CE - 012333000202101485031AUTOQUERESUEL20231011153034

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal Núm. único de radicación: 050012333000202101485-03

Solicitante: Luis Humberto Guidales García

Concejal: Aura Marleny Arcila Giraldo

Asunto: Resuelve sobre una solicitud de nulidad

AUTO INTERLOCUTORIO

El Despacho procede a resolver sobre la solicitud de nulidad presentada por la Concejal.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

1. El señor Luis Humberto Guidales García -en adelante el Solicitante - pidió que se “[…] decrete la PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA ostentada por la concejal AURA MARLENY ARCILA GIRALDO, […] electa y posesionada como concejal del MUNICIPIO DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA para el período 2020 – 2023 por estar incursa en causal de inhabilidad específicamente la consagrada en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 […]”, presentando solicitudes probatorias1.

incursa en causal de inhabilidad específicamente la consagrada en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 […]”, presentando solicitudes probatorias1.

2. El conocimiento del proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia que, mediante sentencia de 21 de octubre de 2021, en primera instancia2,

1 Cfr. Índice 2 SAMAI. 2 Cfr. Documento denominado “48DecretaPerdidaDeInvestidura 2021-01485.pdf”, del expediente electrónico.Núm. Único de radicación: 050012333000202101485-03

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resolvió “[…] DECRETAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA de la señora Aura Marleny Arcila Giraldo como concejal del municipio de Medellín, para el período 2020-2023 […]”.

3. La Concejal3 presentó recurso de apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia y se niegue la solicitud de pérdida de investidura.

4. La Sección Primera del Consejo de Estado, una vez adelantado el trámite correspondiente, mediante sentencia de 5 de mayo de 2023 , resolvió “[…] CONFIRMAR la sentencia de 21 de octubre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”4.

5. La Concejal, mediante sendos escritos recibidos en la Secretaría de la Sección

Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”4.

5. La Concejal, mediante sendos escritos recibidos en la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación, el 16 de mayo de 2023 5, solicitó, por un lado, la “nulidad de la Sentencia (sic) 5 de mayo de 2023” ; y, por el otro, la aclaración y adición de la sentencia de 5 de mayo de 2023.

6. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 16 de junio de 20236, resolvió “[…] NEGAR las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia de 5 de mayo de 2023 proferida por la Sección Prime ra del Consejo de Estado, presentada por la señora Aura Marleny Arcila Giraldo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”7.

La solicitud de nulidad de la sentencia

7. La Concejal presentó solicitud de nulidad procesal “[…] con fundamento en la causal genérica de afectación al derecho fundamental al debido proceso contenido en el artículo 29 de la Constitución […]” , manifestando que se configuró en este

proceso, así:

3 Cfr. Documento denominado “54RecursoApelacionDda.pdf” del expediente electrónico. 4 Cfr. Índice 13 de SAMAI. 5 Cfr. Índice 20 de SAMAI. 6 Cfr. Índice 30 de SAMAI. 7 En la providencia se consideró lo siguiente: “[…] de conformidad con los artículos 208 y 210, numeral 3, de la Ley 1437, sobre nulidades y oportunidad, trámite y efecto de los incidentes y de otras cuestiones accesorias,

7 En la providencia se consideró lo siguiente: “[…] de conformidad con los artículos 208 y 210, numeral 3, de la Ley 1437, sobre nulidades y oportunidad, trámite y efecto de los incidentes y de otras cuestiones accesorias, que establecen que, p or un lado, “[…] [s]erán causales de nulidad en todos los procesos las señaladas en el Código de Procedimiento Civil [entiéndase Código General del Proceso] y se tramitarán como incidente”; y, por el otro, que “[…] [l]os incidentes no suspenderán el curso del proceso […]”: la Sala considera que es procedente resolver las solicitudes de aclaración y adición presentadas por la Concejal Aura Marleny Arcila Giraldo […]”.Núm. Único de radicación: 050012333000202101485-03

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Desconocimiento del derecho a probar

7.1. Al respecto, indicó que: i) no se realizó una valoración del acervo probatorio de manera integral porque no se decretaron y practicaron unos testimonios solicitados; ii) las pruebas testimoniales solicitadas se negaron, en primera y segunda instancia, “sin fundamento c onstitucional alguno, más allá de un excesivo ritual manifiesto” , privándose a la Concejal del derecho a probar ; y iii) con esta decisión se permite proferir “[…] sentencias anticipadas en los términos del artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 […]”.

