CE - 012333000202200203011SENTENCIA20221011103506

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 47001-23-33-000-2022-00203-01

Accionante: UBER SIMÓN SEQUEA GUTIÉRREZ

Accionado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTA MARTA Tema: Derechos fundamentales de petición, debido proceso y seguridad social / proceso ejecutivo / expedición de oficios de embargo / carencia actual de objeto por hecho superado

Acción de tutela - sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación formulada por el accionante en contra de la sentencia del 6 de septiembre de 2022 mediante la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena denegó la acción de tutela de la referencia por hecho superado.

I. ANTECEDENTES

El señor Uber Simón Sequea Gutiérrez , actuando en nombre propio , interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Primero Administrativo Oral de Santa Marta, con fundamento en los siguientes:

1. HECHOS

1.1. El accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento

interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Primero Administrativo Oral de Santa Marta, con fundamento en los siguientes:

1. HECHOS

1.1. El accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho a fin de que se reliquidara su mesada pensional, procesoACC IÓN DE TUT EL A Radicado : 47001 -23 -33 -000 -2022 -00203 -01

Accionante: Uber Simón Sequea Gutiérr ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

2 que culminó de manera favorable, en el sentido que se accedi ó a las súplicas de la demanda.

1.2. No obstante, ante la negativa del Fomag de pagar la condena , interpuso un proceso ejecutivo ante el Juzgado Primero Administrativo Oral de Santa Marta, despacho judicial que tuvo conocimiento del medio de control en primera instancia.

1.3. En esa medida, manifestó que ha solicitado en varias oportunidades a dicha dependencia judicial los oficios que contengan la orden de embargo de las cuentas de la entidad ejecutada, pero no ha obtenido respuesta alguna, razón por la que considera que dicho actuar transgrede sus derechos fundamentales.

2. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«1. Se tutelen mis derechos de petición, debido proceso, trabajo y seguridad social ordenando al Juzgado 1º Administrativo del Circuito de Santa Marta expedir los oficios de

2. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«1. Se tutelen mis derechos de petición, debido proceso, trabajo y seguridad social ordenando al Juzgado 1º Administrativo del Circuito de Santa Marta expedir los oficios de embargo al tenor de lo pedido en las medidas cautelares dentro del proceso radicado 201900360 de ese despacho.

2. Se advierta al accionado que deben dar a conocer su decisión al tenor del CGP».

3. INFORMES

Mediante auto del 26 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Juzgado Primero Administrativo Oral de Santa Marta y vinculó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional y Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como terceros interesados en las resultas del proceso.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado : 47001 -23 -33 -000 -2022 -00203 -01

Accionante: Uber Simón Sequea Gutiérr ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

3 3.1. El Juzgado Primero Administrativo Oral de Santa Marta, por conducto del secretario, manifestó que en el despacho cursa un proceso ejecutivo cuyo radicado corresponde al número 47001-33-33-0042019-00360-00, en el que el señor Uber Simón Sequea Gutiérrez actúa como dema ndante y la Nación, Ministerio de Educación Nación y el

ejecutivo cuyo radicado corresponde al número 47001-33-33-0042019-00360-00, en el que el señor Uber Simón Sequea Gutiérrez actúa como dema ndante y la Nación, Ministerio de Educación Nación y el Fomag como parte demandada.

Informó que el 4 de febrero de 2022 , se profirió auto que libra mandamiento de pago, el cual fue notificado el 10 de febrero del mismo año.

Con posterioridad, esto es, el 13 de mayo del 2022 , se ordenó seguir adelante la ejecución, actuación que fue notificada el 23 de mayo del 2022.

Indicó que el apoderado de la parte actora , entre el 16 de junio del 2022 y el 16 de agosto del 2022, solicitó en cinco oportunidades el decreto de medidas cautelares.

Por lo anterior, a través del auto del 26 de agosto del 2022 se decretó el embargo solicitado, el cual fue notificado el 29 de agosto del 2022 al correo del apoderado de la parte ejecutante.

