CE - 012333000202300002011SENTENCIA20230502001431

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 18001 23 33 000 2023 00002 01

Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Temas: Vulneración de los derechos al trabajo en condiciones dignas y justas, a la igualdad, a la salud y al descanso, por la no expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para el disfrute de las vacaciones.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Neiva (Huila), Coordinación Administrativa de Florencia (Caquetá), contra la sentencia del 24 de enero de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Caquetá concedió el amparo deprecado.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señor Carlos Alfonso Gómez Mazo promueve acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila), la Coordinación Administrativa de Florencia (Caquetá) y el Juzgado

Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila), la Coordinación Administrativa de Florencia (Caquetá) y el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia , para que s e2

Radicado: 18001 23 33 000 2023 00002 01

Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

protejan sus derechos al trabajo en condiciones dignas y justas, a la igualdad, a la salud y al descanso.

1.2. Pretensiones

El accionante formula las siguientes súplicas:

PRIMERO: Tutelar mis derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, igualdad, a la salud y al descanso, plasmados en la carta política, según los hechos referidos en el acápite pertinente, por cuanto están siendo vulnerados por la negativa de la [Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva – Huila y l a Coordinación Administrativa de Florencia ], de disponer los recursos para el pago del reemplazo en el período de vacaciones solicitado.

SEGUNDO: Se ordene a la [Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva – Huila y a la Coordinación Administrativa de Florencia] ejecuten, dentro de un término máximo de 5 días, todas las acciones administrativas necesarias encaminadas a expedir el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal para cubrir las erogaciones que demande el nomb ramiento de un empleado judicial que reemplace a [Carlos Alfonso Gómez Mazo, oficial mayor] del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia,

presupuestal para cubrir las erogaciones que demande el nomb ramiento de un empleado judicial que reemplace a [Carlos Alfonso Gómez Mazo, oficial mayor] del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, mientras est[á] disfrutando de su período de vacaciones; y una vez expedido y remitido dicho certificado, ordenar al [doctor Cristian Fernando Urquijo Montagut] en su calidad de [juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Florencia] y/o a quien hiciere sus veces, que dentro del término de 5 días, proceda a conceder median te acto administrativo las vacaciones individuales solicitadas por mí, y a efectuar el nombramiento provisional para su reemplazo.

TERCERO: Ordenar a la [ Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva – Huila y a la Coordinación Adminis trativa de Florencia, y/o a quienes hagan sus veces, que cada vez se adelante el trámite pertinente para que se obtenga el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, para la persona que me reemplace durante el disfrute de vacaciones como servidor judicial . Ello para no incurrir en temeridad, toda vez que no es posible que cada vez que solicite las vacaciones me sean negadas por no contar con Certificado de Disponibilidad Presupuestal, y entonces tenga que acudir a la acción constitucional por los mismos hechos y derechos.

CUARTO: De conformidad con el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, me permito solicitar que en el fallo por [u]sted dictado se prevenga a la entidad accionada «para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será

solicitar que en el fallo por [u]sted dictado se prevenga a la entidad accionada «para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.

QUINTO: Se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no invocados como amenazados, violados y/o vulnerados y que [u]sted, en su función de administrador de la Constitución, pueda establecer como violados, amenazados y/o vulnerados.3

Radicado: 18001 23 33 000 2023 00002 01

Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, el accionante señala los siguientes:

1. En calidad de servidor de la Rama Judicial, en el cargo de oficial mayor del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia tiene un período causado y no disfrutado dentro del régimen de vacaciones individuales; por ello, el 8 de noviembre de 2022, presentó solicitud para tomarlo a partir del 31 de enero de 2023 hasta el 24 de febrero de 2023.

1. El despacho judicial requirió a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila) y a la Coordinación Administrativa de Florencia (Caquetá) la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) para el nombramiento de quien haría su reemplazo.

Judicial de Neiva (Huila) y a la Coordinación Administrativa de Florencia (Caquetá) la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) para el nombramiento de quien haría su reemplazo.

