CE - 012333000202100321011SENTENCIA20231023100905

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 08001-23-33-000-2021-00321-01 (69.865)

Actor: LUIGI FARELO GALIANO1 Y OTROS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JUDICIAL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA EN MATERIA DE ERROR JUDICIAL - no puede ser utilizada para alegar aspectos que el afectado debía cuestionar mediante el ejercicio oportuno de los re cursos ordinarios, sin proceder de conformidad / ERROR DE HECHO POR INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA – no se configuró, pues la sentencia de primer grado hizo una valoración probatoria adecuada y jurídicamente atendible.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 2 de marzo de 2023, por medio de la cual la Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones formuladas en la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

A juicio de los accionantes, la Rama Judicial, a través de la jurisdicción ordinaria, incurrió en error jurisdiccional al negar las pretensiones de responsabilidad civil extracontractual formuladas por un supuesto error de diagnóstico, por haberse concluido que Luigi Farelo Galiano presentaba afectaciones síquicas, para las

incurrió en error jurisdiccional al negar las pretensiones de responsabilidad civil extracontractual formuladas por un supuesto error de diagnóstico, por haberse concluido que Luigi Farelo Galiano presentaba afectaciones síquicas, para las cuales se le dio tratamiento con ansiolíticos -como “Xanax” -, que generaron dependencia, cuando lo cierto era que sus síntomas derivaban de una masa suprarrenal que no requería ese tipo de manejo.

1 Tal como aparece el nombre en el registro civil que se encuentra en el folio 88 del documento denominado “5ED_03DEMANDAYANEXOS” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai.Radicación: 08001-23-33-000-2021-00321-01 (69.865)

Actor: Luigi Farelo Galiano y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

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II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 21 de junio de 2021 2, Luigi Farelo Galiano y otros 3, por conducto de apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial, para que se le condenara a indemnizar los perjuicios4 causados con los supuestos errores judiciales en los que incurrieron el Juzgado Séptimo Civil del Circuito Oral de Barranquilla y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en las sentencias del 1° de agosto de 2018 y 20 de febrero de 2019, respectivamente.

En síntesis, los hechos narrados fueron los siguientes5:

Luigi Farelo Galiano y su grupo familiar presentaron demanda de responsabilidad

respectivamente.

En síntesis, los hechos narrados fueron los siguientes5:

Luigi Farelo Galiano y su grupo familiar presentaron demanda de responsabilidad civil contra la sociedad Aerovías del Continente Americano S.A. -en adelante Avianca S.A. - y de los particulares Luis Humberto Martínez y Patricia Valencia Macias -entonces gerente de salud ocupacional y médico de la referida sociedad -, por los perjuicios ocasionados con “ el diagnóstico equivocado ” que se le habría dado al primero de los citados.

Lo anterior, en cuanto el señor Farelo Galiano habría sido “ medic[ado] inadecuadamente” con ansiolíticos, pese a que sus síntomas, en realidad, eran consecuencia de un tumor en las glándulas suprarrenales denominado “feocromocitoma suprarrenal”, el que, por “negligencia y [una] defectuosa prestación de los servicios de salud” solo fue objeto de diagnóstico “ acertado” 30 meses después de los síntomas iniciales, luego de que el paciente perdiera su licencia d e piloto.

Las pretensiones de tal demanda fueron negadas en primera instancia el 1° de agosto de 2018 por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito Oral de Barranquilla; decisión que fue confirmada, en sede de apelación, el 20 de febrero de 2019, por la Sala Civil del T ribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. En ambas

2 Documento denominado “5ED_03DEMANDAYANEXOS” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai. 3 Como demás demandantes figuran Olga Lucía Osorio García y Giuseppe Farelo Osorio, en calidad de cónyuge e hijo del señor Farelo Galiano, respectivamente.

