CE - 012333000202100331011AUTOQUEDECIDE20230420103013

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 73001-23-33-000-2021-00331-01

ACCIÓN POPULAR – AUTO

Actor: PROCURADOR JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIO

PARA EL TOLIMA

TESIS: SE CONFIRMA LA SANCIÓN IMPUESTA A L SEÑOR JULIO

CÉSAR GÓNGORA SÁNCHEZ POR INCUMPLIMIENTO DE LAS

ÓRDENES IMPARTIDAS EN LA PROVIDENCIA DE 1o. DE MARZO DE

2022. SE REVOCA LA SANCIÓN IMPUESTA A LA DIRECTORA DE

CORTOLIMA POR CUANTO EL EXHORTO NO CONSTITUYE UNA

ÓRDEN JUDICIAL SUSCEPTIBLE DE INCIDENTE DE DESACATO.

AUTO QUE RESUELVE CONSULTA

La Sala decide el grado jurisdiccional de c onsulta frente al proveído de 2 de febrero de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima1, que sancionó por desacato con multa equivalente a dos (2) salario s mínimos legales mensuales vigentes a l señor Julio César Góngora Sánchez, en su calidad de Alcalde del Municipio de Piedras2 y a la señora Olga Lucía Alfonso Lannini, en su calidad de

1 En adelante el Tribunal. 2 En adelante el Municipio.2

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1 En adelante el Tribunal. 2 En adelante el Municipio.2

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Actor: PROCURADOR JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIO PARA EL

TOLIMA

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Directora de la Corporación Autónoma Regional de l Tolima3, por el incumplimiento de las órdenes dictadas en la providencia de 1o. de marzo de 2022.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La acción

El PROCURADOR JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIO PARA EL TOLIMA instauró demanda en ejercicio de la acción popular contra el MUNICIPIO y CORTOLIMA, tendiente a la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución , al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y a la seguridad y salubridad públicas.

La parte actora estimó vulnerados los referidos derechos, debido a que el MUNICIPIO no ha realizado gestión alguna encaminada a

3 En adelante CORTOLIMA.3

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Actor: PROCURADOR JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIO PARA EL

TOLIMA

3 En adelante CORTOLIMA.3

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obtener los permisos de vertimientos de sus 6 plantas de tratamiento de aguas residuales4.

Señaló que la planta de tratamiento de aguas residuales5 de La Ceiba presenta deficiencias en el canal de aproximación, las rejillas, la trampa de grasas, el desarenador y los lechos de secado, además, su filtro percolador primario no cuenta con una adecuada estructura de distribución, su filtro percolador secundario está obstruido en los orificios de salida y es necesario retirar el material sobrenadante.

Indicó que el aliviadero de la PTAR de la vereda Chicalá se construyó incumpliendo los requerimientos técnicos y, aunado a ello, no se realiza el retiro del material granulométrico sedimentado en el fondo y el agua residual es vertida por medio de tubería de concreto a un cauce natural del río Totare.

Expuso que la laguna de estabilización de la PTAR paradero Chipalo esta cubierta por material vegetal flotante y el agua residual tratada es vertida por medio de tubería al río Chipalo.

4 PTAR La Ceiba (Urbana), PTAR Vda. Chicalá, PTAR Paradero Chipalo, PTAR Guataquisito, Pozo Séptico Villa Tamal y Lagunas de Estabilización Doima – Coburgos.

4 PTAR La Ceiba (Urbana), PTAR Vda. Chicalá, PTAR Paradero Chipalo, PTAR Guataquisito, Pozo Séptico Villa Tamal y Lagunas de Estabilización Doima – Coburgos. 5 En adelante PTAR.4

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Afirmó que el agua residual tratada de la PTAR Guataquisito es vertida el río Magdalena.

Adujo que la unidad de pretratamiento de las lagunas de estabilización Doima – Coburgos se encuentra deteriorada, carece de un aliviadero que evacue los excesos y de una estructura de aforo , su capacidad hidráulica es insuficiente en la tubería de salida para la evacuación de aguas residuales, las lagunas de estabilización tienen presencia de gran cantidad de material sedimentado y material sobrenadante y la descarga de las aguas residuales al cauce del río Opia se realiza mediante un canal abierto en tierra con presencia de olores fuertes.

