CE - 012333000202102161011SENTENCIA20231026230444

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)

Demandante: Universidad de Antioquia

Demandado: Luz Inés Sierra García

Temas: Reconocimiento diferencia pensional, subrogación de la entidad empleadora, reintegro de dinero

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la sentencia proferida el 30 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, la Universidad de Antioquia , por conducto de apoderada, formuló demanda en orden a que se anule la Resolución 093 del 16 de marzo de 2006, que dispuso pagar a la señora Luz Inés Sierra García «el valor que

Contencioso Administrativo - CPACA, la Universidad de Antioquia , por conducto de apoderada, formuló demanda en orden a que se anule la Resolución 093 del 16 de marzo de 2006, que dispuso pagar a la señora Luz Inés Sierra García «el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso2

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023) Demandante: Universidad de Antioquia tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1993».

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la entidad accionante solicitó condenar a la demandada a lo siguiente: i) devolver, de manera indexada, las sumas que se le han pagado con respaldo en el acto administrativo censurado, más los valores que se generen con posterioridad y hasta que la sentencia se encuentre en firme; y ii) sufragar las costas procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la parte demandante señaló los siguientes:

1. Antes de la Ley 100 de 1993, la Universidad de Antioquia, sin efectuar deducción alguna, reconocía las pensiones de sus empleados con base en todo lo devengado, teniendo como referentes normativos las Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966 y los Decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969.

1. A la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, dicho establecimiento de educación superior afilió a todos sus servidores al ISS,1 hoy Colpensiones. 2

Además, perdió competencia para continuar asumiendo el pago de las pensiones.

1. A la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, dicho establecimiento de educación superior afilió a todos sus servidores al ISS,1 hoy Colpensiones. 2

Además, perdió competencia para continuar asumiendo el pago de las pensiones.

1. Conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, 3 la entidad actora consideró que, a los beneficiarios del régimen de transición , el ISS debía reconocerles la pensión con base en todo lo devengado, incluyendo las primas de navidad, servicios y vacaciones; sin embargo, el instituto no compartía dicho entendimiento.

1 Instituto de Seguros Sociales. 2 Administradora Colombiana de Pensiones. 3 Radicado 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09).3

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023) Demandante: Universidad de Antioquia iv) Por Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la Universidad de Antioquia resolvió «subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la universidad, en el régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su dere cho, de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu proprio o por orden judicial, la asuma».

promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu proprio o por orden judicial, la asuma».

1. La accionada prestó sus servicios en la Universidad de Antioquia y, una vez cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez, el ISS le reconoció la prestación, por Resolución 19718 del 25 de octubre de 2005 , sin tener en cuenta en su liquidación las primas de navidad, servicios y vacaciones.

1. Mediante la Resolución 093 del 16 de marzo de 2006 , el ente universitario ordenó «pagar el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoce el Seguro Social, a la señora LUZ INÉS SIERRA GARCÍA», en cuantía de $674.459. Los pagos efectuados por ese concepto ascienden a $223.286.674.

1. Por Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, se derogó la Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999. La Resolución Rectoral 35823 fue demandada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y este la encontró ajustada a derecho, en razón a que la Universidad actuó por mera liberalidad al subrogarse en un deber que no le correspondía.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política; 10 de la Ley 4

en un deber que no le correspondía.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política; 10 de la Ley 4 de 1992; 18, 36, 131 y 151 de la Ley 100 de 1993; 1 del Decreto 1158 de 1994; 5 del Decreto 1068 de 1995; y 4 del Decreto 2337 de 1996.4

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023) Demandante: Universidad de Antioquia Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la parte demandante expuso

lo siguiente:

1. Conforme a la s Sentencias C-258 de 2013 y SU-210 de 2017, proferidas por la Corte Constitucional, las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición únicamente pueden liquidarse con base en el promedio de los salarios que sirvieron de base para los aportes en los último 10 años anteriores al reconocimiento de la prestación. Este criterio fue ratificado por el Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018;4 por lo tanto, el acto acusado no se ajusta a la interpretación actual de las normas en que debió fundarse.

1. En el evento en que se considere que los destinatarios del régimen de transición tienen derecho a que en su pensión se computen las primas de navidad, servicios y vacaciones, debe concluirse q ue la Universidad de Antioquia carece de competencia para hacer tal reconocimiento.

1. Conforme a los artículos 131 de la Ley 100 de 1993 y 4 del Decreto 2337 de

y vacaciones, debe concluirse q ue la Universidad de Antioquia carece de competencia para hacer tal reconocimiento.

