CE - 012333000202200621011SENTENCIASENTENCIA20230119160955

Demandante: Lizette Carolina Perea Pineda Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil Radicación: 68001-23-33-000-2022-00621-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 68001-23-33-000-2022-00621-01

Demandante: LIZETTE CAROLINA PEREA PINEDA Demandados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSCTema: Acción de cumplimiento – confirma improcedencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Quinta resuelve la impugnación interpuesta por la demandante contra la sentencia de 29 de noviembre de 2022 del Tribunal Administrativo de Santander que declaró improcedente la solicitud de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

En ejercicio de la acción prevista en la Ley 393 de 1997, la señora Lizette Carolina Perea Pineda demandó a la Comisión Nacional del Servicio Civil , en adelante , la CNSC, con la finalidad de obtener el acatamiento de los artículos 28, [numeral 3.º], 29 del Decreto Ley 071 de 20201 y 28 del Acuerdo 285 de 2020 , expedido por la citada entidad2.

2. Hechos

29 del Decreto Ley 071 de 20201 y 28 del Acuerdo 285 de 2020 , expedido por la citada entidad2.

2. Hechos

La CNSC adelantó el proceso de selección núm. 1461 de 2020, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la Unida d Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

En el mencionado concurso, la demandante participó como aspirante al cargo de Inspector II, código 306, grado 06 [OPEC 127231]. Informó que el resultado total acumulado que obtuvo en las fases I y II fue el de 74.07. A su juicio, tiene derecho a integrar la lista de elegibles y a ser nombrada , por cuanto , superó el 70% , establecido en el artículo 28 [numeral 3 .º] del Decreto Ley 071 de 2020 . Sin

1 “Por el cual se establece y regula el Sistema Específico de Carrera de los empleados públicos de la Unidad Administrativa Espec ial Dirección de Impuestos y Aduana s Nacionales, y se expiden normas relacionadas con la administración y gestión del talento humano de la DIAN”. 2 “Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección de Ingreso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecient es al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020".Demandante: Lizette Carolina Perea Pineda Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil Radicación: 68001-23-33-000-2022-00621-01

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embargo, no resultó así, porque en la fase II, consistente en el curso de formación, la CNSC le dio el c arácter de eliminatoria y, al no haber obtenido el puntaje mínimo de 70, conllevó a su exclusión del proceso de selección . Que de las 10 vacantes ofertadas quedaran 63. Y que la lista de elegibles 4 se encuentre integrada por participantes que obtuvieron puntajes acumulados inferiores al que ella obtuvo.

El 4 de octubre de 2022, la actora solicitó a la CNSC el cumplimiento de los artículos 28, [numeral 3.º], 29 del Decreto Ley 071 de 2020 y 28 del Acuerdo 285 de 2 020, con el fin de constituir en renuencia a la entidad , como requisito de procedibilidad. En el referido escrito, que se sustenta con similares argumentos a los expuestos en la demanda , señaló que las referidas normas son imperativas e inobjetables en cuanto a que “[…] quien obtenga un puntaje total aprobatorio, que en ningún caso sea inferior al 70%, tendrá derecho a integr ar la lista de elegibles y ser nombrado en la vacante convocada ” y que “[…] el carácter eliminatorio de la prueba solamente se ot orgó a la fase I, precisando que la fase II se cumplirá con la realización de un curso de formación de mínimo 120 horas”.

ser nombrado en la vacante convocada ” y que “[…] el carácter eliminatorio de la prueba solamente se ot orgó a la fase I, precisando que la fase II se cumplirá con la realización de un curso de formación de mínimo 120 horas”.

De acuerdo con lo anterior, la peticionaria adujo que, contrario a lo dispuesto en el Decreto Ley 071 de 2020 , por medio del Acuerdo 285 d e 2020 , la CNSC determinó en la tabla 2 del artículo 17 que la fase II también era eliminatoria. Sin embargo, en criterio de la actora , el citado proceso de selección debió regirse por lo dispuesto en las reglas previstas en las disposiciones de mayor jerarquía, esto es, el Decreto Ley 071 de 2020 , que solo ot orgó dicho carácter a la fase I y, por ende, de acuerdo con el puntaje total que obtuvo , debe conformar la lista de elegibles y ser nombrada en el cargo al que aspiró.