Manifestó que el MUNICIPIO carece de plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV, toda vez que la Resolución núm. 1308 de 2008 que lo acogía perdió vigencia.

Señaló que, pese a tener conocimiento de la anterior situación, CORTOLIMA se limitó a realizar algunos requerimientos e iniciar algunas actuaciones administrativas sancionatorias, sin que ello sea

Señaló que, pese a tener conocimiento de la anterior situación, CORTOLIMA se limitó a realizar algunos requerimientos e iniciar algunas actuaciones administrativas sancionatorias, sin que ello sea suficiente para garantizar la protección de los derechos colectivos invocados.5

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Por lo anterior, solicitó que se decretaran las sigu ientes medidas cautelares: “[…] 1. Suspender de manera inmediata la ampliación de cobertura respecto del servicio público de alcantarillado a más suscriptores de hecho o de derecho y la emisión de certificaciones de disponibilidad del servicio público de a lcantarillado para nuevos desarrollos urbanísticos, en atención a que los sistemas de tratamiento de aguas residuales no cuentan con la capacidad suficiente para procesar los volúmenes que en la actualidad reciben e incumplen con los parámetros técnico – científicos previstos en las resoluciones MADS No. 631 de 2015 y MVDT No. 330 de 2017 y MVDT No. 844 de 2018.

2. Adelantar las acciones necesarias para iniciar ante Cortolima, todos los trámites encaminados a obtener los permisos de vertimiento de aguas residuales de sus sistemas de tratamiento de aguas residuales conocidos como: La Ceiba, Chicalá, paradero

Chipalo, Guataquicito, Villa Tamal y Coburgos […]”.

todos los trámites encaminados a obtener los permisos de vertimiento de aguas residuales de sus sistemas de tratamiento de aguas residuales conocidos como: La Ceiba, Chicalá, paradero Chipalo, Guataquicito, Villa Tamal y Coburgos […]”.

I.2.- Providencia objeto de cumplimiento

El Tribunal, en providencia de 1o. de marzo de 20 22, accedió parcialmente a la medida cautelar solicitada por la parte actora y ordenó:

“[…] PRIMERO.- ACCEDER parcialmente a la medida cautelar solicitada con la demanda, por lo que se ORDENA al alcalde del Municipio de Piedras inicie de forma inmediata las acciones necesarias para gestionar ante Cortolima, todos los trámites encaminados a obtener los permisos de vertimiento de aguas residuales de sus sistemas de tratamiento de aguas residuales conocidos como La Ceiba, Chicalá, paradero Chipalo, Guataquisito, Villa Tamal y Coburgos, debiendo adoptar las acciones de mantenimiento inmediatas sobre las PTARs Ceiba, Chipalo y Pozo6

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séptico Villa Tamal con la finalidad de evitar el vertimiento de aguas residuales a los cuerpos de agua sin tratamiento alguno.

SEGUNDO.- EXHORTAR a CORTOLIMA para que, dentro del marco de sus competencias, realice el acompañamiento en el desarrollo

residuales a los cuerpos de agua sin tratamiento alguno.

SEGUNDO.- EXHORTAR a CORTOLIMA para que, dentro del marco de sus competencias, realice el acompañamiento en el desarrollo de las anteriores acciones, debiendo impulsar también, de manera célere, los procesos administrativos que se adelanten, de tipo permisivo y sancionatorio a que hubiere lugar, con la finalidad de mitigar el riesgo que se viene presentando por el defectuoso funcionamiento de las citadas plantas […]”.

II.- EL INCIDENTE DE DESACATO

-. El Tribunal, mediante auto de 21 de noviembre de 2022, dispuso la apertura del incidente de desacató contra el señor Julio César Góngora Sánchez6, en su calidad de Alcalde del Municipio de Piedras y la señora Olga Lucía Alfonso Lannini, en su calidad de Directora de CORTOLIMA7.

