CE - 012333000202100282011SENTENCIA20230216140817

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal Núm. único de radicación: 080012333000202100282-01

Solicitante: Alci José Villanueva Castro

Concejal: Jorge Mario Vargas Echeverría

Asunto: Resuelve unos recursos de apelación interpuestos contra una sentencia proferida en un proceso de pérdida de investidura

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el señor Alci José Villanueva Castro –en adelante el Solicitante - y por el Ministerio Público contra la sentencia de 6 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en primera instancia.

La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la S ala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El Solicitante pidió, en ejercicio del respectivo medio de control, que se decrete la pérdida de investidura del Concejal del Municipio de Juan de AcostaDepartamento de Atlántico-, Jorge Mario Vargas Echeverría, porque, a su juicio,

1. El Solicitante pidió, en ejercicio del respectivo medio de control, que se decrete la pérdida de investidura del Concejal del Municipio de Juan de AcostaDepartamento de Atlántico-, Jorge Mario Vargas Echeverría, porque, a su juicio, incurrió en la inhabilidad establecida en el numeral 3.º del artículo 43 de la Ley2

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136 de 2 de junio de 1994 1, modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20002, como causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 6.° del artículo 48 de la Ley 617, por violación al régimen de inhabilidades.

Pretensión

2. La pretensión que fundamenta la solicitud de p érdida de investidura es la

siguiente:

“[…] DECLARACIONES

1. Se Declare la Perdida de la Investidura, Ostentada Por el Electo Concejal del Municipio de Juan de Acosta, en el Departamento del Atlántico, JORGE MARIO VARGAS ECHEVERRIA, Identificado Con la Cédula de Ciudadanía N° […], Elegido y Posesionado, Concejal del Municipio de Juan de Acosta, en el Departamento del Atlántico, Para el Periodo Constitucional 2020 -2023, en las Elecciones de Autoridades Territoriales, Efectuadas el 27/10/2019 , Por la lista del Partido

y Posesionado, Concejal del Municipio de Juan de Acosta, en el Departamento del Atlántico, Para el Periodo Constitucional 2020 -2023, en las Elecciones de Autoridades Territoriales, Efectuadas el 27/10/2019 , Por la lista del Partido Alianza Verde , Código 0004, como consta en el ACTA E -26 CON, Acta de Declaratoria de Elección de Concejales, del Municipio de Juan de Acosta, en el Departamento del Atlántico, Calendada 01/11/2019 , Proferida por la Comisión Escrutadora Municipal; Por Estar Incurso en la Causal de In habilidad, Establecida en el Numeral 3° del Artículo 40 de la Ley 617 del 2000, Modificatorio del Artículo 43 de la Ley 136 de 1994, Concordante Con el Numeral 6° del Artículo 48 de la Ley 617 de 2000, y Numeral 2° del Artículo 55 de la Ley 136 de 1994, Nu meral Declarado Exequible en la Sentencia C473 de 1997, de la Honorable Corte Constitucional […]”.

Presupuestos fácticos, causal de pérdida de investidura alegada y argumentos que sustentan la solicitud

3. El Solicitante, indicó, en síntesis, los siguientes hechos y argumentos para

fundamentar su pretensión:

3.1. Señaló que el señor Jorge Mario Vargas Echeverría se inscribió, el 27 de julio de 2019, como candidato al Concejo Municipal de Juan de Acosta, Atlántico, para el periodo constitucional 2020-2023; y resultó elegido como en las elecciones realizadas el 27 de octubre de 2019, según consta en el Formulario E -26 CON

para el periodo constitucional 2020-2023; y resultó elegido como en las elecciones realizadas el 27 de octubre de 2019, según consta en el Formulario E -26 CON expedido el 1.° de noviembre de 2019 por la Comisión Escrutadora Municipal.

