CE - 012333000202200067011SENTENCIACONFIRMA20220517034919

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 50001-23-33-000-2022-00067-01

Accionante: ANDRÉS FELIPE MOLLER GORDILLO

Accionado: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL META – SALA

ADMINISTRATIVA Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR – Se confirma el fallo impugnado que declaró improcedente el mecanismo de amparo, en tanto el actor dispone de otro medio de defensa judicial para la salvaguarda de los derechos fundamentales que aduce vulnerados con ocasión del acto administrativo de contenido particular, por medio del cual se emitió concepto desfavorable de la solicitud de traslado

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra de la sentencia de 4 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta y a través de la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Andrés Felipe Moller Gordillo solicitó el amparo de sus derechos

fundamentales al «DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, CARRERA

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Andrés Felipe Moller Gordillo solicitó el amparo de sus derechos

fundamentales al «DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, CARRERA ADMINISTRATIVA, PRINCIPIO AL MERITO PARA LA PERMANENCIA EN CARRERA JUDICIAL Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL», cuya vulneración le atribuyó al Consejo Seccional de la Judicatura del Meta – Sala Administrativa al haber emitido concepto desfavorable «para el traslado como servidor de carrera, por falta de cumplimiento de los presupuestos necesarios para otorgar el concepto favorable».

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente: 2.1. Relató que superó todas las etapas «de la convocatoria N° 4 para proveer cargos de empleados en la rama judicial; por lo que, luego de superar todas las etapas, el2

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Accionante: Andrés Felipe Moller Gordillo 15 de febrero de 2022 me posesioné como oficial mayor del Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño, Vichada». 2.2. Comentó que, con ocasión de la publicación de dos vacantes existentes en el cargo d e oficial mayor en dos despachos judiciales en el municipio de Acacías, presentó solicitud de traslado ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, argumentando que ostenta «la calidad de jefe de hogar y mi núcleo familiar se

cargo d e oficial mayor en dos despachos judiciales en el municipio de Acacías, presentó solicitud de traslado ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, argumentando que ostenta «la calidad de jefe de hogar y mi núcleo familiar se encuentra en la ciudad de Villavicencio, y como argumentos adicionales expuse una situación particular de salud que hace poco tiempo me fue detectada». 2.3. Adujo que la accionada mediante Oficio CSJMEO22-353 de 16 de marzo de 2022, emitió concepto desfavorable «para el traslado como servidor de carrera, por falta de cumplimiento de los presupuestos necesarios para otorgar el concepto favorable». 2.4. Informó que contra la anterior decisión presentó rec urso de reposición y, en subsidio, el de apelación. 2.5. Aseguró que cumple con los presupuestos para que se emita concepto favorable del traslado, en tanto que «si bien es cierto tom é posesión como oficial mayor del Juzgado de puerto Carreño el 15 de febrero de 2022, previo a ello y hasta el 14 de febrero de 2022 estaba también en carrera judicial des de el año 2016, pero como escribiente del Juzgado Penal del Circuito de Acacias, lo que quiere decir que nunca perdí continuidad en lo que a la carrera administrativa respecta, solo que pase de un cargo a otro gracias a que logre ascender con la convocatoria N° 4.». 2.6. Puntualizó que el presente mecanismo constitucional satisface el requisito de la subsidiariedad, ya que la Corte Constitucional , en sentencias T -159 de 2017 y T302 de 2019 , así lo ha considerado, en atención a que esta acción «ofrece un espectro de protección más amplio e integral».

subsidiariedad, ya que la Corte Constitucional , en sentencias T -159 de 2017 y T302 de 2019 , así lo ha considerado, en atención a que esta acción «ofrece un espectro de protección más amplio e integral». 2.7. Manifestó que la decisión de la Corporación accionada «CONSTITUYE UNA VÍA DE HECHO al exigir la calificación en el cargo que actualmente desempeño en propiedad, esto es el de oficial mayor, dado que tome posesión el 15 de febrero de 2022; haciendo hincapié que ese requisito contenido en el artículo 13 del acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 no fue declarado nulo y por ende es aplicable al caso, no respecto de un puntaje pero si para acreditar que la calificación fue satisfactoria».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] 1. Se revoque la decisión del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, y en consecuencia se ordene emitir concepto favorable para el traslado al Juzgado Penal del Circuito o al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias. O en su defecto se disponga que el nuevo pronunciamiento se ajuste a lo resuelto en la sentencia de tutela3

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Accionante: Andrés Felipe Moller Gordillo

2. Se tenga en cuenta, como argumento de refuerzo, mi condición de salud al momento de disponer la emisión del concepto favorable.