La CNSC negó la solicitud de la señora P erea Pineda , mediante Oficio 2022RS116361 de 26 de octubre de 2022 , bajo el argumento de que la fase II del concurso es eliminatoria, según el artículo 17 del Acuerdo 285 de 2020.

3. Pretensiones

En la demanda se formularon las siguientes:

“[…] Con fundamento en los hechos y razones de derecho expuestos en este escrito de demanda, de manera respetuosa me permito solicitar se ordene a la COMISIÓN

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC:

3 Al respecto, con la demanda se aportó copia de la Resolución núm. 4683 de 10 de mayo de 2022

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC:

3 Al respecto, con la demanda se aportó copia de la Resolución núm. 4683 de 10 de mayo de 2022 “POR LA CUAL SE DECLARAN DESIERTA ALGUNAS VACANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIAN NO. 1461 DE 2020”. 4 Asimismo, la actora allegó copia de la Resolución núm. 78 de 12 de enero de 2022 “Por la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles para proveer diez (10) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado INSPECTOR II, Código 306, Grado 6, identificado con el Código OPEC No. 127231, del Nivel Profesional de los Procesos Mi sionales del Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad Admi nistrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020”.Demandante: Lizette Carolina Perea Pineda Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil Radicación: 68001-23-33-000-2022-00621-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Dé cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 28.3 del artículo 28 del Decreto Ley 071 del 24 de enero del 2020, y en ese sentido incluya en la lista de elegibles de la OPEC 127231 y nombre a Lizette Carolina Perea Pineda […] en el ca rgo de Inspector II código 306 grado 06, al haber obtenido un puntaje total aprobatorio

OPEC 127231 y nombre a Lizette Carolina Perea Pineda […] en el ca rgo de Inspector II código 306 grado 06, al haber obtenido un puntaje total aprobatorio superior al setenta por ciento (70%) del máximo posible en el proceso de selección DIAN 1461 de 2020.

2. Dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto Le y 071 del 24 de enero del 2020 y en consecuencia solamente le otorgue car ácter eliminatorio a la fase I del concurso.

3. Dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo 285 de 2020 y en consecuencia proceda a modificar la lista de elegibles de la OPEC 127231, adicionándola con el nombre de Lizette Carolina Perea Pineda […]”.

4. Trámite de la solicitud en primera instancia

En auto de 31 de octubre de 2022, la magistrada ponente del presente asunto del Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda de cumplimiento , decretó las prue bas solicitad as y disp uso la vinculación de la CNSC como autoridad accionada.

5. Informe

Por medio de apoderado judicia l, l a CNSC se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentó que la acción resulta im procedente por subsidiariedad ante la existencia de otros medios de defensa judicial ordinarios, con los que la actora cuenta para resol ver la cuestión jurídica que plant eó en su demanda . Además, precisó que el objeto de este mecanismo no es reconocer derechos subjetivos, que pued an asistirle a quien promueve la solicitud, sino el de hacer cumplir el ordenamiento jurídico existente, respecto de mandatos que deben ser

Además, precisó que el objeto de este mecanismo no es reconocer derechos subjetivos, que pued an asistirle a quien promueve la solicitud, sino el de hacer cumplir el ordenamiento jurídico existente, respecto de mandatos que deben ser claros y precisos, que no lleven a solucionar debates o discusiones interpretativas para su materialización, ni desvirtuar la presunción de lega lidad de las decisiones de la administración.

La entidad explicó que profirió el Acuerdo 285 de 2020, mediante el cual convocó y estableció las reglas del proceso de selección en el que participó la actora y que lo rige hasta la expedición de las listas de elegibles. Precisó que el citado ac to no contradice el Decreto Ley 071 de 2020 y tampoco regula las actuaciones relativas al nombramiento y toma de posesión de los cargos de la planta de personal de la DIAN, como lo pretende la demandante.