2 de Samai. 3 Como demás demandantes figuran Olga Lucía Osorio García y Giuseppe Farelo Osorio, en calidad de cónyuge e hijo del señor Farelo Galiano, respectivamente. 4 En el escrito inicial se solicitó que se condenara a la entidad demandada a pagarles perjuicios materiales -en las modalidades de daño emergente y lucro cesante -, daño a la salud y daño a la “vida de relación”. 5 Folio 10 del documento denominado “ 5ED_03DEMANDAYANEXOS” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai.Radicación: 08001-23-33-000-2021-00321-01 (69.865)

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instancias se sostuvo que no se había acreditado una deficiencia en la prestación del servicio médico brindado al paciente.

Las decisiones mencionadas , en criterio de la parte actora, adolec en de error judicial6 por dos razones, a saber: La primera , por la falta de valoración de varias pruebas -de los documentos suscritos los médicos Adolfo Ahumada Graubard, Dinett Movilla Castro, Óscar Rosales Rodríguez, Adolfo Pertuz Pinzón y Chafit Chain G ómez-, pese a que eran “útiles, necesarias, conducentes y pertinentes para demostrar el error de diagnóstico médico”, con lo cual se vulneró el artículo 176 del Código General del Proceso. La segunda , en la medida en que la declaración suministrada por la médica neumóloga Patricia Osorio Pupo fue valorada por la jurisdicción ordinaria como un dictamen pericial, aunque la prueba no fue decretada en esos términos; también

Proceso. La segunda , en la medida en que la declaración suministrada por la médica neumóloga Patricia Osorio Pupo fue valorada por la jurisdicción ordinaria como un dictamen pericial, aunque la prueba no fue decretada en esos términos; también cuestionó el hecho de que se le diera pleno valor probatorio a los testimonios rendidos por las médicas Patricia Osorio Pupo y Martha Alonso Osorio, pese a que no eran especialistas en nefrología y/o endocrinología, únicas especialidades médicas idóneas para determinar la existencia de los tumores suprarrenales y sus efectos.

A juicio de la parte actora, los operadores judiciales “no entendi[eron] la litis pues no se trataba de demostrar que [Luigi Farelo Galiano] no padecía de trastornos psiquiátricos (sic), sino que estos eran una consecuencia de una patología orgánica”.

2. Contestación de la demanda

La Nación – Rama Judicial7 se opuso a las pretensiones, en cuanto no hubo error jurisdiccional en las providencias atacadas, pues, a su juicio, estuvieron ajustadas a derecho.

Advirtió que los aquí demandantes pudieron presentar una acción de tutela si consideraban que las sentencias dictadas en el proceso ordinario civil tenían falencias en la valoración probatoria, y no ejercer el presente medio de control, con

6 En la demanda se aseguró, como se explicará más adelante, que el Juzgado Séptimo Civil Del Circuito Oral de Barranquilla incurrió en una indebida valoración probatoria y ello fue “ confirmad[o]” por la Sala Civil Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla. 7 Ver documento denominado “13ED_10DESCORRETRASLAD” del expediente digital, que obra en

por la Sala Civil Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla. 7 Ver documento denominado “13ED_10DESCORRETRASLAD” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai.Radicación: 08001-23-33-000-2021-00321-01 (69.865)

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el que se pretendía una tercera instancia, reemplazando así al juez natural y violando el principio de cosa juzgada. En línea con este argumento, propuso las excepciones que denominó “ inexistencia de daño imputable a la demandada ” y “culpa exclusiva de la víctima”.

3. Sentencia de primera instancia

La Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 2 de marzo de 2023 8, concluyó que : (i) no era posible analizar, en sede de error judicial, la eventual falta de valoración de algunas pruebas documentales por parte de la justicia ordinaria, por que ello no fue planteado en el recurso interpuesto por la parte actora contra la sentencia civil de primer grado y, por ende, era un “cuestionamiento traído apenas a esta instancia judicial”9.

