CE - 012333000202101485031AUTOQUERESUEL20230621084315

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal Núm. único de radicación: 050012333000202101485-03

Solicitante: Luis Humberto Guidales García

Concejal: Aura Marleny Arcila Giraldo

Asunto: Resuelve sobre unas solicitudes de aclaración y adición de sentencia

AUTO INTERLOCUTORIO

La Sala procede a resolver las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia de 5 de mayo de 202 3 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, presentada por la Concejal Aura Marleny Arcila Giraldo.

La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

1. El señor Luis Humberto Guidales García, -en adelante el Solicitante-, pidió, en ejercicio del respectivo medio de control, que se decrete la pérdida de investidura de la Concejal del Municipio de Medellín -Departamento de Antioquia-, señora Aura Marleny Arcila Giraldo, porque, a su juicio, incurrió en la causal prevista en el

de la Concejal del Municipio de Medellín -Departamento de Antioquia-, señora Aura Marleny Arcila Giraldo, porque, a su juicio, incurrió en la causal prevista en el numeral 2.°1 del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 2, por incurrir en la

1 Por violación del régimen de inhabilidades. 2 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.2

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inhabilidad prevista en el numeral 4.° 3 del artículo 43 4 de esa misma normativa. Asimismo, invocó el numeral 5,° del artículo 275 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115.

2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la sentencia de 21 de octubre de 2021, en primera instancia 6, resolvió “[…] DECRETAR LA PERDIDA DE INVESTIDURA de la señora Aura Marleny Arcila Giraldo como concejal del municipio de Medellín, para el período 2020 -2023 […]”. La Concejal interpuso recurso de apelación contra la sentencia7.

3. La Sección Primera del Consejo de Estado, una vez adelantado el trámite correspondiente, mediante sentencia de 5 de mayo de 202 3 resolvió “[…] CONFIRMAR la sentencia de 21 de octubre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

correspondiente, mediante sentencia de 5 de mayo de 202 3 resolvió “[…] CONFIRMAR la sentencia de 21 de octubre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”8. La sentencia se notificó a las partes e interviniente mediante correo electrónico enviado el 11 de mayo de 20239.

4. La Concejal, mediante sendos escritos recibidos en la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación, el 16 de mayo de 202 310, solicitó , por un lado, la “nulidad de la Sentencia (sic) 5 de mayo de 2023” ; y, por el otro, la aclaración y adición de la sentencia de 5 de mayo de 2023.

Las solicitudes de aclaración y/o adición presentadas por la señora Aura Marleny Arcila Giraldo

5. La Concejal, por intermedio de su apoderado, en el acápite “SOLICITUDES DE ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN”, pidió que se aclare y adicione la sentencia de 5 de

mayo de 2023, en los siguientes términos:

3 “[…] 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legal es […] de las entidades que presten servicios […] de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito […]”. 4 modificado por el artículo 40 de la Ley 617.

o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legal es […] de las entidades que presten servicios […] de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito […]”. 4 modificado por el artículo 40 de la Ley 617. 5 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 6 Cfr. Documento denominado “48DecretaPerdidaDeInvestidura 2021-01485.pdf”, del expediente electrónico. 7 Cfr. Documento denominado “54RecursoApelacionDda.pdf” del expediente electrónico. 8 Cfr. Índice 13 de SAMAI. 9 Cfr. Índice 16 de SAMAI. 10 Cfr. Índice 20 de SAMAI.3

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“[…] “SOLICITUDES DE ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN”

1. Sírvase adicionar la sentencia del 5 de mayo de 2023 dando aplicación a la regla de decisión establecida por la H. Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU207, del 9 de junio de 2022 según la cual:

• “Cuando deba determinarse la configuración de la inhabilidad de un funcionario municipal elegido por s u parentesco con un funcionario departamental, la autoridad judicial debe realizar una valoración probatoria concreta y ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ello impone un examen específico de la probabilidad real -más allá de potencialde ejercer la autoridad

autoridad judicial debe realizar una valoración probatoria concreta y ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ello impone un examen específico de la probabilidad real -más allá de potencialde ejercer la autoridad administrativa en el nivel municipal y, de esta forma, incidir a los electores. No es posible la valoración genérica o abstracta fundada solo en consideraciones formales sobre la naturaleza de la entidad” […]”.