1. Conforme a los artículos 131 de la Ley 100 de 1993 y 4 del Decreto 2337 de 1996, el ente educativo sólo qued ó a cargo de aquellas prestaciones causadas antes del 31 de diciembre de 1996, o las de quienes a dicha fecha se encontraran retirados, pero contaran con el tiempo de servicio necesario para acceder a la pensión de vejez y solo les faltara cumplir con el requisito de la edad.

1. La señora Luz Inés Sierra García no se encontraba en ninguno de los supuestos para que pudiera considerarse que la Universidad de Antioquia tenía obligaciones pensionales con ella, pues al 31 de diciembre de 1996 tenía 46 años de edad y desde el 1 de julio de 1995 fue afiliada al régimen general.

1.2. Contestación de la demanda

4 Radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.5

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023) Demandante: Universidad de Antioquia El apoderado de la señora Luz Inés Sierra García se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en las siguientes razones de defensa:

1. El reconocimiento pensional efectuado por la Universidad de Antioquia es respetuoso del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la jurisprudencia de la Corte Constitucional5 y del Consejo de Estado,6 pues los beneficiarios del régimen de transición tienen derecho a que su pensión de jubilación se liquide con base en todos los factores devengados,

Consejo de Estado,6 pues los beneficiarios del régimen de transición tienen derecho a que su pensión de jubilación se liquide con base en todos los factores devengados, incluyendo las primas de navidad, servicios y vacaciones.

1. Conforme consta en las actas que precedieron a la expedición de la Resolución Rectoral 12094 de 1999, se encuentra acreditado que la universidad actuó en ejercicio de sus facultades legales y la autonomía que la caracteriza, con el fin de asumir la cuota parte pensional que no otorgaba el ISS. Por lo tanto, de manera razonada y fundada en derecho se acudió a la figura de la subrogación para proteger a los pensionados y salvaguardar el derecho fundamental a la seguridad social.

1. La accionada goza de un derecho adquirido para percibir su pensión completa y no puede ser desconocido , máxime cuando en este caso no se cuestiona la legalidad de la Resolución Rectoral 12094 de 1999. Además, dicho acto se profirió con antelación al Acto Legislativo 1 de 2005.

1. Se proponen las siguientes excepciones: 1) legalidad del acto impugnado ; 2) buena fe; y 3) prescripción.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia , mediante sentencia del 30 de enero de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:

5 La demandada invocó las Sentencias T-438 de 1997 y T-357 de 1998. 6 La accionada invocó, entre otras, las siguientes sentencias: i) del 14 de noviembre de 2002, expediente 3534-00); ii) del

5 La demandada invocó las Sentencias T-438 de 1997 y T-357 de 1998. 6 La accionada invocó, entre otras, las siguientes sentencias: i) del 14 de noviembre de 2002, expediente 3534-00); ii) del 8 de marzo de 2012, radicado 15001-23-31-000-2008-00188-01; iii) del 4 de agosto de 2010, radicado 25000 -23-25-0002006-07509-01.6

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)

Demandante: Universidad de Antioquia

1. De acuerdo con la Ley 100 de 1993 , en armonía con los Decretos 1068 de 1995 y 2337 de 1996 , las universidades públicas del orden territorial carecen de competencia para reconocer las pensiones de sus servidores, ya que fueron afiliados al sistema general de pensiones a partir del 30 de junio de 1995.

1. La sentencia del 4 de agosto de 2010, proferida por el Consejo de Estado y que invoca la demandada, no constituye precedente vinculante, ya que las decisiones judiciales no pueden desconocer la Constitución y la Ley, como «tampoco cambiar sin suficiente argumentación la decantada jurisprudencia del mismo Supremo Tribunal en cuanto a pensión ordinaria, ni desconocer la reiterada defensa del principio de inescindibilidad».

1. El acto demandado está viciado de nulidad, por cuanto la Universidad de Antioquia asumió el pago de un excedente pensional sin tener competencia para ello, pues la accionada fue afiliada al ISS desde el 24 de junio de 1993 e inclusive

1. El acto demandado está viciado de nulidad, por cuanto la Universidad de Antioquia asumió el pago de un excedente pensional sin tener competencia para ello, pues la accionada fue afiliada al ISS desde el 24 de junio de 1993 e inclusive los factores reconocidos carecían de soporte legal, ya que no estaban previstos en el Decreto 1158 de 1994.

