CE - 012333000202100454011SENTENCIA20231114095523

Radicado: 68001-23-33-000-2021-00454-01 (27922)

Demandante: Martha Ligia Araque García

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D. C., nueve (09) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 68001-23-33-000-2021-00454-01 (27922)

Demandante: Martha Ligia Araque García

Demandada: DIAN

Temas: Sanción por no informar. Conducta infractora. Favorabilidad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 18 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que resolvió (índice 33 de Samai del tribunal)1:

Primero. Declarar la nulidad parcial de la Resolución nro. 900-010 de fecha 17 de diciembre de 2019, proferida por la … DIAN …, contra la señora Martha Ligia Araque García y la Resolución nro. 042362020000004, de fecha 24 de noviembre de 2020, proferida por la [demandada], por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración, conforme las razon es expuestas en la parte considerativa.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, se establece que la demandante por no enviar

la cual se resolvió el recurso de reconsideración, conforme las razon es expuestas en la parte considerativa.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, se establece que la demandante por no enviar información exógena deberá cancelar la suma de $69.066.710, en virtud del artículo 80 de la Ley 2277 de 2022, por ser más favorable.

Tercero. No condenar en costas a la demandada, conforme lo dispuesto en la parte motiva.

(…)

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante Resolución Sanción nro. 900.010 del 17 de diciembre del 2019, la demandada impuso multa equivalente al 5% de la información en medios magnéticos no reportada, relativa a las transacciones efectuadas en el año 2016 . Esta decisión fue confirmada mediante la Resolución nro. 042362020000004, del 24 de noviembre de 2020, al desatar el recurso de reconsideración (índice 28 Samai del tribunal).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

1 Todas las menciones de «índices» aluden al historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai.Radicado: 68001-23-33-000-2021-00454-01 (27922)

Demandante: Martha Ligia Araque García

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Demandante: Martha Ligia Araque García

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones (índice 1):

Primera. Que se declare la nulidad de la resolución nro. 900-010, de fecha 17 de diciembre del 2019, proferida por la [demandada] contra la señora [demandante], correspondiente a sanción por no dar información exógena por el año gravable renta 2016, equivalente a una sanción pecuniaria por la cuantía de … $345.334.000.

Segunda. Que se declare la nulidad de la Resolución nro. 042362020000004, de fec ha 24 de noviembre de 2020, proferida por la [demandada], por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración, confirmando en su integridad la sanción impuesta a mi poderdante …

Tercera. Que como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, se ordene que mi representada no debe pagar la sanción impuesta en los actos demandados en cuantía que asciende a … $345.334.000.

Cuarta. Que se condene a la [demandada] al pago de las costas procesales que se generen.

A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 29 de la Constitución;

10 de la Ley 26 de 1989; 28, 565, 631, 651, 691 del ET (Estatuto Tributario); 3.°, 30, 31, 39, 46 al 48 del Decreto 4048 de 2008 ; y las resoluciones nros. 0007 de 2008; 0011 de 2010; 003 de 2010; 084 de 2016 y 0016 de 2017, bajo el siguiente concepto de violación (índice 11 Samai del tribunal):

-Por el período gravable 2016 no había obligación de presentar información por medios magnéticos. Luego de precisa r que su actividad económica principal y única de los períodos 2014 y 2016 fue la comercialización o distribución minorista de combustibles derivados del petróleo, aseveró que no existía la obligación de reportar la información en medios magnéticos del período 2016, seguido de lo cual, transcribió la normativa que rige la forma de establecer los ingresos brutos del distribuidor en la venta de líquidos y derivados del petróleo (art. 10 de la Ley 26 de 1989), y apartes de la sentencia del 01 de marzo de 2018 (exp. 21543, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez) , así como del Oficio DIAN nro. 000477, del 16 de abril de 2018 , relativo a la posibilidad de detraer de los ingresos brutos los costos por el transporte de los combustibles líquidos [dicho cargo no puntualizó el alcance de su afirmación acerca de cuáles fueron sus ingresos o los costos que podía detraer según los ingresos percibidos].

-No existe facultad legal para iniciar la investigación. Manifestó que, de conformidad con

puntualizó el alcance de su afirmación acerca de cuáles fueron sus ingresos o los costos que podía detraer según los ingresos percibidos].