Como petición subsidiaria y en caso de que no se atienda la petición principal, solicito:

1. Que se suspenda el proceso de conformación de las listas de elegibles de

momento de disponer la emisión del concepto favorable.

Como petición subsidiaria y en caso de que no se atienda la petición principal, solicito:

1. Que se suspenda el proceso de conformación de las listas de elegibles de los Juzgados a los que aspiro el traslado, así como su envío a los Despachos, hasta que se resuelvan los recursos de reposición y apelación que interpuse contra la negativa del con cepto favorable. Advirtiendo que de haberse elaborado las listas de elegibles sin haberme incluido, las mismas deberán ser reconformadas en caso de que en sede de reposición, apelación o incluso de impugnación se acceda a mi petición de concepto favorable. […]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. La magistrada del Tribunal Administrativo del Meta a cargo de la sustanciación del presente proceso, mediante auto de 22 de marzo de 2022 admitió la presente acción de tutela en contra del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta – Sala Administrativa. En la misma providencia, vinculó como terceros con interés directo en los resultados del proceso al «JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE ACACIAS y al JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE

SEGURIDAD DE ACACIAS».

5. Posteriormente, y mediante auto de 29 de marzo de 2022, el despacho del Tribunal Administrativo del Meta a cargo de la sustanciación del proceso, vinculó a

la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

V. INTERVENCIONES

6. Realizadas las comunicaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas, se

produjeron las siguientes intervenciones:

Judicatura.

V. INTERVENCIONES

6. Realizadas las comunicaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas, se

produjeron las siguientes intervenciones:

6.1. El Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, por intermedio de la presidenta de la Corporación, rindió informe en el que solicitó que se declarara improcedente el presente mecanismo de amparo, al considerar que el actor «está haciendo uso desmedido de las acciones constitucionales, toda vez, que has ta el día de ayer sustentó el recurso de reposición, por lo tanto, está activando el aparato judicial, sin tener resultados de los recursos de reposición y apelación de los cuales hizo uso».

6.2. Resaltó que, si bien es cierto el accionante «se encontraba inscrito en carrera y no perdió continuidad, lo cual no es objeto de discusión; sin embargo, es de resaltar que se encontraba en propiedad en un cargo que no tiene asignadas funciones jurídicas y pasó a uno que sí, como es el cargo de Oficial Mayor; esto es se trata de cargos con distintos requisitos y funciones. Es de resaltar que el Acuerdo que reglamenta los traslados, establece claramente que se habla del cargo en que ostenta la propiedad, no establece experiencia de cargos en provisionalidad».4

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Accionante: Andrés Felipe Moller Gordillo

6.3. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través de la directora de la Unidad, rindió informe en el que solicitó la declaratoria de improcedencia de la presente solicitud amparo, en el entendido

6.3. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través de la directora de la Unidad, rindió informe en el que solicitó la declaratoria de improcedencia de la presente solicitud amparo, en el entendido de que el actor pretende dejar sin efectos un acto administrativo, el cual es susceptible de control jurisdiccional, lo que significa que dispone de otro medio de defensa para la salvaguarda de los derechos fundamentales que aduce vulnerados.

6.4. Advirtió que en el presente asunto «no se encuentra establecido y mucho menos probado la existencia de un perjuicio irremediable, máxime cuando el señor Andrés Felipe Moller Gordillo actualmente se encuentra nombrado en propiedad en el cargo de oficial mayor del Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño, gozando de todas las acreencias laborales que su cargo le asigna y una vez cumpl a con los requisitos previstos en el reglamento puede volver a solicitar traslado».

6.5. Sin perjuicio de lo anterior, señaló que, en todo caso, no existe la vulneración alegada por el accionante, en atención a que «no es posible emitir concepto previo favorable de traslado, pues en su caso no se cumplen con los presupuestos exigidos por el artículo 134 de la Ley 270 de 1996 y en el Acuerdo PCSJA17-10754».

6.6. Como sustento de lo anterior, expuso lo siguiente:

[…] Al revisar los antecedentes del acto administrativo reprochado, se verificó que el señor ANDRES FELIPE MOLLER GORDILLO, se encontraba nombrado en propiedad como oficial mayor del Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño, desde el 15 de febrero de 2022, cargo desde el cual es sujeto de

que el señor ANDRES FELIPE MOLLER GORDILLO, se encontraba nombrado en propiedad como oficial mayor del Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño, desde el 15 de febrero de 2022, cargo desde el cual es sujeto de calificación.

