CE - 012333000202100229011AUTOQUERESUEL20231115124254

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación número: 50001-23-33-000-2021-00229-01

Actor: JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA

TESIS: SE CONFIRMA PROVIDENCIA QUE DENEGÓ LA MEDIDA

CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS EFECTOS DEL ACTO ACUSADO. NO SE ACREDITÓ QUE LA OCUPACIÓN ALEGADA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL BIEN SE HUBIESE DADO ANTES DE LA

EXPEDICIÓN DEL DECRETO LEY 902 DE 2017. REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL.

AUTO INTERLOCUTORIO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto de 26 de octubre de 2021, proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE L META1, que denegó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución núm. 6915 de 13 de agosto de 2020, expedida por la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1 En adelante el TRIBUNAL.2

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Actor: JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA

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Actor: JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA

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El ciudadano JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA , a través de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, presentó demanda tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 6915 de 13 de agosto de 2020, “Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado El Porvenir, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones”, expedida por la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS; y del acto ficto o presunto que “se consolidó producto del silencio administrativo negativo de la parte demandada al no responder dentro de los términos legales el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 6915 del 2020 y con el cual se agotó la vía gubernativa”.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó declarar que cumple con todos los requisitos legales para que se le adjudique el predio denominado “VILLA CAMILA”, ubicado en la vereda El Porvenir, del Municipio de Puerto Gaitán - Meta y se ordene la correspond iente inscripción de la sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria núm.

denominado “VILLA CAMILA”, ubicado en la vereda El Porvenir, del Municipio de Puerto Gaitán - Meta y se ordene la correspond iente inscripción de la sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria núm.

2 En adelante CPACA.3

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Actor: JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA

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234–8011 de la oficina de Registro de Instrumentos públicos de Puerto López.

I.2. La solicitud de medida cautelar

La parte actora en escrito separado de la demanda solicitó decretar las siguientes medidas cautelares:

“[…] 1. Suspender provisionalmente los efectos de la resolución número 6915 del 13 de agosto del 2020 emitida por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras, hasta tanto se resuelva de fondo el presente proceso administrativo.

2. Ordenar a la Agencia Nacional de Tierras que se mantenga la situación fáctica de ocupación y explotación económica que viene desarrollando el demandante JOSE ORLANDO CARABALI RIVERA sobre el predio “VILLA CAMILA” ubicado en la Vereda El Porvenir del municipio de Puerto Gaitán, hasta tanto se resuelva de fondo el presente proceso administrativo […]”.

Manifestó que deben suspenderse provisionalmente los efectos de la

sobre el predio “VILLA CAMILA” ubicado en la Vereda El Porvenir del municipio de Puerto Gaitán, hasta tanto se resuelva de fondo el presente proceso administrativo […]”.

Manifestó que deben suspenderse provisionalmente los efectos de la Resolución núm. 6915 de 13 de agosto de 2020, toda vez que el acto acusado desconoció que la solicitud de adjudicación del predio “VILLA CAMILA” fue radicada el 16 de marzo de 2016, por lo que, conforme con lo previsto en los artículos 27 3 y 814, parágrafo 1°, del Decreto

3 “ARTÍCULO 27. SOLICITUDES EN PROCESO. En los casos en que el ocupante haya elevado su solicitud de adjudicación con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto ley se aplicará en su integridad el régimen más favorable para lograr la adjudicación. […] PARÁGRAFO. Para los casos de los territorios de los pueblos y comunidades étnicas se aplicará lo establecido en las Leye s 21 de 1991, 160 de 1994 y 70 de 1993, así como sus normas reglamentarias”. 4 “ARTÍCULO 81. ACTUACIONES PROCEDIMENTALES EN CURSO. Los procedimientos administrativos especiales agrarios que inicien a la vigencia del presente decreto ley, serán sustanciados y decididos en su integridad por las disposiciones contenidas en este. […] PARÁGRAFO 1. Los procedimientos y4

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Actor: JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA

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Ley 902 de 20175, su petición debía ser resuelta teniendo en cuenta los parámetros y condiciones previstas en la Ley 160 de 19946.