-No existe facultad legal para iniciar la investigación. Manifestó que, de conformidad con los artículos 684 y 688 del ET, la División de Fiscalización de la Seccional de Bucaramanga no tenía competencia para iniciar programas de fiscalización, que quien podía iniciar y ordenar la investigación era la Subdirección de Gestión de Fiscalización del nivel central, según los artículos 31, 38 y 46 del Decreto 4048 de 2008, por el cual se modifica la estructura de la DIAN, en concordancia con las resoluciones nro. 0009, del 04 de noviembre de 2008, y 003, del 05 de abril de 2020, esta última, que fijó las dependencias competentes para proponer programas de fiscalización.

-Indebida notificación de los actos administrativo s. Adujo que la Administración omitió enviar la citación para notificar personalmente el acto que desató el recurso de reconsideración dentro de los diez días siguientes a la citación, de acuerdo con el inciso 2.° del artículo 565 del ET.

-Falsa motivación de la sanción impuesta. Tras señalar el alcance de la falsa motivación, indicó que los actos acusados incurrían en falsa motivación, porque luego del pliego de cargos que propuso la multa por no enviar información en medios magnéticos por el año 2016, período sobre el que no se dio la información requerida , y tras haberse entregado la información, como lo conocieron los funcionarios, la demandada profirió un actoRadicado: 68001-23-33-000-2021-00454-01 (27922)

Demandante: Martha Ligia Araque García

la información, como lo conocieron los funcionarios, la demandada profirió un actoRadicado: 68001-23-33-000-2021-00454-01 (27922)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 aclaratorio para ajustar la base de cuantificación de la sanción, de tal forma que la demandada inicialmente fundamentó la sanción en cifras o val ores no contemplados legalmente. Aseguró que los funcionarios de la División de Gestión de Fiscalización que profirieron el acto sancionador reconocieron que fue reportada la información con ocasión del pliego de cargos, así que la base para establecer la multa debió ser la correspondiente a la infracción por información extemporánea o con errores -3% para la primera y 4% para la segunday no la de no haber reportado la información, conforme al artículo 631 del ET [cita la versión modificada por la Ley 181 9 de 2016] . A ese fin, refirió que el Consejo de Estado ha indicado que la subsanación de la conducta con la presentación de la información da lugar al archivo del pliego de cargos y la nueva proposición de un pliego por la irregularidad come tida al moment o de reportar la informaciónextemporaneidad o errores- (referenció la sentencia del 25 de septiembre de 2017, exp. 20800, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto); a pesar de ello, expuso que los funcionarios que suscribieron el acto sancionador aseguraron q ue no se presentó la información en medios magnéticos, aun cuando esta fue suministrada tras el pliego de cargos lo que,

que suscribieron el acto sancionador aseguraron q ue no se presentó la información en medios magnéticos, aun cuando esta fue suministrada tras el pliego de cargos lo que, según la actora, configura la falsa motivación de los actos.

-No existe daño al Estado . Al tenor de la sentencia C -160 de 1998 de la Corte Constitucional, considera que no podría imponérsele sanción, porque la información suministrada por el período 2016 tiene validez y sería oportuna para ser utilizada por las dependencias que ejercieran los controles fiscales frente a contribuyentes omisos o con declaraciones inexactas en los procesos hasta los años 2020 y 2022.

-La base para aplicar la sanción por no dar información en medios magnéticos no es correcta. Sostuvo que bajo la consideración d e que los comerciantes, distribuidores minoristas o detallistas de combustibles derivados del petróleo deben declarar ingresos brutos con base en el margen de comercialización y el número de galones vendidos en determinado período (art. 10, Ley 26 de 1989), la base para cuantificar la multa debía ser esa misma e invocó las reducciones de la sanción de los artículos 651 y 640 del ET, al tiempo que manifestó que le solicitó a la autoridad que estableciera legalmente la base para cuantificar la multa y las red ucciones de la sanción aplicables según los artículos 640 y 651 ídem para efectos de pagarla, pero que sin fundamento alguno la autoridad no quiso aceptar lo dispuesto en la norma tributaria.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda (índice 19 Samai del tribunal).

