CE - 012333000202101522011SENTENCIASENTENCIA20230411151208

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01522-01 (27106)

Demandante: William María Restrepo Luján

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 05001-23-33-000-2021-01522-01 (27106)

Demandante WILLIAM MARÍA RESTREPO LUJÁN

Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP Temas Liquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social . Indebido agotamiento de los recursos de la actuación administrativa. Caducidad SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de l 24 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, que decidió lo siguiente1: “PRIMERO: SE DECLARAN PROBADAS las excepciones de Caducidad del medio de control y de Falta de agotamiento de los recursos obligatorios de ley, propuestas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCI AL – UGPPy, en consecuencia, se da por terminado el proceso.

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCI AL – UGPPy, en consecuencia, se da por terminado el proceso.

SEGUNDO: SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandante, las que serán liquidadas, incluidas las agencias en derecho, por la Secretaría de esta Corporación.

TERCERO: NOTIFÍQUESE ESTA SENTENCIA de conformidad con el artículo 203 del

CPACA.”

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA La Un idad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) expidió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro. RCD-2017-03623 del 29 de noviembre de 2017, por la conducta de omisión en la afiliación y pago de aportes a salud, pensión y fondo de solidaridad parte del actor por los meses de enero a diciembre de 2015 (fls.29 a 34). Posteriormente, la entidad profirió liquidación oficial mediante la Resolució n Nro. RDO 2019-00201 del 28 de enero de 2019, en el sentido de liquidar la omisión en $58.742.200 e imponer sanción por $117.484.400 (fls.21 a 26). Contra la anterior decisión el actor no interpuso el recurso de reconsideración.

1 Índice 2 de Samai/EXPEDIENTE DIGITAL/”ED_SENTENCIA_07SENTENCIA(.pdf) NroActua 2”Radicado: 05001-23-33-000-2021-01522-01 (27106)

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ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el demandante formuló las siguientes pretensiones2: “PRIMERA: - DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo Resolución RDO-2019-00201 del 28 de enero del 2019, notificado irregularmente por aviso el día 20 de febrero del 2019, expedida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, donde se liquidan parafiscales y se sanciona al cotizante WILLIAM RESTREPO LUJAN.

SEGUNDO: - ORDENAR EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ordenando a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONT RIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP, archivar cualquier actuación posterior al decreto de la NULIDAD.

TERCERO: - CONDENAR en Costas y Agencias en Derecho al DEMANDADO.” A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 82, 563, 568, 583 y 730 del Estatuto Tributario; 15 de la Ley 100 de 1993; 156 de la Ley 1151

de 2007, 72 y 137 de la Ley 1437 de 2011; 33 de la Ley 1438 de 2011; 180 de la Ley 1607 de 2012 y el parágrafo del artículo 1º del Decreto 510 de 2003. El concepto de nulidad se resume de la siguiente manera:

1. Expedición irregular de los actos demandados Indicó que la liquidación oficial era nula por cuanto estaba inmersa en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 730 del Estatuto Tribut ario, dado que en este caso no se notificó el requerimiento especial.

Precisó que, según el artículo 563 ibidem, los actos de la Administración deben ser notificados a la dirección informada por el contribuyente en su última declaración, o mediante formato oficial de cambio de dirección , pero cuando no se hubiere informado dirección alguna , la actuación podría ser notificada a la dirección establecida por la autoridad mediante la verificación de guías telefónicas, directorios y, en general, información oficial o bancaria . De manera que, solo cuando no sea posible establecer la dirección del responsable por ninguno de los medios anteriormente señalados, la entidad deberá notificar sus actuaciones por medio de publicación en su portal web. El demandante advirtió que , de conformidad con su RUT , la dirección a la cual la UGPP debió remitir la notificación de los actos era la “Carrera 43 A #27-205 Local 2227 de Medellín”, no obstante, fueron enviados a la dirección “Carrera 43 A #27-205 Local 2227 del Municipio de Itagüí”. Precisó que cuando la notificación es devuelta por correo , el artículo 568 del Estatuto prevé la notificación por aviso, que consagra que la parte resolutiva del

del Municipio de Itagüí”. Precisó que cuando la notificación es devuelta por correo , el artículo 568 del Estatuto prevé la notificación por aviso, que consagra que la parte resolutiva del acto se publique en el portal web de la entidad y en un lugar de acceso al público , incluyendo mecanismos de búsqueda, caso en el cual los términos para la Administración se contabilizarán a partir de la fecha de introducción al correo, pero para el contribuyente a partir del día hábil siguiente a la publicación del aviso. Ahora,