Sin embargo, el accionante con la solicitud de traslado, presentada el 7 marzo de 2022 aportó un formato de calificación de servicios del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, con fecha de evaluación 25 de enero de 2022, que corresponde al cargo de oficial mayor del Juzgado 03 de Ejecución de Penas y M edidas de Seguridad de Acacías, en provisionalidad, suscrito por el titular de ese Despacho y en la que le fue asignado 92 puntos, formato que no cumple con lo establecido en el artículo décimo tercero del Acuerdo PCSJA17 -10754 de 2017, pues ésta no corres ponde al cargo y despacho desde el cual solicita el traslado y tiene la propiedad.

Ahora bien, como quiera que el servidor judicial se vinculó en propiedad en el cargo de oficial mayor del Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño el 15 de febrero de 2022 y para la fecha de la solicitud de traslado, 7 de marzo de 2022 no contaba con la calificación integral de servicios, para efectos de traslado no es viable emitir concepto favorable […].

6.7. El Juez Penal del Circuito de Acacías rindió informe en el que advirtió que «se abstendrá de emitir un concepto sobre la vulneración invocada, pues se ha puesto en duda (desde hace tres años) mi imparcialidad».5

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abstendrá de emitir un concepto sobre la vulneración invocada, pues se ha puesto en duda (desde hace tres años) mi imparcialidad».5

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Accionante: Andrés Felipe Moller Gordillo

VI. EL FALLO IMPUGNADO

7. Mediante sentencia de tutela de 4 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo del Meta declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, luego de considerar que no cumplía con el requisito de la subsidiariedad.

8. Como sustento de lo anterior, el a quo expuso lo siguiente:

[…] advierte la Sala que en el caso concreto, se agotó el procedimiento administrativo de las dos instancias para dar trámite a la solicitud de traslado del actor, y que producto de ellos existe concepto desfavorable en firme en la actuación administrativa, de cisiones que fueron fundamentadas en disposiciones normativas Acuerdo PCSJA17 -10754 de 2017, al no corresponder la calificación que se pretende sea tenida en cuenta, al cargo y despacho desde el cual solicita el traslado y tiene la propiedad, así como por no haberse cumplido con los requisitos que exige el traslado por salud dentro de dicha actuación administrativa, es decir, se concluye que en el presente asunto existe ya un acto administrativo definitivo respecto del cual opera la presunción de legalidad, observándose que los reparos presentados contra el concepto desfavorable de traslado por parte del demandante, en últimas, cuestionan la motivación de la decisión administrativa, tópico que podría ventilarse ante la jurisdicción de lo contencioso administ rativo (juez natural), a través de los

desfavorable de traslado por parte del demandante, en últimas, cuestionan la motivación de la decisión administrativa, tópico que podría ventilarse ante la jurisdicción de lo contencioso administ rativo (juez natural), a través de los medios de control de nulidad simple y/o nulidad y restablecimiento del derecho.

Conforme lo anterior, a juicio de la Sala no cumple la presente acción de tutela con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, pues pese a que el procedimiento de los traslados es breve, ello por si mismo no resta eficacia e idoneidad a los me canismos ordinarios de defensa (medios de control con medidas cautelares), adicional a que en el presente asunto no se demuestra la existencia de un perjuicio irremediable, que hiciere transitorio el amparo de tutela, pues la afectación en la salud que ale ga el actor no es de aquellas enfermedades que ostentan la condición de gravedad o urgencia tal que de lugar a que por una solicitud de traslado que sin el cumplimiento de los requisitos legales para que opere cualquiera de las modalidades de traslado, permita la paralización de un trámite administrativo de provisión de cargos por mérito en curso, permitiéndose entonces que sean utilizados estos trámites de traslado para entorpecer la provisión de empleos con personas que puedan superar las condiciones de quien pide traslado.

[…]

De tal manera que en el presente asunto, la intervención del juez constitucional se torna improcedente, dado que si bien ya se resolvieron los recursos administrativos planteados por el actor, lo cierto es que en el asunto no se configura un perjuicio irremediable que amerite la intervención excepcional del

se torna improcedente, dado que si bien ya se resolvieron los recursos administrativos planteados por el actor, lo cierto es que en el asunto no se configura un perjuicio irremediable que amerite la intervención excepcional del Juez de tutela, no se trata de un traslado por motivos de salud, como lo destaca el actor y como se desprende del hecho de no haber acreditado tal condición en su petición de tr aslado del 7 de marzo de 2022, ni existe evidencia de la configuración de un perjuicio grave, inminente e irremediable, y en todo caso, cuenta el actor con la posibilidad de acudir a medios de defensa judiciales, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para enjuiciar los actos que aquí cuestiona, o puede también, presentar una nueva solicitud de traslado cuando estime cumplir con los requisitos y trámites administrativos, siendo de esta6

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Accionante: Andrés Felipe Moller Gordillo manera desacreditada la existencia del perjuicio irremediable y la consecuente procedencia excepcional de la acción de tutela. […].

