CE - 012333000202100376011AUTOQUERESUEL20231031121045

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 50001-23-33-000-2021-00376-01

Demandante: VÍCTOR GABRIEL PARRA RODRÍGUEZ

Demandado: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS -ANTTema: Adjudicación de baldíos

Auto que resuelve recurso de apelación

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto de 1° de marzo de 2022 , adicionado en auto de 7 de marzo de 2023, por medio del cual el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso, en primera instancia, negó las medidas cautelares solicitadas.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. El señor Víctor Gabriel Parra Rodríguez, a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 13 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – en adelante CPACA-, presentó demanda en contra de la Agencia Nacional de Tierras -en adelante ANT -, con miras a obtener l as siguientes

declaraciones y condenas:

«[…] PRINCIPALES:

1. Que se declare la Nulidad de la Resolución número 5816 del 29 de abril del

Nacional de Tierras -en adelante ANT -, con miras a obtener l as siguientes declaraciones y condenas:

«[…] PRINCIPALES:

1. Que se declare la Nulidad de la Resolución número 5816 del 29 de abril del año 202 1, expedida por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras; suscrita por la Dra. JULIANA ELENA VENEGAS GOMEZ (sic), “Por la cual se resolvió una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado El Porvenir, ubicado en el Municipio de Puerto Gaitán – Meta y se ordenan otras actuaciones” y concretamente SE NIEGA la solicitud de adjudicación del señor VICTOR GABRIEL PARRA RODRIGUEZ (sic), quien se identifica con la cedula de ciu dadanía número (…), sobre el predio denominado EL BUFALO (sic), ubicado en la vereda El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán. Por haberse expedido la resolución 5816 del 29 de Abril del año 2021 vulnerando, infringiendo y desconociendo las normas aplicables y en que debía fundarse; por carecer de competencia la subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas; una falsa motivación y la desviación de las atribuciones propias de la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con los hechos de la demanda, las2

Radicación: 50001-23-33-000-2021-00376-01

Demandante: Víctor Gabriel Parra Rodríguez

Demandado: Agencia Nacional de Tierras

normas quebrantas y el concepto de la violación que se exponen en la demanda.

Demandante: Víctor Gabriel Parra Rodríguez

Demandado: Agencia Nacional de Tierras

normas quebrantas y el concepto de la violación que se exponen en la demanda.

2. Que se declare la Nulidad, por las mismas causales invocadas en el numeral anterior, del acto ficto o presunto que se consolidó producto del silencio administrativo de la parte demandada al no responder dentro de los términos legales el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 5816 del 2021 y con el cual se agotó la vía gubernativa.

3. Que se declare que el Señor VICTOR GABRIEL PARRA RODRIGUEZ (sic), cumple con todos los requisitos legales para que se le adjudique el predio denominado EL BUFALO (sic) , ubicado en la vereda del El Porvenir, del municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta.

4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ADJUDIQUE el predio baldío denominado “EL BUFALO” (sic) al VICTOR GABRIEL PARRA RODRIGUEZ (sic), quien se identifica con la cedula de ciudadanía número (…), cuyos linderos específicos están determinados en la referida resolución 5816 del 29 de abril 2021 en los siguientes términos (…) Que hace parte del predio denominado MI LLANURA con número de matrícu la inmobiliaria Nos. 234 –

8008.

5. Que se ordene la inscripción de la sentencia que acceda a las pretensiones de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria No. 234 – 8008 de la oficina de Registro de Instrumentos públicos de Puerto López.

SUBSIDIARIAS:

de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria No. 234 – 8008 de la oficina de Registro de Instrumentos públicos de Puerto López.