En cuanto a los demás argumentos de la parte actora, consid eró que no daban cuenta de error judicial alguno, porque: (ii) en efecto, aunque las manifestaciones de la médico Patricia Osorio Pupo fueron calificadas por la justicia civil como “dictamen pericial”, su valoración se efectuó como un concepto técnico general, que no versaba sobre el caso concreto; y (iii) tanto la persona citada10 como la siquiatra Martha Alonso Osorio 11, contaban con idoneidad para pronunciarse frente al sub

“dictamen pericial”, su valoración se efectuó como un concepto técnico general, que no versaba sobre el caso concreto; y (iii) tanto la persona citada10 como la siquiatra Martha Alonso Osorio 11, contaban con idoneidad para pronunciarse frente al sub lite, en atención a sus conocimientos en medicina interna y siquiatría, respectivamente. Finalmente, se precisó que, aunque a este proceso se allegaron pruebas técnicas adicionales sobre el supuesto error de diagnóstico, no podía pasarse por alto que el análisis del error judicial debía realizarse a partir de lo probado en el proceso precedente.

8 Ver documento denominado “ 60ED_40FALLO202100231” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai. 9 Para llegar a esta conclusión, el a quo sintetizó: los argumentos que empleó el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla para negar, en primera instancia, las pretensiones de esa demanda; los reparos concretos que presentó el apoderado de Luigi Farelo Galiano para controvertir esa decisión de instancia y cómo el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla descartó los argumentos del recurrente, confirmando así la decisión denegatoria. 10 En relación con Patricia Osorio Pupo, el Tribunal consideró que, como especialista en medicina interna, podía “ brindar una declaración veraz, idónea y creíble sobre los conceptos que se le preguntaron”; además, que el juez de la causa aplicó los conceptos generales dados por la especialista al caso del señor Farelo Galiano. 11 Frente a Martha Alonso Osorio, el a quo explicó que no dictaminó concepto médico o clínico distinto a lo relacionado a su especialidad, en la medida en que no hizo referencia a la patología orgánica

especialista al caso del señor Farelo Galiano. 11 Frente a Martha Alonso Osorio, el a quo explicó que no dictaminó concepto médico o clínico distinto a lo relacionado a su especialidad, en la medida en que no hizo referencia a la patología orgánica del señor Farelo Galeano, sino únicamente a su aspecto neurosicológico, conforme lo observado en su historia clínica.Radicación: 08001-23-33-000-2021-00321-01 (69.865)

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Decidió no condenar en costas a la parte actora, en cuanto “ no se acreditó probatoriamente su causación”.

4. Recurso de apelación

La parte actora 12 manifestó su discrepancia con la decisión que negó las pretensiones de la demanda, para lo cual aseguró que en sede de reparación directa sí podía alegar aspectos no invocados en el proceso primigenio, a la par que insistió en las pruebas que fueron alleg adas al proceso civil y que fueron “ ignoradas totalmente” en ambas instancias, pese a que “ tenían la potestad de cambiar el resultado del proceso”.

Advirtió que a este proceso se allegó un informe pericial rendido por el médico Manuel Martínez Orozco, que “sí tenía el valor probatorio que en su momento se le dio erradamente al testimonio de la doctora Patricia Osorio Pupo”.

La anterior argumentación, al igual que la sentencia recurrida, será ampliada en las consideraciones, al resolver sobre los cargos de apelación.

III. CONSIDERACIONES

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo

La anterior argumentación, al igual que la sentencia recurrida, será ampliada en las consideraciones, al resolver sobre los cargos de apelación.

III. CONSIDERACIONES

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia.

Adicionalmente, la Sala evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales: competencia y legitimación en la causa, así como la demanda en tiempo.