Asimismo, la CNSC indicó que, si bien la accionante superó el mínimo requer ido de 70 puntos en la fase I, lo c ierto es que en la fase II, la aspirante obtuvo un puntaje de 65,83 puntos, por lo que resultó eliminada dentro de esa etapa, toda vez, que el puntaje mínimo requerido correspondía a 70 puntos, como lo dispone el artículo 17 del Acuerdo 285 de 2020 y el Decreto Ley 071 de 2021.Demandante: Lizette Carolina Perea Pineda Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil Radicación: 68001-23-33-000-2022-00621-01

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En suma, la demandada aludió que las discrepancias y pretensiones que formuló la actora deben s er resueltas a través de otros medios ordinarios de defen sa judicial, como la acción de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho . En todo caso, sostuvo que, como el curso de formación es de carácter eliminatorio, la señora Perea Pineda no podía continuar en el concurso al no obtener e l puntaje mínimo y precisó que, si bien se calculó el resultado final del proceso de selección, para preservar el principio de transparencia que rige los concursos de mérito, aquel no era el que le permitía conformar la lista de elegibles del empleo al cual se inscribió.

6. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia de 29 de noviembre de 2022, declaró improcedente la acción de cumplimiento, consideró que las normas que se aducen como incumplidas no contienen mandatos imperativos e inobjetables que deba n ser acatado s por la entidad accionada y porque la demandante cuenta con l os medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho para ventilar ante la jurisdicción co ntenciosa administrativa la s discrepancias en cuant o a su situación y el procedimiento impartido en el concurso para la provisión de los cargos del personal de carrera de la DIAN en el que participó.

7. impugnación

La accionante impugnó la decisión de primera instancia y solicitó revocarla, insistió

impartido en el concurso para la provisión de los cargos del personal de carrera de la DIAN en el que participó.

7. impugnación

La accionante impugnó la decisión de primera instancia y solicitó revocarla, insistió que las normas invocadas sí contienen mandatos imperativos e inobjet ables que dan lugar a que se acceda a sus pedimentos y que se encuentra plenamente demostrado que tiene derecho a conformar la lista de elegibles de acuerdo con el puntaje obten ido. Explicó que , si bien cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, aquellos no son idóneos y eficaces para resolver su situación , dado el tiempo que conlleva una decisión definitiva en el tr ámite de los procesos ordinarios, a través de los medios de control que el tribunal le indicó que tiene a su alcance.

La demandante, alegó la existencia de un perjuicio irremediable, toda vez que la lista de elegibles está conformada por participantes con puntajes inferiores. Señaló que “[…] me someto a eventu alidades tales como el cargo al que concursé y que tengo derecho a ocupar sea asignado a otra persona en un nuevo concurso y su asignación en encargo a personas diferentes, en perjuicio del mérito ”, para lo cual acudió a lo previsto en el parágrafo del artículo 32 del Decreto Ley 071 de 2020.

Asimismo, argumentó que la acción de cumplimiento es procedente por vía de excepción en materia de concursos de méritos, teniendo en cuenta, la naturaleza de los derechos en disputa “[…] siendo, prevalente, en este e scenario, la protección del mérito como principio fundante del Estado colombiano y del actualDemandante: Lizette Carolina Perea Pineda

Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil

de los derechos en disputa “[…] siendo, prevalente, en este e scenario, la protección del mérito como principio fundante del Estado colombiano y del actualDemandante: Lizette Carolina Perea Pineda Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil Radicación: 68001-23-33-000-2022-00621-01

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modelo democrático, como lo señaló expresamente la Corte Constitucional en la sentencia T-059 de 2019”.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es comp etente para resolver la impugnaci ón contra la sentencia de 29 de nov iembre de 2022 del Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de “ las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que s e dicten por los Tribunales Admi nistrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.

