CE - 012333000202200814011AUTOQUERESUEL20230516150906

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numeral 2.°1 del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 2, por incurrir en la inhabilidad prevista en el numeral 4.°3 del artículo 43 de esa misma normativa.

2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la sentencia de 26 de agosto de 2022, en primera instancia, resolvió “[…] DECRÉTASE la pérdida de la investidura del Concejal de Bello (Antioquia), señor EDGAR RICARDO CARDONA ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía número […] de conformidad con los razonamientos expuestos en la parte motiva de este proveído […]”. El Concejal interpuso recurso de apelación contra la sentencia.

3. La Sección Primera del Consejo de Estado, una vez adelantado el trámite correspondiente, mediante sen tencia de 4 de noviembre de 2022 resolvió “[…] CONFIRMAR la sentencia de 26 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”. La sentencia se notificó mediante correo electrónico de 17 de noviembre de 20224.

1 Por violación del régimen de inhabilidades. 2 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. 3 “[…] 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses

3 “[…] 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro d el mismo lapso hayan sido representantes legales […] de las entidades que presten servicios […] de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito […]”. 4 Cfr. Índice 14 de SAMAI. Es importante resaltar que el Concejal, mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación, el 22 de noviembre de 2022, solicitó, por un lado, la aclaración y adición de la sentencia y que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 14 de diciembre de 2022 dispuso posteriormente “[…] NEGAR las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia de 4 de noviembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, presentada por el señor Edgar Ricardo Cardona Ortiz […]”. En dicha providencia se ordenó adicionalmente que, una vez ejecutoriado ese auto, se devolviera el expediente al despacho sustanciador para lo de su competencia.Núm. Único de radicación: 050012333000202200814-01

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La solicitud de nulidad presentada por el Concejal

4. El Concejal, mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Primera

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La solicitud de nulidad presentada por el Concejal

4. El Concejal, mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 22 de noviembre de 20225, solicitó “[…] [q]ue se declare la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia hasta antes de proferirse sentencia judicial, con ocasión de todo el cúmulo de irregularidades acaecidas en la presente acción constitucional [,] […] en aras de enervar la causal de nulidad genérica por vulneración del derecho al debido proceso contenida en el artículo 29 de la Constitución Política […]”.

5. Como fundamentos fácticos de la solicitud de nulidad, señaló , en síntesis, los

siguientes:

5.1. Indicó que, en la sentencia proferida, en segu nda instancia, se afirmó en el párrafo 92 que la decisión se adoptaría sin importar el “[…] ejercicio material de las funciones que le atribuyen al pariente, sino que se tiene por ejercida la autoridad con el solo hecho de demostrar desde una perspectiva o rgánica o funcional que se ostenta la función […]”. Agregó que las pruebas debían ser valoradas con el objeto de determinar, con fundamento en la sentencia SU -207 de 2022, sí: i) en este caso existía o podía concretarse una “ventaja potencial – no necesariamente concretada– que se asocia a supuestos de nepotismo” en el ejercicio de la autoridad administrativa; y ii) se incurrió en la conducta prohibitiva. Afirmó que, en orden a lo anterior, “[…] resultaba cardinal realizar el decreto y valoración de las prue bas para evitar que la decisión se fundamentara en una verdad de Perogrullo […]”.

Afirmó que, en orden a lo anterior, “[…] resultaba cardinal realizar el decreto y valoración de las prue bas para evitar que la decisión se fundamentara en una verdad de Perogrullo […]”.

5 Cfr. Índice 16 de SAMAINúm. Único de radicación: 050012333000202200814-01

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5.2. Manifestó que era necesario realizar una valoración de las pruebas del proceso para determinar si “[…] a la luz de la interpretación restrictiva que debe efectuarse de las c ausales de pérdida de investidura en el proceso de la referencia se probó o no que el hermano de mi representado cumple con los requisitos jurisprudenciales para que se predique la configuración de una pérdida de investidura […]”. Agrega que el decreto y la valoración de las pruebas evitaría que se profiera una decisión con fundamento en “[…] una responsabilidad objetiva en materia sancionatoria […]”, la cual, según explica, se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento.