Expuso que la medida cautelar es procedente, toda vez que al ordenar a la AGENCIA NACIONAL DE TI ERRAS abstenerse de cualquier acto frente al predio “VILLA CAMILA” , salvaguarda sus derechos fundamentales amparados por las sentencias SU -426 de 2016 y T-00024 de 2018, proferidas por la Corte Constitucional y el Juzgado del Circuito de Familia de Puerto López, respectivamente, hasta tanto se defina el proceso de la referencia.

Señaló que en caso de no accederse a la medida se habilitaría la posibilidad material y jurídica de que la demandada recuperara el predio objeto de la controversia , lo cual le cau saría un perjuicio representado en la interrupción del tiempo de ocupación y la afectación de los derechos que le asisten sobre el mencionado predio.

actuaciones administrativas que hayan sido iniciados antes de la expedición del presente decreto ley y/o que se encuentren en zonas distintas a aq uellas en las que se inicie la formulación del respectivo plan de ordenamiento social de la propiedad rural de conformidad con los artículos 40 y subsiguientes del presente decreto ley, continuarán su trámite hasta su culminación mediante el procedimiento

plan de ordenamiento social de la propiedad rural de conformidad con los artículos 40 y subsiguientes del presente decreto ley, continuarán su trámite hasta su culminación mediante el procedimiento vigente antes de la expedición del presente decreto ley. Los procedimientos y actuaciones administrativas en las que se inicie la formulación del respectivo plan de ordenamiento social de la propiedad rural de conformidad con los artículos 40 y subsiguient es del presente decreto ley, se tramitarán mediante el Procedimiento Único establecido en este”. 5 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras” 6 “por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colo mbiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones”5

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II-. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en auto de 26 de octubre de 2021, denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución núm. 6915 de 13 de agosto de 2020 , al considerar que del análisis del acto demandado y su confrontación con los artículos 27 y 81 del Decreto 902 de 2017 no se lograba establecer de manera inicial que tales

13 de agosto de 2020 , al considerar que del análisis del acto demandado y su confrontación con los artículos 27 y 81 del Decreto 902 de 2017 no se lograba establecer de manera inicial que tales disposiciones fueran trasgredidas por la AGENCIA NACIONAL DE

TIERRAS.

Manifestó que en la Resolución núm. 6915 de 13 de agosto de 2020 se explicó con claridad que si bien el artículo 27 del Decreto 902 de 2017 dispone que en los casos de ocupaciones iniciadas con anterioridad al 29 de mayo de 2017 las adjudicaciones pueden ser resueltas conforme a lo previsto en la Ley 160 de 1994, en aplicación del principio de favorabilidad, en todo caso la ocupación debía realizarse de manera regular, circunstancia que no ocurría en el caso concreto.

Resaltó que de acuerdo con lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-426 de 2016, debía adelantarse la recuperación material de los bienes inmuebles que hacen parte del predio de mayor extensión denominado “ EL PORVENIR”, sobre el que recae6

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un conflicto de tipo humanitario caracterizado por el desplazamiento del que fueron víctimas los primeros ocupantes de dicho terreno.

Expuso que de la revisión del acto demandado se desprendía que la

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un conflicto de tipo humanitario caracterizado por el desplazamiento del que fueron víctimas los primeros ocupantes de dicho terreno.

Expuso que de la revisión del acto demandado se desprendía que la demandada sí tuvo en cuenta la normativa prevista en la Ley 160 y en el Decreto 902 de 2017 al momento de resolver sobre la adjudicación de baldío presentada por la parte actora.

Agregó que tampoco había lugar a decretar la medida cautelar solicitada, habida cuenta que la parte actora no acreditó siquiera sumariamente los perjuicios que afirma le fueron ocasionados por la expedición del acto demandado.

III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Inconforme con la anterior decisión, el actor interpuso recurso de apelación y señaló que el Tribunal no tuvo en cuenta en el análisis de procedencia de la medida cautelar todos los argumentos expuestos en el acápite de concepto de violación de la demanda, los cuales demuestran que debían suspenderse provisionalmente los efectos de la Resolución núm. 6915 de 13 de agosto de 2020.7

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Puso de presente que en la demanda se explicó la vulneración del artículo 40 del Decreto Ley 902 de 2017, toda vez que la ANT no ha

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Puso de presente que en la demanda se explicó la vulneración del artículo 40 del Decreto Ley 902 de 2017, toda vez que la ANT no ha “[…] identificado el predio como ubicado en una zona focalizada, no se ha señalado el número de la matrícula, y menos se ha inscrito esta medida en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente (Puerto López – Meta), condición o calidad y requisito para que sea oponible a terceros […]”.

