CE - 012333000202100820011AUTOQUERESUEL20230516163358

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 680012333000202100820-01

Demandante: Aristóbulo Niño Barajas y otros1

Demandada: Superintendencia Nacional de Salud

Asunto: Resuelve un recurso de apelación

AUTO INTERLOCUTORIO

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el ordinal primero del auto de 7 de diciembre de 20212, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Santander no accedió a decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Uriel Velandia Sánchez, Gregorio Noriega Barón, Mario Peña Villamizar, Efraín Basto Ortiz, Jaime Carvajal Orduz, Jorge Castellanos Numpe, Campo Elías Becerra, Rodolfo Ochoa Pinto, Luis Delfín Pinto López, Luis Hernando Ramírez Almeida, Artidoro Pinto López, Luis Emiro Cáceres Merchán, Ismael Carvajal Jaimes , Orlando Bautista Maldonado, César Manrique, Julio Emiro Correa Herrera, Miguel Aya la Martínez, Marco Arnulfo Alvarado Alvarado, Juan Alberto Padilla Pinzón, Mario Rivera Tarazona, Luis Nabor Rojas Carvajal,

Orlando Bautista Maldonado, César Manrique, Julio Emiro Correa Herrera, Miguel Aya la Martínez, Marco Arnulfo Alvarado Alvarado, Juan Alberto Padilla Pinzón, Mario Rivera Tarazona, Luis Nabor Rojas Carvajal, Vidal Rivera, Pablo Antonio Valencia, William Bautista Maldonado, José Vicente Villabona Díaz, Josué Gilberto Durán Cáceres, Edilia Mariño de Mariño, Ana Lucrecia Hernández Hernández , Ana Cecilia Galvis Bonilla, Rubiela Medis Gómez Bonilla, Graciela Godoy, Eremia Godoy Vega, Emperatriz Delgado Rojas, María Cenaida Reyes Toscano, Nidia Gómez Rojas, Carmenza Herrera Barón, Ilda Suárez Flórez, Carmen Rosa Pérez Martínez, Ana Lucía Archila Godoy, María Bernardina Castro Arias, Gloria Moreno Antolinez, Rosa Juli Cuadros Villamizar, Elvira Calderón Alvarado, Aminta Barajas Almeida, Beatris Prada Prada, Luz Herminda Durán Acelas, Gilma Carvajal Mendoza, Mariela Garces Rodríguez, Ana Joaquina Sanabria León, María Lucrecia Herrera García, Aura Teresa Reatiga Rojas, Carmenza Sanabria Cordero, Guillermina Villamizar Tarazona, Luz Marina Carvajal Ortiz, María Rosmira Correa Barajas y Consuelo Card erón Alvarado (Cfr. Índice núm. 2 del aplicativo web SAMAI). 2 Cfr. Índice núm. 2 del aplicativo web SAMAI.2

Núm. único de radicación: 680012333000202100820-01

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. Los señores Aristóbulo Niño Barajas, Uriel Velandia Sánchez, Gregorio

Núm. único de radicación: 680012333000202100820-01

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. Los señores Aristóbulo Niño Barajas, Uriel Velandia Sánchez, Gregorio Noriega Barón, Mario Peña Villamizar, Efraín Basto Ortiz, Jaime Carvajal Orduz, Jorge Castellanos Numpe, Campo Elías Becerra, Rodolfo Ochoa Pinto, Luis Delfín Pinto López, Luis Hernando Ramírez Almeida, Artidoro Pinto López, Luis

Emiro Cáceres Merchán, Ismael Carvajal Jaimes, Orlando Bautista Maldonado, César Manrique, Julio Emiro Correa Herrera, Miguel Ayala Martínez, Marco Arnulfo Alvarado Alvarado, Juan Alberto Padilla Pinzón, Mario Rivera Tarazona, Luis Nabor Rojas Carvajal, Vidal Rivera, Pablo Antonio Valencia, William Bautista Maldonado, José Vicente Villabona Díaz y Josué Gilberto Durán C áceres; y las señoras Edilia Mariño de Mariño, Ana Lucrecia Hernández Hernández, Ana Cecilia Ga lvis Bonilla, Rubiela Medis Gómez Bonilla, Graciela Godoy, Eremia Godoy Vega, Emperatriz Delgado Rojas, María Cenaida Reyes Toscano, Nidia Gómez Rojas, Carmenza Herrera Barón, Ilda Suárez Flórez, Carmen Rosa Pérez Martínez, Ana Lucía Archila Godoy, María B ernardina Castro Arias, Gloria Moreno Antolinez, Rosa Juli Cuadros Villamizar, Elvira Calderón Alvarado, Aminta Barajas Almeida, Beatris Prada Prada, Luz Herminda Durán Acelas, Gilma Carvajal Mendoza, Mariela Garces Rodríguez, Ana Joaquina Sanabria