5.3. Citó la consideración número 120 de la sentencia SU -207 de 2022 proferida por la Corte Constitucional y explicó que, en este caso, “[…] la sentencia fue decidida sin valorar las pruebas […]” y que , si se hubiere realizado una valoración del acervo probatorio de manera integral y en conjunto, como lo exige el estatuto procesal en el artículo 176 de la Ley 1564, se evitaría un defecto sustantivo por inaplicar normas sobre apreciación probatoria.

valoración del acervo probatorio de manera integral y en conjunto, como lo exige el estatuto procesal en el artículo 176 de la Ley 1564, se evitaría un defecto sustantivo por inaplicar normas sobre apreciación probatoria.

5.4. Señaló que “[…] [u]na sentencia judicial como la proferida ocasiona que el proceso judicial pierda su razón de ser ya que si en este tipo de acciones constitucionales siempre se generan, en el sentir del juez contencioso administrativo el proferimiento de una sentencia anticipada a la luz del artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 que adicionó el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011, ello implica que no existirá necesidad siquiera de permitirse el ejercicio del derecho superior de contradicción, pues, bastaría con que se invoque una causal objetiva sin entrar a analizar los elementos subjetivos que implica una causal de pérdida de investidura […]”.Núm. Único de radicación: 050012333000202200814-01

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5.5. Por último: i) manifestó en el acápite “4. LEGITIMACIÓN PARA PROPONER LA NULIDAD” de la solicitud, que el Concejal está legitimado para solicitar la nulidad por ser “parte” del proceso y porque las irregularidades antes mencionadas desconocen sus derechos de defensa y de contradicción; ii) señaló en el acápite “5. EL SOLICITANTE NO HA DADO LUGAR AL HECHO QUE ORIGINA LA NULIDAD” de la solicitud , que “[…] la nulidad se origina por una

en el acápite “5. EL SOLICITANTE NO HA DADO LUGAR AL HECHO QUE ORIGINA LA NULIDAD” de la solicitud , que “[…] la nulidad se origina por una actuación del H. Consejo de Estado, esto es, proferir un auto en el que niega el decreto de una prueba, fundamental para el sentido de la decisión y para que la decisión se funde en una debida valoración de las pruebas […]”, sin especificar a cuál auto se refiere o cuál prueba se negó; iii) indicó en el acápite “6. EL SOLICITANTE NO TIENE LA OPORTUNIDAD DE PROPONER LA NULIDAD COMO EXCEPCIÓN PREVIA” de la solicitud , que la irregularidad se ponía de presente de forma oportuna a través de ese escrito y, po r último, afirmó en el acápite “7. EL SOLICITANTE NO HA ACTUADO EN EL PROCESO SIN PROPONERLA, DESPUÉS DE HABER OCURRIDA (sic) LA CAUSAL DE NULIDAD” de la solicitud, que “[…] [l]a solicitud de nulidad se pone de presente del H. Despacho en la oportunidad le gal para el efecto, pues, desde que se adoptó la decisión que configura las causales de nulidad y su existencia, esta es la primer actuación que realiza en el proceso por lo que no se ha actuado en el mismo sin proponerla […]”.

El auto de 25 de enero de 2023

6. Este Despacho, mediante auto de 25 de enero de 2023, resolvió sobre el traslado de la solicitud de nulidad presentada por el Concejal.Núm. Único de radicación: 050012333000202200814-01

6. Este Despacho, mediante auto de 25 de enero de 2023, resolvió sobre el traslado de la solicitud de nulidad presentada por el Concejal.Núm. Único de radicación: 050012333000202200814-01

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7. La Secretaría de la Sección remitió el expediente al Despacho informando que

“[…] DURANTE EL TRASLADO CONCEDIDO A LAS PARTES DE LA

SOLICITUD DE NULIDAD PRESENTADA, NO HUBO MANIFESTACIÓN”.