En ese contexto, e stima que no ha vulnerado los derechos fundamentales deprecados por el actor, dado que el proceso ha avanzado pese a la carga laboral que existe actualmente en la jurisdicción contencioso administrativo , motivo por el cual considera que en el presente asunto hay carencia actual de objeto por hecho superado.

3.2. No se rindieron más informes.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado : 47001 -23 -33 -000 -2022 -00203 -01

Accionante: Uber Simón Sequea Gutiérr ez

3.2. No se rindieron más informes.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado : 47001 -23 -33 -000 -2022 -00203 -01

Accionante: Uber Simón Sequea Gutiérr ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

4

4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo del Magdalena mediante sentencia del 6 de septiembre de 2022 negó la solicitu d de amparo, al encontrar demostrada la figura jurídica de la carencia actual de objeto por hecho superado.

Lo anterior, dado que lo que pretendía el actor con el mecanismo constitucional era que se expidieran los oficios de embargo al tenor de lo solicitado en las medidas cautelares dentro del proceso ejecutivo con radicado 47-001-33-33-004-2019-00360-00, circunstancia que encontró superada, comoquiera que la agencia judicial accionada demostró haber acce dido a la solicitud a través del auto del 26 de agosto de 2022, por medio del cual decretó dicho embargo.

5. IMPUGNACIÓN

El accionante recurrió el fallo de primera instancia , al estimar que n o se libró mandamiento de pago, sino que luego de resolver excepciones se dictó sentencia. En esa medida, insistió que el objetivo de la acción de tutela era que el juzgado entregara los oficios de embargo, lo cual no ha ocurrido a la fecha.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

se dictó sentencia. En esa medida, insistió que el objetivo de la acción de tutela era que el juzgado entregara los oficios de embargo, lo cual no ha ocurrido a la fecha.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿Si el Juzgado Primero Administrativo Oral de Santa Marta al no resolver la solicitud expedición de los oficios de embargo dentro del proceso ejecutivo con radicado 47-001-33-33-004-2019-00360-ACC IÓN DE TUT EL A Radicado : 47001 -23 -33 -000 -2022 -00203 -01

Accionante: Uber Simón Sequea Gutiérr ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

5 00 ha vulnerado los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la seguridad social del accionante?

2. Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la o misión de

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la o misión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

3. Del derecho de petición ante autoridades judiciales1

En lo que respecta al derecho de petición ante las autori dades judiciales, la Corte Constitucional ha señalado 2 que, si bien es cierto,

1 Se hace referencia a la sentencia T-192 de 2007. 2 Sentencia T-334 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado : 47001 -23 -33 -000 -2022 -00203 -01

Accionante: Uber Simón Sequea Gutiérr ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

6

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

6 este derecho puede ejercerse ante los jueces y, en consecuencia, estos se hallan obligados a tramitar y responder las solicitudes que se les presenten en los términos que la ley señale, pues de no hacerlo desconocen esta garantía fundamental, también lo es que el juez y las partes están sometidos a las reglas propias del proceso judicial:

«El juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las partes y los intervinientesa las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas pet iciones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio (artículo 29 C.P.)»3.

Por lo tanto, la misma Corte advirtió que:

«Debe distinguirse con claridad entre aquellos actos de carácter estrictamente judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo el juez. Respecto de estos últimos son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública, es decir, en la materia bajo análisis, las establecidas en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984)»4.

Asimismo, señaló:

«Las actuaciones del juez dentro del proceso están gobernadas por la normatividad correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes

Asimismo, señaló:

«Las actuaciones del juez dentro del proceso están gobernadas por la normatividad correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso»5.

En consecuencia, la solicitud de pruebas, acumulación de procesos, de denuncia del pleito, entre otros, se deben tramitar conforme a las reglas señaladas por los respectivos ordenamientos procesales.