1 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. 2 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.3

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3.2. Manifestó que la inhabilidad está plenamente acreditada en la medida en que, al momento de la inscripción de la candidatur a realizada el 27 de julio de 2019 y de la elección como Concejal que tuvo lugar el 27 de octubre de 2019, el señor Jorge Mario Vargas Echeverría se encontraba inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del Municipio de Juan de Acosta porque cele bró 36 contratos entre el 16 de septiembre de 2016 y el 11 de septiembre de 2019.

3.3. Explicó que 8 de los precitados contratos fueron de suministro y se celebraron desde el 25 de enero de 2019 y hasta el 11 de septiembre de 2019 con

3.3. Explicó que 8 de los precitados contratos fueron de suministro y se celebraron desde el 25 de enero de 2019 y hasta el 11 de septiembre de 2019 con una entidad pública del Municipio de Juan de Acosta, a saber, la E.S.E. Hospital de Juan de Acosta; y agregó que el objeto de esos contratos era “[…] [q]ue el Contratista, Suministrara Sucesivamente Servicios o Elementos, a Cambio de una Contraprestación en Dinero, Que Recibía de la Entidad Pública Contratante, Para Garantizarse el Abastecimiento de los Productos o Elementos, Que Requería Para su Actividad; Contratos de Suministros, Que Pretendieron Disfrazar o Disimular, Como Simples Órdenes de Compras, Celebradas en Interés de Tercero […]”.

3.4. Especificó que los contratos son los siguientes: i) Contrato de suministro núm. 14 de fecha 25/01/2019; ii) Contrato de suministro núm. 38 de fecha 01/03/2019; iii) Contrato de suministro núm. 60 de fecha 12/04/2019; iv) Contrato de suministro núm. 82 de fecha 08/05/2019; v) Contrato de suministro núm. 94 de fecha 12/06/2019; vi) Contrato de suministro núm. 110 de fecha 15/07/2019; vii) Contrato de suministro núm. 130 de fecha 12/08/2019; y viii) Contrato de suministro núm. 139 de fecha 11/09/2019.

3.5. Afirmó que los 8 contratos de suministro se celebraron por el Concejal, por

fecha 12/08/2019; y viii) Contrato de suministro núm. 139 de fecha 11/09/2019.

3.5. Afirmó que los 8 contratos de suministro se celebraron por el Concejal, por “Interpuesta Persona”, a saber, la “cónyuge” del Concejal, señora Isabel Segunda Jiménez Molina; y en “Interés de Terceros” ; durante el término inhabilitante; es decir, dentro del año anterior a la elección del concejal, que tuvo lugar el 27 de octubre de 2019. Agregó que es un hecho notorio que el Concejal y la señora Jiménez Molina mantienen convivencia permanente y que de la unión marital surgió un hijo que se encuentra en etapa escolar.

3.6. Indicó que se encuentran probados los supuestos de la inhabilidad constitutiva de causal de pérdida de investidura porque, por un lado, el Concejal intervino en la celebración de contratos en interés de terceros, para lo cual explica que “[…] [e]sta Plenamente Acreditado, en Razón a Que los Contratos de Suministros, Fueron Celebrados, Por Uno de los Cónyuges, Enderezada Como4

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Contratista, Totalmente Instrumentalizada, Para Proveer Un Provecho o Beneficio de Manera Indirecta, a SU Otro Cónyuge, a Quien Plenamente Representaba, es Decir, al Entonces Aspirante a Ocupar una Curul, en el Concejo del Municipio de

de Manera Indirecta, a SU Otro Cónyuge, a Quien Plenamente Representaba, es Decir, al Entonces Aspirante a Ocupar una Curul, en el Concejo del Municipio de Juan de Acosta -Atlántico, Para el Periodo 2020 -2023 […]” 3. Y, por el otro, la celebración de los contratos tuvo lugar con una entidad pública del mismo municipio en que resultó elegido el Concejal.

