CE - 012333000202200912011SENTENCIA20230323182844

Demandante: Wilson Alfonso Andrade Demandado: Contraloría General de la República Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 76001-23-33-000-2022-00912-01

Accionante: WILSON ALFONSO ANDRADE

Accionado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Temas: Confirma decisión que negó la acción de cumplimiento

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de 21 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó la acción de cumplimiento de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

1. Con escrito presentado el 21 de octubre de 2022, por medio de la ventanilla virtual, el señor Wilson Alfonso Andrade, ejerció la acción de cumplimiento contra la Contraloría General de la República; con el fin de reclamar el acatamiento de la jornada laboral previst a en el artículo 33 del Decreto 720 de 1978, es decir,

la Contraloría General de la República; con el fin de reclamar el acatamiento de la jornada laboral previst a en el artículo 33 del Decreto 720 de 1978, es decir, cuarenta y cuatro horas a la semana.

1.2. Pretensiones de la demanda

1). De la manera más respetuosa, le solicito al Honorable Juez Constitucional que corresponda, que, haciendo justicia en nombre de l pueblo, Ordene a la Contraloría General de la República en Cabeza del Señor Contralor General de la República, doctor CARLOS HERNAN RODRIGUEZ cumplir y que Éste ordene también a sus subalternos, el estricto cumplimiento del mandato establecido en el artí culo 33 del Decreto 720 de 1978 referido a cuarenta y cuatro (44) horas de labores a la semana. Orden que debe ser extendida a todas sus dependencias tanto en el nivel central, incluidos los organismos territoriales en el resto del País.

1. Teniendo en c uenta lo manifestado por la Contraloría General de la República en la respuesta a mi derecho de petición donde manifiesta: “Por lo tanto, la referencia normativa al artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 no resulta aplicable a la Contraloría General de laDemandante: Wilson Alfonso Andrade Demandado: Contraloría General de la República Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01

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República, habida cuenta que esta tiene un régimen especial”. En razón a que no es esta la norma a que debe acogerse este Organismo, pero que si debe acogerse al artículo 33 del

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República, habida cuenta que esta tiene un régimen especial”. En razón a que no es esta la norma a que debe acogerse este Organismo, pero que si debe acogerse al artículo 33 del Decreto 720 de 1978 el cual fue el soporte principal en mi petición en la exigen cia del cumplimiento del deber omitido, con el debido respeto le solicito al Honorable Juez Constitucional, Ordenar a la Contraloría General de la República a través del Contralor General de la República, doctor CARLOS HERNAN RODRIGUEZ, el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 33 del Decreto 720 de 1978 (jornada laboral de cuarenta y cuatro (44) horas semanales.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

2. Mediante el radicado 2022ER0168978 del 11 de octubre de 2022, el demandante le solicitó al contr alor general de la República que cumpliera la jornada laboral de cuarenta y cuatro horas establecida en “el artículo 33 del Decreto 720 de 1978 y/o el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978”.

3. A través del Oficio del 13 de octubre de 2022, la gerente de Tal ento Humano de la entidad contestó la petición anterior en forma negativa. Esto bajo el argumento de que a la Contraloría General de la República no le es aplicable el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, porque cuenta con un régimen especial previsto en el Decreto 720 de 1978. En virtud de aquel:

La asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de 44 horas semanales. A los empleos cuyas funciones

previsto en el Decreto 720 de 1978. En virtud de aquel:

La asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de 44 horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo hasta de 12 horas diarias.

Dentro el límite máximo fijado en este artículo, el Contralor General de la República podrá establecer la jornada de trabajo.

4. En el mismo oficio la accionada afirmó que “[e]l régimen especial contiene en forma expresa y clara los parámetros para fijar la jornada laboral. Por lo tanto, no existe un vacío jurídico que permita acudir al régimen general; pues en lugar de ello, lo que exist e es una regulación distinta, propia del régimen especial de la Contraloría General de la República, en virtud del cual, se contempló una forma distinta para fijar la jornada”. En ese contexto, concluyó que el contralor general de la República fijó una jornada laboral de cuarenta horas.