Que, asimismo, en el concepto de violación se explicó que no es cierto que exista jurídicamente el predio “EL PORVENIR” y las razones por las que no es aplicable al caso concreto el artículo 56 de la Ley 160.

Afirmó que, contrario a lo expuesto en por el Tribunal, no es aplicable el Decreto Ley 902 de 2017 a la solicitud de adjudicación del predio “VILLA CAMILA”, debido a que el INCODER, a través de la Resolución núm. 6423 de 2014 , revocó las titulaciones anteriores de adjudicación del terreno baldío «El Porvenir», por lo que las mismas “dejan de tener vigencia y no producen, ni han producido, por tanto, efecto alguno”, de manera que, en su criterio, el predio en cuestión sí corresponde a un baldío que no puede tenerse como indebidamente ocupado.8

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Actor: JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA

ocupado.8

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Señaló que, además, no está demostrada la ocupación indebida del predio en los términos del artículo 74 de la Ley 160, por lo que no puede tenerse por cierta dicha circunstancia por parte del Tribunal.

Agregó que debe accederse al decreto de la medida cautelar, pues “la consumación del despojo por parte del Estado a través de la ANT hace nugatorios los efectos de la sentencia en este proceso ante una eventual prosperidad de las pretensiones de la demanda”.

Finalmente, el recurrente manifestó que se vulneró su derecho al debido proceso habida cuenta que el Tribunal no efectuó pronunciamiento alguno respecto de la segunda medida cautelar pedida, consistente en que se “que se mantenga la situación fáctica de ocupación y explotación económica que viene desarrollando el demandante JOSE ORLANDO CARABALI RIVERA sobre el predio “VILLA CAMILA” ubicado en la Vereda El Porvenir del municipio de Puerto Gaitán, hasta tanto se resuelva de fondo el presente proceso administrativo”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia9

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Actor: JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA

Competencia9

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De conformidad con el numeral 5 del artículo 243 7 del CPACA, el recurso de apelación procede contra el auto que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.

Comoquiera que en el caso bajo examen el recurso interpuesto por la parte actora versa sobre la providencia por medio de la cual se denegó la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos acusados de nulidad en el proceso de la referencia , corresponde a la Sala conocer del presente recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el literal h) numeral 2 del artículo 125 del CPACA.

La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos

En el marco de las diversas medidas cautelares establecidas en el CPACA8 se encuentra la figura de la suspensión provisional de los

7 Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. 8 El artículo 230 del CPACA señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, «una o varias de las siguientes» cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta « vulnerante o amenazante», cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones

anterior a la conducta « vulnerante o amenazante», cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o que se realice una obra o una demolición de una obra con el objeto de evitar el acaecimiento de un perjuicio o que los efectos de este se agraven (numeral 4); impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (numeral 5). Cuando la medida cautelar implique la adopción de un acto discrecional, el Juez no puede sustituir a la autoridad competente, sino limitarse a ordenar su adopción según la Ley (parágrafo).10

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efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política.

Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y acce soria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos , mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida . Su finalidad, pues, es la de « evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos,

surtiendo efectos , mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida . Su finalidad, pues, es la de « evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».9

Esta Corporación10 ha señalado que en el examen de procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional el juez efectúa el estudio de la presunta vulneración a través de la confrontación de las normas superiores invocadas, partiendo de las referencias conceptuales y argumentativas que se esgrimen en la solicitud de suspensión, las cuales constituyen el marco sobre el que debe resolverse dicho asunto. Asimismo, ha indicado que este examen es,

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 13 de mayo de 2015, C.p. doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, número único de radicación 11001-03-26-000-2015-0002200. 10 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 12 de febrero de 2016, Cp. Carlos Alberto Zambrano Barrera, número único de radicación 11001-03-26-000-2014-00101-00.11

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en todo caso, un análisis inicial que no implica prejuzgamiento, como se expl icó en la providencia de la Sala Plena de 17 de marzo de 201511:

«[…] Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoración del acto acusado que comúnmente se ha llamado valoración inicial , y que implica una confrontación de legalida d de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud . Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumar ia, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa . Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenci oso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisió n final […]». (Resaltado fuera del texto original).12

Requisitos de procedencia de la suspensión de los efectos del acto acusado.