II. CONSIDERACIONES

8. Este Despacho procederá al estudio de: i) la competencia; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo y desarrollo jurisprudenciales de las nulidades procesales; iv) el marco normativo de la causal invocada; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia

9. Vistos los artículos: i) 21 y 22 de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018 6, sobre la aplicación de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 7, en los aspectos no regulados en la Ley 1881 y, en forma subsidiaria, la Ley 1564, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Conten cioso Administrativo; y la aplicación de esta normativa, en lo que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados; y ii) 125 8 de la Ley 1437, sobre la expedición de

la Jurisdicción de lo Conten cioso Administrativo; y la aplicación de esta normativa, en lo que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados; y ii) 125 8 de la Ley 1437, sobre la expedición de providencias: este Despacho es competente para resolver sobre la solicitud de nulidad interpuesta por el Concejal.

6 “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones”. 7 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 8 Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] [p]or medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]”.Núm. Único de radicación: 050012333000202200814-01

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Problema jurídico

10. Corresponde al Despacho determinar, con fundamento en los argumentos planteados por el Concejal en el escrito de 22 de noviembre de 2022, sí en este caso se configura o no la c ausal de nulidad de violación del debido proceso prevista en el artículo 29 de la Constitución Política.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de las nulidades procesales

caso se configura o no la c ausal de nulidad de violación del debido proceso prevista en el artículo 29 de la Constitución Política.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de las nulidades procesales

11. Vistos: los artículos: i) 21 y 22 de la Ley 1881, sobre la aplicación de la Ley 1437 en los aspectos no regulados en la Ley 1881 y, en forma subsidiaria, la Ley 1564, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y la aplicación de esta normativa, en lo que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados; ii) 29 de la Constitución Política, sobre el debido proceso; iii) 208 de la Ley 1437, sobre nulidades; y iv) 133 de la Ley 1564, sobre causales de nulidad.

12. Las causales de nulidad procesal han sido definidas por la Corte Constitucional9 y por el Consejo de Estado 10 como irregularidades o vicios procedimentales que se presentan en el marco de un proceso jurisdiccional y que tienen el alcance de invalidar las actuaciones surtidas dentro del mismo. En este orden de ideas, se trata de un mecanismo intraprocesal orientado a garantizar la

9 Ver por ejemplo: Corte Constitucional; sentencia T-125 de 23 de febrero de 2010. 10 Ver por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; providencia proferida el 22 de octubre de 2015; Consejero Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa; número único

10 Ver por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; providencia proferida el 22 de octubre de 2015; Consejero Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa; número único de radicación: 540012331000200201809-01 (42523).Núm. Único de radicación: 050012333000202200814-01

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validez de las actuaciones procesales y los derechos fundamentales de las partes y demás intervinientes.

13. La Corte Constitucional11 consideró que “[…] la taxatividad de las causales de nulidad significa que sólo se pueden considerar vicios invalidadores de una actuación aquellos expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la Constitución, como el c aso de la nulidad que se presenta por la práctica de una prueba con violación del debido proceso.

Cualquier otra irregularidad no prevista expresamente deberá ser alegada mediante los recursos previstos por la normativa procesal, pero jamás podrá servir de fundamento de una declaración de nulidad […]”.

14. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido la existencia de nulidades de rango constitucional y, específicamente, han considerado que una de ellas se deriva del artículo 29 de la Constitución Política, al señalar que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y que “[…] [e]s nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso [...]”.

15. Por una parte, la Corte Consti tucional12 ha considerado que nuestro

judiciales y administrativas y que “[…] [e]s nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso [...]”.