3.7. Argumentó que se debe tener en cuenta para la configuración de la inhabilidad y de la causal: i) el certificado de matrícula de persona natural de la comerciante, señora Isabel Segunda Jiménez Molina, quien inscribió el establecimiento de comercio denominado “TIENDA LA PEPA NO. 1”, identificado con matrícula mercantil núm. 677.377, el cual registra como dirección electrónica la de jvargas03@hotmail.com y que, según señaló, corresponde al correo electrónico del Concejal; ii) que es un hecho notorio en el Municipio de Juan de Acosta, Atlántico, la convivencia permanente entre el Concejal y la señora Jiménez Molina y que producto de la “[…] Unión Marital Permanente, Entre Estos Dos (2) Cónyuges, Existe Un (1) Hijo, Menor de Edad, en Etapa Escolar […]”; iii) que, en todo caso, en redes sociales se puede verificar la precitada convivencia permanente entre el Concejal y la con tratista; y, por último, iv) que si bien los precitados contratos se denominaron como “órdenes de compra”, se trata de verdaderos contratos de suministro.

Traslado de la solicitud de pérdida de investidura al Concejal

precitados contratos se denominaron como “órdenes de compra”, se trata de verdaderos contratos de suministro.

Traslado de la solicitud de pérdida de investidura al Concejal

4. Cumplido el plazo previsto en el artículo 10 de la Ley 1881 de 15 de enero de 20184, el Concejal no se pronunció sobre la solicitud de pérdida de investidura presentada por el Solicitante5.

3 Transcripción literal del texto de la solicitud de pérdida de investidura. 4 Por la cual se establece el procedim iento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. 5 El Tribunal, mediante autos de 29 de junio de 2021 y, en especial, de 22 de julio de 2021, ordenó notificar “[…] la solicitud de pérdida de investidura de la referencia, junto con su corrección y anexos al señor Jorge Mario Vargas Echeverría, concejal del Municipio de Juan de Acosta, a través del correo electrónico que él mismo relacionó [en el escrito presentado en f orma virtual el 19 de julio de 2021] , esto es: jorgemariovargasecheverria@gmail.com […]”. Asimismo, informó que “[…] la solicitud de pérdida de investidura podrá ser contestada dentro de los cinco (5) días siguientes a partir de la fecha de notificación, en la cual se podrán aportar pruebas o pedir las que se consideren conducentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1881 de 2018 […]”. La providencia de 22 de julio de 2021 se notificó según consta en el expediente del proceso de la referencia. Cfr. Ver documentos denominados “13.

dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1881 de 2018 […]”. La providencia de 22 de julio de 2021 se notificó según consta en el expediente del proceso de la referencia. Cfr. Ver documentos denominados “13. Notificación auto 22 de junio”, “14. Paso al Despacho” y “15. Auto de 9 de agosto de 2021 - Auto de pruebas”.5

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La audiencia pública establecida por el artículo 12 de la Ley 18816

5. La audiencia pública tuvo lugar el 27 de agosto de 2021 con la asistencia y participación del Solicitante de la pérdida de investidura; el Concejal y su apoderada; y el Ministerio Público.

La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia

6. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de 6 de septiembre de 20217, declaró, por un lado, la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y del Partido Político Alianza Verde; y, por la otra, negó las pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura del señor Jorge Mario Vargas Echeverría, en relación con la causal alegada. En su parte resolutiva, dispuso lo siguiente:

“[…] RESUELVE

1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Consejo Nacional Electoral y del partido político Alianza

“[…] RESUELVE

1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Consejo Nacional Electoral y del partido político Alianza Verde, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Negar las pretensiones de la demanda, en relación con la causal alegada en la solicitud de pérdida de investidura del concejal del Municipio de Juan de Acosta, Jorge Mario Vargas Echeverría, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”.

Consideraciones del Tribunal

7. El Tribunal, como fundamento de su decisión, consideró, en síntesis, lo

siguiente:

7.1. Que los hechos objeto del proceso no guardan relación alguna con el ámbito de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y el partido político Alianza Verde y que, teniendo en cuenta su vinculación al proceso, se procedería a declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva frente a ellos.