2 Samai/índice2/Expedientedigital/ED_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTEJUZGADORadicado: 05001-23-33-000-2021-01522-01 (27106)

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cuando la causal de devolución de la notificación es por enviarse a una dirección distinta a la informada en el RUT, la autoridad tributaria deberá notificar su decisión a la dirección correcta dentro del término legal. En este caso, la UGPP, desde el principio, debió corregir la notificación enviada a una dirección distinta a la informada en el RUT, lo cual pasó por alto y, en su lugar, procedió a dar aplicación a la publicación de los actos mediante aviso, lo cual también era irregular de conformidad con las normas que regulan la materia. Advirtió que el artículo 72 de la Ley 1437 de 2011 consagra que la falta o irregularidad en las notificaciones implica que no se tenga por hecha e impide que las decisiones administrativas produzcan efectos legales.

Advirtió que el artículo 72 de la Ley 1437 de 2011 consagra que la falta o irregularidad en las notificaciones implica que no se tenga por hecha e impide que las decisiones administrativas produzcan efectos legales. Precisó que el Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro. RCD-2017-03623 del 29 de noviembre de 2017 es un acto preparatorio con consecuencias distintas al acto definitivo, sin embargo, es un requisito sine qua non para la liquidación oficial, de acuerdo con el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012.

2. Otros aspectos Afirmó que aunque el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 , que regula el procedimiento a seguir por la UGPP , no contempló que se pudiera demandar la liquidación oficial usando la figura per saltum, lo cierto era que el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 dispuso que, en lo no previsto en esa norma, los procedimientos de liquidación se ajustarán a lo establecido en el Estatuto Tributario, Libro V, Títulos

I, IV, V y VI.

Anotó que el pago a seguridad social de los independientes con capacidad económica no podría ser inferior al salario mínimo y debía guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos (artículo 15 de la Ley 100) . De manera que, era posible excluir del cálculo de los ingresos aquellas sumas correspondientes a los costos necesarios para el desarrollo de la actividad lucrativa (artículo 1º del Decreto 510 de 2003)3. Pese a lo anterior, la entidad desconoció la exclusión de los costos en los que incurrió para el desarrollo de su actividad económica, lo que dio lugar a calcular el

Decreto 510 de 2003)3. Pese a lo anterior, la entidad desconoció la exclusión de los costos en los que incurrió para el desarrollo de su actividad económica, lo que dio lugar a calcular el IBC sobre la totalidad del monto de los ingresos efectivamente percibidos. Agregó que , como la norma de seguridad social remitía a las disposiciones referentes a los costos y gastos de los cotizantes, en el proceso debió atenderse lo relativo a los costos estimados o presuntos de que trata el artículo 82 del Estatuto Tributario. En ese sentido, la UGPP debió reconocer los costos presuntos del actor, so pena de declararse la nulidad de la actuación con fundamento en la causal 4 del artículo 730 del Estatuto Tributario.

3. Ineficacia del acto administrativo por inexistencia de la norma Sostuvo que la UGPP no tuvo en cuenta los principios de equidad y justicia consagrados en la Constitución.

También desconoció la presunción de capacidad de pago y de ingresos establecida

3 Al respecto citó la decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 26 de julio de 2007, radicado Nro. 1832, C.P. Luis Fernando Álvarez JaramilloRadicado: 05001-23-33-000-2021-01522-01 (27106)

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en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 , puesto que dicha norma dispuso que el gobierno reglamentaría la materia, y en los actos demandados s e “usaron” decretos

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en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 , puesto que dicha norma dispuso que el gobierno reglamentaría la materia, y en los actos demandados s e “usaron” decretos anteriores a la expedición de esa ley.

4. Reserva de las declaraciones tributarias Afirmó que, de conformidad con el artículo 583 del Estatuto Tributario, la información de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las respectivas declaraciones son de carácter reservado, por consiguiente, la UGPP no tenía la facultad para consultar dicha información sin autorización del contribuyente.