1. Alcance de la segunda instancia

El Tribunal Administrativo, como se explicó, negó las pretensiones de la demanda y esa decisión fue apelada por el extremo activo de la litis, para lo cual indicó que: (i) sí podía alegar aspectos que no invocó ante la jurisdicción ordinaria y que, por ello, debía determinarse si las autoridades civiles dejaron de valorar cinco pruebas documentales con la suficiencia de cambiar el resultado del proceso, y (iii) en el sub lite no se tuvo en cuenta el informe pericial suscrito por el médico Manuel Martínez Orozco. En ese orden, serán analizados los cargos propuestos contra la decisión de primera instancia.

12 Ver documento denominado “68ED_45RECURSODEAPELA” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai.Radicación: 08001-23-33-000-2021-00321-01 (69.865)

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La Sala advierte que el recurrente no controvirtió la conclusión a la que llegó el a

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La Sala advierte que el recurrente no controvirtió la conclusión a la que llegó el a quo, relacionada con el supuesto error de hecho por la indebida v aloración probatoria de los testimonios rendidos por las médicas Patricia Osorio Pupo y Martha Alonso Osorio. Como esas determinaciones no fueron objeto de discusión, la Sala no realizará ningún estudio al respecto.

2. Análisis del caso concreto

2.1. Primer argumento de la apelación: en reparación directa pueden alegarse aspectos que no fueron invocados en el proceso primigenio

2.1.1. Frente al argumento de la parte actora, según el cual al proceso civil con radicado número 2017-00333 allegó cinco pruebas documentales que no fueron valoradas, el Tribunal Administrativo del Atlántico explicó que, en materia de error judicial, debía verificarse la interposición de los recursos de ley; luego, señaló que el cumplimiento de este requisito im plicaba que los reparos hechos a la sentencia primigenia a través de los respectivos recursos debía “guardar congruencia con los cuestionamientos [realizados por] error judicial”.

Aclarado lo anterior, el Tribunal Administrativo confrontó los cargos por error judicial con los “reparos concretos hechos a la sentencia de primera instancia y que fueron el marco de competencia del superior funcional que conoció del recurso [de apelación]” y, con fundamento en ello, concluyó que la “falta de apreciación” de las pruebas documentales correspondía a un cuestionamiento nuevo, que fue alegado en sede de reparación directa y que no fue planteado en el proceso civil.

apelación]” y, con fundamento en ello, concluyó que la “falta de apreciación” de las pruebas documentales correspondía a un cuestionamiento nuevo, que fue alegado en sede de reparación directa y que no fue planteado en el proceso civil.

La parte actora, en su recurso de apelación, sostuvo que no compartía el razonamiento del Tribunal Administrativo del Atlántico, en la medida en que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, “ para que surja la falla en el servicio por error judicial, [lo único que] se deb[e] analizar [es] si las pruebas no (…) valoradas (…) t[ienen] la potestad de cambiar el resultado del proceso”, de manera que, para alegar el error de hecho en cuestión, solo debía acreditar, en este proceso, que los medios de convicción a los que hizo referencia fueron ignorados en el proceso civil, pese a que fueron allegados al expediente y resultaban determinantes en su resultado.

2.1.2. Sobre el particular, la Sala considera pertinente resaltar que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, quien considere que se le causó un daño antijurídico con ocasión de la acción o laRadicación: 08001-23-33-000-2021-00321-01 (69.865)

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omisión de los agentes judiciales, puede demandar al Estado para que responda por los perjuicios causados.

Esta Corporación ha señalado que para que una providencia se entienda incursa en error jurisdiccional se requiere de la configuración de cuatro requisitos13; los que, en

por los perjuicios causados.

Esta Corporación ha señalado que para que una providencia se entienda incursa en error jurisdiccional se requiere de la configuración de cuatro requisitos13; los que, en esencia, se refieren a que i) se trate de una decisión dictada por una autoridad investida de la facultad jurisdiccional; ii) en firme; iii) contraria a la realidad procesal o al ordenamiento jurídico y que, además, iv) contenga un error capaz de influir en el sentido de la determinación final.