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. El accionante impugnó la sentencia de primera instancia, al considerar que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, sí resulta procedente la acción de tutela, como mecanismo definitivo, cuando se promueve en contra de un acto administrativo de carácter particular, teniendo en cuenta que: «lo que aquí se discute es justamente la legalidad de una decisión que afecta mis derechos de

carrera en tanto se desconoce por completo un precedente jurisprudencial y el

administrativo de carácter particular, teniendo en cuenta que: «lo que aquí se discute es justamente la legalidad de una decisión que afecta mis derechos de carrera en tanto se desconoce por completo un precedente jurisprudencial y el principio al mérito como medio de permanencia en carrera administrativa al negarme la posibilidad de que el Juez nominador estudie la viabilidad de conceder mi traslado con base en exigencias que la Ley 270 no contempla».

10. Asimismo, señaló que, en todo caso, en el presente asunto se configura un perjuicio irremediable que habilita la intervención del juez constitucional, en tanto existe un hecho vulnerador real y consistente en que ya se conformó la lista de elgibles de los aspirantes que se postularon para ocupar los cargos en los juzgados para el cual él solicitaba el traslado. En tal sentido, agregó lo siguiente:

[…] Es por lo anterior que, se requería y se requiere tomar medidas urgentes ya que solo de esa manera se podr ía evitar la consumación de ese perjuicio irremediable que tendría lugar al momento de realizar el nombramiento y posesión de alguna de las personas que se encuentran en la lista de elegibles, sin que se me dé la posibilidad de que el nominador estudie mi hoja de vida y de esa manera sopese si en merito me hago merecedor al traslado o si por el contrario es una de las personas que se encuentra en la lista de elegibles quien tiene mejor derecho.

Es entonces ese hecho el que da lugar a ese perjuicio grave, si se tiene en cuenta que una vez se copen las dos plazas que se publicaron perdería la posibilidad de un traslado pues a este momento ya no hay vacantes para optar y por el contrario hay bastantes personas en busca de un nombramiento, pues

cuenta que una vez se copen las dos plazas que se publicaron perdería la posibilidad de un traslado pues a este momento ya no hay vacantes para optar y por el contrario hay bastantes personas en busca de un nombramiento, pues mírese que las listas de elegibles se conformaron por 12 y 14 personas para tan solo dos vacantes, luego entonces es claro que ante la escases de plazas y la cantidad de personas pendientes por nombrar es apenas justo que se me permita ingresar en la competencia por una de ellas en ejercicio de los derechos de carrera que en este momento ostento. Máxime, cuando tal como lo he venido advirtiendo se me está coartando la posibilidad de entrar en la pugna bajo requisitos que no contempla la Ley 270, como lo es la calificación de servicios. […]

11. Respecto de la existencia de otro medio de defensa judicial, el impugnante indicó que los mecanismos ordinarios no resultaban ser eficaces, «ya que como se ha venido recalcando son muy cortos los tiempos que la Ley otorga al interior del trámite entre el nombramiento y la posesión, pues en total son poco más de 20 días (10 días para nombrar y 15 para tomar posesión), ello sin contar con que alguna de las partes renuncie a tomarse los términos. Lo que hace inviable esperar a que se acuda a la jurisdicción administrativa, más aun cuando es sabida la inmensa carga7

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Accionante: Andrés Felipe Moller Gordillo laboral y congestión que soportan esos Despachos, lo que a la postre torna mucho más lentas las actuaciones y la evacuación de las etapas procesales».

Accionante: Andrés Felipe Moller Gordillo laboral y congestión que soportan esos Despachos, lo que a la postre torna mucho más lentas las actuaciones y la evacuación de las etapas procesales».

12. Sumado a lo anterior, afirmó que las medidas cautelares que se pueden plantear dentro del medio de control tampoco resultan ser eficaces, porque «están sometidas a la carga laboral de cada Despacho y los términos judiciales, donde de acuerdo al orden de ingreso se resuelven, y conforme las reglas de la experiencia, de las que esa H. Corporación debe tener conocimiento, un proceso con medida cautelar puede durar un promedio de dos a tres meses al Despacho del Juez para resolverse, tiempo para el que evidentemente ya se ha dado la posesión de las personas de la lista de elegibles».