1. El 17 de noviembre de 2022, se notificó al juzgado el Oficio DESAJNEO22 – 3464, suscrito por el coordinador del Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila), mediante el cual se negó la expedición del CDP.

1. Por medio de la Resolución 49 del 28 de diciembre de 2022, se denegó el goce del período vacacional por necesidad del servicio y debido a la alta carga laboral que tienen los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.

1. Los despachos de esta especialidad en Florencia (Caquetá), no cuentan con centro de servicios como si existe en la mayoría de ciudades del país, por lo que las funciones asignadas a cada empleado son numerosas, ya que todo el trámite administrativo que podría adelantarse en esa dependencia, tales como la atención al público, registro y respuesta a las p eticiones allegadas por correo electrónico de acuerdo al turno asignado a la semana —diariamente se reciben más de setenta solicitudes —, elaboración de carpetas en OneDrive, oficios varios, entre otras. son cumplidas por el personal del juzgado.

1. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia4

Radicado: 18001 23 33 000 2023 00002 01

Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

Radicado: 18001 23 33 000 2023 00002 01

Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

tiene a cargo un poco más de 2.600 procesos, de los cuales aproximadamente 873 tienen persona privada de la libertad, además de conocer acciones de tutela, diariamente se asignan entre cuatro y cinco, sin que ello reduzca el reparto ordinario de asuntos propios de la especialidad.

1. La planta de personal está compuesta por el juez, un secretario, un sustanciador nominado, un asistente social grado 18, un asistente administrativo grado 6 y un notificador grado 3, con una asignación trimestral de peticiones en promedio de 700, 70 procesos para conocimiento, 120 tutelas, para un total de procesos activos de 2664, aproximadamente —según la última estadística SIERJU 30/09/2022—.

1. El desarrollo de las actividades judiciales y administrativas demandan la presencia permanente y continua de una persona dedicada exclusivamente a su cumplimiento , pues de asignarse a otros empleados generaría una falta significativa en la producción del despacho, principalmente, de los asuntos penales, que requieren la sustanciación de proyectos constantes y en gran volumen . En la actualidad desempeña esa labor, así como el trámite de los asuntos de orden constitucional y los denominados urgentes.

1. Ahora bien, conceder vacaciones a un empleado del juzgado implicaría que los cuatro restantes tendrían que asumir sus funciones y carga laboral, sin descuidar las propias, lo que afecta la prestación del servicio para una eficiente administración de justicia y atenta contra la salud de los servidores por la sobrecarga de trabajo.

cuatro restantes tendrían que asumir sus funciones y carga laboral, sin descuidar las propias, lo que afecta la prestación del servicio para una eficiente administración de justicia y atenta contra la salud de los servidores por la sobrecarga de trabajo.

1. En anteriores oportunidades, sus compañeros se vieron obligados a acudir a la tutela para buscar el reconocimiento de sus períodos vacacionales porque los demandados no emiten el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, lo que llevó a que se dictaran las sentencias del 17 de mayo de 2022 y del 30 de junio de 2022, por el Tribunal Administrativo del Caquetá y el Consejo de Estado, Sección Cuarta,1 respectivamente, así como los fallos del 5 de octubre de 2022 y del 27 de octubre de 2022, por parte del Tribunal Admini strativo del Caquetá y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,2 respectivamente, amparando los derechos

1 Radicación 18001 23 33 000 2022 00066 00 [01]. 2 Radicado 18001 23 33 000 2022 00125 00 [01].5

Radicado: 18001 23 33 000 2023 00002 01

Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

que en esta oportunidad reclama.

1.4. Fundamentos jurídicos

El accionante alega la vulneración de sus derechos al trabajo en condiciones dignas y justas, a la igualdad, a la salud y al descanso establecidos en los artículos 25, 13 y 49 de la Constitución Política.

1.5. Actuación procesal

El Tribunal Administrativo del Caquetá admitió la acción de tutela mediante proveído

de la Constitución Política.

1.5. Actuación procesal

El Tribunal Administrativo del Caquetá admitió la acción de tutela mediante proveído del 13 de enero de 2023, que se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila), a la Coordinación Administrativa de Florencia y al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia (Caquetá), como demandados, para que dentro del término de dos días rindiera n el respectivo informe. Así mismo, se dispuso la notificación del trámite al agente del Ministerio Público delegado ante esa corporación.