Aminta Barajas Almeida, Beatris Prada Prada, Luz Herminda Durán Acelas, Gilma Carvajal Mendoza, Mariela Garces Rodríguez, Ana Joaquina Sanabria León, M aría Lucrecia Herrera García, Aura Teresa Reatiga Rojas, Carmenza Sanabria Cordero, Guillermina Villamizar Tarazona, Luz Marina Carvajal Ortiz, María Rosmira Correa Barajas y Consuelo Carderón Alvarado , en adelante la parte demandante, presentó demanda 3 contra la Superintendencia Nacional de Salud, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 4, para que se declare la nulidad de l siguiente acto administrativo:

1.1. La Resolución núm. 202151000124996 de 26 de julio de 2021, “Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar la COOPERATIVA DE

3 Por intermedio de apoderado. 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.3

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SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADACOMPARTA EPS-S, identificada con NIT 804.002.105 -0”, expedida por el Superintendente Nacional de Salud.

2. La parte demandante, a título de restablecimiento del derecho, entre otros, solicitó que “[…] se ordene además restituir a COMPARTA EPS -S -ahora en

Superintendente Nacional de Salud.

2. La parte demandante, a título de restablecimiento del derecho, entre otros, solicitó que “[…] se ordene además restituir a COMPARTA EPS -S -ahora en liquidaciónlos aportes sociales contribuidos por sus asociados, antes de la expedición de la resolución objeto de nulidad, correspondiente a la suma de

VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($23.822.269) […]”.

Solicitud de medida cautelar

3. La parte demandante solicitó, con fundamento en el artículo 234 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 5, sobre medidas cautelares de urgencia, que se ordene suspender “[…] todos los efectos y ordenes emanadas de la Resolución 202151000124996 del 26 de julio del 2021 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, […], hasta tanto se profiera el respectivo fallo del presente proceso […]”6 (Destacado original del texto), así:

4. Aseguró que es evidente la violación del principio de legalidad y de los derechos a la igualdad, al debido proceso, de defensa y contradicción, a la salud, de asociación, al trabajo, a la libre empresa y seguridad jurídica, porque la parte demandada, con la expedición del acto acusado, atentó contra la ley aplicable al caso concreto, en específico, lo reglado en el artículo 130, parágrafo 1.º de la Ley 1438 de 19 de enero de 20117.

5. Sostuvo que la parte demandada, cuando observó la configuración de las infracciones administrativas listadas en el artículo citado supra, debió iniciar un

1438 de 19 de enero de 20117.

5. Sostuvo que la parte demandada, cuando observó la configuración de las infracciones administrativas listadas en el artículo citado supra, debió iniciar un proceso administrativo sancionatorio; sin embargo, acudió de manera inmediata, sin garantizar los derechos de audiencia y contradicción existentes en todo

5 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 6 Cfr. Índice núm. 2 del aplicativo web SAMAI. 7 “[…] Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones […]”.4

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procedimiento administrativo, a la imposición de la más grave orden que p odía dictar contra una E.P.S., como era disponer su liquidación.

6. Afirmó que la parte demandada no interpretó, ni aplicó adecuadamente, los artículos 115 y 116 del Decreto núm. 663 de 2 de abril de 19938, modificado por la Ley 510 de 3 de agosto de 19999, porque no tuvo en cuenta la finalidad de la medida de toma de posesión, que no es otra que determinar si hay lugar o no a que se liquide la entidad vigilada, para lo cual, se concede un plazo inicial de 2 meses, prorrogables, aspecto que se desconoció en el caso de la Cooperativa de Salud C omunitaria, COMPARTA E .P.S.-S, en liquidación, toda vez que se ordenó simultáneamente la toma de posesión para liquida ción inmediata y forzosa, con lo cual se ignoró, además, los precedentes que, en situaciones

de Salud C omunitaria, COMPARTA E .P.S.-S, en liquidación, toda vez que se ordenó simultáneamente la toma de posesión para liquida ción inmediata y forzosa, con lo cual se ignoró, además, los precedentes que, en situaciones análogas, decidió la parte demandada, como fue el caso de la Resolución núm. 6045 de 2021, relacionada con la E.P.S. COOMEVA.