2. En caso q ue no se adicione la sentencia Sírvase adicionar y/o aclarar jurídicamente y constitucionalmente porque razón no se aplicó la regla de decisión […]”11.

6. Para efectos de fundamentar lo anterior, la Concejal explicó en el acápite “PREMISAS” que, teniendo en cuenta los conceptos derivados del artículo 29, inciso 4, de la Constitución Política; de las sentencias T -393 de 1994, T-442 de 1994, T555 de 1999, C-598 de 2011, T-666 de 2012 y C-496 de 2015 proferidas por la Corte Constitucional; SC8716 de 20 de junio de 2017 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; y, en especial, del auto de 6 de febrero de 2020 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado 12, se han decretado nulidades procesales con fundamento en “la causa l genérica” de nulidad contenida en el artículo 29 de la Constitución Política y, en consecuencia, argumentó que “[…] [s]e eleva la presente solicitud de adición, por cuanto, en el auto por medio del cual se rechazó la solicitud de nulidad no se resolvió o efectúo pronunciamiento sobre el

eleva la presente solicitud de adición, por cuanto, en el auto por medio del cual se rechazó la solicitud de nulidad no se resolvió o efectúo pronunciamiento sobre el fundamento constitucional y legal de la improcedencia de la “causal genérica” de nulidad establecida a través de jurisprudencia constitucional, inclusive la de la propia Sección Quinta del H. Consejo de Estado […]”.

7. Manifestó, por un lado, que la Corte Constitucional, mediante sentencia C -491 de 1995, decidió sobre la exequibilidad del inciso 1.° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, subrogado por el Decreto 2282 de 1989 y en esa providencia explicó que los actos procesales son válidos “[…] siempre que se respete la Constitución [y] el señalamiento taxativo de las nulidades por el le gislador […]”

11 Transcripción literal de la solicitud. 12 Al respecto, cita el auto de 6 de febrero de 2020 proferido en el número único de radicación 250002341000001002020-01. C.P. Rocío Araujo Oñate.4

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porque “[…] las nulidades dentro del proceso civil sólo son procedentes en los casos específicamente previstos en las normas del artículo 140 del C.P.C., aunque con la advertencia ya hecha de que también es posible invocar o alegar la nulidad en el evento previsto en el art. 29 de la C.P. […]”; y, por el otro, consecuencialmente, que

advertencia ya hecha de que también es posible invocar o alegar la nulidad en el evento previsto en el art. 29 de la C.P. […]”; y, por el otro, consecuencialmente, que no es procedente ni por el legislador ni por el “legislador estatutario” restringir el ámbito de aplicación del artículo 29 de la Constitución Política, en relación con las causales de nulidad, y que por ello no se puede afirmar “[…] que en el artículo 294 del CPACA no se estableció taxativamente que procede la nulidad de la Sentencia por la causal genérica establecida en el artículo 29 de la Constitución […]”.

8. Indicó, por un lado, que en caso de que se encuentre en conflicto el artículo 294 de la Ley 1437 con el artículo 29 de la Constitución Política, en prevalencia del derecho sustanci al, solicita “[…] que en virtud de la excepción de inconstitucionalidad se de trámite a la solicitud de nulidad por “la afectación al derecho al debido proceso, contenido en el artículo 29 de la Constitución Política,

(que) ha sido denominada causal genérica” […]”13;

8.1. Y, por el otro, que “[…] [t]eniendo como fundamento las anteriores premisas, siendo respetuosos de las instituciones, solicitamos que el H. Consejo de Estado proceda a realizar la adición de la providencia de la referencia, habida consideración de que a pesar de que realizó un juicioso anál isis del precedente jurisprudencial aplicable en Colombia para el debido estudio y aplicación de la pérdida de investidura, se dejó de analizar la sentencia SU 207 DE 2022 […]”.

9. Por último, en el acápite “SOLICITUDES FINAL (sic)” manifestó que, “[…] [p]ara

investidura, se dejó de analizar la sentencia SU 207 DE 2022 […]”.

9. Por último, en el acápite “SOLICITUDES FINAL (sic)” manifestó que, “[…] [p]ara garantizar el debido proceso constitucional de mi prohijada solicitó (sic) respetuosamente que no se resuelva la solicitud de adición y/o aclaración hasta que se encuentre el (sic) firme y ejecutoriada el auto que decida la solicitud de nulidad procesal elevada con anterioridad a este escrito por “la afectación al derecho al debido proceso, contenido en el artículo 29 de la Constitución Política, ha sido denominada causal genérica” en el proceso de la referencia, pues debe ser objeto de pronunciamiento definitivo esta situación para garantizar el derecho superior de defensa y contradicción […]”.