15. Por una parte, la Corte Consti tucional12 ha considerado que nuestro sistema procesal ha adoptado un sistema de “[…] enunciación taxativa de las causales de nulidad […]” y que ello significa que “[…] sólo se pueden considerar vicios invalidadores de una actuación aquellos expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la Constitución , como el caso de la

11 Ver Corte Constitucional; sentencia T-125 de 2010. Es importante resaltar que si bien la sentencia T-125 de 2010 se profirió en vigencia del Código de Procedimiento Civil, el Código General del Proceso reprodujo, en esencia, el principio de taxatividad de las causales de nulidad. Asimismo, ver sentencia C -491 de 2 de noviembre de 1995, M.P. doctor Antonio Barrera Carbonell. 12 Corte Constitucional, sentencia T-125 de 23 de febrero de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.Núm. Único de radicación: 050012333000202200814-01

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nulidad que se presenta por práctica de una prueba con violación del debido proceso […]”.

16. Por la otra, el Consejo de Estado ha considerado, respecto al alcance de la causal de nulidad establecida en el artículo 29 de la Constitución Política, que: i) “[…] tiene un carácter estrictamente procesal y que se aplica tanto en la

16. Por la otra, el Consejo de Estado ha considerado, respecto al alcance de la causal de nulidad establecida en el artículo 29 de la Constitución Política, que: i) “[…] tiene un carácter estrictamente procesal y que se aplica tanto en la actuaciones judiciales como administrativas de carácter contencioso donde se definen derechos y, po r lo tanto, se hacen exigibles todas las garantías concernientes al debido proceso, en especial las que se refieren al derecho de defensa y contradicción […]”; y ii) “[…] se configura o se limita exclusivamente a los casos en que se allegan pruebas al respectivo proceso con desconocimiento de los procedimientos establecidos para la aportación, el decreto, practica y contradicción de las mismas […]”13.

17. En suma, el estudio de la causal de nulidad constitucional indicada supra implica la valoración del procedi miento seguido en cada caso concreto para garantizar que el aporte, decreto, práctica y contradicción de las pruebas respete los derechos del debido proceso y contradicción y de defensa de las partes.

Análisis del caso concreto

18. Este Despacho, de conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra, procede a resolver el problema jurídico con el objeto de determinar si, en el caso sub examine, se configura o no la causal de nulidad prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, según la cual es “[…] nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso […]”.

13 Cfr. Ibidem. Asimismo, ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 3 de

nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso […]”.

13 Cfr. Ibidem. Asimismo, ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 3 de septiembre de 2021. Pr oceso identificado con el NUR. 440012340000202000030 -01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.Núm. Único de radicación: 050012333000202200814-01

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19. El Concejal solicitó “[…] [q]ue se declare la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia hasta antes de proferirse sentencia judici al […]”, argumentando que en la sentencia no se realizó una valoración del acervo probatorio de manera integral y conjunta, en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, y que por ello se configuró la precitada causal.

20. El Despacho considera que la causal de nulidad prevista en el artículo 29 de la Constitución Política tiene un carácter estrictamente procesal y se configura o se limita exclusivamente a los casos en que se alleguen pruebas al respectivo proceso con desconocimiento de los procedimientos e stablecidos para la aportación, el decreto, práctica y contradicción de las mismas. En este orden de ideas, la valoración probatoria no es objeto de revisión en el marco del estudio de la causal de nulidad de que se trata porque esta causal tiene como obje to garantizar que las pruebas hayan sido allegadas al proceso respetando los derechos fundamentales de las partes, que se trate de pruebas decretadas y

de la causal de nulidad de que se trata porque esta causal tiene como obje to garantizar que las pruebas hayan sido allegadas al proceso respetando los derechos fundamentales de las partes, que se trate de pruebas decretadas y practicadas conforme a la ley y que las partes puedan ejercer, en relación con las mismas, sus derechos de contradicción y de defensa.

21. Este Despacho, una vez revisado el expediente, observa que, en el caso sub examine, la solicitud realizada por el Concejal no se subsume dentro de los supuestos fácticos de la causal de nulidad prevista en el artículo 29 de la

Constitución Política.