quiso aceptar lo dispuesto en la norma tributaria.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda (índice 19 Samai del tribunal). Sostuvo que la actora por el período gravable 2014 declaró ingresos brutos por $3.930.185.000, de ahí que al tenor de la Resolución nro. 112, del 29 de octubre de 2015, fuera obligada a reportar información en medios magnéticos por el año gravable 2016 en el plazo máximo del 23 de mayo de 2017 (art. 1.° de la Resolución nro. 016, del 15 de marzo de 2017 ); no obstante, esta no fue suministrada . Frente a la competencia para iniciar investigaciones, clarificó que según la Resolución nro. 0007, del 04 de noviembre de 2008, la competencia funcional y territorial de las direcciones seccionales se establece en función del domicilio de los contribuyentes, sin perjuicio de que, en virtud del Concepto nro. 098525, del 22 de diciembre de 1998, fuere puntualizado que para los casos de determinación y discusión de impuestos se interrelacionan los factores territorial, temporal y por calificación de distinta jurisdicción, a partir de lo cual el lugar de presentación de las declaraciones tributarias de la respectiva vigencia fiscal determinará la competencia de cada dirección seccional a los efectos de emitir los actos administrativos. Adicionalmente, expresó que la orden administrativa 003, del 05 de abril de 2010, fijó que el origen de las fiscalizaciones puede deberse a los enlistados en el

la competencia de cada dirección seccional a los efectos de emitir los actos administrativos. Adicionalmente, expresó que la orden administrativa 003, del 05 de abril de 2010, fijó que el origen de las fiscalizaciones puede deberse a los enlistados en el punto 5.2.1.1, dentro de ellos, órdenes emanadas de la Subdirección de Gestión deRadicado: 68001-23-33-000-2021-00454-01 (27922)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Fiscalización Tributaria, sin que tal competencia sea exclusiva de esa dependencia como lo aseguró la demandante.

Seguidamente indicó que, al tenor de los artículos 688 del ET y 46 y 47 del Decreto 4048 de 2008, corresponde al jefe de unidad de fiscalización proferir los actos de trámite a la aplicación de sanciones y a los funcionarios de esa unidad adelantar las actuaciones preparatorias a los actos de competencia del jefe de unidad . En función de ello, ratificó que la División de Gestión de Fiscalización de la DIAN Bucaramanga estaba facultada para expedir el auto de a pertura de la investigación contra la actora, por virtud del programa II incumplimiento de obligación de informar.

Respecto de la falsa motivación que adujo la demandante ante la expedición del acto aclaratorio del pliego de cargos, explicó que este acto administrativo fue emitido en virtud de la potestad para corregir errores aritméticos (art. 866 del ET) y dentro de la oportunidad

aclaratorio del pliego de cargos, explicó que este acto administrativo fue emitido en virtud de la potestad para corregir errores aritméticos (art. 866 del ET) y dentro de la oportunidad prevista en el artículo 638 ejusdem, sin que esto diera lugar a la causal de nulidad invocada, pues incluso tras ese acto nuevamente se le concedió a la demandante la oportunidad para contestar el acto preparatorio, lo cual hizo el 30 de septiembre de 2019, así que la multa se ajustó legalmente a las cifras y valores contenidos en la declaración del impuesto sobre la renta de 2016, presentada por la contribuyente. A continuación, explicó que, de conformidad con el artículo 651 del ET, la conducta cometida por la actora fue la omisión en la entrega de la información en medios magnéticos en el plazo conferido para ello, pero que el reporte de esta información tras el pliego de cargos no subsana la omisión, aunque sí atenúa la sanción (sentencias del 26 de marzo de 2009 y del 05 de abril de 2018, exps. 16169 y 22914, CPs: Héctor j. romero Díaz y Milton Chaves García). De esa forma, planteó que aunque se entregó la información luego del acto preparatorio ello no desaparecía la «extemporaneidad» y como no se acreditaron los requisitos para su reducción, procedía la sanción impuesta tasada conforme con el artículo 631 (let ras b., c., d., e., f., g., h., i. y k), y la Resolución 00112 del 29 de octubre de 2015.