En ese orden de ideas, el máximo tribunal constitucional estableció que la omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas por las partes o sus apoderados, propias de la actividad jurisdiccional,

3 Ibídem 4 Ibídem 5 Sentencia T-344 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado : 47001 -23 -33 -000 -2022 -00203 -01

Accionante: Uber Simón Sequea Gutiérr ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

7 no configura una violación del derecho fundamental de petición, sino al debido proceso 6 y a l acceso de la administración de justicia, 7 en la medida en que dicha conducta, al desconocer los términos de ley sin motivo probado y razonable, implica una dilación injustificada 8 al interior del proceso judicial, la cual está proscrita por el ordenami ento constitucional (CP, arts. 29 y 229).

motivo probado y razonable, implica una dilación injustificada 8 al interior del proceso judicial, la cual está proscrita por el ordenami ento constitucional (CP, arts. 29 y 229).

4. Caso concreto

En el asunto bajo estudio, el señor Uber Simón Sequea Gutiérrez alega la vulneración de los derechos fundamentales de petición , al debido proceso y a la seguridad social, al considerar que no ha obtenido respuesta por parte del Juzgado Primero Administrativo Oral de Santa Marta respecto de la solicitud de expedición de los oficios que contengan la orden de embargo en el marco del proceso ejecutivo cuyo radicado corresponde al número 47001-33-33-004-2019-00360-00.

Por su parte, el despacho en mención informó que , contrario a lo manifestado por el accionante , no ha transgredido sus derechos fundamentales, puesto que, a pesar de la carga laboral que existe actualmente en la jurisdicción contencioso administrativo , el proceso avanzó.

Lo anterior, porque dentro del sumario ya se libró mandamiento de pago, se ordenó seguir adelante con la ejecución y finalmente se profirió el auto mediante el cual decretó el embargo a las cuentas de la entidad ejecutada.

6 Ver las sentencias T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-178 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T -007 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T -604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 7El derecho de acceso a la administración de justicia ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en varias

Hernández Galindo; T -007 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T -604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 7El derecho de acceso a la administración de justicia ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en varias sentencias; entre ellas, pueden citarse las siguientes: Sentencia T -006 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T -173 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C -416 de 1994 y T -268 de 1 996, M.P. Antonio Barrera Carbonell, entre muchas otras. 8 Corte Constitucional T-368/95 M.P. Alejandro Martínez Caballero.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado : 47001 -23 -33 -000 -2022 -00203 -01

Accionante: Uber Simón Sequea Gutiérr ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

8

Ahora, analizado el acervo probatorio, se tiene que el 4 de febrero de 20229 el juzgado libró mandamiento de pago en contra de la Nación , Ministerio de Educación Nacional y Fomag y con posterioridad, esto es, el 13 de mayo de la presente anualidad 10, declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad y en consecuencia ordenó seguir adelante con la ejecución.

Luego, mediante el auto del 26 de agosto de 202211 decretó la medida cautelar de embargo, en los siguientes términos:

«(…)

RESUELVE:

adelante con la ejecución.

Luego, mediante el auto del 26 de agosto de 202211 decretó la medida cautelar de embargo, en los siguientes términos:

«(…)

RESUELVE:

PRIMERO: Decrétese el embargo de los dineros que tenga o llegue a tener la NaciónMinisterio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG en cuentas de ahorro, cuentas de corriente, CDT’S o cualquier otro producto bancario en las siguientes entidades bancarias: Banco BBVA, Banco Popular y

Banco Davivienda.

SEGUNDO: Por Secretaría, adviértaseles, en los oficios de comunicación de los embargos, a los destinatarios de tales medidas, que el embargo se perfeccionará mediante entrega del co rrespondiente oficio, en el que se les prevendrá que, para hacer el pago, deberán constituir certificado de depósito judicial a órdenes del juzgado, que, al recibir la notificación, deberán informar acerca de la existencia del crédito, de cualquier embargo que con anterioridad se les hubiere comunicado y si se les notificó antes alguna cesión o si la aceptaron, con indicación del nombre del cesionario y la fecha de aquella, so pena de responder por el respectivo pago, como lo disponen los numerales 4 y 10 del artículo 593

del Código General del Proceso.