6 Cfr. Documento denominado: “AUDIENCIA PERDIDA DE INVESTIDURA 08001233300020210028200_L080012333002CSJVirtual_01_20210827_100000_V”. 7 Cfr. Documento denominado “000-2021-00282-00 FALLO NIEGA PERDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL JORGE MARIO VARGAS ECHEVERRIA”. Archivo aportado en forma digital.6

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7.2. Que el problema jurídico correspondía determinar si el Concejal incurrió en causal de pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades previsto en el “numeral 3° del artículo 40 de la Ley 617 del 2000”8.

7.3. Que, en atención a la presunción de inocencia establecida por el artículo 29 de la Constitución Política, el derecho a guardar silencio y la naturaleza sancionatoria del proceso de pérdida de investidura, “[…] contrario a lo alegado por algunos de los sujetos procesales, no puede consider arse que el actor al no contestar la solicitud de pérdida de investidura haya confesado algún hecho o que esa omisión se constituya como indicio en su contra […]”; y agregó que las pretensiones de la solicitud se resolverían teniendo en cuenta “[…] las pruebas de carácter documental que fueron aportadas, requeridas y posteriormente incorporadas por el actor […]”9.

7.4. Consideró que, conforme con los documentos aportados al proceso como prueba, se observa que en el periodo inhabilitante comprendido entre el 27 de octubre de 2018 y el 27 de octubre de 2019, el señor Jorge Mario Vargas Echeverría no suscribió directamente ningún contrato estatal con el Hospital de Juan de Acosta.

7.5. Explicó que si bien “[…] la señora Isabel Jiménez [i.e.], compañera permanente del señor Jorge Vargas, sí contrató con el Hospital de Juan de Acosta

Juan de Acosta.

7.5. Explicó que si bien “[…] la señora Isabel Jiménez [i.e.], compañera permanente del señor Jorge Vargas, sí contrató con el Hospital de Juan de Acosta entre el 16 de noviembre de 2018 y el 11 de septiembre de 2019 (período dentro de la inhabilidad), negocios que, en criterio del solicitante y el Ministerio Público, fueron gestionados por el concejal demandado, y que darían base para declarar la pérdida de la investidura que ostenta […]”, consideró: i) que no se probó que el Concejal haya celebrado contratos o gestionado negocios con entidades públicas dentro del período de inhabilidad; ii) que se probó que quien suscribió los contratos de suministro entre enero y septiembre de 2019 con el Hospital de Juan de Acosta, fue la señora Isabel Jiménez; iii) de los documentos que obran en el expediente del proceso, no puede inferirse que quien gestionó el contrato fuera el Concejal o que se tratara de negocios que se realizaron por “interpuesta persona”.

8 Se refiere a la inhabilidad establecida en el numeral 3.º del artículo 43 de la Ley 136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617. 9 Como fundamento de lo anterior, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Co ntencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 9 de mayo de 2019. Proceso Identificado con el NUR. 760012331000201100744 -01 (PI). C.P. Hernando Sánchez Sánchez.7

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7.6. Consideró que “[…] no puede inferirse, con base en el registro de la Cámara de Comercio de Barranquilla de la señora Isabel Jiménez, la cual fue aportada por el actor, que quien habría gestionado los negocios por relacionar un determinado correo electrónico fue el concejal Jorge Vargas, pues si ello quisiera tenerse en cuenta como prueba indiciaria, tal inferencia debe ser complementad a por otro medio de prueba, sin que se pueda corroborar de la documentación que obra en el expediente, en primera medida, que el concejal Jorge Vargas Echeverría haya gestionado, en los términos de la jurisprudencia referenciada, de forma efectiva, valiosa, útil y trascendente, actos que hayan permitido concretar, con interés propio o ajeno, negocios o el servicio que prestó la señora Isabel Jiménez a favor del Hospital de Juan de Acosta […]”.

