CE - 012333000202100812011AUTOQUERESUEL20230216094206

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 05001-23-33-000-2021-00812-01 (68097)

Demandante: PAOLA ANDREA DURANGO TILANO Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO

NACIONAL Referencia: REPARACIÓN DIRECTA APELACIÓN DE AUTOS EN CPACA-El Consejo de Estado conoce en segunda instancia del auto que rechaza la demanda. VIGENCIA DE LA LEY PROCESAL-Como el término empezó a correr antes de la entrada en vigencia del CPACA, aplica el CCA. CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-El término de dos años se contabiliza a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa. DELITO DE LESA HUMANIDAD-La responsabilidad civil del Estado se rige por normas distintas a la de la responsabilidad penal de sus agentes. DERECHOS DE CONTENIDO CREDITICIO-El titular puede renunciarlos si solo afectan el interés individual y no lo prohíbe la ley.

Paola Andrea Durango Tilano y otros, a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, para que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos por el asesinato de Carlos Mario Durango Vallejo, por miembros del Ejército Nacional. El 2 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia

Nacional, para que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos por el asesinato de Carlos Mario Durango Vallejo, por miembros del Ejército Nacional. El 2 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la demanda porque operó la caducidad del medio de control. Sostuvo que la demanda debió ser presentada dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho, esto es, la muerte de Durango Vallejo en un presunto enfrentamiento con miembros del Ejército el 19 de agosto de 1996 y los demandantes tuvieron conocimiento de los hechos desde esa fecha, por ello, el término para presentar la demanda venció el 21 de agosto de 1998. Consideró que como la demanda se presentó el 4 de mayo de 2021 operó la caducidad del medio de control. La parte demandante esgrimió, en el recurso de apelación, que no operó la caducidad, porque se trata de un «delito de lesa humanidad». Agregó que no aplica el término de caducidad, pues según el reporte de las autoridades Carlos Mario Durango Vallejo murió en un enfrentamiento con el ejército, después de presuntamente haber atacado patrullas que estaban en la zona, por ello, esas2 Expediente n”. 68.097

Demandante: Paola Andrea Durango Tilano y otros Confirma Caducidad autoridades no adelantaron investigación alguna. Adujo que debido a las condiciones socioeconómicas, el nivel de escolaridad y la situación de violencia en la zona los demandantes solo conocieron sobre la participación del ejército cuando Paola Andrea Durango, hija de Durango Vallejo, solicitó al ejército esa información, mediante petición, que fue respondida en julio de 2020.

la zona los demandantes solo conocieron sobre la participación del ejército cuando Paola Andrea Durango, hija de Durango Vallejo, solicitó al ejército esa información, mediante petición, que fue respondida en julio de 2020.

1. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar el presente asunto de conformidad con el artículo 150 CPACA, modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021, según el cual conoce de los recursos de apelación contra los autos, susceptibles de ese recurso, dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En consonancia, el artículo 243.1, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, prevé que el auto que rechace la demanda es susceptible del recurso de apelación y se decide por la Sala, conforme al artículo 125. Esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión mayor asciende a $754.784.953, suma que supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6, esto es, $454.263.0001.

2. El fenómeno de caducidad para demandar se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces para demandar. Término que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho opte por accionar ante las autoridades competentes. La caducidad tiene lugar cuando expira ese término perentorio fijado por la ley. El artículo 624 CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prescribe que los términos se rigen por las leyes vigentes al momento en que empiezan a correr.

artículo 624 CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prescribe que los términos se rigen por las leyes vigentes al momento en que empiezan a correr. Como Carlos Durango Vallejo murió el 19 de agosto de 1996 (f. 8, 23-32, anexos de la demanda, índice 11, Samai), la norma aplicable es el CCA. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, según el artículo 136 CCA, antes de las modificaciones introducidas por la Ley 446 de 1998, es de dos años, que se cuentan a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2021, $908.526, por 500.Expediente n”. 68.097

Demandante: Paola Andrea Durango Tilano y otros Confirma Caducidad El término de caducidad establecido en el artículo 136 CCA es una norma de orden público —y por consiguiente de obligatorio cumplimiento (art. 6 CPC hoy retomado por el art. 13 CGP)- de la que no pueden disponer los jueces ni las partes, porque constituye una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Además, salvo algunas excepciones legales, los derechos crediticios asociados a las acciones indemnizatorias son renunciables, transigibles y, en general, de libre disposición de su titular (art. 15 CC).

Así lo resaltó la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de ese precepto, pues la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar

disposición de su titular (art. 15 CC). Así lo resaltó la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de ese precepto, pues la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho. Por ende, según la Corte, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, porque es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas en la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado, situación que no se extiende a quien no acudió en tiempo a la defensa de sus derechos?. Este criterio lo reiteró la Corte en el estudio de constitucionalidad del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136.9 CCA, al destacar que la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que apunta a la protección del interés general, de modo que su configuración impide el ejercicio de la acción y no puede iniciarse válidamente el proceso. También señaló que la caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio por el juez, cuando se verifique su ocurrencia?. El artículo 136 CCA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones sobre el tipo de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u operación administrativa para contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no hubiera podido conocer el daño en esa fecha, pues en este evento,

de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u operación administrativa para contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no hubiera podido conocer el daño en esa fecha, pues en este evento, 2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998 [fundamento jurídico 3.5]. 3 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001 [fundamento jurídico 4].4 Expediente n”. 68.097

Demandante: Paola Andrea Durango Tilano y otros Confirma Caducidad la caducidad se debe contar desde que tuvo conocimiento de este. Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño?.