13. Adicionalmente, señaló lo siguiente:

[...] La primera instancia, también señala que mis derechos fundamentales al debido proceso no se están vulnerando en la medida que ya fueron desatados los recursos interpuestos contra la decisión de no emitir concepto favorable, que resultaron contrarios a mis pretensiones, como era de esperarse, pues difícilmente iban a ir contra o reversar el criterio que han venido manejando tanto el consejo seccional del Meta como el Consejo Superior de la Judicatura.

Frente a esta afirmación debo decir que es justamente por eso que resulta imperioso el estudio en sede de tutela, pues precisamente es la decisión confirmada la que estoy atacando, en tanto con esta herramienta lo que se busca es que se revise la legalidad y vigencia del sustento normativo sobre el cual se cimenta dicha decisión, que no es otro que la decisión de exigir una calificación de servicios para el concepto favorable.

busca es que se revise la legalidad y vigencia del sustento normativo sobre el cual se cimenta dicha decisión, que no es otro que la decisión de exigir una calificación de servicios para el concepto favorable.

Honorables Magistrados, quiero hacer hincapié en este punto en la medida que no es posible que se me diga que se protegen mis derechos al confirmar una decisión que en mi criterio estriba en normas que han sido objeto de nulidad y de derogatoria tacita, que de paso se recuerda son el motivo de la presente acción de amparo, en la medida que lo relacionado con la exigencia de un puntaje especifico de calificación en asuntos conexos con traslados fue declarada nula como quiera que ello se erige como un requisito que no contempla ni la ley 270 ni la Jurisprudencia. Y es de ahí de donde nace la violación a mis derechos ya que si no se exige un puntaje mínimo para el concepto favorable no tiene sentido poner como talanquera la exigencia de una calificación como mera verificación satisfactoria, tal como lo indican las entidades demandadas [...].

14. Con fundamento en los anteriores argumentos, el impugnante solicitó revocar el fallo impugnado, para en su lugar, se conceda el amparo deprecado.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

15. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la impugnación presentada por el accionante, de conformidad con lo establecido en el artículo 328

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Accionante: Andrés Felipe Moller Gordillo del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo

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Accionante: Andrés Felipe Moller Gordillo del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20173.

VIII.2. Problemas jurídicos

16. De acuerdo con la situación fáctica planteada y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá determinar:

b) Si la Corporación accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante al haber emitido concepto desfavorable «para el traslado como servidor de carrera, por falta de cumplimiento de los presupuestos necesarios para otorgar el concepto favorable».

17. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: i) requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de contenido particular; procediendo posteriormente a ii) resolver el caso concreto.

VIII.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de contenido particular

18. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, el mecanismo de amparo, por regla general,

administrativos de contenido particular

18. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, el mecanismo de amparo, por regla general, no procede para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, en su defecto, la acción de nulidad.

19. En ese sentido, la jurisprudencia4 de la Corte Constitucional ha sido reiterativa en

señalar lo siguiente:

[…] En principio, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos de contenido particular y concreto, ya que para controvertir estos actos el juez natural es la jurisdicción contenciosa administrativa, instancia en la cual los afectados pueden hacer uso de dos mecanismos de defensa.

1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 2 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 3 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 2011. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.9

del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 2011. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.9

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Accionante: Andrés Felipe Moller Gordillo De un lado, en ejercicio del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, se puede interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, según el artículo 152, numeral 2 ° del mismo código, en caso de que sea manifiesta la infracción de una de las disposiciones invocadas, también se puede solicitar la suspensión provisional del acto administrativo demandado.

De otro lado, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo dispone que toda persona podrá solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos cuando quebranten las normas en que deberían fundarse, hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con descono cimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió […].

20. Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una vulneración de derechos fundamentales, y que ii) como consecuencia de lo anterior, exista peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio.

21. En ese sentido, en sentencia T-514 de 2003, la Corte Constitucional determinó:

peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio.

21. En ese sentido, en sentencia T-514 de 2003, la Corte Constitucional determinó:

[…] La Corte concluye (i) que por regla general, la a cción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii ) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez d e tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo […]. (Se destaca)

22. Aunando en lo anterior, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se presenta una vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable, la acción de tutela puede incluso proceder, excepcionalmente, como mecanismo definitivo. Sobre este punto, en Sentencia T - 912 de 2006, se señaló:

[…] No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos casos, cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se observa la existencia de un perjuicio irremediable,