-. El señor Julio César Góngora Sánchez, mediante oficio de 7 de diciembre de 202 2 visible en el índice 2 del expediente digital, manifestó que la Alcaldía Municipal, el 5 de abril de 2016, realizó

6 El auto de apertura del trámite incidental le fue notificado al alcalde mediante mensaje de datos enviado al correo alcaldia@piedras-tolima.gov.co, conforme consta en el índice 58 del expediente digital. Al respecto, se advierte que aun cuando dicha notificación no se practicó en debida forma, pues el mensaje no fue enviado al correo personal del funcionario, el hecho de que aquél hubiese intervenido en el incidente en nombre propio , cualquier irregularidad procesal quedó saneada, habida cuenta que el funcionario se enteró del proceso iniciado en su contra y, en consecuencia, ejerció en tiempo su derecho de defensa.

de que aquél hubiese intervenido en el incidente en nombre propio , cualquier irregularidad procesal quedó saneada, habida cuenta que el funcionario se enteró del proceso iniciado en su contra y, en consecuencia, ejerció en tiempo su derecho de defensa. 7 El auto de apertura del trámite incidental le fue notificado a la Directora de CORTOLIMA, Olga Lucía Alfonso Lannini, mediante mensaje de datos enviado a su correo personal olaalfonsoi@hotmail.com y al dispuesto por la entidad para el efecto, esto es, notificación.judicial@cortolima.gov.co, conforme consta en el índice 58 del expediente digital.7

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proceso de contratación para la formulación del PSMV del ente territorial, el cual fue elaborado por la empresa EXGEN S.A.S. E.S.P y entregado el 20 de octubre de ese año.

Señaló que el 9 de noviembre de 2016 radicó ante CORTOLIMA el documento correspondiente al PSMV del ente territorial actualizado, el cual reposa en el expediente núm. 17830.

Expuso que el 27 de junio de 2018 la Alcaldía Municipal requirió a CORTOLIMA para que informara sobre el estado del trámite del expediente núm. 17830.

Indicó que durante las vigencias de los años 2016 a 2021, la administración municipal suscribió 42 contratos con el objeto de

CORTOLIMA para que informara sobre el estado del trámite del expediente núm. 17830.

Indicó que durante las vigencias de los años 2016 a 2021, la administración municipal suscribió 42 contratos con el objeto de realizar mantenimiento y conservación de las plantas de tratamiento de aguas residuales objeto de la acción popular.

Afirmó que el 4 de junio de 2020, cuando formuló el plan de acción para ejecutar en la vigencia 2020-2023, priorizó la actualización del

PSMV.8

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Señaló que en abril de 2021 la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A E.S.P. publicó pliego de condiciones con la finalidad de “[…] contratar la ejecución de las actividades contempladas en el plan ambiental, relacionadas con el tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos, como parte de la gestión integr al de los mismos en el ámbito regional, y la elaboración de planes requeridos por los municipios vinculados al gestor […]”.

Expuso que la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A E.S.P. suscribió con el consorcio IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL el contrato núm. 062 de 8 de junio de 2021 para desarrollar las actividades indicadas en el pliego de

y Aseo del Tolima EDAT S.A E.S.P. suscribió con el consorcio IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL el contrato núm. 062 de 8 de junio de 2021 para desarrollar las actividades indicadas en el pliego de condiciones anteriormente mencionado.

Indicó que el 20 de octubre de 2022 solicitó el préstamo de un carro vactor a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado -IBAL con la finalidad de realizar intervenciones en las PTAR.

Afirmó que viene adelantando las acciones necesarias para gestionar ante CORTOLIMA todos los trámites encaminados a obtener los permisos de vertimiento de aguas residuales de sus sistemas de tratamiento de aguas residuales conocidos como La Ceiba, Chicalá,9

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paradero Chipalo, Guataquisito, Villa Tamal y Coburgos, por lo que radicó ante CORTOLIMA el respectivo PSMV.

-. La señora Olga Lucía Alfonso Lannini , a través de la oficina jurídica de la entidad, manifestó que CORTOLIMA realizó en los años 2020 y 2021 inversiones por la suma de $1.011.909.870,06 con la finalidad de mejorar el saneamiento básico en el Municipio.