Seguidamente, expuso que el daño se configura al afectar las funciones de fiscalización de la DIAN, por no contar con la información, lo que no le permite detectar inexactitudes

Seguidamente, expuso que el daño se configura al afectar las funciones de fiscalización de la DIAN, por no contar con la información, lo que no le permite detectar inexactitudes en lo declarado por los contribuyentes, y así adelantar las correspondientes actuaciones para el debido control de los tributo s y en ese mismo sentido lo ha reconocido la jurisprudencia del Consejo de Estado (sentencia del 27 de agosto de 2009, exp. 17025, CP: Héctor J. Romero Díaz). Igualmente, estimó que no estaba en discusión los ingresos brutos percibidos por la actora en el año 2014 provenientes de la comercialización o distribución minorista de combustibles derivados del petróleo, solo que la obligación de reportar la información en medios magnéticos, se había originado en haber superado el monto previsto por la ley para ese efecto [$500.000.000 en 2014 ]; Agregó que la solicitud de tener en cuenta la información exógena de MinMinas y la verificación de los ingresos brutos obtenidos en el período investigado, con lo cual se pretendía desvirtuar la base de la sanción, no eran pertinentes, ni conducentes para determinar la obligación de suministrar información, dado que esto provenía de la ley. Asimismo, expuso que no era posible tasar la sanción por no suministrar información sobre una base distinta a la determinada como lo pretende la recurrente, es decir sobre sus ingresos brutos obtenidos con base en el margen de comercialización y el número de galones vendidos en el periodo gravable, pues la omisión incurrida por la actora debía establecerse atendiendo a la información no s uministrada de pagos o abonos en cuenta , retenciones en la fuente practicadas, retenciones en la

incurrida por la actora debía establecerse atendiendo a la información no s uministrada de pagos o abonos en cuenta , retenciones en la fuente practicadas, retenciones en la fuente que le practicaron, ingresos recibidos en el año, valor del IVA descontable y generado por el año gravable 2016, saldo de los pasivos a 31 de diciembre de 2016, cuentas por cobrar, cuentas corrientes y/o de ahorro, e inversiones.Radicado: 68001-23-33-000-2021-00454-01 (27922)

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Sentencia apelada

El tribunal declaró la nulidad parcial de los actos acusados, solo para reducir la multa con los criterios de la Ley 2277 de 2022, en aplicación del principio de favorabilidad (índice 33 Samai del tribunal).

Atendiendo a la desconcentración de funciones de la demandada, estimó competente a la División de Gestión de Fiscalización de la seccional de Bucaramanga en el trámite del proceso sancionador contra la ac tora, sin desconocer la competencia atribuida a la Subdirección de Fiscalización a nivel nacional, pues en todo caso esas potestades aplican a las direcciones seccionales a nivel territorial, ya que no son exclusivas de la aludida subdirección.

Igualmente desestimó la falsa motivación de los actos, puesto que la aclaración del pliego de cargos para ajustar el monto de la multa surgió para reducir la sanción inicialmente

aludida subdirección.

Igualmente desestimó la falsa motivación de los actos, puesto que la aclaración del pliego de cargos para ajustar el monto de la multa surgió para reducir la sanción inicialmente propuesta conforme al artículo 866 del ET , pero el motivo de imposición por el incumplimiento del deber de suministrar la información en medios magnéticos por el año 2016 se mantuvo tanto en el pliego de cargos como en el acto sancionador. Señaló que la entrega de la información tras el acto preparatorio incidía para graduar la multa, mas no en su imposición. D escartó también el cargo relativo a la inexistencia de daño al Estado, pues consideró que este se origina ante el incumplimiento de la obligación de reportar la información.

Sobre la indebida notificación de los actos acusados, consideró que el inciso segundo del artículo 565 del ET fue modificado por el artículo 104 de la ley 2010 de 2020, que habilitó a la autoridad notificar electrónicamente cuando el contribuyente hubiera informado un correo en el Rut y, en esa medida, la demandada procedió a notificar en la dirección de correo reportada por la contribuyente sin que ese aspecto fuere controvertido. Y, finalmente, sobre el deber de reportar la información en medios magnéticos, concluyó que, dada la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias, los ingresos declarados por la actora por el impuesto sobre la renta del período 2014 ($3.930.185.000) la hacían incursa en el deber de presentar la información en medios magnéticos por el año gravable 2016, pues se presumía que estos se ajustaban a lo previsto en el artículo

la hacían incursa en el deber de presentar la información en medios magnéticos por el año gravable 2016, pues se presumía que estos se ajustaban a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 26 de 1989 , y la demandante no desvirtuó la presunción respecto de tal valor, de modo que se pudiera establecerse que fue inferior a $500.000.000.

Finalmente, sin referirse a los planteamientos de la demanda sobre la procedencia de la reducción de la multa según los artículos 640 y 651 del ET, aplicó la norma más favorable para disminuir la sanción en el equivalente al 1% de la información no reportada (art. 80 Ley 2277 de 2022). No impuso condena en costas, en vista de la prosperidad parcial de las pretensiones de la demanda.