5. El actor señaló que la accionada es consciente de que está incumpliendo el artículo 33 del Decreto 720 de 1978, al haber fijado una jornada de cuarenta horas, omitiendo cuatro horas de labores a la semana.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Admisión de la demanda

6. Por auto del 26 de octubre de 2 022, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca admitió la demanda y ordenó notificar a la

1.4.1. Admisión de la demanda

6. Por auto del 26 de octubre de 2 022, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca admitió la demanda y ordenó notificar a la

Contraloría General de la RepúblicaDemandante: Wilson Alfonso Andrade Demandado: Contraloría General de la República Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01

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1.4.2. Aceptación de la manifestación de impedimento

7. Mediante auto del 23 de febrero de 2023, la Sala de Decisión de la Sección Quinta declaró fundado el impedimento que presentó el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, para conocer del presente asunto. Esto porque se consideró que aquel se encontraba incurso en la causal prevista en el numeral 3 del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011.

1.4.3. Contestación de la demanda

8. La Contraloría General de la República se opuso a las pretensiones. En este sentido explicó que la s cuarenta y cuatro horas que refiere el demandante constituyen un límite máximo que no puede superarse, pero sí reducirse de acuerdo con el inciso segundo del artículo 33 del Decreto 720 de 1978.

1.4.3. Fallo impugnado

9. Mediante la sentencia de 21 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones presente acción porque no se ha incumplido ninguna norma.

1.4.3. Fallo impugnado

9. Mediante la sentencia de 21 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones presente acción porque no se ha incumplido ninguna norma.

10. Para sustentar la decisión, en primer lugar, el a quo aludió a las reglas generales de la acción de cumplimiento y, en segundo lugar, explicó el marco jurídico de la accionada. En concreto, explicó que mediante el Decreto 720 de 1978, el Gobierno Nacional estableció “el sistema de clasificación y nomenclatura de los empleos de la Contraloría General de la República, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”.

11. En tercer lugar, refirió que el artículo 33 del Decreto 720 de 1978 establece que la jornada será de cuarenta y cuatro horas, luego, en el inciso final, la misma disposición normativa autoriza al contralor general de la República a fijar la jornada de trabajo dentro del límite máximo fijado. En consecuencia, la jornada actual de cuarenta horas se ajusta al ordenamiento jurídico.

12. En cuarto lugar, el tribunal le advirtió al demandante que si “no comparte la regulación interna porque la considera violatoria del régimen laboral general, debe acudir al medio de control de nulidad para obtener la declaratoria de ilegalidad”.

1.4.4. Impugnación

13. El actor impugnó el anterior proveído. El demandante afirmó que la tesis del a quo es que no se incumplió el artículo 33 del Decreto 720 de 1978 porque “los distintos Contralores Generales que han dirigido la entidad, (…) han interpretado

a quo es que no se incumplió el artículo 33 del Decreto 720 de 1978 porque “los distintos Contralores Generales que han dirigido la entidad, (…) han interpretado de manera ‘pacifica’ que el inciso segundo les permite reducir el monto máximo de 44 ‘semanas’ para los servidores de la Contraloría General de la República”. En contraste con lo anterior, el accionante afirmó que la jornada laboral de cuarentaDemandante: Wilson Alfonso Andrade Demandado: Contraloría General de la República Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01

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horas no guarda congruencia con la fij ada en el acto normativo cuyo acatamiento se reclama. Además, reiteró las pretensiones de la demanda y agregó lo siguiente:

Considero que utilizar como soporte legal el artículo 33 del Decreto 720 de 1978 el cual establece una jornada laboral de cuarenta y cuatro (44) a la semana en la expedición de unas resoluciones que establecen una jornada laboral de cuarenta (40) horas a la semana, no sé de qué manera esta irregular actuación prueba el cumplimiento de la jornada laboral establecida en el artículo 33 del Decreto 720 de 1978.