Señaló que celebró el convenio interadministrativo núm. 0520 de 10

2020 y 2021 inversiones por la suma de $1.011.909.870,06 con la finalidad de mejorar el saneamiento básico en el Municipio.

Señaló que celebró el convenio interadministrativo núm. 0520 de 10 de diciembre de 2020 con el MUNICIPIO con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, económicos, logísticos y humanos para contratar el mejoramiento básico del río Opia con la reposición del emisario final de la PTAR Chicalá y suscribió el contrato de obra núm. LP-001 de 5 de febrero de 2021 con tal objetivo, el cual fue ejecutado en su totalidad, según informe de 15 de marzo de 2022.

Respecto de la evaluación y seguimiento del PSMV expuso que viene adelantando el trámite para su aprobación el cual fue radicado en mayo de 2022, sin que en la actualidad se haya elaborado el informe técnico de evaluación correspondiente.10

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Indicó que realizó cuatro mesas de trabajo el 3 de septiembre y 2 de diciembre de 2021 y el 13 y 31 de enero de 2022, con la finalidad de verificar las obligaciones del MUNICIPIO respecto de la carga de descontaminación, el vencimiento del PSMV y el estado de las PTAR.

III. FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA CONSULTADA

verificar las obligaciones del MUNICIPIO respecto de la carga de descontaminación, el vencimiento del PSMV y el estado de las PTAR.

III. FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA CONSULTADA

El Tribunal, en providencia de 2 de febrero de 202 3, declaró en desacato al señor Julio César Góngora Sánchez, en su calidad de Alcalde del Municipio de Piedras y a la señora Olga Lucía Alfonso Lannini, en su calidad de Directora de CORTOLIMA, por no cumplir lo ordenado en la providencia de 1o. de marzo de 2022 y, en consecuencia, los sancionó con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sostuvo que de la revisión de las pruebas obrantes en el expediente se desprendía que los incidentados solo habían realizado gestiones de menor importancia dirigidas a dar cumplimiento a las órdenes impartidas en el auto de 1o. de marzo de 2022, pese a que había transcurrido casi un año desde que fue notificado a las partes en el proceso. Indicó que el MUNICIPIO no acreditó la realización de gestión11

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alguna encaminada a tramitar los permisos de vertimiento de aguas residuales de sus sistemas de tratamiento de aguas residuales

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alguna encaminada a tramitar los permisos de vertimiento de aguas residuales de sus sistemas de tratamiento de aguas residuales conocidos como La Ceiba, Chicalá, paradero Chipalo, Guataquisito, Villa Tamal y Coburgos, ni demostró ejecutar su correspondiente mantenimiento.

Manifestó que los contratos para el mantenimiento y conservación de las plantas de tratamientos de aguas residuales aportados por el MUNICIPIO en su informe corresponden a una época anterior a la que fue proferido el auto de 1 o. de marzo de 2022, esto es , a las vigencias de los años 2016 a 2021.

Señaló que del informe técnico realizado el 29 de septiembre de 2022 por l a Ingeniera Ambiental Paula Dayana Silva Gutiérrez y la Ingeniera Civil Maribel Sanabria Antolínez, funcionarias de CORTOLIMA, se desprendía que no se ha n realizado labores de mantenimiento en las PTAR del MUNICIPIO y que algunas de ellas se encuentran en estado de abandono.

Expuso que CORTOLIMA no allegó elementos probatorios encaminados a demostrar que viene realizando acompañamiento al MUNICIPIO para la obtención de los permisos de vertimiento de12

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aguas residuales ni que acrediten que impuls ó los procesos

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aguas residuales ni que acrediten que impuls ó los procesos administrativos con la finalidad de mitigar el riesgo ocasionado por el defectuoso funcionamiento de las PTAR.

Manifestó que las pruebas aportadas por CORTOLIMA al incidente demuestran que adelantó algunas actuaciones administrativas sancionatorias contra el MUNICIPIO; sin embargo, estas datan de fechas anteriores al decreto de la medida cautelar objeto de revisión.