7. Adujo que con la demanda persigue , por un lado, la nulidad del acto acusado; y, por el otro, el restablecimiento de los derechos con que contaba la Cooperativa de Salud Comunitaria, en liquidación, y el de sus asociados, quienes desde el 9 de agosto de 2021 fueron trasladados a diferentes E.P.S., a las cuales “[…] les corresponderá dar inicio al engorroso, traumático y paulatino trámite de ingreso de afiliados, generando un entorpecimiento sobre la continuidad de los servicios de los usuarios. Configurando que con esta situación, los usuarios que contaban con las patologías más delicadas y catastróficas, pierdan el seguimiento diario, continuo y oportuno que se brindaba, así, como también se deberá disponer por las nuevas EPS receptoras a dar continuidad a las atenciones en salud que se encontraban ya programadas por COMPARTA EPSS -ahora en liquidación - para fechas próximas, y que actualmente, por las ordenes emanadas en la Resolución 202151000124996 del 26 de julio del 2021, dichos servicios en salud programados, se perderían […]”.

8. Destacó que existe el peligro en la mora , lo que derivaría en un perjuicio irremediable a los asociados de la cooperativa, quienes de forma libre y voluntaria

dichos servicios en salud programados, se perderían […]”.

8. Destacó que existe el peligro en la mora , lo que derivaría en un perjuicio irremediable a los asociados de la cooperativa, quienes de forma libre y voluntaria

8 “[…] Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración […]”. 9 “[…] Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades […]”.5

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entregaron unos recursos por $23.822.269 con la intención de formar una empresa que contribuyera a la generación de empleo, dinero que no hace parte de los recursos públicos que administraba la Cooperativa de Salud Comunitaria, en liquidación , razón por la cual, de seguir ejecutándose el acto acusado, se configuraría una expropiación de tales recursos.

9. Adicionó que, teniendo en cuenta la suspensión de los pagos a las I.P.S. públicas y privadas que se ordenó por medio del acto acusado, contratadas para la vigencia 2021 para la atención de los usuarios de la Cooperativa de Salud Comunitaria, no es posible efectuarles el pago de lo que se les adeudaba por servicios prestados o en proceso de auditoría de cuentas , s ituación que contribuiría a una mayor crisis de los hospitales públicos y las I.P.S. privadas.

10. Aseguró que de no ordenarse la suspensión de los efectos del acto administrativo acusado, para la fecha en que pudiera emitirse un fallo, podría

contribuiría a una mayor crisis de los hospitales públicos y las I.P.S. privadas.

10. Aseguró que de no ordenarse la suspensión de los efectos del acto administrativo acusado, para la fecha en que pudiera emitirse un fallo, podría estar totalmente acabada la Cooperativa de Salud Comunitaria, motivo por el cual “[…] resulta procedente el decreto de la MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA solicitada; por lo cual se ruega al H. Magistrado, se sirva decretar la misma de forma apremiante en busca de evitar la consumación de perjuicios irremediables

[…]”.

Providencia objeto del recurso de apelación

11. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto de 7 de diciembre de 2021 negó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de l

acto administrativo acusado, así:

“[…] 3.2.1 Violación del artículo 130 parágrafo 1 de la ley 1438 de 2011.

Artículo 130. Infracciones administrativas: Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1949 de 2019. El nuevo texto es el siguiente: La Superintendencia Nacional de Salud impondrá sanciones de acuerdo con la conducta o infracción investigada, sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así:

1. (…)

PARÁGRAFO 1o. En los casos en los que, como resultado de las investigaciones adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud, se compruebe que cualquier sujeto vigilado ha cometido una o más infracciones6

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investigaciones adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud, se compruebe que cualquier sujeto vigilado ha cometido una o más infracciones6

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previstas en el presente artículo, por una razón atribuible a cualquier otra entidad sujeta a la vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, este iniciará y/o vinculará a dicho sujeto al proceso administrativo sancionatorio.

De acuerdo con la norma, en efecto, de cometer una o varias de las conductas enlistadas en el artículo 130, se impondrá una sanción previa investigación. Y el parágrafo también se refiere a las investigaciones que deben adelantarse en estos casos, y si como resultado de las mismas, se encuentra la actuación de un tercero com o causa de la infracción, a este debe vinculársele.