Indebida valoración probatoria

7.2. Indicó que, en la sentencia proferida, en segunda instancia, no se probó que el

de 2021 […]”.

Indebida valoración probatoria

7.2. Indicó que, en la sentencia proferida, en segunda instancia, no se probó que el pariente en segundo grado de consanguinidad de la Concejal hubiere suscrito contrato alguno dentro del periodo inhabilitante y que hubiere incurrido materialmente en la conducta prohibida, señalando que la sentencia se fundamentó en inferencias y en la objetivación de una responsabilidad de naturaleza subjetiva. Para el efecto, indicó:

“[…] [E]n la sentencia de la referencia n o se realizó la valoración de prueba que fundamente la configuración de la conducta prohibitiva, pues no existe un solo contrato o acto pre -contractual, contractual o post -contractual o de ordenación del gasto que haya sido desplegado por el señor Elkin Ar cila, en virtud de los cuales hubiese ejercido la autoridad administrativa que le fue delegada […]”;

“[…] La valoración de las pruebas debía realizarse para poder determinar a la luz de la jurisprudencia del H. Consejo de Estado si: i) en este caso, si ex istía o podía concretarse una “ventaja potencial –no necesariamente concretada– que se asocia a supuestos de nepotismo” en el ejercicio de la autoridad administrativa; ii) se configuró la conducta prohibitiva dentro del elemento temporal de la causal […]” y que el Consejo de Estado no podía limitarse a proferir una sentencia fundamentada en supuestos ni aplicar la tesis relativa a que la autoridad se tiene por ejercida por el solo hecho de detentarla […]”

7.3. Agregó que la sentencia “[…] se dedicó a estudiar únicamente el factor objetivo y dejó de lado el análisis del factor subjetivo […]”.

Irregularidades procesales

hecho de detentarla […]”

7.3. Agregó que la sentencia “[…] se dedicó a estudiar únicamente el factor objetivo y dejó de lado el análisis del factor subjetivo […]”.

Irregularidades procesales

7.4. Indicó que en el trámite del proceso i dentificado con el número único de radicación 050012333000202101485-01 se presentó una solicitud de saneamientoNúm. Único de radicación: 050012333000202101485-03

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que, según señala, “no fue resuelta”, en la que se pidió que se aplicara la regla de decisión contenida en la sentencia SU207 de 9 de junio de 2022 y agregó que “[…] [c]omo es claro que no se aceptó la petición de aplicar la anterior regla de decisión, […] salta de bulto que la sentencia está vulnerando los derechos de mi representada y por tanto debe anularse, pues, no solo la petición respetuosa se refiere a la necesidad de realizar una valoración de LAS PRUEBAS que no se practicaron por capricho del juez, sino que se pretende ignorar que en el caso bajo estudio se profirió una sentencia en la que se realiza una valoración genérica o abstracta de la causal de pérdida de investidura […]”.

Traslado de la solicitud de nulidad

8. Este Despacho, mediante auto de 7 de julio de 20238, resolvió sobre el traslado de la solicitud de nulidad presentada por la Concejal. A su vez, la Secretaría de esta

Traslado de la solicitud de nulidad

8. Este Despacho, mediante auto de 7 de julio de 20238, resolvió sobre el traslado de la solicitud de nulidad presentada por la Concejal. A su vez, la Secretaría de esta Sección remitió el expedite al Despacho informando: “[…] NOTIFICADO Y EJECUTORIADO EL AUTO QUE ANTECEDE (INDICE 42) […] DURANTE EL TRASLADO DE LA SOLICITUD DE NULIDAD PRESENTADA (ÍNDICE 45) , NO

HUBO MANIFESTACIÓN. […] PARA PROVEER LO PERTINENTE […]”9.