Es cierto que la Ley 270 de 1996 no prevé como uno de los presupuestos del error judicial -como evento de responsabilidad del Estado - la exigencia de que los planteamientos sobre los que se edifica este título de imputación deban coincidir, necesariamente, con aquellos que, en momentos determinados de un proceso previo, se tuvo la oportunidad de exponer.

Sin perjuicio de lo anterior, por las razones que se desarrollarán a continuación, la Subsección considera acertada la tesis sostenida por Tribunal Administrativo en el presente caso.

La Constitución Política le impone a los ciudadanos el deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia -artículo 95 Superior14-.

Precisamente, a las partes, en el trámite de sus asuntos judiciales, les resulta exigible diligencia, que conlleva a que hagan uso de los mecanismos que tengan a su alcance para que, con su activación, se habilite la posibilidad de que posibles fallas sean enervadas por los jueces naturales de las distintas controversias, lo que, consecuencialmente, redunda en que los errores, que no están exentos de cometer,

su alcance para que, con su activación, se habilite la posibilidad de que posibles fallas sean enervadas por los jueces naturales de las distintas controversias, lo que, consecuencialmente, redunda en que los errores, que no están exentos de cometer, no tendrán que alegarse posterio rmente como fuente de daño en otro proceso

13 Para que una decisión judicial se entienda incursa en error jurisdiccional se requiere de la configuración de los siguientes requisitos: i) que se trate de una providencia proferida por una autoridad investida de la facultad jurisdiccional y en ejercicio de la misma (artículo 66 de la Ley 270 de 1996); (ii) que se encuentre en firme (Ley 270 de 1996, artículo 67) ; (iii) que resulte “contraria a la ley” bien sea por una omisión de decreto o práctica de pruebas o una defectuosa apreciación probatoria -error de hecho - o por la infracción directa, la interpretación errónea o la aplicación indebida de la ley -error de derecho- (artículo 66 de la Ley 270 de 1996), y (iv) que el error en ella contenido incida en la decisión judicial y cause un daño personal, cierto y antijurídico. 14 Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. (…).

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia (...).Radicación: 08001-23-33-000-2021-00321-01 (69.865)

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distinto, para el caso, en uno de reparación directa, con todo lo que ello implica en términos de congestión judicial.

De allí que se justifique la existencia y el uso del recurso de apelación, medio de impugnación que supone que el superior funcional revise la decisión del funcionario de primer grado, teniendo como fundamento las referencias fácticas, jurídicas y argumentativas que esgrime el recurrente y las cuestiones sobre las cuales la ley lo habilita para hacer pronunciamientos de manera oficiosa. En efecto, al juez de la apelación le está vedado enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que fuere un punto íntimamente relacionado con la apelación o que se estructuren supuestos que deben ser declarados de oficio15, de conformidad con lo previsto en los artículos 328 del CGP16 y 187 de la Ley 1437 de 201117.

En materia de error judicial, se exige como presupuesto que el afectado con una decisión judicial agote los recursos legales que puedan interponerse; exigencia que, con acierto, permite que el artículo 70 de la Ley 270 de 199618 sancione a la víctima en los casos en los que no hace uso de los mismos. Precisamente, cuando esa norma fue declarada exequible, la Corte Constit ucional determinó que a un particular, que somete un asunto determinado a consideración de la Rama Judicial, se le exige “ un mínimo de interés y de compromiso en [su] atención oportuna y diligente”, pues “ gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el

particular, que somete un asunto determinado a consideración de la Rama Judicial, se le exige “ un mínimo de interés y de compromiso en [su] atención oportuna y diligente”, pues “ gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia” recae en la pasividad de los propios

15 Lo cual se refiere a la facultad oficiosa del superior funcional de declarar el incumplimiento de alguno de los presupuestos necesarios de la acción o requisitos indispensables para que el proceso pueda ser definido de fondo, verbigracia, la caducidad, la falta de legitimación en la causa, la indebida escogencia de la acción, el pago previo o la interposición de los recursos obligatorios, según el medio de control ejercido, lo cual es procedente aún en los casos en los que se trate de un apelante único. 16 Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el s uperior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia. 17 Artículo 187. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un b reve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. 18 Artículo 70. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.Radicación: 08001-23-33-000-2021-00321-01 (69.865)

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interesados19.