Por auto del 2 de marzo de 2023 , antes de resolver sobre la impugnación , se ordenó vincular a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al presente trámite constitucional.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia. El juez, Cristian Fernando Urquijo Montagut alega que el despacho a su cargo tiene una planta de colaboradores compuesta por secretario, sustanciador nominado, asistente social, grado 18, asistente administrativo, grado 6 y el notificador, grado 3, para atender según la última estadística —octubre a diciembre de 2022 — 2674 expedientes, de los cuales 911 son de privados de la libertad, entre intramurales y prisiones domiciliarias , por ello la falta de un servidor obstruiría v isiblemente la administración de justicia y obligaría a que los demás empleados las asuman,

2674 expedientes, de los cuales 911 son de privados de la libertad, entre intramurales y prisiones domiciliarias , por ello la falta de un servidor obstruiría v isiblemente la administración de justicia y obligaría a que los demás empleados las asuman, acarreando que se sobrecarguen en su ejercicio laboral, por esa razón, se le negó el6

Radicado: 18001 23 33 000 2023 00002 01

Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

disfrute de las vacaciones al señor Carlos Alfonso Gómez Mazo.

1.6.2. Del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá. El señor Delio Andrés Artunduaga Losada, coordinador del Área de Asistencia legal de la Nación (Rama Judicial), Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila), Coordinación Administrativa de Florencia (Caquetá), solicita se declare improcedente la acción de tutela ante la existencia de otro medio de defensa judicial y porque no está acreditada la configuración de un perjuicio irremediable.

1.6.3. Del Consejo Superior de la Judicatura. La señora Margarita María Becerra Dawson, magistrada auxiliar de la Presidencia, pide se acceda a la excepción de falta de legitimación por pasiva; en consecuencia, se desvincule a esa corporación del presente medio constitucional.

1.7. La sentencia que se impugna

El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante fallo del 24 de enero de 2023, dispuso lo siguiente:

Primero. Amparar los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas,

1.7. La sentencia que se impugna

El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante fallo del 24 de enero de 2023, dispuso lo siguiente:

Primero. Amparar los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la igualdad y al descanso remunerado del señor Carlos Alfonso Gómez Mazo.

Segundo. Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, ejecute todas las acciones administrativas y presupuestales necesarias, tendientes a la ex pedición del correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal –CDP– para el nombramiento de un empleado judicial que reemplace al actor mientras disfruta su período de vacaciones. El período para la expedición del respectivo CDP no podrá exceder de 15 días y deberá remitir en el mismo término respuesta al Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia.

Tercero. Una vez el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia reciba la comunicación proveni ente de la Dirección Ejecutiva Seccional de Neiva, procederá dentro del término de cinco (5) días a conceder mediante acto administrativo las vacaciones individuales solicitadas y a efectuar el nombramiento provisional para su reemplazo por los días en que el actor se encuentre disfrutando de aquellas.

[…]

Como fundamento de su decisión expuso las siguientes razones:7

Radicado: 18001 23 33 000 2023 00002 01

Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

Como fundamento de su decisión expuso las siguientes razones:7

Radicado: 18001 23 33 000 2023 00002 01

Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

1. En el presente caso se vulneran los derechos del señor Carlos Alfonso Gómez Mazo, ya que asuntos de índole administrativa no pueden afectar el goce del período vacacional que legalmente le asiste, máxime si se tiene en cuenta que el descanso constituye una garantía fundamental derivada del derecho al trabajo en condiciones dignas y que su ausencia puede repercutir gravemente en su salud física y mental.

1. Es cierto que el principio de con tinuidad de los servicios públicos exige que las funciones que desempeña el accionante se cumplan adecuadamente, pero también lo es, que el nominador no puede basado en ese deber constituciona l desconocer el derecho al descanso, pues la Ley 270 de 1996 prevé formas efectivas para conciliar los dos intereses involucrados, tales como el encargo o el nombramiento en provisionalidad.