Oposición de la demanda La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda 4. A l efecto propuso las excepciones de caducidad, inepta demanda por indebido agotamiento de los recursos en sede administrativa y falta de competencia en razón de la cuantía5. Indicó que la Resolución RDO 2019 -00201 del 2 8 de enero de 2019 quedó notificada mediante aviso fijado el 20 de febrero de 2019, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, el término de caducidad del presente medio de control transcurrió entre el 21 de febrero y el 21 de junio de

2019. No obstante, la demanda se radicó el 3 de marzo de 2020, es decir, por fuera de los 4 meses.

Si en gracia de discusión se aceptara que no se surtió en debida forma la notificación, el término de caducidad debía contarse desde el momento en que el actor tuvo conocimiento del proceso, que para el caso concreto fue el 28 de octubre

Si en gracia de discusión se aceptara que no se surtió en debida forma la notificación, el término de caducidad debía contarse desde el momento en que el actor tuvo conocimiento del proceso, que para el caso concreto fue el 28 de octubre de 2019, fecha en la cual se le entregó al actor copia del expediente administrativo, por lo que los 4 meses para presentar la demanda fenecieron el 2 de marzo de 2020 (el 29 de febrero de 2020 fue día inhábil) , s in embargo, la demanda fue extemporánea (3 de marzo de 2020)6. Sobre los recursos obligatorios en sede administrativa (artículo 161 -2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) , precisó que la liquidación oficial fue n otificada al aportante por aviso d el 20 de febrero de 2019, por lo que el recurso de reconsideración contra dicho acto debió interponerse a más tardar el 20 de abril de 2019, según el artículo 50 de la Ley 1739 de 2014 (que modificó el artículo 18 0 de la L ey 1607 de 2012) , sin embargo, el interesado guardó silencio y no ejerció su derecho dentro de la oportunidad prevista para ello7. Advirtió que, en este caso, no era procedente la demanda per saltum, toda vez que el artículo 720 del Estatuto Tributario dispone como requisito para acceder a esta figura que el aportante respondiera el requerimiento para declarar y/o corregir, situación que no ocurrió, lo cual fue aceptado por el actor en la demanda.

4 Samai/índice2/Expedientedigital/ED_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTEJUZGADO.

situación que no ocurrió, lo cual fue aceptado por el actor en la demanda.

4 Samai/índice2/Expedientedigital/ED_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTEJUZGADO. 5 Sobre este aspecto se pone de presente que la demanda fue admitida por el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral de Medellín, quien declaró su falta de competencia en audiencia inicial celebrada el 17 de marzo de 2021 y ordenó su remisión al Tribunal Administrativo de Antioquia, quien continuó con el trámite del proceso. 6 Citó la sentencia del Consejo de Estado, del 1 de agosto de 2016, exp. 56525, C.P. Hernán Andrade Rincón 7 Al respecto citó las sentencias del 24 de octubre de 2013, exp.19108, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 23 de abril de 2009, exp.16536.Radicado: 05001-23-33-000-2021-01522-01 (27106)

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Anotó que como el presente conflicto versaba sobre asuntos tributarios , como lo eran las contribuciones parafiscales, y que como las pretensiones del actor superaban los 100 SMMLV, la competencia estaba en cabeza del Tribuna l Administrativo y no de los juzgados. Sobre el primer cargo de nulidad, explicó que el proceso de fiscalización en contra del actor inició con la expedición del Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro. RDC 2017-03623 del 29 de noviembre de 2017, el cual se intentó notificar por correo

del actor inició con la expedición del Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro. RDC 2017-03623 del 29 de noviembre de 2017, el cual se intentó notificar por correo a la dirección del contribuyente , informada en su RUT, sin embargo, como dich o envío fue devuelto por la empresa de correo bajo la anotación “no reside”, se procedió a notificar el acto por aviso. Igual suerte corrió la Liquidación Oficial Nro. RDO 2019-00201 del 28 de enero de 2019, la cual en principio fue remitida por correo certificado y devuelt a por la empresa 472, ante lo cual la UGPP notificó el acto por aviso fijado en la cartelera y en la página web el 20 de febrero de 2019. Anotó que no era cierto que tanto el requerimiento como la liquidación oficial hubieren sido notificados en la ciudad de Itagüí, pues como podía advertirse de los oficios y las guías de notificación de la empresa de correo, estos se enviaron a la dirección registrada en el RUT del contribuyente en Medellín. Sin embargo, ante la devolución bajo la anotación “no reside” la entidad procedió a su publicación mediante aviso como lo habilita la norma, sin que se evidencie una vulneración al debido proceso. Frente a los demás cargos, señaló que el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 (modificado por la Ley 1739 de 2014 ), consagra el procedimiento a seguir para la determinación de las contribuciones parafiscales, por lo que no era procedente remitirse al Estatuto Tributario como lo pretendía el actor al mencionar la figura per saltum. Además, su aplicación tampoco era viable en este caso , pues como se expuso, el actor no atendió el requerimiento para declarar.