Ese mismo razonamiento puede predicarse, por identidad de materia, en el supuesto en el que, a pesar de que se activaron los recursos previstos por la ley, el recurrente dejó de cuestionar defectos concretos de una decisión, con lo cual, consecuencialmente, no habilitó la posibilidad de que fueran enmendados dentro

supuesto en el que, a pesar de que se activaron los recursos previstos por la ley, el recurrente dejó de cuestionar defectos concretos de una decisión, con lo cual, consecuencialmente, no habilitó la posibilidad de que fueran enmendados dentro del mismo proceso, por parte de los jueces naturales. Bajo esa óptica, resulta reprochable tanto la falta de ejercicio de una prerrogativa, como el uso no idóneo del derecho de réplica al interior de un determinado proceso.

Lo expuesto permite aseverar, sin que la Sala incurra en ningún tipo de rigor o exceso puramente formal, qu e así como resulta improcedente el estudio del error judicial en los casos en los que el afectado no recurre una determinada decisión teniendo la posibilidad de hacerlo, del mismo modo, ello podría aplicarse en aquellos eventos en los que se cuestionan por error judicial aspectos que, habiendo existido la oportunidad de que fueran enmendados mediante el ejercicio de los recursos ordinarios, no le fueron planteados a los funcionarios competentes. Admitir lo contrario, abre la posibilidad de que el juez de la reparación directa termine convertido en juez de instancia de causas que le son ajenas.

2.1.3. Aclarado lo anterior, se tiene que, en el sub lite, Luigi Farelo Galiano cuestionó a través de la acción de reparación directa la forma en que fue definida la demanda de responsabilidad civil por parte de la jurisdicción ordinaria, pues, a su juicio, entre otros aspectos, no se valoraron determinados elementos de juici o que supuestamente habrían cambiado el sentido de la decisión.

Es importante aclarar que el demandante, en su escrito inicial, manifestó que la falencia probatoria se presentó en el fallo de primera instancia, proferida por el

supuestamente habrían cambiado el sentido de la decisión.

Es importante aclarar que el demandante, en su escrito inicial, manifestó que la falencia probatoria se presentó en el fallo de primera instancia, proferida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla en el proceso ordinario y que esa irregularidad fue “ confirmad[a]” por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito

19 Corte Constitucional, sentencia C-1065 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Palabras textuales de la Alta Corte: “Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa (…)” (subraya fuera del texto).Radicación: 08001-23-33-000-2021-00321-01 (69.865)

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Judicial de Barranquilla. A pie de página apartes de la demanda que dan cuenta de este aspecto20.

En el proceso verbal de responsabilidad civil con radicado 08 -00-31-53-007-201700333-0021, que adelantó Luigi Farelo Galiano y otros en contra de Avianca S.A., Luis Humberto Martínez Galeano y Patricia Valencia Macías, el Juez Séptimo Civil del Circuito negó las pretens iones de la demanda, después de concluir que no existía una “prueba idónea” que diera cuenta de una deficiencia en la prestación del servicio médico suministrado a Luigi Farelo Galiano.

El entonces apoderado de Luigi Farelo Galiano apeló esa decisión, co ncretamente porque el Juzgado: (i) no resolvió, en debida forma, la tacha de sospecha formulada contra la testigo Gloria Inés Quiñones; (ii) tomó en consideración los testimonios de las médicas Patricia Osorio Pupo y Martha Alonso Osorio, pese a que, por s u especialidad, no podían conceptuar sobre tumores suprarrenales; además, trató el testimonio de Osorio Pupo como uno de tipo técnico, aunque