Afirmó que pese a que han transcurrido más de 7 meses des de que el MUNICIPIO radicó su PSMV, la autoridad ambiental no ha cumplido con la carga de elaborar el correspondiente informe técnico de evaluación, lo que denota la falta de celeridad en dicho trámite administrativo.

Expuso que CORTOLIMA tampoco ha realizado actuación alguna encaminada a solucionar la problemática de las PTAR, pese a que desde el mes de septiembre de 2022 tiene conocimiento de que “[…] Debido al grado de deterioro y falta de mantenimiento que se evidenció en los seis sistemas de tratamiento, se pude establecer que no cuentan las características para una eficiente remoción y reducción de la carga de contaminantes que traen dichas aguas13

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residuales; de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 0631 de 2015 […]”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El incidente de desacato en acciones populares

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19988, hay desacato cuando se incumple una orden proferida en el curso del trámite de la acción popular, habiéndose superado los términos concedidos para su ejecución. La citada norma indica:

“Artículo 41. Desacato.

La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables e n arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial , mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien deci dirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción. La consulta se hará en el efecto devolutivo” (Resaltado de la Sala).

8 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

tres (3) días si debe revocarse o no la sanción. La consulta se hará en el efecto devolutivo” (Resaltado de la Sala).

8 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.”14

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De la disposición transcrita se colige que la finalidad del desacato no es otra que la de persuadir al responsable de que cumpla con la orden judicial.

Cabe resaltar que el juez cuenta con otros mecanismos para lograr el acatamiento de sus decisiones, como lo es la facultad que tiene para tomar las medidas necesarias para la verificación del cumplimiento del fallo y la ejecución de la sentencia 9; no obstante, dichas competencias quedan a salvo respecto de la sanción por desacato, habida cuenta que ésta es una medida de carácter coercitivo para restaurar el orden constitucional quebrantado.

La sanción por desacato

Esta potestad correctiva del Juez de conocimiento para imponer la sanción (multa conmutable en arresto), está limitada por dos requisitos, a saber: i) que se verifique el incumplimiento de la orden

9 Al respecto señala el artículo 34 de la Ley 472: “…En la sentencia el Juez señalará un plazo

sanción (multa conmutable en arresto), está limitada por dos requisitos, a saber: i) que se verifique el incumplimiento de la orden

9 Al respecto señala el artículo 34 de la Ley 472: “…En la sentencia el Juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente culminar su ejecución. En dicho término el Juez conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo”.15

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judicial, y ii) que se determine la responsabilidad subjeti va del demandado en la renuencia para acatarla.

Así lo ha precisado la Jurisprudencia de la Sala10 al señalar que no es suficiente para sancionar que se haya inobservado el plazo concedido para la atención de la orden impartida, sino que debe probarse la negligencia de la persona encargada de su cumplimiento, lo que garantiza que no se presuma la responsabilidad por el sólo hecho del desacato.

para la atención de la orden impartida, sino que debe probarse la negligencia de la persona encargada de su cumplimiento, lo que garantiza que no se presuma la responsabilidad por el sólo hecho del desacato.

Naturalmente, si la sanción implica la comprobación de una responsabilidad subjetiva, en el procedimiento para imponerla se destacan primordialmente los elementos propios del régimen sancionatorio, verbigracia, los grados y modalidad de la culpa o negligencia con que haya actuado el funcionario, las posibles circunstancias de justificación, agravación o atenuación de la conducta, y por supuesto, el derecho de defensa y contradicción.

Todo lo anterior supone que la sanción por desacato a la orden judicial de una acción popular, se enmarca en el régimen

10 Ver entre otras, sentencia de 24 de noviembre de 2005, Expediente 2000 -3508, y sentencia de 10 de mayo de 2004, Expediente 2003-90007, con ponencia del Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.16

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sancionatorio personal y no institucional11; de lo que se colige que la multa conmutable en arresto señalada en el artículo 41 de la citada Ley 472, procede respecto de la persona responsable del incumplimiento y no de la autoridad o entidad pública, genéricamente considerada.12

multa conmutable en arresto señalada en el artículo 41 de la citada Ley 472, procede respecto de la persona responsable del incumplimiento y no de la autoridad o entidad pública, genéricamente considerada.12

El cumplimiento de la sentencia: finalidad del desacato

La Jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional, como de esta Corporación, ha sido reiterativa en afirmar que la finalidad del incidente de desacato no es la imposición de la sanción en sí misma, sino que debe considerarse como una de las formas de bus car el cumplimiento de la respectiva sentencia.