1. Se condena en costas a la demandada; sin embargo, no se ordenará el reintegro de las sumas percibidas, ya que no se desvirtuó la presunción de buena fe que la ampara.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. El apoderado de la demandada solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, por las siguientes razones:

1. La Resolución Rectoral 12094 de 1999 no cr eó un régimen pensional; por el contrario, fue expedida con competencia y respetó el marco legal que la regía.

1. La Universidad de Antioquia aplicó la figura del pago con subrogación para tutelar7

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023) Demandante: Universidad de Antioquia la situación pensional de sus servidores, quienes como beneficiarios del régimen de transición tenían derecho a que las pensiones se liquidaran con inclusión de todos los factores salariales percibidos , pero esta regla fue d esconocida por el ISS, hoy Colpensiones. A su vez , el ente universitario conservaba la potestad de repetir contra el referido fondo de pensiones, es decir, que no se afectó el patrimonio público.

Colpensiones. A su vez , el ente universitario conservaba la potestad de repetir contra el referido fondo de pensiones, es decir, que no se afectó el patrimonio público.

1. Las pretensiones carecen de vocación de prosperidad, porque el acto acusado se fundó en las Resoluciones 12094 y 16628 de 1999, pero estas no se demandaron y aunque fueron derogadas ello no alteró la eficacia jurídica de la decisión enjuiciada, pues la derogatoria no tuvo efectos retroactivos ni afectó las situaciones jurídicas consolidadas

1. Debe revocarse la condena en costas impuesta por el a quo, ya que ilegalidad del acto administrativo impugnado sería imputable exclusivamente a la Universidad de Antioquia y no a la accionada. Además, el Consejo de Estado ha explicado que dicha condena no procede en asuntos análogos al presente.7

1.4.2. La apoderada de la Universidad de Antioquia interpuso recurso de apelación adhesiva contra la referida sentencia con el fin de que se acceda a la devolución de las sumas reclamadas , con fundamento en los siguientes argumentos:

1. La resolución anulada dispuso que el reconocimiento pensional era de carácter temporal y quedaba sujeto a que el ISS lo asumiera por voluntad propia o que así lo decidiera una sentencia judicial.

1. La demandada tenía la responsabilidad de adelantar las actuaciones tendientes a que el fondo de pensiones se hiciera cargo del pago total de la prestación; sin

7 La demandada invocó las siguientes sentencias: i) del 31 de enero de 2018, radicado 05001 -23-33-000-2014-00058-02

a que el fondo de pensiones se hiciera cargo del pago total de la prestación; sin

7 La demandada invocó las siguientes sentencias: i) del 31 de enero de 2018, radicado 05001 -23-33-000-2014-00058-02 (0341-2017); ii) del 14 de noviembre de 2019, radicado 05001 -23-33-000-2014-00062-01 (4308 -16); iii) del 20 de noviembre de 2019, radicado 05001-23-33-000-2014-00067-01 (4279-16); iv) del 2 de diciembre de 2019, radicado 0500123-33-000-2014-00070-01 (0743-2018); v) del 19 de enero de 2023, radicado 05001-23-33-0002019-00278.8

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023) Demandante: Universidad de Antioquia embargo, la interesada incumplió con esta carga y recibi ó unas sumas que no le correspondían, por ende, su conducta no se ajustó a los postulados de la buena fe.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

La Universidad de Antioquia reiteró los argumentos expuestos en el transcurso del proceso y la demandada se abstuvo de intervenir en esta instancia.

1.6. El Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto y solicitó confirmar la sentencia apelada , salvo la condena en costas, por las siguientes razones:8

1. De manera pacífica la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha indicado

solicitó confirmar la sentencia apelada , salvo la condena en costas, por las siguientes razones:8

1. De manera pacífica la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha indicado que la Universidad de Antioquia carecía de competencia para subrogarse en el pago de las pensiones de sus exservidores ; sin embargo, no resulta procedente el reembolso de las sumas que la accionada percibió de buena fe.

1. Debe revocarse la condena en costas dispuesta en primera instancia, en tanto se debate un asunto relacionado con el interés público.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar i) si la Universidad de Antioquia carecía de competencia para otorgar a la señora Luz Inés Sierra García la diferencia entre

8 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.9

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023) Demandante: Universidad de Antioquia la pensión de vejez que le reconoció el ISS y el monto que resultaba de incluir en el ingreso base de liquidación las primas de navidad, vacaciones y semestral. En caso afirmativo, ii) si la accionada debe reintegrar las sumas percibidas por ese concepto; y iii) si debe revocarse la condena en costas impuesta por el a quo.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos de las universidades estatales

El artículo 62 de l a Constitución Política de 1886 consagró la competencia del

2.2.1. Competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos de las universidades estatales

El artículo 62 de l a Constitución Política de 1886 consagró la competencia del legislador para fijar, entre otros asuntos, las condiciones de jubilación en todos los órdenes y la clase de servicios que darían derecho a la pensión del tesoro público, en los siguientes términos:

Artículo 62. La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación; y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro público.