Recurso de apelación

Las partes apelaron la sentencia de primera instancia (índices 37 y 38 Samai del tribunal).

La demandada cuestionó que el tribunal se haya abstenido de condenar en costas a la parte actora, pues aunque esto es posible ante la prosperidad parcial de las pretensiones, en el caso debatido la decisión de la nulidad parcial no obedeció a los argumentos de la actora como tampoco a motivos de ilegalidad de los actos, sino a la aplicación de la favorabilidad, por lo que sí era procedente condenar en costas a la parte vencida en el juicio, pues estimó que el fallo fue resuelto a favor de la Administración. En ese sent ido,Radicado: 68001-23-33-000-2021-00454-01 (27922)

Demandante: Martha Ligia Araque García

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Martha Ligia Araque García

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 indicó que las agencias en derecho integraban las costas y atendiendo al artículo 188 del CPACA su procedencia no requ ería pruebas para su causación, sino que bastaba el hecho de acudir al proceso judicial y la gestión realizada, al margen de que su cuantificación atienda las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura, según la tasación discrecional del juez (sentencia del 12 de abril de 2018, exp. 0178-2017, CP: William Hernández Gómez).

Por su parte, l a actora insistió en que por el gravable 2016 no había obligación de presentar información por medios magnéticos, dado que su económica principal y única de los períodos 2014 y 2016 fue la comercialización o distribución minorista de combustibles derivados del petróleo, por lo que sus ingresos brutos debían determinarse conforme al artículo 10 de la Ley 26 de 1989, como fue indicado en la sentencia del 01 de marzo de 2018 (exp. 21543, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez), así como el Oficio DIAN nro. 000477, del 16 de abril de 2018, rel ativo a la posibilidad de detraer de los ingresos brutos los costos por el transporte de los combustibles líquidos . Al respecto, indicó que en el expediente reposaba certificado de ingresos emitido por contador público que demuestra que sus ingresos brutos fueron inferiores a $500.000.000 (umbral a partir del cual se era obligado a reportar información) y se solicitó verificar los ingresos ante el

indicó que en el expediente reposaba certificado de ingresos emitido por contador público que demuestra que sus ingresos brutos fueron inferiores a $500.000.000 (umbral a partir del cual se era obligado a reportar información) y se solicitó verificar los ingresos ante el MinMinas en la demanda presentada.

Reiteró que, aunque era cierto que la División de Fiscalización de la DIAN de Bucaramanga t enía facultades para para adelantar investigaciones de obligaciones tributarias, no tenía competencia para ordenar la investigación , sino que est o correspondía a la Subdirección de Fiscalización del nivel central, quien no emitió acto administrativo que autorizara el inicio de dicha investigación y a tal fin, replicó la normativa indicada en la demanda, esto es, el artículo 688 del ET y los artículos 31 y 46 del Decreto 4048 de 2008; 4.° y 15 de la Resolución nro. 0009, del 04 de noviembre de 2008; 4.6.1 de la Resolución nro. 003, del 05 de abril de 2010, -estas resoluciones sobre las facultades de la División de Fiscalización y de la Dirección de Gestión de Fiscalización-.

Sostuvo que el acto que desató el recurso de reconsideración fue indebidamente notificado, esto es, se omitió la citación para notificación personal indicada en el inciso segundo del artículo 565 del ET y tras agotarse ello, es que procede la notificación por edicto o por correo electrónico.

Persistió en que sí hubo falsa motivación en los actos acusados al haberse emitido un acto administrativo aclaratorio del pliego de cargos que propuso la sanción por no enviar información, con el propósito de ajustar l a base para establecer la multa, pues esto era

acto administrativo aclaratorio del pliego de cargos que propuso la sanción por no enviar información, con el propósito de ajustar l a base para establecer la multa, pues esto era demostrativo de que el acto preparatorio se había sustentado en cifras o valores no contemplados en la ley, sobre todo, cuando los dos funcionarios que expidieron el acto sancionador sabían de la presentación de la información exógena, porque se les informó en la respuesta al pliego de cargos, lo cual reconocieron al emitir la resolución impugnada, al señalar que se presentó la información, pero que no se pagó la sanción reducida. Agregó que estos funcionarios “mintieron” sobre la base, al punto que debieron aclararla, y no tuvieron en cuenta que la sanción no era por no informar , sino por extemporaneidad. A esos efectos, insistió en que Consejo de Estado ha indicado que la subsanación de la conducta con la presentación de la información da lugar al archivo del pliego de cargos y la nueva proposición de un pliego por la irregularidad cometida al momento de reportar la información -extemporaneidad o errores.