Ahora bien, no sobra recordarle a este Honorable Tribunal Administrativo, que dentro de mis pretensiones entre otras cosas en los numerales 4, 5 y 6 también solicité “Que si la Contraloría era poseedora de alguna norma expedida p or legislador que le autorizara la reducción de cuatro horas de la jornada laboral establecida para los funcionarios de la

Contraloría era poseedora de alguna norma expedida p or legislador que le autorizara la reducción de cuatro horas de la jornada laboral establecida para los funcionarios de la Contraloría General de la República, Ordenara su presentación y me suministrara una copia, de lo cual no he recibido nada y tampoco se hace mención al respecto en el pronunciamiento emitido y notificado a mi persona. Sin embargo, veo que este Honorable Tribunal sin haber recibido prueba alguna que autorice a la Contraloría General de la República la reducción de cuatro horas de la jorna da laboral establecida en el Decreto Ley 720 de 1978, manifiesta “Que el Organismo aquí demandado si puede reducir cuatro horas de la jornada laboral establecida en la ley”.

14. El ciudadano añadió que no propone cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales el contralor general de la República ha fijado la jornada laboral, puesto que su pretensión es que se cumpla el mandato de las cuarenta y cuatro horas semanales, por lo que considera “ilógico y fuera de lugar” que el Contralor General de la República tenga “libre albedrio para establecer una jornada laboral que él quisiera la cual también podrían ser 20, 30 o 35 horas a la semana, lo cual puede estar ocurriendo, puesto que en dicho caso estaríamos frente a un vacío en la ley que sería llenado con el artículo 33 del Decreto 1042 de

1978”.

15. Para finalizar, el peticionario formuló las siguientes conclusiones:

1). Considero que el Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca tiene una apreciación errada al negar mis pretensi ones bajo el argumento de que “Se probó que esta

15. Para finalizar, el peticionario formuló las siguientes conclusiones:

1). Considero que el Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca tiene una apreciación errada al negar mis pretensi ones bajo el argumento de que “Se probó que esta disposición ha sido cumplida a través de las resoluciones expedidas por los distintos Contralores Generales que han dirigido la entidad, quienes han interpretado de manera “pacifica” que el inciso segundo le s permite reducir el monto máximo de 44 “semanas” para los servidores de la Contraloría General de la República”.

2). La manifestación hecha por el Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca carece de un fundamento legal que contradiga el mand ato a cumplir por parte de los servidores públicos de la Contraloría General de la República establecido en el artículo 33 del Decreto 720 de 1978, referido a una jornada laboral de cuarenta y cuatro (44) horas a la semana. A este Honorable Tribunal parece que se le olvida que la jornada laboral para los funcionarios públicos de la Contraloría General de la República fue establecida en el año 1978 por el Presidente de la República de la época, doctor ALFONSO LÓPES MICHELSEN y por ende, Ésta es de origen leg al, es decir, que corresponde al legislador regular sus mínimos y sus máximos, mientras que a los jefes o directores de cada entidad les corresponde definir lo relacionado con la reglamentación del «horario de trabajo», sujetándose, como es obvio a lo regulado por el legislador sobre la «jornada».Demandante: Wilson Alfonso Andrade Demandado: Contraloría General de la República Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01

sujetándose, como es obvio a lo regulado por el legislador sobre la «jornada».Demandante: Wilson Alfonso Andrade Demandado: Contraloría General de la República Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

16. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia del 21 de noviembre de 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 1, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 20112, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competenci a de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las “apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.

2.2. Problemas jurídicos a resolver en la presente acción de cumplimiento

17. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 21 de noviembre de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

18. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes

Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

18. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) requisito de procedibilidad; y (iii) análisis del caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

19. La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política; como un mecanismo para que toda persona pueda , "acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que , "Toda persona podrá acudir ante la

1 “ARTÍCULO 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al cump limiento de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo. PARÁGRAFO. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el Consejer o a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente Secretaría. El reparto se efectuará por el presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria.

corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente Secretaría. El reparto se efectuará por el presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria. PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones dirigidas al cumplimiento de un Acto Administrativo.”. 2 Modificado por la Ley 2080 de 2021.Demandante: Wilson Alfonso Andrade Demandado: Contraloría General de la República Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01

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autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".

20. Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución ; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los part iculares (artículo 2° de la Constitución Política) , la acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funcio nes públicas.

de la Constitución Política) , la acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funcio nes públicas.

21. De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

22. Como lo señaló la Corte Constitucional:

“el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicia l para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y ef ectividad material de las leyes y de los actos administrativos , lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo” 3 (Subrayado por fuera del texto).

23. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que , se deben acreditar los siguientes

requisitos mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1.º)4.

b. Que el mandato sea imperativo e inobjetable , y que esté radicado en

normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1.º)4.

b. Que el mandato sea imperativo e inobjetable , y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir; y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento.

c. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u

3 Corte Constitucional, sentencia C -157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara. 4 Esto excluye el c umplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Demandante: Wilson Alfonso Andrade Demandado: Contraloría General de la República Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01

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omisión del exigido o por la ejecución de ac tos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).

d. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable ”, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

e. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o

sufrir un perjuicio irremediable ”, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

e. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, s e produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutel a; o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art. 9.º).

2.3.2. De la renuencia

24. El inciso segundo del artículo 8 .° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el numeral 5 .° del artículo 10 ibídem, estableció como requisito de procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido por aqu ella y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud ; de esta manera , quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.

25. Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar que constituyó en renuencia a la Contraloría General de la República , antes de instaurar la demanda.

26. En efecto, junto con la demanda de cumplimiento, el demandante aportó el

de probar que constituyó en renuencia a la Contraloría General de la República , antes de instaurar la demanda.

26. En efecto, junto con la demanda de cumplimiento, el demandante aportó el escrito del 10 de octubre 2022, mediante el cual le solicitó al contralor general de

la República, lo siguiente:

En el ejercicio que me consagra el articulo 23 y 93 de la Constitución Colombiana y el numeral 7 del ar tículo 5 de la Ley 1437 de 2011 (El Nuevo Código Administrativo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) entre otras, y con el debido respeto que usted merece, me dirijo a su persona por las siguientes razones:

PRIMERA: Por con siderar que los servidores públicos de la Contraloría General de la República pudieran no estar cumpliendo con el mandato establecido en el artículo 33 del Decreto 720 de 1978 y/o el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 y con el ánimo de confirmar mis pres unciones, a través de derecho de petición fechado octubre 24 de 2019 dirigido al doctor, CARLOS FELIPE CORDOBA LARRARTE, Contralor General de laDemandante: Wilson Alfonso Andrade Demandado: Contraloría General de la República Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01

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República de la época, al cual le correspondieron los Radicados No. 2019ER0117834 y 2019ER0117833, entre otras cosas solicité a este Organismo copia de los actos

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República de la época, al cual le correspondieron los Radicados No. 2019ER0117834 y 2019ER0117833, entre otras cosas solicité a este Organismo copia de los actos administrativos que rigen la jornada laboral para sus servidores públicos desde el año 2000 hasta el año 2019.

SEGUNDA: Con Radicado 2019EE0136494 recibí respuesta a mi petición, donde se me aportan algunas resoluciones y actos administrativos referidos a la jornada laboral de este Organismo, los cuales me inclinan hacía la presunción de que los servidores públicos de la Contraloría General de la República, pudieran estar incumpliendo la jornada laboral d e (44) a la semana establecidas como deber para los servidores públicos establecidas como mandato en el artículo 33 del decreto 720 de 1978, y/o en el artículo 33 del Decreto 1042 de

1978.

TERCERA: La Contraloría General de la República me responde lo si guiente: Con el propósito de atender su requerimiento se adjunta copia de los siguientes actos administrativos en los que se establece la jornada de trabajo de la entidad que, coincide con

el horario de atención al público, así:

A. Resolución 09691 del 2 4 de septiembre de 1982 "Por la cual se establece la jornada de trabajo y se modifica el horario de la Contraloría General de la República".