3. La responsabilidad civil del Estado tiene reglas distintas a las previstas para atribuir la responsabilidad penal de sus agentes. Aunque en el ámbito penal ciertos delitos puedan configurarse como imprescriptibles, esa figura excepcional no se traslada al ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado, ni modifica los términos previstos en la ley para reclamar los perjuicios. De modo que, el término para interponer las acciones indemnizatorias por los daños causados por el Estado difiere del plazo para ejercer la acción penal y el juez administrativo no tiene competencia para decidir la imprescriptibilidad de los delitos penales, conforme al artículo 82 CCA, retomado por los artículos 103 y 104 CPACA.

La Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio sobre el inicio del conteo del término de caducidad para formular las pretensiones indemnizatorias,

artículo 82 CCA, retomado por los artículos 103 y 104 CPACA. La Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio sobre el inicio del conteo del término de caducidad para formular las pretensiones indemnizatorias, cuando estas se derivan de «delitos de lesa humanidad». A juicio de la Sala, el término para demandar, establecido por el legislador, debe contarse desde que los afectados conocieron o debieron conocer la participación de agentes del Estado, salvo que existan circunstancias que impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción. De modo que, una vez superadas, empezará a correr el término de caducidad. Como la regulación legal de la presentación de la demanda, con la que se pretende reclamar una obligación indemnizatoria que se deriva de un “delito de lesa humanidad”, permite que pueda intentarse desde que ocurre ese hecho o desde que el sujeto activo de la obligación tiene conocimiento de la participación del Estado, no puede desconocerse el término judicial para reclamar una obligación civil. í Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de octubre de 2011, Rad. 20.692 [fundamento jurídico 3.1]. 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2020, Rad. 61.767 [fundamento jurídico 4], con salvamento de voto. $ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2020, Rad. n. 61.033 [fundamento jurídico 5], con aclaración y salvamentos de voto.5 Expediente n. 68.097

Demandante: Paola Andrea Durango Tilano y otros

Confirma Caducidad

jurídico 5], con aclaración y salvamentos de voto.5 Expediente n. 68.097

Demandante: Paola Andrea Durango Tilano y otros

Confirma Caducidad

4. Según la demanda, la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, es responsable por la muerte de Carlos Durango Vallejo, pues un grupo del Ejército Nacional, luego de ponerlo en «situación de indefensión», le disparó y lo presentó como muerto en combate, aunque trabajaba como jornalero en una finca. En el hecho cuarto de la demanda, la parte demandante afirmó que «el cuerpo fue sacado del lugar en un caballo por parte del Ejercito Nacional y fue llevado al municipio de Mutatá para hacer el levantamiento cuerpo y luego ser dejado en el cementerio municipal, produciéndose así varias irregularidades en los procedimientos tanto del Ejercito como de la inspección municipal de Policía» (f. 9, demanda, índice 11, Samai). Sostuvo que la muerte de Durango Vallejo fue una «ejecución extrajudicial» y que el Ejército Nacional omitió proteger a los habitantes del municipio de Mutatá- Antioquia. Agregó que los demandantes solo tuvieron conocimiento de la participación del ejército cuando su apoderado que «conoce el precedente jurisprudencial y la prueba indiciaria» les brindó asesoría jurídica para formular el medio de control de reparación directa, por ello, el término de caducidad debe empezar a contar a partir de ese momento.

El término de caducidad para solicitar la indemnización de un daño aplica en todos los casos, incluidos los «delitos de lesa humanidad», incluso cuando existen circunstancias que hubiesen impedido el ejercicio del derecho de acción. En ese

El término de caducidad para solicitar la indemnización de un daño aplica en todos los casos, incluidos los «delitos de lesa humanidad», incluso cuando existen circunstancias que hubiesen impedido el ejercicio del derecho de acción. En ese caso el término se reanudará una vez superadas estas circunstancias, por ello, la parte demandante debe acreditar que estas existieron. Los demandantes tuvieron conocimiento de la muerte de Carlos Mario Durango Vallejo y las circunstancias en ocurrió su muerte desde el 19 de agosto de 1996. La alegada falta de asesoría legal no es una circunstancia que hubiera impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción. Según el criterio unificado de la Sala, las circunstancias que impiden materialmente el ejercicio del derecho de acción deben afectar «de manera ostensible los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia». Se trata, según la Sala, de supuestos objetivos, como secuestros, enfermedades o cualquier situación que no permita «materialmente» acudir a esta jurisdicción. Como no se encuentra acreditado que ocurrió una circunstancia que impidiera materialmente la formulación de la6 Expediente n”. 68.097

Demandante: Paola Andrea Durango Tilano y otros Confirma Caducidad demanda, el término de caducidad empezó a contar a partir del acaecimiento del hecho y vencía el 19 de agosto de 1998.

De manera que, como la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 14 de mayo de 2020 (índice 11, Samai) y la demanda el 5 de mayo de 2021, según da cuenta el acta individual de reparto (índice 1, Samai Tribunal), operó el fenómeno

mayo de 2020 (índice 11, Samai) y la demanda el 5 de mayo de 2021, según da cuenta el acta individual de reparto (índice 1, Samai Tribunal), operó el fenómeno preclusivo de la caducidad, pues el tiempo transcurrido entre el momento que los demandantes tuvieron conocimiento del hecho dañoso y la fecha en que formularon la demanda implicó la renuncia a la reclamación de los perjuicios por la muerte de Carlos Mario Durango Vallejo. Por ello, se confirmará la providencia apelada.

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 2 de noviembre de 2021.

SEGUNDO: En firme esta decisión DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Lera Presidente de la Sal SH — JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ MAVAS de! GUILLERMO SÁNCAEZLUQUE FGC/LMM/Expediente electrónico