SUBSIDIARIAS:

1. Que se declare la Nulidad de la Resolución número 5816 del 29 de Abril del año 202 1, expedida por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras; suscrita por la Dra. JULIANA ELENA VENEGAS GOME Z (sic), “Por la cual se resolvió una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado El Porvenir, ubicado en el Municipio de Puerto Gaitán – Meta y se ordenan otras actuaciones” y concretamente SE NIEGA la solicitud de adjudicación del señor VICTOR GABRIEL PARRA RODRIGUEZ (sic), quien se identifica con la cedula de ciudadanía número (…), sobre el predio denominado EL BUFALO

(sic), ubicado en la vereda El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán, por haberse expedido la resolución 5816 del 29 de Abril del año 2021 vulnerando, infringiendo y desconociendo las normas aplicables y en que debía fundarse; por carecer de competencia la subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas; una falsa motivación y la desviación de las atribuciones propias de la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con los hechos de la demanda, las normas quebrantas y el concepto de la violación que se exponen en la demanda.

2. Que se declare la Nulidad, por las mismas causales invocadas en el numeral anterior, del acto ficto o presunto que se consolidó producto del silencio

normas quebrantas y el concepto de la violación que se exponen en la demanda.

2. Que se declare la Nulidad, por las mismas causales invocadas en el numeral anterior, del acto ficto o presunto que se consolidó producto del silencio administrativo de la parte demandada al no responder dentro de los términos legales el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 5816 del 2021 y con el cual se agotó la vía gubernativa.

3. Que se declare que el Señor VICTOR GABRIEL PARRA RODRIGUEZ (sic), cumple con todos los requisitos legales para que se le adjudique el predio denominado EL BUFALO, ubicado en la vereda del El Porvenir, del municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta.3

Radicación: 50001-23-33-000-2021-00376-01

Demandante: Víctor Gabriel Parra Rodríguez

Demandado: Agencia Nacional de Tierras

4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ORDENE a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – DIRECCIÓN DE ACCESO DE TIERRAS, que en el término perentorio de DIEZ (10) DÍAS, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, ADJUDIQUE el predio baldío denominado “EL BUFALO” al señor VICTOR GABRIEL PARRA RODRIGUEZ (sic), quien se identifica con la cedula de ciudadanía número (…), cuyos linderos específicos están determinados en la referida resolución 5816 del 29 de Abril del año 2021 en los siguientes términos (…) Que hace parte del predio denominado MI LLANURA con número de matrícula inmobiliaria No. 234 – 8008.

están determinados en la referida resolución 5816 del 29 de Abril del año 2021 en los siguientes términos (…) Que hace parte del predio denominado MI LLANURA con número de matrícula inmobiliaria No. 234 – 8008.

6. (sic) Que, como consecuencia de la adjudicación, una vez ejecutoriada la resolución, se ordene a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS –DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria No. 234 – 8008 de la oficina de Registro de Instrumentos públicos de Puerto López. […] (negrilla del texto original).

2. El conocimiento del asunto le correspondió , en primera instancia , al Tribunal Administrativo del Meta. El magistrado conductor del proceso, a través de auto de 25 de enero de 2022, admitió la demanda y ordenó que se surtieran los trámites de ley.

I.2. La solicitud de medida cautelar

3. La parte demandante, en escrito separado, presentó solicitud de medida cautelar consistente en: (i) que se decrete la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución No. 5816 del 29 de abril de 2021 «Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado El Porvenir, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones», acto administrativo suscrito por la Subdirectora de Acceso a Tierras en Zona Focalizadas de la ANT, y (ii) que se ordene a la ANT que mantenga la situación fáctica de ocupación y explotación económica que viene desarrollando sobre el predio «El Búfalo», ubicado en la Vereda «El Porvenir» del

mantenga la situación fáctica de ocupación y explotación económica que viene desarrollando sobre el predio «El Búfalo», ubicado en la Vereda «El Porvenir» del municipio de Puerto Gaitán (Meta), hasta tanto se resuelva de fondo de la controversia.