1. En ese sentido, como lo ha expresado el Consejo de Estado en casos similares la parte actora no está obligada a soportar el hecho de que el Consejo Superior de la Judicatura no tenga regulado el procedimiento que asegure la expedición de certificados de disponibilidad pre supuestal que permita cubrir los reemplazos de los empleados judiciales que tienen derecho a las vacaciones y que, como consecuencia de ello, cercene su derecho fundamental al descanso.

1.8. Impugnación

El coordinador del Área de Asistencia Legal de la Nación (Rama Judicial), Consejo Superior de la Judicatura , impugna la decisión anterior , para que se declare

de ello, cercene su derecho fundamental al descanso.

1.8. Impugnación

El coordinador del Área de Asistencia Legal de la Nación (Rama Judicial), Consejo Superior de la Judicatura , impugna la decisión anterior , para que se declare improcedente la acción y se ordene la desvinculación de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila) y la Coordinación de Florencia por falta de legitimación en la causa por pasiva, al respecto alega lo siguiente:

1. La expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para el nombramiento del reemplazo por el periodo de descanso del señor Carlos Alfonso Gómez Mazo n o le corresponde a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila) ni8

Radicado: 18001 23 33 000 2023 00002 01

Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

a la Coordinación Administrativa de Florencia, pues dicha prerrogativa no se encuentra prevista en ninguna disposición legal.

1. Según la directriz contenida en la Circular PSAC11-44 de 2011, 3 proferida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no tiene la potestad de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal co n el fin de asignar el remplazo del accionante durante su periodo vacacional, toda vez que dicho presupuesto únicamente está previsto para las personas que ostentan la calidad de funcionarios públicos no de empleados públicos, como es el caso del señor Gómez Mazo.

1. En virtud de lo preceptuado por el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, los servidores

públicos no de empleados públicos, como es el caso del señor Gómez Mazo.

1. En virtud de lo preceptuado por el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, los servidores de los juzgados penales y de ejecución de penas y medidas de seguridad que pertenecen al régimen de vacaciones individuales tienen derecho a un descanso remunerado de veintidós días continuos por cada año de servicio, los cuales deben ser concedidos por el respectivo nominador, en el presente caso, le corresponde a l titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia; por tanto, y de conformidad co n la jurisprudencia del Consejo de Estado, 4 no resulta procedente, que mediante este mecanismo excepcional, se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila), Coordinación Administrativa de Florencia (Caquetá) adelantar acciones tendientes a garantizar la provisión de recursos y, como consecuencia, la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal, previo al otorgamiento de las vacaciones, porque el régimen legal no establece tal privilegio.

1. Así mismo, teniendo en cuenta que la Circular PSAC11-44 de 2011, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura en cumplimiento de las facultades otorgadas por la Ley 270 de 1996, es un acto que est á revestido de presunción de legalidad, el accionante cuenta con el medio de control de nulidad para enervar sus efectos.

3 «El personal titular que pertenece al régimen de vacaciones colectivas no debe solicitar asignación de recursos para atender reemplazos por vacaciones y tanto sus nominadores como los Directores

accionante cuenta con el medio de control de nulidad para enervar sus efectos.

3 «El personal titular que pertenece al régimen de vacaciones colectivas no debe solicitar asignación de recursos para atender reemplazos por vacaciones y tanto sus nominadores como los Directores Ejecutivos Seccionales, se abstendrán igualmente de darles trámite por esta vía, excepto cuando la solicitud corresponda a un funcionario judicial, cuya licencia por enfermedad o por maternidad haya coincidido total o parcialmente con el periodo vacacional de este régimen, para lo cual se anexará fotocopia del certificado de incapacidad correspondiente, expedido por la EPS a la cual se encuentre afiliado». 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020, expediente radicado 11001 03 15 000 2020 04282 00.9

Radicado: 18001 23 33 000 2023 00002 01

Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto establece que «presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente» esta Sala es competente para conocer de la impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