remitirse al Estatuto Tributario como lo pretendía el actor al mencionar la figura per saltum. Además, su aplicación tampoco era viable en este caso , pues como se expuso, el actor no atendió el requerimiento para declarar. En lo que tiene que ver con la base gravable de las contribuciones parafiscales, expuso que, según el artículo 3 del Decreto 510 de 2003, era la misma para salud y pensión , tomando en todos los casos como mínimo 1 SMMLV y máximo 25 salarios. Además, de conformidad con los artículos 66 del Decreto 806 de 1998, 33 de la Ley 1438 de 2011 y 6 de la Ley 797 de 2003, la base de cotización de los trabajadores independientes corresponde a los ingresos efectivamente recibidos y existe una presunción legal de capacidad de pago y de ingresos. Hizo un recuento de las normas que regula n el aporte de los trabajadores independientes y cuáles personas están dentro de esta clasificación , para concluir que fueron aplicadas correctamente en el caso concreto, destacando que, como el actor no aportó las pruebas que permitieran verificar el valor de los costos y gastos, no fue posible tenerlos en cuenta al momento de proferir la liquidación o ficial, máxime cuando es deber del interesado probar la realidad de los hechos que alega. Indicó que no se desconocieron principios constitucionales, pues los trabajadores independientes con capacidad de pago tienen la obligación de afiliarse y cotizar, ya que es su deber contribuir con las cargas del Estado.Radicado: 05001-23-33-000-2021-01522-01 (27106)

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Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad declaró probadas las excepciones de caducidad del medio de control y falta de agotamiento de los recursos obligatorios de ley, con fundamento en lo siguiente8: En relación con la notificación de l os actos proferidos por la UGPP, mencionó que por disposición del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, debía observarse lo dispuesto en el Estatuto Tributario, para lo cual citó los artículos 563 y 565 ibidem. Advirtió que la Administración intentó la notificación del requerimiento de información por cor reo a la dirección “Carrera 43 A #27 -205 Local 2227 de la ciudad de Itagüí”, pero ante su devolución procedió a notificar mediante aviso, lo mismo sucedió con el requerimiento para declarar y/o corregir, y la liquidación oficial. No obstante, revisado el RUT del actor , la dirección correspondía a la “Carrera 43 A #27 -205 Local 2227 de la ciudad de Medellín”, lo que en principio permitía advertir que las notificaciones se enviaron a una dirección distinta a la informada por el contribuyente, pues si bien la nomenclatura era la misma la ciudad era diferente. Pese a lo anterior, destacó que el apoderado del actor radicó derecho de petición ante la UGPP el 16 de septiembre de 2019, con radicado Nro. 2019700102870382, solicitando información sobre cualquier actuación adelantada en contra de su representado, lo cual fue atendido por la Administración mediante el Ofi cio Nro.

ante la UGPP el 16 de septiembre de 2019, con radicado Nro. 2019700102870382, solicitando información sobre cualquier actuación adelantada en contra de su representado, lo cual fue atendido por la Administración mediante el Ofi cio Nro. 2019152013067781 del 25 de octubre de 2019, enviado al interesado mediante correo el 28 de octubre del mismo año, en el que se le indicó, entre otras cosas, lo pertinente sobre el requerimiento de información, el requerimiento para declarar y/o corregir y la liquidación oficial. Además, se remitió al apoderado la respuesta y copia del expediente. En este orden, aunque las notificaciones del acto acusado y de los requerimientos previos, efectuadas por correo y posteriormente por aviso por parte de la entidad , fueron irregulares, lo cierto era que el demandante conoció del expediente contentivo de la actuación adelantada en su contra, desde el 28 de octubre de 2019, por ende, el período de caducidad de l medio de control inició el 29 de octubre de 2019 y terminó el 29 de febrero de 2020, que por ser sábado se corrió para el día hábil siguiente, esto es, el 2 de marzo de 2020. Así, como el actor interpuso la demanda en cuestión el 3 de marzo del 2020, para ese momento ya habían fenecido los términos legales y, en consecuencia, operó el fenómeno de caducidad del medio de control. Posteriormente, el Tribunal señaló que como el demandante conoció la liquidación oficial el 28 de octubre de 2019, a partir de ese momento estaba habilitad o para interponer el recurso obligatorio de reconsideración , sin embargo, como guardó