Es una garantía del debido proceso, pero no se observa como violentó la SNS esta disposición en cuanto a la no vinculación de un tercero al procedimiento administrativo sancionatorio, pues el cargo no desarrolla este contenido como desconocido. Examinada la argumentación expuesta en torno a esta disposición, apunta a señalar que debió iniciarse un proceso administrativo sancionatorio y no proceder a la ord en de liquidarla tal como quedó consignado en el a cto administrativo, de donde, puede entenderse que este cargo se limita a la vulneración del debido proceso por no adelantar una investigación previo a la expedición del acto demandado.

Sin embargo, no señ ala cuál es el procedimiento al que de bió sujetarse la SNS y que obvió en el caso examinado, pues, de la norma en cita si bien

una investigación previo a la expedición del acto demandado.

Sin embargo, no señ ala cuál es el procedimiento al que de bió sujetarse la SNS y que obvió en el caso examinado, pues, de la norma en cita si bien como se dijo evidencia el resultado de una investigación por infracción al artículo 130 al incurrir en alguna de las causales de irregularidad que la norma enlista, en modo alguno está señalando el procedimiento a agotar en estos eventos.

Y lo que se desprende del acto administrativo acusado, es una serie de actuaciones por parte de la SNS que inician desde el año 2016 con una vigilancia administrativa especial prorrogable por v arios años, donde se dio oportunidad a la EPS para que superara todas las irregularidades o hallazgos encontrados. Si el anterior no es el trá mite a seguir en estos casos, para efecto de determinar una violación al debido proceso como lo pretende el peticionario de la medida, debió indicarse el procedimiento a agotar por parte de la SNS y que obvió la entidad de vigilancia.

3.2.2. Interpretación inadecuada del decreto 663 de 1993 modificado por la ley 510 de 1999 artículos 115 y 116,

Artículo 115. Procedencia de la medida. Artículo modificado por el artículo 21 de la Ley 510 de 1999. El nuevo texto es el siguiente: El Superintendente Bancario, previo concepto del Consejo Asesor y con la aprobación del Ministro de Hacienda y Crédito Público, podrá tomar inmediata posesión de los bienes, haberes y negocios de una institución vigilada.

La toma de posesión tendrá por objeto establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar

los bienes, haberes y negocios de una institución vigilada.

La toma de posesión tendrá por objeto establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para que los depositantes, ahorradores e inversionistas puedan obtener el pago total o parcial de sus acreencias. La decisión correspondiente deber á adoptarse por la Superintendencia Bancaria en un término no mayo r de dos (2) meses, prorrogable por un término igual por dicha entidad.7

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Lo anterior no impedirá que, si en el desarrollo del proceso de liquidación se encuentra que es posible colocar la entidad en condiciones de desarrollar su objeto social o realizar actos que permitan a los ahorradores, inversionistas o depositantes obtener mejores condiciones para el pago total o parcial de sus acreencias de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, se adopten, previa decisión en tal sentido de la Superintendencia Bancaria, las medidas para el efecto. Igualmente, si durante la administración de la entidad se encuentra que no es posible restablecerla para que desarrolle regularmente su objeto social, se p odrán adoptar, previa decisión en tal sentido de la Superintendencia Bancaria, las medidas necesarias para su liquidación.

ARTÍCULO 116. TOMA DE POSESIÓ N PARA LIQUIDAR. <Artículo modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:>

La toma de posesión conlleva:

a) La separación de los administradores y directores de la administración de los bienes de la intervenida.

siguiente:>

La toma de posesión conlleva:

a) La separación de los administradores y directores de la administración de los bienes de la intervenida.

b) La separación del revisor fiscal,

d) La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión por razón de obligaciones anteriores a dicha medida) La cancelación de los embargos decretados c on anterioridad a la toma de posesión que afecten bienes de la entidad.

f) La suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión, cuando así lo disponga la Superintendencia Bancaria, en el acto de toma de posesión.

g) La interrupción de la prescripción y la no operancia de la caducidad respecto de los créditos a cargo de la entidad que hayan surgido o se hayan hecho exigibles antes de la toma de posesión.

h) El que todos los depositantes y los acreedores, incluidos los garantizados, quedarán sujetos a las medidas que se adopten para la toma de posesión.