7.7. Por todo lo anterior, el Tribunal concluyó que, ante la ausenci a de pruebas que acrediten algún comportamiento o conducta constitutiva del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura objeto de estudio, no era necesario realizar el estudio del elemento subjetivo y, en consecuencia, se negarían las pretensiones de la solicitud.

El recurso de apelación presentado por el Solicitante

8. El Solicitante presentó recurso de apelación contra la sentencia de 6 de septiembre de 2021 con el objeto de que se revoque dicha providencia y, en su

El recurso de apelación presentado por el Solicitante

8. El Solicitante presentó recurso de apelación contra la sentencia de 6 de septiembre de 2021 con el objeto de que se revoque dicha providencia y, en su lugar, se decrete la pérdida de investidura del Concejal, con fundamento en los

siguientes argumentos10:

8.1. Señaló que en este caso se probaron tanto los elementos objetivo y subjetivo de la inhabilidad prevista en el “[n]umeral 3° del Artículo 40 de la Ley 617 del 2000, Modificatorio del Artículo 43 de la Ley 136 […] [a]l haber intervenido, el Concejal Demandado, Dentro del Año Anterior a la Elección, “por Interpuesta Persona” en la Celebración de Múltiples Contratos, con la ESE HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA, […] [los cuales, según señala,] se Ejecutaron en la Entidad Territorial Precitada”.

8.2. Afirmó que los documentos aportados evidencian la existencia de una “sociedad marital Permanente”, entre el Concejal y la señora Isabel Segun da

10 Cfr. Documento denominado: “RECURSO DE APELACION PERDIDA DE ENVESTIDURA.pdf (sic)”. Archivo aportado en forma digital.8

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Jiménez Molina, esta última, según expresa, fungió como la “interpuesta persona” en la celebración de 8 contratos de suministro con la E.S.E. Hospital de Juan de

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Jiménez Molina, esta última, según expresa, fungió como la “interpuesta persona” en la celebración de 8 contratos de suministro con la E.S.E. Hospital de Juan de Acosta, con el fin de obtener un provecho o beneficio económico y bajo una modalidad orientada “a burlar el régimen de inhabilidad”.

8.3. Manifestó que es un hecho notorio que el Gerente de la ESE Hospital de Juan de Acosta es su “Jefe Político” o “Persona que lo Patrocina Económica y Políticamente” y que se valieron de su injerencia y relación para la celebración de los contratos.

8.4. Indicó que está probado en el proceso que el Concejal “intervino directamente en la celebración de los contratos estatales” , al haber conseguido que los 8 contratos de suministros, con la entidad de salud territorial, l os suscribiera su cónyuge, como interpuesta persona, para obtener los beneficios económicos, que terminaron invertidos en su candidatura. Agregó que si bien no existe una prueba directa que demuestre la precitada “intervención o Gestión del Concejal […] en la Celebración de los Múltiples Contratos”, como tampoco de “la Obtención de beneficios Económicos”, se aportaron al proceso numerosos “Indicios Graves, Concordantes y Convergentes Con Pruebas Legalmente Allegadas al Expediente” que, en su criterio, no se valoraron por el Tribunal, en tanto la sentencia dejó de “Auscultar, Atando y Concatenando Hechos, Episodios, Hechos Notorios Expuestos en la Demanda”.

8.5. Señaló que algunos de los indicios graves, concordantes con pruebas

“Auscultar, Atando y Concatenando Hechos, Episodios, Hechos Notorios Expuestos en la Demanda”.