Con ocasión de la reforma constitucional consignada en el Acto Legislativo 01 de l 11 de diciembre de 1968, la competencia para fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos del orden nacional y el régimen prestacional de los empleados públicos se radicó exclusivamente en el Congreso de la República, tal como quedó establecido en el numeral 9 del artículo 76 de la Carta así:

9. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales.

A su vez, la Constitución Política de 1991 asignó al Congreso de la República la potestad de expedir leyes marco tendientes a señalar las normas generales,10

como el régimen de sus prestaciones sociales.

A su vez, la Constitución Política de 1991 asignó al Congreso de la República la potestad de expedir leyes marco tendientes a señalar las normas generales,10

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023) Demandante: Universidad de Antioquia objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y el régimen de los trabajadores oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19 literales e) y f). Igualmente, el artículo 48 ibidem dispuso que la seguridad social, a la cual pertenece la materia pensional, es un servicio público que se presta con sujeción a los principios allí enunciados, en los términos que establezca la ley.

En desarrollo de lo anterior, el artículo 12 de la Ley 4 de 1992 prescribió lo siguiente:

Artículo 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.

En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad. […]

A su turno, la Ley 30 de 1992 , por la cual se organiza el servicio público de la educación superior, en el artículo 77 dispuso que «[e]l régimen salarial y prestacional de los profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4ª de 1992, los decretos reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan».

prestacional de los profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4ª de 1992, los decretos reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan».

Ahora bien, con base en las facultades otorgadas por la ley 4 de 1992, se expidieron los Decretos 1444 de 1992 y 55 de 1994, el primero de ellos contiene disposiciones en materia salarial y prestacional que rigen a los docentes vinculados a las universidades públicas de orden nacional, y el segundo, a los vinculados a universidades públicas del orden territorial.

Debe anotarse que el Gobierno nacional es el competente para establecer el régimen prestacional aplicable al personal administrativo que labora en dichas entidades, tal y como lo analizó la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación con el siguiente razonamiento:

Dado que las personas que prestan sus servicios tanto en el área docente como11

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023) Demandante: Universidad de Antioquia administrativa de las universidades del Estado son servidores públicos, que el presupuesto de estas entidades proviene casi en su totalidad del Estado, que por expresa disposición legal corresponde al Gobierno Nacional regular el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y que la ley 30 de 1992 consagró en el artículo 77 que el régimen salarial y prestacional de los profesores de las universidades estatales se regirá por la ley 4ª de 1992 y demás normas complementarias, la Sala considera que compete al Presidente de la República fijar el régimen salarial y prestacional del personal docente y administrativo de las universidades oficiales.9

complementarias, la Sala considera que compete al Presidente de la República fijar el régimen salarial y prestacional del personal docente y administrativo de las universidades oficiales.9

Como se advierte, ni la Constitución Política ni la ley otorgaron a las universidades la posibilidad de fijar su propio régimen salarial y prestacional, ni siquiera en ejercicio de su especial autonomía.10 En esa medida, sus servidores públicos están regidos por las normas que regulan a los demás empleados del Estado, por lo que en todo caso las universidades deben respetar las competencias asignadas por el numeral 19, literal e), del artículo 150 de la Carta política y la Ley 4 de 1992, según las cuales es facultad exclusiva del gobierno nacional la de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos bajo los objetivos y criterios determinados por el legislador.

Tales disposiciones y su contenido son el marco que han de observar las instituciones universitarias a la hora de implementar algún tipo de beneficio salarial y prestacional para sus servidores públicos. Empero, en ningún caso, les es dable crear otros diferentes.11

2.2.2. Régimen pensional de los empleados públicos de los entes universitarios

El artículo 68 del Decreto 1848 de 1969 estableció que «[t]odo empleado oficial que preste o haya prestado sus servicios durante veinte (20) años, continua o

9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1076 del 15 de abril de 1998, C.P. Dr. Augusto Trejos Jaramillo. 10 En ese sentido se pueden consultar las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Subsecciones A y B: i) del 6 de marzo