22. Sea lo primero resaltar que el Concejal no expone en su solicitud ni se probó que en este caso se hubiere allegado alguna prueb a al proceso con desconocimiento de los procedimientos establecidos para la aportación, el decreto, práctica y contradicción de las mismas.Núm. Único de radicación: 050012333000202200814-01

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23. Por el contrario, se encuentra probado que el Concejal solicitó el decreto y práctica de pruebas dentro de la oport unidad legal, que las solicitudes probatorias de los sujetos procesales se resolvieron mediante el auto de 26 de julio de 2022 proferido por el Tribunal, aplicando la normativa correspondiente, a saber las leyes 1881, 1437 y 1564 y que dicha providencia fu e debidamente notificada14. Asimismo, que en el recurso de apelación presentado por el Concejal contra la sentencia proferida por el Tribunal no se solicitó el decreto y práctica de

notificada14. Asimismo, que en el recurso de apelación presentado por el Concejal contra la sentencia proferida por el Tribunal no se solicitó el decreto y práctica de pruebas.

24. El Despacho observa que en la sentencia de 4 de noviembre de 2022 se explicó que el objeto del medio de control de pérdida de investidura es el estudio de la conducta de los miembros de corporaciones públicas de elección popular con el objeto de determinar si estos incurren o no en conductas que la Constitución Política y la ley sancionan con la pérdida de investidura y que, por tratarse de un proceso sancionatorio, en él se debe dar aplicación de las garantías constitucionales, teniendo en cuenta además que las causales de pérdida de investidura son taxativas y de aplicación restrictiva.

25. Asimismo, se consideró que “[…] el juicio de responsabilidad que se realiza en el marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna manera como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, [se explicó qu e,] conforme con la jurisprudencia de las altas cortes 15, una vez verificada la configuración del elemento objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo 16 […]”, como en efecto se realizó en la sentencia de 4 de

14 Cfr. Indice 2 de SAMAI, en especial, los documentos electrónicos denominados: “22. Auto que decreta prueba y fija aud pública” y “23ConstanciaComunicaciónEstados”. 15 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016. 16 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó

prueba y fija aud pública” y “23ConstanciaComunicaciónEstados”. 15 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016. 16 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión […]”.Núm. Único de radicación: 050012333000202200814-01

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noviembre de 2022, lo cual impli ca que, contrario a lo manifestado por el Concejal, el juicio de pérdida de investidura en este caso se caracterizó por ser un juicio de responsabilidad subjetiva.

26. En efecto, el problema jurídico que se debía resolver, según quedó consignado en la sentenc ia de 4 de noviembre de 2022, consistía en: “[…] determinar, con fundamento en el recurso de apelación, si el señor Edgar Ricardo Cardona Ortiz incurrió o no en los elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en el numera l 2.° del artículo 55 de la Ley 136, por incurrir en la inhabilidad prevista en el numeral 4.° del artículo 43 17 de esa misma normativa, según la cual, entre otras, no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal quien tenga vínculo por p arentesco hasta el segundo grado de consanguinidad con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad administrativa, en el respectivo

ni elegido concejal municipal quien tenga vínculo por p arentesco hasta el segundo grado de consanguinidad con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad administrativa, en el respectivo municipio o distrito y, en esa medida, establecer si se debe confirmar, modifi car o revocar la sentencia de 26 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia […]”.

27. Posteriormente la sentencia realizó el estudio del marco normativo y de los desarrollos jurisprudenciales aplicables de ma nera pacífica y reiterada y, luego de la valoración probatoria, consideró, entre otras, que se configuró el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura porque se probó que:

27.1. El señor Edgar Ricardo Cardona Ortiz fue elegido Concejal del Municip io de Bello y que tenía vínculo en segundo grado de consanguinidad con el señor

17 Según la cual, entre otras, no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal quien tenga vínculo por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad con funcionarios que dentro d e los 12 meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad administrativa, en el respectivo municipio o distritoNúm. Único de radicación: 050012333000202200814-01

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Elkin de Jesús Cardona Ortiz, quien era funcionario público por su condición de Gerente de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia “María Upegui – HOMO”.