II. CONSIDERACIONES

9. Este Despacho abordará el estudio de: i) la competencia; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo y desarrollo jurisprudenciales de las nulidades procesales; iv) el marco normativo de la causal invocada; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia

10. Vistos los artículos: i) 21 y 22 de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018 10, sobre la aplicación de la Ley 1437 de 18 de enero de 201111, en los aspectos no regulados en la Ley 1881 y, en forma subsidiaria, la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 12, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y la aplicación de

8 Cfr. Índice 42 de SAMAI. 9 Cfr. Índice 46 de SAMAI. 10 “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la

8 Cfr. Índice 42 de SAMAI. 9 Cfr. Índice 46 de SAMAI. 10 “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones”. 11 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 12 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.Núm. Único de radicación: 050012333000202101485-03

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esta normativa, en lo que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados; y ii) 125 13 de la Ley 1437, sobre la expedición de providencias: este Despacho es competente para resolver sobre la solicitud de nulidad interpuesta por la Concejal.

Problema jurídico

11. Corresponde al Despacho determinar, con fundamento en l os argumentos planteados por la Concejal, si en este caso se configura o no la causal de nulidad prevista en el artículo 29 de la Constitución Política.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de las nulidades procesales

12. Vistos los artículos: i) 21 y 22 de la Ley 1881, sobre la aplicación de la Ley 1437 en los aspectos no regulados en la Ley 1881 y, en forma subsidiaria, la Ley 1564, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo C ontencioso Administrativo; y la aplicación de

en los aspectos no regulados en la Ley 1881 y, en forma subsidiaria, la Ley 1564, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo C ontencioso Administrativo; y la aplicación de esta normativa, en lo que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados; ii) 29 de la Constitución Política, sobre el debido proceso; iii) 208 de la Ley 1437, sobre nulidades; y iv) 133 de la Ley 1564, sobre causales de nulidad.

13. Las causales de nulidad procesal han sido definidas por la Corte Constitucional14 y por el Consejo de Estado 15 como irregularidades o vicios procedimentales que se presentan en el marco de un proceso j urisdiccional y que tienen el alcance de invalidar las actuaciones surtidas dentro del mismo. En este orden de ideas, se trata de un mecanismo intraprocesal orientado a garantizar la validez de las actuaciones procesales y los derechos fundamentales de las partes y demás intervinientes.

14. La Corte Constitucional16 consideró que “[…] la taxatividad de las causales de nulidad significa que sólo se pueden considerar vicios invalidadores de una

13 Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 14 Ver por ejemplo: Corte Constitucional; sentencia T-125 de 23 de febrero de 2010.

otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 14 Ver por ejemplo: Corte Constitucional; sentencia T-125 de 23 de febrero de 2010. 15 Ver por ejemplo: Cons ejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; providencia proferida el 22 de octubre de 2015; Consejero Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa; número único de radicación: 540012331000200201809-01 (42523). 16 Ver Corte Constitucional; sentencia T-125 de 2010. Es importante resaltar que si bien la sentencia T -125 de 2010 se profirió en vigencia del Código de Procedimiento Civil, el Código General del Proceso reprodujo, enNúm. Único de radicación: 050012333000202101485-03

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actuación aquellos expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la Constitución, como el caso de la nulidad que se presenta por la práctica de una prueba con violación del debido proceso. Cualquier otra irregularidad no prevista expresamente deberá ser alegada mediante los recursos previstos por la normativa procesal, pero jamás podrá servir de fundamento de una declaración de nulidad […]”.

15. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido la existencia de nulidades de rango constitucional y, específicamente, han considerado que una de ellas se deriva del artículo 29 de la Constitución Política, al señalar que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y que

nulidades de rango constitucional y, específicamente, han considerado que una de ellas se deriva del artículo 29 de la Constitución Política, al señalar que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y que “[…] [e]s nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso [...]”.

16. Por un lado, la Corte Constitucional 17 ha considerado que nuestro sistema procesal ha adoptado un sistema de “[…] enunciación taxativa de las causales de nulidad […]” y que ello significa que “[…] sólo se pueden considerar vicios invalidadores de una actuación aquellos expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la Constitución , como el caso de la nulidad que se presenta por práctica de una prueba con violación del debido proceso […]”.