13 Transcripción literal del texto de la solicitud.5

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

10. La Sala procederá, en primer orden, al estudio del marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la aclaración y adición de sentencias; y, en segundo orden, al análisis del caso concreto.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la aclaración de sentencias

11. Visto el artículo 285 de la Ley 156414 de 12 de julio de 201215 sobre aclaración,

que establece lo siguiente:

“[…] Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez

11. Visto el artículo 285 de la Ley 156414 de 12 de julio de 201215 sobre aclaración,

que establece lo siguiente:

“[…] Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración […]”.

12. En relación con la aclaración de sentencias, esta Corporación, en auto proferido el 13 de diciembre de 2016 16, señaló que se encuentra regulado en el artículo 285 de la Ley 1564 y que se erige “[…] en un instrumento dado por el ordenamiento jurídico a las partes del proceso, e inclusive al propio juez, para lograr una mayor comprensión intersubjetiva de la decisión judicial en los eventos en que la misma se plasmen “conceptos o frases que ofrez can verdadero motivo de duda”, ello, amparado bajo el condicionamiento dispuesto en la misma norma y que consiste en que tales pasajes que se acusen de oscuros por los intervinientes en el proceso, deben constituirse en relevantes o esenciales para la dete rminación y alcance de los mandatos dispuestos en la parte resolutiva de la providencia; pues la regla

que tales pasajes que se acusen de oscuros por los intervinientes en el proceso, deben constituirse en relevantes o esenciales para la dete rminación y alcance de los mandatos dispuestos en la parte resolutiva de la providencia; pues la regla jurídica en cita permite el uso de la aclaración de las providencias judiciales cuando

14 Aplicable al presente asunto en virtud de los artículos 21 y 22 de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018, “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones”. 15 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 13 de diciembre de 2016, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente número: 110010326000201600063-00.6

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tales frases o conceptos “estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella” […]”.

13. En ese orden de ideas, se puede concluir que la aclaración de sentencias se caracteriza porque: i) procede de oficio o a solicitud de parte; ii) dentro del término de ejecutoria de la providencia; iii) para ac larar conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda que estén contenidos en la parte resolutiva de la

caracteriza porque: i) procede de oficio o a solicitud de parte; ii) dentro del término de ejecutoria de la providencia; iii) para ac larar conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda que estén contenidos en la parte resolutiva de la providencia o que influyan en ella; y iv) la providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración, de conformidad con el artículo 243A de la Ley 143717.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la adición de sentencias

14. Visto el artículo 287 de la Ley 1564, sobre adición, que establece lo siguiente:

“[…] Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada co n la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutori a, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal […]”.

15. En relación con la adición de providencias, el Consejo de Estado ha considerado

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal […]”.

15. En relación con la adición de providencias, el Consejo de Estado ha considerado que “[…] al tenor de lo dispuesto en el artículo 287 del Código General del Proceso, […] procede la adición de providencias judiciales dentro del término de su ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, frente a autos y sent encias en las cuales se haya omitido la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la Ley debía ser objeto de pronunciamiento, omisión

17 Artículo adicionado por el artículo 63 de la Ley 2080.7

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que debe ser suplida por el respectivo juez mediante sentenci a o auto complementario […]”18.

16. Bajo esa misma línea argumentativa, se puede concluir que la adición de sentencias procede: i) de oficio o a solicitud de parte; ii) dentro del término de ejecutoria; iii) cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento; y iv) tiene lugar mediante sentencia complementaria.

17. Por último, visto el artículo 302 de la Ley 1564, sobre ejecutoria, establece que “[…] [l]as providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez

de pronunciamiento; y iv) tiene lugar mediante sentencia complementaria.

17. Por último, visto el artículo 302 de la Ley 1564, sobre ejecutoria, establece que “[…] [l]as providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos […]”. “[…] No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud […]”. “[…] Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos […]”.

18. Expuesto lo anterior, la Sala procederá a determinar si la solicitud de “aclaración y/o adición” presentada por la Concejal se formuló dentro de la oportunidad legal correspondiente. En caso afirmativo, la Sala procederá a determinar si se accede o niega la solicitud presentada por la señora Arcila Giraldo.