2. Problema jurídico a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 29 de noviembre de 2022 del Tribunal Administrativo de Santander, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

¿La parte actora cumplió con el requisito de constitución en renuencia frente a la

29 de noviembre de 2022 del Tribunal Administrativo de Santander, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

¿La parte actora cumplió con el requisito de constitución en renuencia frente a la CNSC, respecto de los artículos 28, [numeral 3.º], 29 del Decreto Ley 071 de 2020 y 28 del Acuerdo 285 de 2020 , de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

De ser afirmativa la respuesta . ¿Hay lugar a ordenar a la parte accionada que modifique la lista de elegibles de 12 de enero de 2022, expedida en el proceso de selección DIAN núm. 1461 de 2020 , en el sentido de incluir a la accionante en la misma y que otorgue solamente carácter eliminatorio a la fase I del mentado concurso?

3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) generalidades de la acción de cumplimiento; (ii) requisitos de procedibilidad y; (iii) análisis del caso concreto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo5 para que toda persona pueda "[…] acudir ante la

5 Al respecto, pueden consultarse, entr e o tras, las siguientes providencia s: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-201600371-01 (ACU) , sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación n.º 25000 -23-41-000-2016-Demandante: Lizette Carolina Perea Pineda Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil Radicación: 68001-23-33-000-2022-00621-01

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autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos […]".

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho, cuyos fines esenciales es el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

La Corte Constitucional señaló “[…] el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo […]”6.

Sin embargo, para su prosperidad, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]7.

(ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido [artículos 5.º y 6.º].

00814-01 (ACU), M .P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º

deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido [artículos 5.º y 6.º].

00814-01 (ACU), M .P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), M.P. Luis Alb erto Álvarez Parra. 6 Cfr. Corte C onstitucional, sentencia C-157 de 1998. M.P. Anton io Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara. 7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Demandante: Lizette Carolina Perea Pineda Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil Radicación: 68001-23-33-000-2022-00621-01

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(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable […]” caso en el cual deberá ser sustentado en la

requisito “[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable […]” caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda [artículo 8.º].

(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción. También son causales de improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración [artículo 9.º].

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los artículos 150-10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política8.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales “[…] pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no

constitucionales “[…] pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede ésta (sic) acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas […]”9.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo

8 Cfr. Consejo de Estado, Se cción Segunda, Subsección A, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546. 9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta , sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º 4400123-31-000-2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla.Demandante: Lizette Carolina Perea Pineda Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil Radicación: 68001-23-33-000-2022-00621-01

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cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin reseñado10.

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cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin reseñado10.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no principales. Lo anterior, se explica en:

“[…] garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio […]”11.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a normas que generen gastos,12 a menos que estén apropiados;13 o cuando se pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a normas que generen gastos,12 a menos que estén apropiados;13 o cuando se pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86 superior14.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este15 y

10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º 7600123-31-000-2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E). 11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Qui nta, sentencia de 1 de noviembre de 2012, radicación n.º 76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro. 12 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación n.º 0500123-31-000-2000-4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla. 13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo d e 2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro. 14 Sentencia antes citada. 15Sobre el particular esta Sección ha dicho: “[…] La Sala también ha explicado que con el fi n de

25000-23-41-000-2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro. 14 Sentencia antes citada. 15Sobre el particular esta Sección ha dicho: “[…] La Sala también ha explicado que con el fi n de constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de renuencia . Como el accionante reclamó de la Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimi ento de los artículos 41 del Decreto 101 de 2000; 14 del Decreto 1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741 de 2001, los cuales constan, en su orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál de ellos se consagra el deber legal que pedí a cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la l ey y la jurisprudencia que sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió con el requisito deDemandante: Lizette Carolina Perea Pineda Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil Radicación: 68001-23-33-000-2022-00621-01

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que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez

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que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que “[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento […]”16.

Igualmente, esta Sección17 ha dicho que:

“[…] Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prue