Posteriormente, el Tribunal señaló que como el demandante conoció la liquidación oficial el 28 de octubre de 2019, a partir de ese momento estaba habilitad o para interponer el recurso obligatorio de reconsideración , sin embargo, como guardó silencio al respecto y decidió acudir directamente a la jurisdicción , sin que en su caso estuvieren configurados los requisitos para la excepción prevista en el parágrafo del artículo 720 del Estatuto Tributario , era procedente declarar también probada la mencionada excepción de falta de agotamiento de los requisitos para demandar, conforme al numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011. Sumado a lo anterior, advirtió que el demandante no se pronunció frente a las excepciones propuestas por la entidad en la oportunidad procesal prevista para ello

8 Samai/índice2/Expedientedigital/ED_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTEJUZGADO.Radicado: 05001-23-33-000-2021-01522-01 (27106)

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ni controvirtió que conoció del proceso “desde el 28 de octubre de 202 2”, lo que demuestra una actitud pasiva que reafirmó los argumentos expuestos, por lo que no había lugar a declarar algo distinto a la configuración de los medios exceptivos enunciados, dando así por terminado el proceso. Condenó en costas a la parte demandante debido a que sus p retensiones no prosperaron. Recurso de apelación La parte demandante apeló la decisión de primera instancia por lo que pasa a

enunciados, dando así por terminado el proceso. Condenó en costas a la parte demandante debido a que sus p retensiones no prosperaron. Recurso de apelación La parte demandante apeló la decisión de primera instancia por lo que pasa a exponerse9: Expresó que en el ámbito de la nulidad y restablecimiento del derecho no se podían “alegar las glosas no recurridas ”, ya que el requerimiento para declarar y/o corregir y la liquidación oficial no le fueron notificados en debida forma, en consecuencia, no tuvo la oportunidad de contestarlos. De ahí que no era acertado que el Tribunal manifestara que los términos para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho empezaran a correr desde una fecha cierta pues, a su juicio, ello implicaba el desconocimiento de la realidad procesal lleva da a cabo por la UGPP, quien además impuso esa fecha siendo avalada por la sentencia apelada. Indicó que no era correcto concluir que el actor fue notificado por el envío de un correo dando respuesta a un derecho de petición, sin o que la entidad tenía que corregir sus actuaciones, notifica ndo nuevamente los actos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 567 del Estatuto Tributario. Destacó que al interior del proceso de fiscalización cada acto cumple una función específica, por lo que la indebida notificación de cada uno de ellos da lugar a la vulneración al debido proceso de la parte interesada, puesto que la irregular notificación implic ó la pérdida de oportunidades procesales. Así, reiteró que la Administración debió notificarle cada acto por separado, otorgándole a su vez la oportunidad de presentar documentos, descargos y recursos, y no todo en el mismo

notificación implic ó la pérdida de oportunidades procesales. Así, reiteró que la Administración debió notificarle cada acto por separado, otorgándole a su vez la oportunidad de presentar documentos, descargos y recursos, y no todo en el mismo momento como si se tratara de un acto complejo. El actor insistió en que la dirección informada en el RUT era la “Carrera 43 A #27-205 local 2227 de la ciudad de Medellín” , no obstante, el requerimiento para declarar y/o corregir fue enviado a la misma nomenclatura, pero en la ciudad de Itagüí, razón por la que no tuvo conocimiento de la actuación adelantada en su contra y no pudo controvertirla. Expresó que , en materia de notificaciones, la UGPP debía atender las normas previstas en el Estatuto Tributario, las cuales eran de obligatorio cumplimiento por su carácter procesal . En ese contexto , atendiendo lo dispuesto en el artículo 715 ibidem, para la expedición de la liquidación oficial era requisito sine qua non el emplazamiento previo , pues de esto también dependía la ejecutoriedad de la liquidación “y el no cumplir con el emplazamiento previo generará para el administrado consecuencias, como es la liquidación oficial con las respectivas sanciones, el no tener en cuenta las distintas normas que podrían beneficiar al administrado, en este caso al cotizar de la seguridad social de manera adecuada.” Además, el artículo 717 del mismo estatuto dispuso que , agotado el anterior