Jaramillo. 10 En ese sentido se pueden consultar las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Subsecciones A y B: i) del 6 de marzo de 2008, radicado 70001 -23-31-000-2000-00118-01 (5624-03); ii) del 31 de mayo de 2018, radicado 68001 -23-33-0002014-00329-01 (4655-15); iii) del 25 de abril de 2019, radicado 08001 -23-33-000-2015-00026-01(2108-16); y iv) del 2 de diciembre de 2021, radicado 25000-23-42-000-2017-05197-02 (0711-21). 11 Corte Constitucional, Sentencia C-053 de 1998.12

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023) Demandante: Universidad de Antioquia discontinuamente, en las entidades, establecimientos o empresas señalados en el artículo 1 de este decreto, tiene derecho a gozar de pensión de jubilación».

El artículo 75 ibidem determinó que la prestación estaría a cargo de la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado el empleado «al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión». Además, que «[s] i el empleado oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, e l reconocimiento y pago se hará directamente por la

y edad señalados para el goce de la pensión». Además, que «[s] i el empleado oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, e l reconocimiento y pago se hará directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora».

Conforme a lo expuesto, la obligación de reconocer y pagar la pensión de jubilación de los funcionarios y empleados públicos estaba radicada en la entidad de previsión a la que estuviere afiliado el servidor; sin embargo, si tal afiliación no se verificó, la carga prestacional correspondía a la última entidad pública empleadora.

Posteriormente, en desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política, la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral y ordenó su aplicación a todas las personas del territorio nacional y reguló la obligatoriedad de su afiliación a quienes se enc ontraran vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos salvo las excepciones previstas en la Ley.

Luego, el presidente de la República expidió el Decreto 691 de 1994, «[p]or el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras disposiciones», cuyos artículos 1 y 2 establecieron lo siguiente:

Artículo 1. Incorporación de servidores públicos. Incorporase al sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 a los siguientes servidores públicos:

a) Los servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o Distrital, así como de sus entidades descentralizadas, y […]13

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)

Demandante: Universidad de Antioquia

municipal o Distrital, así como de sus entidades descentralizadas, y […]13

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)

Demandante: Universidad de Antioquia

Artículo 2. Vigencia del sistema general de pensiones para los servidores públicos . […].

El sistema general de pensiones para los servidores públicos departamentales, municipales y distritales, y de sus entidades descentralizadas, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha en que así lo determine el respectivo gobernador o alcalde. La entrada en vigencia podrá hacerse de manera gradual para determinados servidores públicos teniendo en cuenta, entre otros factores, la capacidad económica del organismo o entidad territorial y las proyecciones actuariales.

Por su parte, el Decreto 692 de 1994 12 definió que la entidad competente para el reconocimiento y pago de las pensiones «es la administradora que haya recibido o le corresponda recibir el monto de las cotizaciones del período en el cual ocurre el siniestro o hecho que da lugar al pago de la pensión o prestación correspondiente».

A su vez, el Decreto 1068 de 199513 fijó el límite temporal para que los servidores públicos del orden departamental, municipal y distrital seleccionaran el régimen pensional al cual querían afiliarse, esto es, prima media con prestación definida o ahorro individual con solidaridad. Además, el artículo 2 ibidem, precisó que en el nivel territorial la afiliación a cualquiera de los dos regímenes mencionados debía hacerse a más tardar el 30 de junio de 1995.

ahorro individual con solidaridad. Además, el artículo 2 ibidem, precisó que en el nivel territorial la afiliación a cualquiera de los dos regímenes mencionados debía hacerse a más tardar el 30 de junio de 1995.

Posteriormente, el artículo 2, parágrafo 1, del Decreto 2337 de 199614 dispuso que «para los servidores públicos, trabajadores oficiales y personal docente de aquellas instituciones que reconocían y pagaban directamente las pensiones, la afiliación a uno de los b dos regímenes del Sistema General de Pensiones, debe haberse efectuado a más tardar el 30 de junio de 1995, fecha en la cual, vencía el plazo para la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para las entidades territoriales, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1642 de 1995».

12 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993. 13 Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en los niveles departamental, municipal y distrital, la constitución de los fondos de pensiones del nivel territorial, y la declaratoria de solvencia de la s cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial. 14 Por el cual se reglamenta el artículo 131 y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1299 de 1994.14

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023) Demandante: Universidad de Antioquia Conforme a las disposiciones anteriores, para el 30 de junio de 1995, todos los servidores públicos debían estar afiliados al Sistema General de Pensiones, p