en todas y cada una de las etapas del proceso.

Finalmente, reiteraron que se trasgredió el derecho a la moralidad administrativa en el desarrollo del proceso de selección núm. 604 de 2018, toda vez que, a su juicio, las irregularidades denunciadas18

Número único de radicación: 73001-23-33-000-2021-00025-01

Actores: JUAN CARLOS RAMÍREZ Y OTROS

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