I.2.1. Medida cautelar de suspensión provisional

4. La parte accionante manifestó que la solicitud que dio inicio al procedimiento administrativo de adjudicación del terreno baldío denominado el « El Búfalo » se radicó ante el extinto Instituto Colomb iano de Desarrollo Rural – Incoder- (hoy Agencia Nacional de Tierras) el 3 de junio de 2016 . Situación fáctica que, en su criterio y de acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 81 del Decreto Ley 902 de 2017 1, hacía imperativo que su situación jurídica fuese definida conforme con las reglas de la Ley 160 de 19942.

1 «Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras».

2 «Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones».4

Radicación: 50001-23-33-000-2021-00376-01

Demandante: Víctor Gabriel Parra Rodríguez

Demandado: Agencia Nacional de Tierras

5. Así las cosas, y comoquiera que la petición de adjudicación del referido baldío fue resuelta por la ANT con base en los parámetros del Decreto Ley 902 de 2017,

Demandado: Agencia Nacional de Tierras

5. Así las cosas, y comoquiera que la petición de adjudicación del referido baldío fue resuelta por la ANT con base en los parámetros del Decreto Ley 902 de 2017, considera que existe una violación flagrante del ordenamiento jurídico, en tanto que el caso concreto fue res uelto con fundamento en una norma jurídica que no le era aplicable.

6. A su vez, señaló que en la resolución acusada se «mal interpretó» el artículo 67 de la Ley 160 de 1994 , al considerar que el predio « El Búfalo» era un bien baldío de carácter reservado , dado que el área general de dicho predio no sobrepasa la Unidad Agrícola Familiar -UAFprevista en la Resolución No. 041 de 1996, expedida por el Incoder, y que corresponde a la Zona Relativamente Homogénea No. 7Sabanas 2, modificado por el Acuerdo No. 140 del 2008.

7. En ese sentido, afirmó que, para efectos de la delimitación de la Unidad Agrícola Familiar antes referida, se tom ó como punto de referencia el predio de mayor extensión denominado «El Porvenir», el cual no existe jurídicamente y al que se le atribuyó una extensión de más de 25.000 hectáreas , cuando la realidad es que el predio «El Búfalo» -objeto de ocupacióntiene un área de 641 hectáreas + 7.652 m2, lo que hace procedente su adjudicación en los términos de la Ley 160 de 1994.

8. Por otra parte, arguyó que la parte demandada no debió aplicar el artículo 56 de

que hace procedente su adjudicación en los términos de la Ley 160 de 1994.

8. Por otra parte, arguyó que la parte demandada no debió aplicar el artículo 56 de la Ley 160 de 1994 , norma que establece que los inmuebles que ingresen al dominio de la Nación en virtud de la declaratoria de extinción de dominio ingresan con el carácter de baldíos reservados.

9. Lo anterior, porque conforme con la Resolución No. 6423 del 20143, los 27 bienes que regresaron al patrimonio del Estado como baldíos, entre estos el denominado «El Búfalo», no lo hicieron en virtud de una declaratoria de extinción de dominio sino como consecuencia de un acto administrativo de revocatoria directa expedido por el entonces Incoder, razón suficiente para considerar que dicho predio retornó al Estado como un bien baldí o, respecto del cual era procedente su adjudicación en los términos de la Ley 160 de 1994.

10. Aseguró que hubo una indebida interpretación del artículo 25 del Decreto 902 de 2017, porque el predio «El Búfalo» se encontraba debidamente ocupado en los términos de la Ley 160 de 1994 y, por ende, sí era procedente adjudicar el mism o en favor del accionante.

11. Asimismo, argumentó que no se debió aplicar el numeral 3° del artículo 48 de la Ley 160 de 1994 , porque esta disposición normativa no señala que la indebida ocupación de baldíos conlleva a establecer la connotación de baldíos reservados.

3 «Por la cual se deciden unos p rocesos de revocatoria directa», acto administrativo suscrito por el Subgerente de Tierras

ocupación de baldíos conlleva a establecer la connotación de baldíos reservados.