17. Y, por el otro, el Consejo de Estado ha considerado, respecto al alcance de la causal de nulidad prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, que: i) “[…] tiene un carácter estrictamente procesal y que se aplica tanto en la actuaciones judiciales como administrativas de carácter contencioso donde se definen derechos y, por lo tanto, se hacen exigibles todas las garantías concernientes al debido proceso, en especial las que se refieren al derecho de defensa y contradicción […]”; y ii) “[…] se configura o se limita exclusivamente a los casos en que se allegan pruebas al respectivo proceso con desconocimiento de los procedimientos establecidos para la aportación, el decreto, practica y contradicción de las mismas

[…]”18.

esencia, el principio de taxatividad de las causales de nulidad. Asimismo, ver sentencia C-491 de 2 de noviembre

establecidos para la aportación, el decreto, practica y contradicción de las mismas […]”18.

esencia, el principio de taxatividad de las causales de nulidad. Asimismo, ver sentencia C-491 de 2 de noviembre de 1995, M.P. doctor Antonio Barrera Carbonell. 17 Corte Constitucional, sentencia T-125 de 23 de febrero de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 18 Cfr. Ibidem. Asimismo, ver Consejo de Estado, Sala Ple na de lo Contencioso Administrativo, auto de 3 de septiembre de 2021. Proceso identificado con el NUR. 440012340000202000030 -01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.Núm. Único de radicación: 050012333000202101485-03

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18. En suma, el estudio de la causal de nulidad constitucional indicada supra implica la valoración del procedimiento seguido en cada caso concreto para garantizar que el aporte, decreto, práctica y contradicción de las pruebas respete los derechos del debido proceso, contradicción y de defensa de las partes.

Análisis del caso concreto

19. Este Despacho, de conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra, procede a resolver el problema jurídico con el objeto de determinar si, en el caso sub examine, se configura o no la causal de nulidad prevista en el artículo 29 de la Constitución Política , según la cual es “[…] nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso […]”.

objeto de determinar si, en el caso sub examine, se configura o no la causal de nulidad prevista en el artículo 29 de la Constitución Política , según la cual es “[…] nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso […]”.

20. La Concejal presentó la solicitud de nulidad indicada supra, argumentando que,

al proferirse la sentencia de 5 de mayo de 2023:

20.1. No se realizó una valoración del acervo probatorio de manera integral , toda vez que : i) no se practicaron unos testimonios solicitados y porque las pruebas solicitadas se negaron, en primera y segunda instancia, “sin fundamento constitucional alguno, más allá de un excesivo ritual manifiesto” , con lo cual, a su juicio, se estaría profiriendo una sentencia anticipada, en los términos del artículo 42 de la Ley 2080 ; y ii) n o se probó que el pariente en segundo grado de consanguinidad de la Concejal hubiere suscrito contrato alguno y por ende que hubiere incurrido materialmente en la conducta prohibida.

20.3. La sentencia “[…] se dedicó a estudiar únicamente el factor objetivo y dejó de lado el análisis del factor subjetivo […]”.

20.4. En el proceso identificado con el número único de radicación 050012333000202101485-01 no se resolvió un argumento de nulidad para la aplicación de los criterios establecidos en la sentencia SU -207 de 2022, sobre la valoración probatoria “concreta” para la configuración de la causal de inhabilidad.

21. Este Despacho considera que, en el caso sub examine, la solicitud presentada

aplicación de los criterios establecidos en la sentencia SU -207 de 2022, sobre la valoración probatoria “concreta” para la configuración de la causal de inhabilidad.

21. Este Despacho considera que, en el caso sub examine, la solicitud presentada por la Concejal no se subsume dentro de los supuestos fácticos de la causal deNúm. Único de radicación: 050012333000202101485-03

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nulidad prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, por las razones que se explican a continuación:

Sobre la causal de nulidad alegada por indebida valoración probatoria y por la presunta vulneración del derecho a probar

22. El Despacho considera que , conforme lo indicado supra, la causal de nulidad prevista en el artículo 29 de la Constitución Política tiene un carácter estrictamente procesal y se configura o se limita exclusivamente a los casos en que se alleguen pruebas al respectivo proceso con desconocimiento de los procedimientos previstos para la aportación, el decreto, práctica y contradicción de las mismas.