Persistió en que la multa era improcedente porque no se causó un daño al Estado, ya que la información podía ser válida y oportunamente utilizada por las dependencias de la Administración para ejercer sus controles fiscales y adelantar los procesos hasta los añosRadicado: 68001-23-33-000-2021-00454-01 (27922)

Demandante: Martha Ligia Araque García

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 2020 y 2022, de manera que tenían tiempo suficiente para hacerlo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 2020 y 2022, de manera que tenían tiempo suficiente para hacerlo. Sostuvo que bajo la consideración de que los comerciantes, distribuidores minoristas o detallistas de combustibles derivados del petróleo deben declarar ingresos brutos con base en el margen de comercialización y el número de galones vendidos en determinado período (art. 10, Ley 26 de 1989), la base para cuantificar la multa debía ser es ta. Por último señaló acogerse a la reducción de la multa del artículo 640 del ET, seguido de lo cual ratificó que la norma favorable a la multa a imponerse era la prevista en la Ley 2277 de 2022 como lo concluyó el tribunal.

Pronunciamientos sobre el recurso

La demandada reiteró los argumentos de su escrito de apelación. La demandante y el ministerio público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo los cargos de apelación planteados por ambas partes procesales contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de las resoluciones demandadas. Por tanto, se debe definir si, como lo aduce la demandante: (i) los ingresos brutos fiscalmente establecidos conforme al artículo 10 de la Ley 26 de 1989 implicaba que no estuvo sujeta a reportar información en medios magnéticos por el año 2016; (ii) la División de Fiscalización de la demandada carecía de competencia para ordenar la investigación que dio lugar a los actos

al artículo 10 de la Ley 26 de 1989 implicaba que no estuvo sujeta a reportar información en medios magnéticos por el año 2016; (ii) la División de Fiscalización de la demandada carecía de competencia para ordenar la investigación que dio lugar a los actos demandados; (iii) el acto que desató el recurso de reconsideración fue indebi damente notificado, porque no se envió la citación para notificarlo personalmente, tras lo cual es que se notifica por edicto o electrónicamente , ante la falta de compare cencia; (iv) los actos incurren en falsa motivación porque la base sobre la cual se cuantificó la multa en el pliego de cargos eran cifras no contemplad as legalmente, por lo que debieron ser aclaradas en un acto administrativo posterior, además, la imputación del tipo infractor debió ser la extemporaneidad y no la omisión; (v) la sanción era improcedente porque no hubo daño al Estado en tanto la información reportada permitía la fiscalización de la autoridad para adelantar procesos hasta el período 2022; (vi) la base de la cuantificación de la multa debía observar la forma de establecer los ingresos fiscales como lo indica el artículo 10 de la Ley 26 de 1989; y (vii) la multa debe reducirse conforme al artículo 640 del ET.

Seguidamente, se establecerá s í, como lo impugna la demandada, debe imponerse la condena en costas a la parte actora, en vista de que el fallo le fue favorable al haberse determinado la nulidad parcial únicamente para disminuir la multa en aplicación del principio de favorabilidad.

2Alega la apelante demandante que no había obligación de presentar información

determinado la nulidad parcial únicamente para disminuir la multa en aplicación del principio de favorabilidad.

2Alega la apelante demandante que no había obligación de presentar información exógena, que su actividad económica principal y única de los períodos 2014 y 2016 fue la comercialización o distribución minorista de combustibles derivados del petróleo, por lo que sus ingresos brutos debían determinarse conforme al artículo 10 de la Ley 26 de 1989, como fue indicado en la sentencia del 01 de marzo de 2018 (exp. 21543, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez), así como en el Oficio DIAN nro. 000477, del 16 de abril de 2018, relativo a la posibilidad de detraer de los ingresos brutos los costos por el transporte de los combustibles líquidos. Indicó que en el expediente reposaba certificado de ingresos emitido por contador público que demuestra que sus ingresos brutos fueron inferiores a $500.000.000 (umbral a partir del cual era obligado a reportar información) yRadicado: 68001-23-33-000-2021-00454-01 (27922)

Demandante: Martha Ligia Araque García

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57)