27.2. El señor Elkin de Jes ús Cardona Ortiz, desde un criterio orgánico y

Gerente de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia “María Upegui – HOMO”.

27.2. El señor Elkin de Jes ús Cardona Ortiz, desde un criterio orgánico y funcional, ejerció autoridad administrativa en su condición de Gerente de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia “María Upegui – HOMO” y que dicha autoridad se ejerció durante el periodo inhabilitante. Asimism o, que el ejercicio de autoridad tuvo lugar en el respectivo municipio o distrito donde fue elegido el Concejal.

28. Por último, la sentencia explicó que en este caso se probó la configuración del elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura, conforme se consideró en los numerales 44 a 66.1. y 107 a 120 de la precitada sentencia; y, en consecuencia, se resolvió “[…] CONFIRMAR la sentencia de sentencia de 26 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

29. La sentencia, al estudiar el supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura relativo a “[q]ue dicho vínculo se tenga con funcionario que, dentro de los 12 meses anteriores a la elección, haya ejercido autoridad, en este caso administrativa […]”, reiteró los desarrollos jurisprudenciales aplicables de manera pacífica y reiterada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en especial, el contenido en la sentencia de 20 de octub re de 201718, en la que se consideró que la expresión “[…] hayan ejercido autoridad […]” contenida en la inhabilidad, sub examine , no implica ni conlleva la realización de actuaciones

consideró que la expresión “[…] hayan ejercido autoridad […]” contenida en la inhabilidad, sub examine , no implica ni conlleva la realización de actuaciones específicas y concretas que evidencien el ejercicio material de las funciones que

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de octubre de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 440012331001201600055-01.Núm. Único de radicación: 050012333000202200814-01

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le atribuyen al pariente, sino que se tiene por ejercida la autoridad con el solo hecho de demostrar, desde una perspectiva orgánica o funcional, que se ostenta la función. Al respecto, la sentencia explicó lo siguiente:

“[…] 89. Teniendo en cuen ta lo anterior, es claro que, desde el punto de vista orgánico, al haberse desempeñado el señor Elkin de Jesús Cardona Ortiz como gerente de una entidad descentralizada, en especial, una empresa social de Estado, se entiende que ejerció autoridad administrativa.

90. Igualmente, se encuentra probado que, desde un punto de vista funcional, el señor Elkin de Jesús Cardona Ortiz ejerció autoridad administrativa al desempeñarse como Gerente de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia “María Upegui – HOMO”, en la medida en que las funciones relativas a: i) nombrar, promover, remover, dirigir, coordinar y controlar el personal de la Empresa,

desempeñarse como Gerente de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia “María Upegui – HOMO”, en la medida en que las funciones relativas a: i) nombrar, promover, remover, dirigir, coordinar y controlar el personal de la Empresa, generando los actos administrativos respectivos de conformidad con las normas vigentes; ii) actuar como ordenador del gasto; iii) fallar los procesos disciplinarios que se tramitan en segunda instancia; y iv) celebrar o suscribir los contratos y convenios de la Empresa Social de Estado, de conformidad con las autorizaciones que para el efecto expida la Junta Directiva, para el cumplimiento de los objetivos de la entidad; implican su ejercicio.

91. Adicional a lo anterior, para esta Sala no son de recibo los argumentos presentados por el Concejal, en cuando señaló que no se probó el ejercicio material de autoridad porque ostentar la función no implica su ejercicio.

92. Al respecto y como lo explicó esta Sección en la sentencia de 20 de octubre de 2017 19, la expresión “[…] hayan ejercido autoridad […]” contenida en la inhabilidad, sub examine, no implica ni conlleva la realización de actuaciones específicas y concretas que evidencien el ejercicio material de las funciones que le atribuyen al pariente, sino que se tiene por