23. Asimismo, la valoración probatoria no es objeto de revisión en el marco del estudio de la causal de nulidad de que se trata, como lo pretende la Concejal, porque esta causal tiene como objeto garantizar que las pruebas hayan sido allegadas al proceso respetando los derechos fundamentales de las partes, que se trate de pruebas decretadas y practicadas conforme a la ley y que las partes puedan ejercer, en relación con las mismas, sus derechos de contradicción y de defensa.

proceso respetando los derechos fundamentales de las partes, que se trate de pruebas decretadas y practicadas conforme a la ley y que las partes puedan ejercer, en relación con las mismas, sus derechos de contradicción y de defensa.

24. En ese orden de ideas, se considera que la Concejal no expuso en su solicitud ni se probó que en este caso se hubiere allegado alguna prueba al proceso con desconocimiento de los procedimientos previstos para la aportación, el decreto, práctica y contradicción de las mismas.

25. Por el contrario, se encuentra probado que:

25.1. L a Concejal: i) solicitó el decreto y práctica de pruebas dentro de la s oportunidades legales; ii) las solicitudes probatorias se resolvieron mediante el auto de 17 de septiembre de 2021 , proferido por el Tribunal, aplicando la normativa correspondiente, a saber la Constitución Política y las leyes 1881, 1437 y 1564 ; y que dicha providencia fue debidamente notificada ; y iii) la Concejal interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación y que el Tribunal, mediante auto de 21 de octubre de 2021, resolvió “ […] [n]o reponer el auto proferido el 17 de septiembre de 2021 […]” y concedió el recurso de apelación ante esta Corporación.Núm. Único de radicación: 050012333000202101485-03

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25.2. A su vez, este Despacho, mediante auto de 21 de abril de 202219, confirmó el

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25.2. A su vez, este Despacho, mediante auto de 21 de abril de 202219, confirmó el auto de 17 de septiembre de 2021 proferido por el Tribunal, al considerar que la solicitud probatoria testimonial presentada por la Concejal para probar como hecho “[…] la forma en que el señor Elkin Arcila ejerció el cargo […] ” no cumplía con el requisito de pertinencia, en la medida que no guarda ba relación con el hecho indicado como constitutivo de la causal de la solicitud de pérdida de investidura ; decisión que fue notificada en debida forma.

25.3. Adicionalmente, se observa que en el recurso de apelación presentado por la Concejal contra la sentencia proferida por el Tribunal no se solicitó el decreto y práctica de pruebas.

26. Por lo expuesto anteriormente, este Despacho considera que, en este caso, no se probó que se hubiera aportado, decretado o practicado una prueba con violación del debido proceso, ni mucho menos se desconocieron los derechos de contradicción y defensa de la Concejal, sin que pueda ser considerado una causal de nulidad constitucional por vulneración del derecho al debido proceso la decisión de negar el decreto de una solicitud probatoria por no cumplir los requisitos previstos en los artículos 164, 165, 167 y 168 de la Ley 1564.

27. Asimismo, es importante resaltar que, en este caso no se aplicó el artículo 42 de la Ley 2080 de 25 de enero de 202120, que adicionó el artículo 182A a la Ley 1437, sobre sentencia anticipada, sino que se siguió, en primera y en segunda instancia, el procedim iento previsto en la Ley 1881 y, en forma subsidiaria, en las

1437, sobre sentencia anticipada, sino que se siguió, en primera y en segunda instancia, el procedim iento previsto en la Ley 1881 y, en forma subsidiaria, en las leyes 1437 y 1564.

Sobre el estudio de los elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura

28. En la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el 5 de mayo de 2023 se consideró que “[…] el juicio de responsabilidad que se realiza en el marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna manera como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, [se explicó que,]

19 Cfr. Índice 5 SAMAI. 20 Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.Núm. Único de radicación: 050012333000202101485-03

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conforme con la jurisprudencia de las altas cortes 21, una vez verificada la configuración del elemento objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo[22] […]”, lo cual implica que, el juicio de pérdida de investidura , en este caso, se caracterizó por ser un juicio de responsabilidad subjetiva.