De conformidad con las normas transcritas, una cosa es la toma de posesión y otra la liquidación de una empresa. Examinado el acto acusado se observa que, la SNS dispuso la toma de posesión simultáneamente con la liquidación, pero sin que ello implique desconocimiento de la norma. En ningún momento puede decirse que se dispone del término de 2 meses prorrogables para efecto de determinar si se liquida o se toma otr a medida. La norma señala un plazo de hasta 2 meses, lo que indica que este es el máximo -salvo la

puede decirse que se dispone del término de 2 meses prorrogables para efecto de determinar si se liquida o se toma otr a medida. La norma señala un plazo de hasta 2 meses, lo que indica que este es el máximo -salvo la prorrogaque puede tomar la Superintendencia para adoptar la medida de liquidación.

Nótese que en el caso de estudio se inició desde hace 5 años una actuación administrativa mediante el acto que asume medida preventiva de vigilancia, poniendo en conocimiento de Comparta EPS las razones para tal decisión con el fin de que esta tomara los correctivos del caso, medida que fue prorrogada todos los años, evidenci ando la SNS una actitud renuente por parte de la vigilada.8

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El acto administrativo con todos los conceptos técnicos que tomó da cuenta, de la grave afectación de derechos fundamentales, por lo que, si en tanto tiempo no se habían adoptado mejoras ni se había obtenido ningún resultado, era imprescindible la toma de posesión con miras a la liquidación. Empero tal argumentación si bien es uno de los fundamentos de la SNS, esto no quiere decir que pueda desconocer la ley. Por ello la resolución demandada se encuentra avalada por el artículo 9.1.1.1.1 del decreto 2555 de 2010:

Toma de posesión y medidas preventivas. De conformidad con el artículo 115 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 21 de la Ley 510 de 1999, la toma de posesión tendrá por objeto establecer si la entidad vigilada debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en condic iones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se

21 de la Ley 510 de 1999, la toma de posesión tendrá por objeto establecer si la entidad vigilada debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en condic iones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para que los depositantes, ahorradores e inversionistas puedan obtener el pago total o parcial de sus acreencias. La deci sión correspondiente deberá adoptarse por la Superintendencia Financiera de Colombia en un término no mayor de dos (2) meses contados a partir de la fecha de la toma de posesión, prorrogable por un término igual por dicha entidad, previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN.

PARÁGRAFO 3. Cuando quiera que al decretar la toma de posesión de una entidad la Superintendencia Financiera de Colombia encuentre acreditado que la misma debe ser liquidada, podrá disponer la liquidaci ón en el mismo acto.

En consecuencia, se dispone NEGAR la medida cautelar de urgencia peticionada, toda vez que no se observa vulneración de las normas que fueron invocadas en la solicitud. Esta decisión no implica prejuzgamiento […]”10 (Destacado original del texto).

Recurso de apelación y sus fundamentos

12. La parte demandante interpuso recurso de apelación 11 contra el ordinal primero del auto de 7 de diciembre de 2021, en los siguientes términos:

Violación del derecho al debido proceso

13. Señaló que el a quo consideró que no se advertía la violación del derecho al debido porque el acto acusado se originó en actuaciones administrativas que

Violación del derecho al debido proceso

13. Señaló que el a quo consideró que no se advertía la violación del derecho al debido porque el acto acusado se originó en actuaciones administrativas que iniciaron en el 2016 y, en las cuales, se concedió a la Cooperativa de Salud Comunitaria la oportunidad de superar las irregularidades que se encontraron a su interior; en consecuencia, para determinar si se violó el derecho citado supra,

10 Cfr. Índice núm. 2 del aplicativo web SAMAI. 11 Ibidem.9

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la parte demanda da debió señalar el procedimiento administrativo que se desconoció, lo que no sucedió.

14. Sostuvo que el a quo no tuvo en cuenta que la Resolución núm. 2259 de 4 de agosto de 2016 12, exp edida por la parte demandada, tuvo origen en circunstancias diferentes a las exp uestas en el acto acusado ; en especial, fue producto de unas recomendaciones que hizo una exfuncionaria de la parte demandada y que actualmente investigan por actos delictivos que cometió entre el 2015 y el 2018 cuando se desempeñaba como Delegada para la Supervisión.

15. Destacó que los “[…] últimos hallazgos comentados al interior de la resolución objeto de nulidad, no habían sido previamente requeridos a COMPARTA EPS-S para su mejoría, los mismos, son advertidos solo hasta la misma resolución que además de notificarlos, señala que ordena liquidar la Entidad, impidiéndole así, la oportunidad para que la misma supere los hallazgos encontrados. Situación que sí configura una flagrante violación al debido proceso

misma resolución que además de notificarlos, señala que ordena liquidar la Entidad, impidiéndole así, la oportunidad para que la misma supere los hallazgos encontrados. Situación que sí configura una flagrante violación al debido proceso […]”.