3 «Por la cual se deciden unos p rocesos de revocatoria directa», acto administrativo suscrito por el Subgerente de Tierras Rurales del Incoder.5

Radicación: 50001-23-33-000-2021-00376-01

Demandante: Víctor Gabriel Parra Rodríguez

Demandado: Agencia Nacional de Tierras

12. En esa misma línea argumentativa, indicó que la Corte Constitucional en la sentencia SU-426 de 2016 no reconoció derechos a los ocupantes históricos del predio «El Porvenir », sino que ordenó censar a la población ocupante de los terrenos baldíos y definir quiénes serían sujetos de reforma agraria, conforme a lo dispuesto en l a Ley 160 de 1994, para así adelantar e impulsar los procesos de adjudicación de bienes baldíos , por lo que considera que, al demostrarse la ocupación legítima del predio baldío «El Búfalo» , sí podía ser objeto de adjudicación.

13. Por otra parte, manifestó que la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la ANT no tenía competencia para proferir el acto demandado porque no inscribió el predio objeto de análisis en la Oficina de Instrumentos Públicos como una zona focalizada, de acuerd o con el parágrafo del artículo 40 del Decreto Ley 902 del 2017.

14. Finalmente, la Sala pone presente que l a parte actora invocó como norma s superiores transgredidas los artículos 12, 25, 44, 58 y 64 de la Constitución Política;

del Decreto Ley 902 del 2017.

14. Finalmente, la Sala pone presente que l a parte actora invocó como norma s superiores transgredidas los artículos 12, 25, 44, 58 y 64 de la Constitución Política; sin embargo, no desarrolló, ni siquiera sumariamente, cuáles eran los fundamentos fácticos y jurídicos de dicha vulneración.

I.2.2. Medida cautelar conservativa

15. De otro lado, solicitó que se ordene a la ANT que mantenga la situación fáctica de ocupación y explotación económica que viene desarrollando sobre el predio «El

Búfalo», señaló textualmente lo siguiente:

[…] Negar la medida cautelar implica el despojo de la tierra que desde hace más de 10 años ha si do ocupada y explotada económicamente por el demandante, haciendo imposible la congrua subsistencia de esta familia, pues a la fecha la ANT, como se dijo atrás y se acreditara probatoriamente, adelanta el trámite administrativo para cumplir con la recupera ción del baldío ocupado por el demandante, que fue ordenada en la resolución objeto de ataque de nulidad.

Conceder la medida cautelar, implica ordenar a la ANT que mantenga la situación fáctica de ocupación y explotación económica que viene desarrollando el demandante VÍCTOR GABRIEL PARRA RODRÍGUEZ sobre el predio “EL BUFALO” hasta tanto se resuelva de fondo el presente proceso administrativo, es una garantía qu e se enmarca dentro de la filosofía natural de las medidas cautelares.

Finalmente, el no otorgarse la medida causa un perjuicio irremediable por

proceso administrativo, es una garantía qu e se enmarca dentro de la filosofía natural de las medidas cautelares.

Finalmente, el no otorgarse la medida causa un perjuicio irremediable por cuanto se materializa el desalojo de predio ocupado del aquí demandante situación fáctica que lleva consigo la perdida de la ocupación ejercida sobre el predio e igualmente la perdida de todas las mejoras que se han sembrado allí y que necesariamente además de tener la finalidad de cumplir con la explotación económica que exige la ley para hacer viable la adjudicación, representa el único patrimonio del demandante y su familia, es su proyecto de vida y subsistencia, lo que claramente constituiría un perjuicio irremediable, más cuando el Estado no tiene la capacidad logística de asumir el cuido y custodia6

Radicación: 50001-23-33-000-2021-00376-01

Demandante: Víctor Gabriel Parra Rodríguez

Demandado: Agencia Nacional de Tierras

de los benes baldíos en el país, y este es un hecho de público conocimiento, lo que terminaría en la invasión por pate de terceros al predio; ataques que en el pasado ha repelido el hoy ocupante. […] (negrillas fuera del texto).