8.5. Señaló que algunos de los indicios graves, concordantes con pruebas aportadas al proceso y que demuestran los hechos de la demanda y, en especial, que el Concejal intervino directa y activamente en la obtención de los contratos de suministro “por interpuesta persona”, en cabeza de su “Cónyuge”, son:

8.5.1. En la página 2 del certificado de matrícula de persona natural expedido el 21 de agosto de 2020 se certificó que el establecimiento de comercio “TIENDA LA PEPA No. 1”, aparece Registrado desde el 20 de julio de 2017 y que la matrícula aparece renovada el 13 de marzo de 2019. Agrega que “[…] Si No Estuviéramos Frente a un Entramado de Corrupción, Entonces Como se Justifica la Existencia de Contratos Celebrados Antes de la Respectiva Inscripción […]”, e igualmente que “[…] Existan Contratos Celebrados, Antes de la Respectiva Renovación […]”, a saber, los núms. 14 de 25 de enero de 2019 y 38 de 1 de marzo de esa misma anualidad.9

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8.5.2. Cinco fotografías publicadas por “los mismos Cónyuges, en sus Cuentas o Perfiles de” una red social, “Donde se Evidencia la Convivencia Permanente de

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8.5.2. Cinco fotografías publicadas por “los mismos Cónyuges, en sus Cuentas o Perfiles de” una red social, “Donde se Evidencia la Convivencia Permanente de los Consortes, la Unidad Familiar Entre los Tres Miembros de la Familia”; y agregó que en esas fotografías se observa a los “cónyuges” en pleno ejercicio de la actividad política, con pendones y afiches publicitarios alusivos al Concejal.

8.5.3. Certificado de Cámara de Comercio de Barranquilla en el que consta que la señora Jiménez Molina es propietaria e inscribió en el registro mercantil el establecimiento de comercio denominado “TIENDA LA PEPA No. 1” y que registró como correo electrónico personal jvargas03@hotmail.com, el cual, según señala, fue creado por su autor o titular, el señor Jorge Mario Vargas Echeverría.

8.5.4. El Formulario E-26CON de 27 de octubre de 2019 en el que consta que el Concejal fue elegido con una votación de 545 votos, constituyéndose en la mayor votación obtenida por su partido y una de las más altas en un Municipio de Sexta categoría.

8.5.5. Indicó que la “[…] Falta de Contestación de la Demanda, Obra en el Expediente Como Factor de Aceptación de los Hechos: Conforme a lo Establecido en el Artículo 97 del CGP […]” y agregó, por un lado, que dicha situación hace “[…] Presumir Ciertos los Hechos Susceptibles de Confesión Contenidos en la Demanda […]” y, por el otro, que la falta de oposición a las pretensiones de la

“[…] Presumir Ciertos los Hechos Susceptibles de Confesión Contenidos en la Demanda […]” y, por el otro, que la falta de oposición a las pretensiones de la solicitud y la “[…] Incuria de No Haber Ejercitado su Derecho a la Defensa, al No Aportar, Ni Solicitar el Decreto de la Práctica de Alguna Prueba […]”, demuestra la existencia de la inhabilidad.

8.5.6. Y, agregó que “[…] Obra en el Expediente, Narrado Como Hecho Noto rio en la Demanda, No Controvertido Por el Demandado: la Existencia de un Entramado de Corrupción, del Concejal Demandado, Con su Jefe Político […] Ex Alcalde del Municipio de Juan de Acosta, en el Periodo 2008 -2011, y Gerente de la ESE HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA, Dentro del Periodo 2016 al 2020 […]”.

8.6. Por último, solicitó tener en cuenta las consideraciones expuestas en la audiencia pública por el Ministerio Público, sobre la existencia de indicios relativos a la existencia de una relación sentimental entre el Concejal y la señora Jiménez Molina, fruto de la cual nació un hijo; la inscripción por esta última como comerciante y el registro del establecimiento de comercio denominado “TIENDA10

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LA PEPA No. 1” y del registro del correo jvargas03@hotmail.com que, según señala, corresponde al correo del Concejal.

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LA PEPA No. 1” y del registro del correo jvargas03@hotmail.com que, según señala, corresponde al correo del Concejal.