16. Resaltó, en relación con argumento d el a quo , según el cual la parte demandante debió indicar cuál era el procedimiento administrativo que debió seguir la parte demandada, que en la solicitud de medida cautelar se precisó que el procedimiento a seguir era el previsto en los artículos 40, literal C) de la Ley 1122 de 9 de enero de 200713 y 128 de la Ley 1438 de 2011.

17. Indicó que, aunque la parte demandada puede decidir sobre la habilitación o permanencia de entidades en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, esa facultad debe respetar los prin cipios de legalidad, igualdad y debido proceso; además, debe tener en cuenta los estándares de habilitación y permanencia previstos en el Decreto núm. 2702 de 23 de diciembre de 201414.

12 “[…] Por medio de la cual se adopta la medida preventiva de Vigilancia Especial a la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada "COMPARTA EPS -S", identificada con NIT 804.002.105-0 […]”. 13 “[…] Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones […]”. 14 “[…] Por el cual se actualizan y unifican las condiciones financieras y de solvencia de las entidades autorizadas para operar el aseguramiento en salud y se dictan otras disposiciones […]”.10

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autorizadas para operar el aseguramiento en salud y se dictan otras disposiciones […]”.10

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18. Subrayó que, en primera instancia, no se efectuó pronunciamiento sobre el caso COOMEVA, del cual se advierte que sí se violaron los principios señalados supra.

19. Explicó que “[…] el actuar de la SNS, para la expedición de la Resolución de la cual se pretende su nulidad, se encontraba ausente de la aplicac ión del debido proceso como sí se presentó en el caso COOMEVA, en donde se resolvió que au n cuando se databa que la entidad continuaba presentando incumplimientos en virtud de las ó rdenes expresadas al interior de la medida de vigilancia y de sus prorrogas, se concedía la oportunidad, aun dando aplicación a una decisión gravosa (como es la toma de haberes para administrar), de superar las falencias que dieron origen a la medida, así como de la toma de decisión de la toma de posesión. Situación que de haberse configurado de tal manera, se evitaría la causación de perjuicios irremediables […] sobre los suscritos demandantes y asociados, los afiliados a COMPARTA EPS -S, los cientos de tra bajadores despedidos y desvinculados, y las múltiples IPS que dependían de la relación contractual y pagos de COMPARTA EPS-S […]”.

Recurso de apelación

20. El Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia de 31 de enero de 202215, concedió el recurso de apelación.

21. La Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, procedió a efectuar el reparto del expediente.

providencia de 31 de enero de 202215, concedió el recurso de apelación.

21. La Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, procedió a efectuar el reparto del expediente.

II. CONSIDERACIONES

22. La Sala abordará el estudio de las consideraciones, en las siguientes partes: i) la competencia; ii) procedencia y oportunidad del recurso de apelación; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la

15 Cfr. Índice núm. 2 del aplicativo web SAMAI.11

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medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos; v) el acto acusado; y vi) análisis del caso concreto.

Competencia

23. Vistos los artículos 12516 y 15017 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201118, sobre expedición de providencias y competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación: esta Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el ordinal primero d el auto de 7 de diciembre de 2021 proferido por el Tribunal

Administrativo de Santander.

Procedencia y oportunidad del recurso de apelación

24. Vistos los artículos 243 numeral 5.º 19 y 244 numeral 3.º20 de la Ley 1437, sobre el recurso de apelación y trámite del recurso de apelación contra autos, respectivamente.

25. Atendiendo a que la parte demanda nte interpuso y sustentó

sobre el recurso de apelación y trámite del recurso de apelación contra autos, respectivamente.

25. Atendiendo a que la parte demanda nte interpuso y sustentó oportunamente el recurso de apelación contra el ordinal primero del auto de 7 de diciembre de 2021, por medio del cual se negó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado, en un asunto de doble instancia, el recurso es procedente de conformidad con lo dispuesto en los artículos anotados supra.

26. Agotado el procedimiento previsto en la Ley 1437 para el recurso de apelación, la Sala procede a examinar los argumentos expuestos por la parte demandante, teniendo en cuenta que de conformidad con los artículos 320 21 y

16 Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 25 d