A voces del artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud,

acto acusado.

A voces del artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud,

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 17 de marzo de 2015, Cp. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 11001-03-15-000-2014-03799-00. 12 Ver también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 11 de marzo de 2014, C.p. Guillermo Vargas Ayala.12

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«cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud». Entonces, su procedencia está determinada por la violación del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisión definitiva respecto del acto administrativo demandado. Dice así el citado artículo:

«Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la

«Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:13

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a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio

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a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.» (Negrillas fuera del texto original).

Del texto normativo transcrito se desprenden, para la procedencia de la medida cautelar, los siguientes requisitos: i) que se invoque a petición de parte, ii) que exista una violación que surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

Cabe resaltar que, sobre el artículo en mención, la Sección Primera ha indicado que los requisitos establecidos para el decreto de toda medida cautelar consistentes en la verificación de los criterios (i) fumus boni iuris , o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, se entienden implícitos cuando quiera que se demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas. Al respecto, en la providencia de 13 de mayo de 202113, la Sala indicó:

13 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación 54001 -23-33superiores invocadas. Al respecto, en la providencia de 13 de mayo de 202113, la Sala indicó:

13 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación 54001 -23-33000-2018-00285-01, C.p. Oswaldo Giraldo López.14

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“[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda , po rque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial. En cuanto al “ fumus boni iuris ”, o la apariencia de bu en derecho, (…) [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), (…) basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneració n del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […]”14. (Negrillas fuera del texto original).

juez advierta la vulneració n del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […]”14. (Negrillas fuera del texto original).

También, en providencia de 26 de junio de 2020 15, la Sala se refirió a este asunto de la siguiente manera: “[…] La Sala considera que cuando el juez administrativo determina, dentro de un proceso de nulidad, que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que está implícita per se la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora […]”

La medida cautelar consistente en mantener o restablecer la situación jurídica al mismo estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante

14 Criterio que la Sala ya había sostenido en providencia de 20 de junio de 2020 (número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00295-00, Cp: Hernando Sánchez Sánchez) al señalar que: “[…] cuando el juez administrativo determina, dentro de un proceso de nulidad, que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que está implícita per se la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora […]” 15 Número único de radicación 11001032400020160029500, Cp: Hernando Sánchez Sánchez.15

Radicación número: 50001-23-33-000-2021-00229-01

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Sobre la medida cautelar consistente en mantener o restab lecer la situación jurídica al mismo estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante , la Sección Primera, en providencia de 16 de marzo de 202316, se pronunció en el siguiente sentido:

“[…] 42. Tal como lo ha precisado la jurisprudencia del Consejo de Estado y la doctrina especializada, esta medida cautelar es de carácter conservativa, en tanto propende porque se mantenga o restablezca una situación o condición al mismo estado en que se encontraba antes de que se produjera el hecho o acto vulnerante o amenazante.

43. Así las cosas, esta medida consiste en una obligación «de hacer» o «de no hacer», pues la parte contra la que se dirige la medida cautelar debe realizar acciones tendientes a vo lver las cosas a su estado anterior o, en su defecto, dejar de realizar las acciones que están modificando injustificadamente una situación jurídica previa que se encuentra amparada por el ordenamiento jurídico, hasta tanto se decida el fondo de la controversia.

44. El numeral 1° del artículo 230 de la Ley 1437 consagró expresamente este tipo de cautela, en los siguientes términos:

«[…] ARTÍCULO 230. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS MEDIDAS

44. El numeral 1° del artículo 230 de la Ley 1437 consagró expresamente este tipo de cautela, en los siguientes términos:

«[…] ARTÍCULO 230. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas: […]

1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

(…)

PARÁGRAFO. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con el núm. Único de radicación 50001-23-33-000-2021-00201-01; M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.16

Radicación número: 50001-23-33-000-2021-00229-01

Actor: JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA

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que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que

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que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente […]» (negrillas del Despacho)

45. En síntesis de lo expuesto, es válido colegir que esta tipología de cautela busca, de forma temporal y accesoria, la adopción de una conducta conservativa que evite una sentencia nugatoria mientras la autoridad judicial adelanta el trámite procesal y adopta la decisión definitiva […]”.

Precisado lo anterior, el D