29. En efecto, el problema jurídico que se debía resolver, según quedó consignado en la sentencia de 5 de mayo de 202 3, consistía en: “[…] determinar, con

29. En efecto, el problema jurídico que se debía resolver, según quedó consignado en la sentencia de 5 de mayo de 202 3, consistía en: “[…] determinar, con fundamento en el recurso de apelación, si la señora Aura Marleny Arcila Giraldo incurrió o no en los elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, por incurrir en la inhabilidad prevista en el numeral 4.° del artículo 43 de esa misma normativa, según la cual, entre otras, no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal quien tenga vínculo por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección hayan ejerci do autoridad administrativa, en el respectivo municipio o distrito; y, en esa medida, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de 21 de octubre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia

[…]”.

30. Posteriormente, la sentencia realizó el estudio del marco normativo y de los desarrollos jurisprudenciales aplicables de manera pacífica y reiterada y, luego de la valoración probatoria, consideró, entre otras, que se configuró el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura porque se probó que:

30.1. La señora Aura Marleny Arcila Giraldo fue elegida como Concejal del Distrito de Medellín y que tenía vínculo en segundo grado de consanguinidad con el señor Elkin Darío Arcila Giraldo , quien tenía la condición de funcionario público por su condición de Subgerente Comercial de Fomento y Desarrollo, Nivel Directivo,

de Medellín y que tenía vínculo en segundo grado de consanguinidad con el señor Elkin Darío Arcila Giraldo , quien tenía la condición de funcionario público por su condición de Subgerente Comercial de Fomento y Desarrollo, Nivel Directivo, Código 090, Grado 03, adscrito a la Gerencia General del Instituto para el Desarrollo de Antioquia.

30.2. El señor Elkin Darío Arcila Giraldo, desde un criterio funcional, ejerció autoridad administrativa durante el periodo inhabilitante, en su condición de

21 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016 22 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión […]”.Núm. Único de radicación: 050012333000202101485-03

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Subgerente Comercial de Fomento y Desarrollo, Nivel Directivo, Código 090, Grado 03 del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA y en los términos de las resoluciones de gerencia núms. 0616 -13 de 4 de octubre de 2013 y 110 -15 de 26 de febrero de 2015, porque ostentaba funciones delegadas de ordenación del gasto y celebración de contratos y convenios, sin consideración a la cuantía, en relación con los procesos liderados y objetivos misionales de su dependencia. Asimismo, que el ejercicio de autorida d tuvo lugar en el respectivo municipio o distrito donde

y celebración de contratos y convenios, sin consideración a la cuantía, en relación con los procesos liderados y objetivos misionales de su dependencia. Asimismo, que el ejercicio de autorida d tuvo lugar en el respectivo municipio o distrito donde fue elegida la Concejal.

30.3. La sentencia, al estudiar el supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura relativo a “[q]ue dicho vínculo se tenga con funcionario que, dentro de los 12 meses anteriores a la elección, haya ejercido autoridad, en este caso administrativa […]”, reiteró los desarrollos jurisprudenciales aplicables de manera pacífica y reiterada por la Sección Prim era del Consejo de Estado, en especial, el contenido en la sentencia de 20 de octubre de 2017 23, r eiterada en sentencia de 4 de noviembre de 2022 24, en las que se consideró que la expresión “[…] hayan ejercido autoridad […]” contenida en la inhabilidad, sub examine, no implica ni conlleva la realización de actuaciones específicas y concretas que evidencien el ejercicio material de las funciones que le atribuyen al pariente, sino que se tiene por ejercida la autoridad con el solo hecho de demostrar, desde una perspectiva orgánica o funcional, que se ostenta la función. Sin perjuicio de lo anterior, la sentencia explicó lo siguiente:

“[…] 106. La Sala considera, teniendo en cuenta las pruebas decretadas, en especial, las indicadas ant