Análisis del caso concreto

Oportunidad de las solicitudes de aclaración y adición en el caso concreto y el trámite de la solicitud

19. De conformidad con los artículos 285, 287 y 302 de la Ley 1564 y atendiendo a que la sentencia proferida el 5 de mayo de 2023 se notificó en debida forma 19, la Sala considera que las solicitudes de aclaración y adición de 16 de mayo de 202320 se presentaron dentro de la oportunidad legal correspondiente.

18 Cfr. Cita núm. 8. 19 Mediante correo enviado el 11 de mayo de 2023.

se presentaron dentro de la oportunidad legal correspondiente.

18 Cfr. Cita núm. 8. 19 Mediante correo enviado el 11 de mayo de 2023. 20 Cfr. Índice 20 de SAMAI.8

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20. Asimismo, de conformidad con los artículos 208 y 210, numeral 3, de la Ley 1437, sobre nulidades y oportunidad, trámite y efecto de los incidentes y de otras cuestiones accesorias, que establecen que, por un lado, “[…] [s]erán causales de nulidad en todos los proce sos las señaladas en el Código de Procedimiento Civil

[entiéndase Código General del Proceso] y se tramitarán como incidente”; y, por el otro, que “[…] [l]os incidentes no suspenderán el curso del proceso […]”: la Sala considera que es procedente resolver las solicitudes de aclaración y adición presentadas por la Concejal Aura Marleny Arcila Giraldo.

Las solicitudes de “aclaración y/o adición” de la sentencia de 5 de mayo de 2023, en el caso concreto

21. La señora Arcila Giraldo solicitó que se “aclare y/o adicione” la sentencia de 5 de mayo de 2023 con fundamento en los argumentos indicados supra.

22. La Sala observa que en la sentencia de 5 de mayo de 2023 se explicó que el objeto del medio de control de pérdida de investidura es el estudio de la conducta

de mayo de 2023 con fundamento en los argumentos indicados supra.

22. La Sala observa que en la sentencia de 5 de mayo de 2023 se explicó que el objeto del medio de control de pérdida de investidura es el estudio de la conducta de los miembros de corporaciones públicas de elección popular con el objeto de determinar si estos incurrieron o no en conductas que la Constitución Polít ica y la ley sancionan con la pérdida de investidura y que, por tratarse de un proceso sancionatorio, se debe dar plena aplicación de las garantías constitucionales, teniendo en cuenta además que las causales son taxativas y de aplicación restrictiva.

23. Asimismo, se consideró que “[…] el juicio de responsabilidad que se realiza en el marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna manera como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, conforme con la jurisprudencia de las altas cortes21, una vez verificada la configuración del elemento objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo22 […]”.

24. El problema jurídico que se debía resolver, según quedó consignado en la sentencia de 5 de mayo de 2023, consistía en: “[…] determinar con fundamento en el recurso de apelación, si la señora Aura Marleny Arcila Giraldo incurrió o no en los

21 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016. 22 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión […]”9

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conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión […]”9

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elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, por incurrir en la inhabilidad prevista en el numeral 4.° del artículo 43 de esa misma normativa, según la cual, entre otras, no podrá ser inscr ito como candidato ni elegido concejal quien tenga vínculo por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad administrativa, en el respectivo municipio o distrito; y, en esa medida, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de 21 de octubre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia […]”.

25. En efecto y según se consideró en los numerales 28 a 30.12 de la sentencia de 5 de mayo de 2023, en el recurso de apelación se argumentó por la Concejal que la sentencia proferida por el Tribunal desconoció sus derechos fundamentales porque se profirió sin que se decretaran y practicaran algunas pruebas pertinentes, útiles y necesarias para resolver el asunto y, en especial, para determinar la ausencia de culpa grave o dolo , para lo cual desarrolló dos líneas argumentales: la primera, sobre la configuración del elemento subjetivo; y, la segunda, sobre la interpretación

necesarias para resolver el asunto y, en especial, para determinar la ausencia de culpa grave o dolo , para lo cual desarrolló dos líneas argumentales: la primera, sobre la configuración del elemento subjetivo; y, la segunda, sobre la interpretación del supuesto de hecho previsto en el numeral 5.° del artículo 179 de la Constitución Política y del artículo 40 de la Ley 617, así:

Sobre la configuración del elemento subjetivo

25.1. La Concejal manifestó que : i) el Tribunal debió establecer si los hechos invocados en la Solicitud se adecúan o no a los elementos objetivo y subjetivo de la causal; ii) el Tribunal no analizó las condiciones personales de la Concejal, su grado de formación , su profesión , el conocimien to de sus funciones y las de los funcionarios públicos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos y argumentó que, con ellos, se podría determinar si obró o no con el cuidado requerido; iii) solicitó que se aplicara la excepción de inconstitucionalidad porque, por un lado, la Concejal no había violado las normas invocadas en la solicitud; y, por el otro, la solicitud y la decisión se fundamentaba en un sistema de responsabilidad objetiva ; iv) el Tribunal no se fundamentó en pruebas para considerar que la Concejal estaba en condiciones de comprender el hecho o la circunstancia configurativa de la causal, que las afirmaciones de la sentencia carecían de soporte probatorio y que contenían inferencias subjetivas; v)10

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correspondía al Solic itante la prueba de los argumentos que fundamentaron la solicitud de pérdida de investidura; vi) había solicitado la nulidad procesal porque el decreto y práctica de pruebas era obligatorio y necesario por la naturaleza del proceso y porque, según afirmó, se incurrió en un exceso ritual manifiesto; y vii) indicó que, a pesar de estar probado el elemento objetivo, se debía indagar sobre la configuración o no del elemento subjetivo y sobre la existencia de alguna situación de buena fe, caso fortuito o fuerza mayor que exculpara su actuar.

Sobre la interpretación del supuesto de hecho previsto en el numeral 5.° del artículo 179 de la Constitución Política y del artículo 40 de la Ley 617

25.2. La Concejal: i) señaló que se debía abordar el efecto real, efectivo y útil de la inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política , con el propósito de determinar si la conducta se configura por el ejercicio de autoridad o la “mera posibilidad de ejercicio”; ii) afirmó que la “mera posibilidad de ejercer poder” no se desprende de los textos normativos de la inhabilidad y que se trata de una interpretación más gravosa , que castiga la tentativa o la mera expectativa; iii) indicó que el artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, prohíbe “ejercer” o “ejecutar” actos de poder y así debe ser entendido;

expectativa; iii) indicó que el artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, prohíbe “ejercer” o “ejecutar” actos de poder y así debe ser entendido; y iv) manifestó que la interpretación actual del Consejo de Estado, sobre la materia, es contraria a la Constitución Polític a y al “sistema de derecho positivo en nuestro país”, por lo que, en su criterio, debía ser estudiada nuevamente y replanteada, privilegiando la literalidad, la favorabilidad, el sentido común, el interés colectivo democrático y el derecho subjetivo de la Concejal; y v) solicitó nuevamente el trámite de una excepción de inconstitucionalidad , en prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

26. La Sala considera que la decisión adoptada en la sentencia de 5 de mayo de 2023 no evidencia conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella ni que se haya omitido la resolución sobre algún extremo de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento.

27. Por el contrario, la decisión adoptada es clara en cuanto realizó el estudio del marco normativo y de los desarrollos jurisprudenciales aplicables y, luego de la11

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valoración probatoria, consideró, entre otras cosas, que se configuró el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura porque se probó que:

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valoración probatoria, consideró, entre otras cosas, que se configuró el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura porque se probó que:

27.1. La señora Aura Marleny Arcila Giraldo fue elegida Concejal del Distrito de Medellín y que tenía vínculo en segundo grado de consanguinidad con el señor Elkin Darío Arcila Giraldo, quien era funcionario público por su condición de Subgerente Comercial de Fomento y Desarrollo, Nivel Directivo, Código 090, Grado 03, adscrito a la Gerencia General del Instituto para el Desarrollo de Antioquia.

27.2. El señor Elkin Darío Arcila Giraldo , desde un criterio funcional, ejerció autoridad administrativa en su condición de Subgerente Comercial de Fomento y Desarrollo del Instituto para el Desarrollo de Antioquia , en los términos de las resoluciones de gerencia núms. 0616 -13 de 4 de octubre de 2013 y 110 -15 de 26 de febrero de 2015, porque ostentaba funciones delegadas de ordenación del gasto y celebración de contratos y convenios, sin consideración a la