En la sentencia T-652 de 2010 13, la Corte Constitucional indicó, en relación con la finalidad del desacato, que:

“[…] El objetivo de la sanción de arresto y multa por desacato es el de lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el Juez de amparo para la efectiva protección de los derechos… El objeto del incidente de desacato, de acuerdo a la Jurisprudencia de esta Corporación, se centra en conseguir que el obligado obedezca la orden impuesta en la providencia… Por tal motivo, la finalidad del mencionado incidente no es la imposición de una sanción en sí misma sino una de las

11 Sobre este asunto en particular, consúltese la providencia de 4 de agosto de 2011, Expediente núm. 2003 01043 02, Consejera ponente María Elizabeth García González. 12 En efecto, la norma expresa “La persona que incumpliere una orden judicial… incurrirá en multa… conmutable en arresto. El sujeto pasivo del arresto, sólo puede ser una persona natural.

12 En efecto, la norma expresa “La persona que incumpliere una orden judicial… incurrirá en multa… conmutable en arresto. El sujeto pasivo del arresto, sólo puede ser una persona natural. 13 Reiterada en la sentencia T -606 de 2011. Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.17

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formas de buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia […]” (Resaltado de la Sala).

Por su parte, esta Sala de Decisión, en providencia de 27 de septiembre de 2012 (Expediente 2011-00047-02),14 señaló:

“[…] Ahora bien, es menester precisar que la finalidad del desacato en las acciones constitucionales no es otra que la de garantizar la efectividad de los derechos objeto de protección, persuadiendo al responsable de que cumpla con la respectiva orden judicial. Es decir, que se trata de una de las herramientas con las que cuenta el Juez para lograr dicho cometido. De ahí que, además de imponer una multa conmutable en arresto, con ocasión de la desatención de la orden de amparo, el fallador tiene la obligación de velar por el cabal cumplimiento del mismo, asegurándose de que cese la vulneración o amenaza de los derechos […]” (Resaltado de la Sala).

Y en la providencia de 16 de octubre de 2014 (Expediente 2014cumplimiento del mismo, asegurándose de que cese la vulneración o amenaza de los derechos […]” (Resaltado de la Sala).

Y en la providencia de 16 de octubre de 2014 (Expediente 201402396-02, Consejero ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno), la Sala indicó:

“[…] Por lo expuesto, no resulta viable acceder a las pretensiones de la entidad accionada, en el sentido de revocar la decisión en razón al cumplimiento del fallo durante el trámite de la consulta, toda vez que ello, desdibujaría el propósito del incidente de desacato y de la multa, no porque la razón de ser de éste sea la imposición de una sanción, pues la Jurisprudencia con suficiencia ha establecido que el fin último del incidente de desacato no es la sanción sino lograr el cumplimiento del fallo; sino porque, precisamente, al rehusarse la entidad a acatar la orden judicial y persistir en la vulneración de los derechos fundamentales del actor, el Juez Constitucional está en el deber de imponer la sanción para persuadir a la demandada a cumplir, en ejerci cio del poder disciplinario del Juez Constitucional [...]” (Resaltado de la Sala).

14 Reiterada en el proveído de 3 de abril de 2014, Expediente 2011 00160 01, Consejera ponente María Elizabeth García González.18

Número único de radicación: 73001-23-33-000-2021-00331-01

Actor: PROCURADOR JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIO PARA EL

TOLIMA

ponente María Elizabeth García González.18

Número único de radicación: 73001-23-33-000-2021-00331-01

Actor: PROCURADOR JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIO PARA EL

TOLIMA