9 Samai/índice2/Expedientedigital/ED_RECURSODE_10RECURSODEAPELACION(.zip) NroActua 2Radicado: 05001-23-33-000-2021-01522-01 (27106)

9 Samai/índice2/Expedientedigital/ED_RECURSODE_10RECURSODEAPELACION(.zip) NroActua 2Radicado: 05001-23-33-000-2021-01522-01 (27106)

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procedimiento, la Administración dentro de los 5 años siguientes podía determinar la obligación tributaria (liquidación de aforo), por lo que si no notificó el emplazamiento no se podía seguir con el proceso sancionatorio. Así las cosas, decretar la caducidad en el asunto aquí discutido implicaría una doble sanción para el administrado, haciendo más gravosa su situación frente a la UGPP. Finalmente, citó apartes de un pronunciamiento del Consejo de Estado10, en el que se analizó la discusión acerca de la nulidad de actos de determinación por indebida notificación. Oposición al recurso de apelación La parte demandada no se pronunció al respecto. Ministerio Público El agente del Ministerio Público guardó silencio. CONSIDERACIONES DE LA SALA Le corresponde a la Sala verificar si, como lo decidió el Tribunal , son procedentes las excepciones de caducidad de l medio de control y f alta de agotamiento de los recursos obligatorios de ley, para lo cual se deberá establecer, en los términos del recurso de apelación del actor, si el Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro. RDC-2017-03623 del 29 de noviembre de 2017 y la Liquidación Oficial Nro. RDOrecurso de apelación del actor, si el Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro. RDC-2017-03623 del 29 de noviembre de 2017 y la Liquidación Oficial Nro. RDO2019-00201 del 28 de enero de 2019 fueron notificados en debida forma por la UGPP. Como cuestión previa se advierte que el actor en el recurso de apelación manifestó que de conformidad con el artículo 715 del Estatuto Tributario era requisito sine qua non la expedición y notificación del emplazamiento previo, como quiera que de ello también dependía la ejecutoriedad del acto de liquidación. Sin embargo, la Sala encuentra que estos argumentos no fueron planteados desde la interposición de la demanda, por tanto, en aras de garantizar el principio al debido proceso que rige las decisiones judiciales no se emitirá pronunciamiento alguno al respecto, pues la parte demandada no se pudo pronunciar al respecto.

1. Notificación de los actos expedidos por la UGPP Sea lo primero referir que el procedimiento a seguir por parte de la UGPP para la adecuada determinación de los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, para la época de los hechos, está consignado en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 (modificado por el artículo 50 de la Ley 1739 de 2014) , el cual establece que, previo a la expedición de la liquidación oficial, la Administración debe enviar un requerimiento para declarar y/o corregir que debe ser respondido por el aportante dentro de los tres meses siguientes a su notificación. De manera que , si no se admite la p ropuesta efectuada en el requerimiento, la entidad procederá a expedir la respectiva liquidación oficial dentro de los seis (6) meses siguientes.

aportante dentro de los tres meses siguientes a su notificación. De manera que , si no se admite la p ropuesta efectuada en el requerimiento, la entidad procederá a expedir la respectiva liquidación oficial dentro de los seis (6) meses siguientes.

10 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 23 de julio de 2015, exp.20035. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.Radicado: 05001-23-33-000-2021-01522-01 (27106)

Demandante: William María Restrepo Luján

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Ahora bien, se pone de presente que el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 indicó que “los procedimientos de liquidación oficial se ajustarán a lo establecido en el Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI”. Así mismo, se destaca que ha sido criterio de esta Sección que el requerimiento especial no es un acto susceptible de control judicial , lo cual resulta aplicable al requerimiento para declarar y/o corregir que profiere la UGPP , pues se tratan de actuaciones previas al acto