I.3. Traslado de las medidas cautelares

16. El apoderado judicial de la ANT indicó que de accederse a la presente medida cautelar se impediría el propósito y funciones de la Agencia Nacional de Tierras, cuyo objeto es, entre otros, el administrar, disponer y lograr la seguridad jurídica de los predios rurales de propiedad de la Nación, bajo el mandato constitucional de llevar a cabo el acceso progresito y equitativo de la tierra.

cuyo objeto es, entre otros, el administrar, disponer y lograr la seguridad jurídica de los predios rurales de propiedad de la Nación, bajo el mandato constitucional de llevar a cabo el acceso progresito y equitativo de la tierra.

17. Manifestó que , dadas las connotaciones particulares del predio de mayor extensión conocido como «El Porvenir», y su naturaleza jurídica de baldío, otorgar la medida cautelar deprecada imposibilitaría el desarrollo y culminación de las labores y ges tiones adelantadas por la ANT en cumplimiento a la Sentencia SU426 de 2016 proferida por la Corte Constitucional; labores que pretenden garantizar el cumplimiento de lo ordenado en la instancia judicial en favor de la población campesina amparada y la ma yor parte del restante de ocupantes del predio en igualdad de condiciones.

18. Lo anterior, teniendo en cuenta que «[…] se encuentra probado que las áreas ocupadas y solicitadas por el aquí demandante, exceden por mucho la UAF definida para la asignación de derechos de propiedad rural dentro del predio conocido actualmente como “El Provenir ”; conforme al “Informe Agronómico sobre Determinación Unidad Agrícola Familiar Predial, Predio El Porvenir, Puerto Gaitán, Meta”; elaborado por la Agencia Nacional de Tierras […]» (negrillas fuera del texto).

19. Como sustento de esta última premisa, señaló que el actor ocupa actualmente un área de 641 Hectáreas + 7652 m2, siendo la extensión máxima de UAF permitida 87,7577 hectáreas, con lo cual es claro que se excede en más de 7 veces la UAF predial definida para realizar una distribución equitativa de la tierra en el territorio.

87,7577 hectáreas, con lo cual es claro que se excede en más de 7 veces la UAF predial definida para realizar una distribución equitativa de la tierra en el territorio.

20. Agregó que «[…] esto muestra claramente que adoptar eventuales decisiones que favorezcan la ocupación y adjudicación de grandes extensiones de tierra que excedan la UAF permitida por la autoridad de tierras impacta directamente, no solo en la ruta de acceso a tierra diseña da por la ANT para garantizar la adjudicación a la mayor cantidad posible de la población campesina aspirante y presente en el territorio, sino que representaría una afectación directa de sus intereses y garantías constitucionales, ya que en su mayoría son población campesina que carecen de los medios o recursos para sufragar los gastos de un apoderado judicial, por ejemplo

[…]».7

Radicación: 50001-23-33-000-2021-00376-01

Demandante: Víctor Gabriel Parra Rodríguez

Demandado: Agencia Nacional de Tierras

II. LA PROVIDENCIA APELADA

21. El a quo, a través de proveído de 1° de marzo de 2022 -adicionado en auto de 7 de marzo de 2023-, denegó las medidas cautelares solicitadas en el líbelo introductorio, con fundamento en: (i ) que no era procedente dar aplicación a las reglas establecidas en la Ley 160 de 1994, toda vez que la ANT advirtió que la ocupación alegada por el aquí demandante se dio de manera indebida; (ii) que la orden dictada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-426 de 2016 hacía imperativo que la adjudicación del predio «El Porvenir» se diera en condiciones que permitieran el

alegada por el aquí demandante se dio de manera indebida; (ii) que la orden dictada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-426 de 2016 hacía imperativo que la adjudicación del predio «El Porvenir» se diera en condiciones que permitieran el acceso a la tierra de la población camp esina menos favorecida , y (iii) que no se probó la existencia de los perjuicios alegados.