B. Resolución 05575 del 14 de mayo de 2004 "Por la cual se modifica la Resolución 9691 del 24 de septiembre de 1982 y se dictan otras disposiciones".

C. Resolución Reglamentaria 0121 del 21 de diciembre de 2010 "Por la cual se reglamenta

del 24 de septiembre de 1982 y se dictan otras disposiciones".

C. Resolución Reglamentaria 0121 del 21 de diciembre de 2010 "Por la cual se reglamenta la jornada de trabajo de la Contraloría General de la República y se deroga la Resolución 5575 del 14 de mayo de 2014".

D. Reso lución Reglamentaria 0123 del 07 de febrero de 2010 "Por la cual se modifica el artículo 1 ° de la Resolución 0121 del 21 de diciembre de 2010".

E. Resolución 0140 del 01 de noviembre de 2011 "Por la cual se unifican la Resolución Orgánica No. 05575 del 14 de mayo de 2004 y las Resoluciones Reglamentarias Nos.

F. Resolución OGZ -306-2015 del 24 de septiembre de 2015 "Por la cual se modifica el artículo tercero de la Resolución Reglamentaria 0140 de 2011".

G. Resolución OGZ-371-2016 del 01 de febrero de 2016 "Por la cual se modifica el artículo tercero de la Resolución Reglamentaria 0140 de 2011".

H. Resolución OGZ -0656-2019 de 08 de mayo de 2018 "Por la cual se fija la jornada de trabajo de la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones".

I. Resolución ORD-03427 del 14 de agosto de 2019 "Por la cual se implementa una prueba piloto de horario flexible en el nivel central de la Contraloría General de la República".

J. Resolución OGZ -0715 del 20 de agosto de 2019 "Por la cual se modifica temporalmente el horario de trabajo de las Gerencias Departamentales de Bolívar, Magdalena, meta,

J. Resolución OGZ -0715 del 20 de agosto de 2019 "Por la cual se modifica temporalmente el horario de trabajo de las Gerencias Departamentales de Bolívar, Magdalena, meta,

Quindío y Valle del Cauca".

CUARTA: La Resolución Orgánica No. 05575 de mayo 14 de 2004 y la Resolución unificada en la Resolución No. 140 de 2011, publicada Ésta en el Diario Oficial No. 48.241 de 2 de noviembre de 2011 entre otras: Todas las Resoluciones aquí referidas, a pesar de haber sido expedidas bajo soporte legal del artículo 33 del Decreto 720 de abril de 1978, el cual establece una jornada laboral de 44 horas a la semana para los servidores públicos de la Contraloría General de la República, de manera extraña, la Contraloría General de la República desatendiendo el mandato establecido en el aquí referido artículo, Ésta estableció en las aquí referidas Resoluciones un mandato a cumplir de cuarenta (40) horas laborales a la semana para los servidores públicos de la Contraloría General omitiendo cuatro (4) horas de labores. Ahora bien, por otro lado, tenemos el artículo 33 del decreto 1042 de j unio 7 de 1978 el cual, rige la jornada de trabajo para los servidores públicos a nivel general, el cual también establece una jornada de trabajo de cuarenta y cuatro (44) horas, lo cual ha sidoDemandante: Wilson Alfonso Andrade Demandado: Contraloría General de la República Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01

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ratificado por los Altos Tribunales a través de algunas Sente ncias como la 1063 del año 2000 de la Honorable Corte Constitucional. Sentencia 3594 del 19 de febrero de 2015 del Honorable Consejo de Estado. Sentencia 1999 – 01547 del año 2020 del Honorable Concejo de Estado.

QUINTA: De acuerdo a lo previamente expuesto, con el debido respeto que me merece este Organismo, no creo que le asista la razón al restarle cuatro (4) horas a la jornada laboral de cuarenta y cuatro (44) horas semanales como lo establece el artículo 33 del Decreto 720 de 1978, y/o el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978. Ahora bien, lo que, si puede hacer el Contralor General de la República, jefe o director de cualquier organismo, es establecer el horario laboral de acuerdo a las necesidades del establecimiento.

27. Para el cumplimiento de este requi