TERCERO: La inobservancia de la orden impartida por esta Unidad Judicial en la presente providencia hará incurrir al destinatario del oficio respectivo en multas sucesivas de dos (2) a cinco (5) salarios mí nimos mensuales, de conformidad con el Parágrafo 2° del artículo 593 del Código General del Proceso.

providencia hará incurrir al destinatario del oficio respectivo en multas sucesivas de dos (2) a cinco (5) salarios mí nimos mensuales, de conformidad con el Parágrafo 2° del artículo 593 del Código General del Proceso.

CUARTO: Limítese el embargo a la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES CIEN MIL

PESOS ($86.100.000).

QUINTO: Por Secretaría, Líbrense los oficios correspondientes y anéxeseles copia de esta providencia.»

9 Ver expediente digital visible en el índice 38 10 Ver expediente digital visible en el índice 38 11 Ver expediente digital visible en el índice 38ACC IÓN DE TUT EL A Radicado : 47001 -23 -33 -000 -2022 -00203 -01

Accionante: Uber Simón Sequea Gutiérr ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

9 Es evidente para la Sala que la solicitud de librar los oficios de embargo ya fue tramitada por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Santa Marta mediante el auto de la referencia , como bien puede apreciarse en el numeral 5.º y, en esa medida , le asiste la razón al a quo que declaró la carencia de objeto por hecho superado en el presente asunto.

En ese contexto, es menester señalar esta corporación ha mantenido la tesis que dicha figura puede presentarse cuando la circunstancia que reporta la conculcación del derecho desaparece, situación frente a la

En ese contexto, es menester señalar esta corporación ha mantenido la tesis que dicha figura puede presentarse cuando la circunstancia que reporta la conculcación del derecho desaparece, situación frente a la cual, cualquier medida que adopte el juez de tu tela carece de efecto, pues nada contrariaría más la lógica, que proferir una orden frente a una circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente, o contravenir la decisión que al respecto se haya proferido en instancias diferentes a la del juez constitucional.

En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes términos:

«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concret o resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción»12.

12 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado : 47001 -23 -33 -000 -2022 -00203 -01

Accionante: Uber Simón Sequea Gutiérr ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

10 Lo anterior, bajo la excepción de aquellos casos en los cuales aunque las pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren que en apariencia el hecho generador de la acción ha sido superado, en el fondo este se encuentra aún vulnerado o no totalmente agotado, a la luz de las garantías constitucionales , de acuerdo con la interpretación que en derecho realice el juez de tutela de la situación en concreto y su «posible superación».

Así las cosas , teniendo en cuenta que en el presente asunto se ha demostrado que la solicitud formulada por el señor Uber Simón Sequea Gutiérrez por medio de la cual requirió se expidieran los oficios de embargo ya fue tramitada a través del auto del 26 de agosto de 2022,

demostrado que la solicitud formulada por el señor Uber Simón Sequea Gutiérrez por medio de la cual requirió se expidieran los oficios de embargo ya fue tramitada a través del auto del 26 de agosto de 2022, dicha circunstancia le impone a la Sala confirmar la decisión de primera instancia en la que se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

Finalmente, la Sala d ebe precisar que, en todo caso, no es dable a través del derecho fundamental de petición pretender adelantar trámites que son inherentes al procedimiento ejecutivo que se adelanta en el juzgado accionado, por lo que sobre dichos aspectos deben observarse los términos procesales vigentes.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,ACC IÓN DE TUT EL A Radicado : 47001 -23 -33 -000 -2022 -00203 -01

Accionante: Uber Simón Sequea Gutiérr ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

11 FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de septiembre de 2022 mediante la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena que denegó la presente acción de tutela.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma

“SAMAI”.

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de septiembre de 2022 mediante la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena que denegó la presente acción de tutela.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma

“SAMAI”.

TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión celebrada el seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Consejero de Estado

Con aclaración de voto Con aclaración de voto

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Consejero de Estado Consejero de Estado