22. La autoridad judicial de primera instancia, como sustentó de su decisión, expuso

lo siguiente:

[…] En ese orden, del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas invocadas o del estudio de las pruebas allegadas, no se logra establecer, en esta etapa primigenia del proceso, que tales disposiciones fueron violadas por parte de la entidad demandada ANT.

A la anterior conclusión se llega luego de revisar las consideraciones contenidas en la Resolución No. 5816 de 202 1, donde claramente se indicó que, aunque el artículo 27 del Decreto Ley 902 de 2017 consagra que, en caso de ocupaciones iniciadas con anterioridad al 29 de mayo de 2017, podrán las adjudicaciones ser resueltas con las normas de la Ley 160 de 1994 o con las del Decreto Ley 902, según sea lo más favorable al ocupante, en todo caso se exige que la ocupación se realice de manera regular, es decir, que no se puede pretender la aplicación del régimen de transición cuando las ocupaciones en el marco de la Ley 160 de 1994 sean calificadas como indebidas.

(…)

En este punto, cabe recordar lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-426 de 2016, en la que amparó los derechos fundamentales

indebidas.

(…)

En este punto, cabe recordar lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-426 de 2016, en la que amparó los derechos fundamentales al acceso a la tierra y el territorio en favor de los campesinos que, cumpliendo con los requisitos dispuestos en la Ley 160 de 1994, sean sujetos de reforma agraria, y de quienes tengan derecho a la restitución de tierras, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011, para lo cual, entre otras, ordenó adelantar la recuperación material de los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 2014, es decir, los bienes inmuebles que hacen par te del denominado predio de mayor extensión El Porvenir, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

(…)

Por ende, respecto de la solicitud de medidas cautelares de suspensión provisional del acto administrativo demandado, no se observa que los documentos allegados den valor probatorio a considerar que sea violatorio de la normas jurídicas invocadas, pues se observa que la ANT tuvo en consideración al momento de expedir la resolución N°6914 del 13 de agosto de 2020, criterios contenidos tanto en la Ley 160 de 1994, como el Decreto Ley 902 de 2017, entre otros, al momento de resolver solicitud de adjudicación de baldíos, además, se evidencia, según hoja 26 y 27 del acto administrativo demandado, que se hizo un análisis sobre la ocupación ejercida8

Radicación: 50001-23-33-000-2021-00376-01

Demandante: Víctor Gabriel Parra Rodríguez

Demandado: Agencia Nacional de Tierras

administrativo demandado, que se hizo un análisis sobre la ocupación ejercida8

Radicación: 50001-23-33-000-2021-00376-01

Demandante: Víctor Gabriel Parra Rodríguez

Demandado: Agencia Nacional de Tierras

por l a parte demandante. Es necesario indicar que, de dicho análisis, no se puede establecer o determinar en tan temprana etapa, si el acto administrativo en cuestión se ajusta a los parámetros legales que establece la ley o si por el contrario carece de estos, desvirtuando así su presunción de legalidad.

En ese orden, desarrollando la confrontación de los actos demandados y las normas que se aducen como vulneradas, no puede concluirse, en esta etapa procesal con los límites que la misma impone, la trasgresión de las normas invocadas.

En tal virtud, no es viable el decreto de la cautela solicitada, toda vez que se requiere contar con todos los elementos probatorios pertinentes para concluir, en esta etapa primigenia, que hay lugar a acceder a la suspensión de los efectos de los actos administrativos demandados.

Aunado a lo anterior, como en el sub lite se adelanta por el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, se advierte que la solicitud de medida cautelar no cumple con el requisito exigido en la parte final del primer inciso del artículo 231 del CPACA, toda vez que no se observa probada la existencia de los perjuicios alegados por la parte demandante, pues tanto en la demanda como en la solicitud de medida cautelar se limita a afirmar que estos se ocasionan, pero no se aporta prueba a lguna para corroborar su dicho, el menos sumariamente.

demanda como en la solicitud de medida cautelar se limita a afirmar que estos se ocasionan, pero no se aporta prueba a lguna para corroborar su dicho, el menos sumariamente.