El recurso de apelación presentado por el Ministerio Público

9. El Ministerio Público presentó recurso de apelación contra la sentencia de 6 de septiembre de 2021 con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se decrete la pérdida de investidura del Concejal, con fundamento en los siguientes

argumentos11:

9.1. Señaló que en el proceso se encontraba probado: i) la condición de Concejal del señor Jorge Mario Vargas Echeverría; ii) que el Concejal entre el año 2016 y el año 2017 celebró contratos con la E.S.E. Hospital de Juan de Acosta, precisamente con el mismo e stablecimiento comercial denominado “ TIENDA LA PEPA”, con el cual se contrató igualmente en el año 2018 pero a nombre de la “compañera permanente” del Concejal; iii) que la señora Jiménez Molina inscribió en el Registro Mercantil, el establecimiento de co mercio denominado: “TIENDA LA PEPA No 1”; iv) que la señora Jiménez Molina y la E.S.E. Hospital de Juan de Acosta celebraron 8 contratos de suministro dentro del término inhabilitante, relativo al año anterior a la elección del Concejal; y v) que el Concejal y la señora Jiménez Molina son padres de un menor de edad y afirma que “en la audiencia de alegatos se acepta la convivencia marial entre ellos”.

9.2. Manifestó que la inconformidad con la sentencia se centra en la valoración de las pruebas aportadas y la desestimación de la prueba indiciaria en cuanto se

alegatos se acepta la convivencia marial entre ellos”.

9.2. Manifestó que la inconformidad con la sentencia se centra en la valoración de las pruebas aportadas y la desestimación de la prueba indiciaria en cuanto se consideró que las inferencias planteadas por el Ministerio Público no son suficientes debido a que no pueden ser corroboradas.

9.3. Afirmó que es cierto que en el plenario no se aportó una prueba directa que demuestre la ocurrencia de la intervención del Concejal con el objeto de que se celebrara el contrato por interpuesta persona; no obstante, afirmó que “[…] existen indicios contingentes que tienen la naturaleza de ser graves y que convergen a determinar con un alto grado de certeza que nos encontramos ante contratos celebrados en favor del demandado o con su intervención […]”.

11 Cfr. Documento denominado “APELACION PERDIDA DE INVESTIDURA CONCEJAL JUAN DE ACOSTA.pdf”. Archivo aportado en forma digital.11

Núm. Único de radicación: 080012333000202100282-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9.4. Afirmó que existe un hecho indicador demostrado, a saber, que el Concejal celebró desde el año 2016 contratos de suministro con la E.S.E. Hospital de Juan de Acosta desde el año 2016 y que en la relación de facturas se señalaba como proveedor al establecimiento comercial “Tienda la Pepa”. Agregó que es ese mismo establecimiento el que aparece como proveedor tanto en los contratos

de Acosta desde el año 2016 y que en la relación de facturas se señalaba como proveedor al establecimiento comercial “Tienda la Pepa”. Agregó que es ese mismo establecimiento el que aparece como proveedor tanto en los contratos celebrados durante los años 2016 y 2017, como en los 8 contratos de suministro celebrados por la señora Jiménez Molina durante el periodo inhabilitante.

9.5. Adicional a lo anterior, afirmó que “[…] está demostrado que entre el concejal demandado y la señora ISABE L SEGUNDA JIMENEZ MOLINA, Identificada con la cédula de ciudadanía No […], existe una relación sentimental fruto de la cual nació un hijo J[…] M[…] V[…] J[…], tal como consta en el registro civil de nacimiento del menor[,] allegado al proceso […]”. Agrega que esa relación marital podría pasar desapercibida pero que realmente se trata de un indicio conductual de familiaridad “[…] muy usado en la simulación de contratos, y el cual debe ser unido a dos hechos indicadores demostrados con prueba documental […]”, a saber:

9.5.1. Que la señora Jiménez Molina inscribió en el registro mercantil “[…] el establecimiento de comercio denominado: TIENDA LA PEPA No 1, con Matricula Mercantil No 677,377,