Bajo ese panorama, según lo ha señalado el Consejo de Estado, en apoyo de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, el perjuicio irremediable debe ser inminente, grave, que, además, requiera de medidas urgentes e impostergables.

Para la parte actora , la no suspensión del acto administrativo demandado terminaría con la ocupación y explotación económica que viene desarrollando sobre el predio “ EL BUFALO” que, en su criterio, es de su propiedad y no del Estado; sin embargo, como en el sub examine apenas está en discusión la legalidad de los actos que iniciaron tal procedimiento y teniendo en cuenta que lo concerniente a la propiedad de ese predio en cuestión es un debate que todavía debe darse durante dicho procedimiento administrativo hasta antes de su culminación, se evidencia que no se cumple la condición del artículo 231.4, literal a), del CPACA, consistente que ál no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable.

En resumen, la solicitud de medida cautelar realizada por el actor tiene como fundamento la supuesta violación directa del contenido legal descrito en la constitución, la Ley 160 de 1994 y el decreto ley 902 de 2017, entre otros, aduciendo la no observancia de los requisitos señalados en dichas normas por parte de la ANT, discusió n que centra el objeto de la litis sin que de la misma se evidencie una violación flagrante y claramente contradictoria entre el acto demandado y la norma en mención.

dichas normas por parte de la ANT, discusió n que centra el objeto de la litis sin que de la misma se evidencie una violación flagrante y claramente contradictoria entre el acto demandado y la norma en mención.

Por lo anterior, encuentra el Despacho que la solicitud presentada por el demandante amerita que se continúe con el trámite del proceso y la Corporación al pronunciarse de fondo dirima lo aquí pedido. En consecuencia, se negará la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los actos demandado […] (negrilla fuera del texto).

23. En este punto es importar precisar que el entonces magistrado sustanciador del proceso en segunda instancia, previ amente a decidir el recurso de apelación9

Radicación: 50001-23-33-000-2021-00376-01

Demandante: Víctor Gabriel Parra Rodríguez

Demandado: Agencia Nacional de Tierras

incoado por la parte actora , adoptó una medida de saneamiento 4 consistente en devolver el expediente al tribunal de origen, con miras a que resolviera todos los fundamentos jurídicos que daban sustento a las cautelas deprecadas, concretamente, a que se pronunciara respecto de la presunta vulneración de los siguientes artículos de la Ley 160 de 1994: (i) del numeral 3° del artículo 48; (ii) del artículo 56, y (iii) del artículo 67; así como de los siguientes artículos del Decreto Ley 902 de 2017: (i) del parágrafo del artículo 40, y (ii) del artículo 25.

24. El a quo, en cumplimiento de la referida medida de saneamiento, profirió el auto de 7 de marzo de 2023, en el que resolvió lo siguiente:

24. El a quo, en cumplimiento de la referida medida de saneamiento, profirió el auto de 7 de marzo de 2023, en el que resolvió lo siguiente:

[…] Ahora bien, en primer lugar, cabe recordar que en el sub lite la parte demandante solicita la suspensión de la Resolución No. 58165 del 13 de Agosto del 20206, expedida por la entidad demandada AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (en adelante ANT); ello, argumentando que dicho acto administrativo negó ilegalmente la solicitud de adjudicación aplicando integralmente el Decreto 902 del 2017, pese a que correspondía dar continuidad al trámite y resolver de fondo la solicitud bajo los parámetros y condiciones previstas en la Ley 160 de 1994, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y el parágrafo del artículo 81 del Decreto 902 del 2017.

En ese orden, tenemos que, en el escrito de la demanda, como sustento de violación de las disposiciones invocadas en la misma, l o cual debe tenerse en cuenta a la hora de decidir sobre la prosperidad de la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo demandado, el apoderado de la parte actora manifestó que el numeral 3° del artículo 48 y artículo 56 de la Ley 160 de 1994 no tienen aplicación en el pres