2.2. Cuestión Previa

La Sala in icialmente establecerá en lo funcional, si compet e exclusivamente a la

conocer de la impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

2.2. Cuestión Previa

La Sala in icialmente establecerá en lo funcional, si compet e exclusivamente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila), Coordinación Administrativa de Florencia (Caquetá) , e xpedir el certificado de disponibilidad presupuestal necesario para autorizar el r eemplazo del señor Carlos Alfonso G ómez Mazo, oficial mayor del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, mientras disfruta sus vacaciones, tal y como se dispuso en el ordinal segundo de la sentencia impugnada. Lo anterior habida cuenta de que en esta instancia se ordenó vincular como tercero interesado a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si , como lo decidió la primera instancia, se deben amparar al accionante los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la igualdad, a la salud y al descanso , cuya vulneración le atribuye a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila), Coordinación Administrativa de Florencia (Caquetá ), al no emitir el certificado de disponibilidad presupuestal para el goce de sus vacaciones y por el Juzgado Primero10

Radicado: 18001 23 33 000 2023 00002 01

Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, al no conceder el período vacacional solicitado.

Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, al no conceder el período vacacional solicitado.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de esta acción, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que se encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.

Por ello el artículo 6.º numeral 1 del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional5 reitera que el juez de tutela debe analizar los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo procede cuando dentro de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También tiene lugar el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá

También tiene lugar el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del sistema jurídico.

5 Corte Constitucional, sentencias T -030 de 2015, T -871 de 1999, T -069 de 2001, T -1268 de 2005, T972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de 2012, entre otras muchas.11

Radicado: 18001 23 33 000 2023 00002 01

Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

2.4.2. Del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas y su componente del derecho al descanso

La Corte Constitucional ha considerado que el derecho al descanso debe entenderse como uno de l as garantías fundamentales del trabajador, lo cual se deduce de los artículos 1.º, 25 y 53 de la Constitución Política, puesto que tiene como fines, entre otros, permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña, proteger su salud fí sica y mental, realizar otras tareas que permitan su desarrollo integral como persona y de esta manera, preservar su capacidad de trabajo que, por lo general, es su único medio de subsistencia.6

proteger su salud fí sica y mental, realizar otras tareas que permitan su desarrollo integral como persona y de esta manera, preservar su capacidad de trabajo que, por lo general, es su único medio de subsistencia.6

Cabe recordar que la Organización Internacional del Trabaj o (OIT) mediante el Convenio 52 aprobado mediante la Ley 54 de 1962 estatuyó que «se considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas». Además, en el artículo 24 de la Declaración Un iversal de los Derechos Humanos se prevé que « [t]oda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas».

A su turno, en el ámbito internacional, nuestro país ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)7 que en el artículo 7.º, literal d), contempló que los Estados Parte garantizan el «descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas, así como la remuneración de los días festivos». Por otra parte, el artículo 7 .º, literal h) , del Protocolo de San Salvador prevé las condiciones justas, equitativas y satisfactorias del trabajo.8

6 Ver, entre otras, la sentencia de la Corte Constitucional T -076 de 2001. En el mismo sentido , las sentencias T-009 de 1993, C-024 de 1998, C-710 de 1996, y C-019 de 2004. 7 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Econ ómicos,

sentencias T-009 de 1993, C-024 de 1998, C-710 de 1996, y C-019 de 2004. 7 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Econ ómicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966" 8 Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988 . Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319 de 1996. “por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988”. En el literal h) se previó el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales.12

Radicado: 18001 23 33 000 2023 00002 01

Demandante: Carlos Alfonso Gómez Mazo

Igualmente, la Corte en Sentencia C-171 de 20209 hace alusión al Convenio 32 que establece i) la periodicidad del descanso al establecer que el derecho se causa luego de un año de servicio contin uo (artículo 2 .º) y ii) la rem uneración del tiempo de vacaciones al señalar que quien las esté disfrutando deberá percibir la remuneración habitual (artículo 3.º).10

de un año de servicio contin uo (artículo 2 .º) y ii) la rem uneración del tiempo de vacaciones al señalar que quien las esté disfrutando deberá percibir la remuneración habitual (artículo 3.º).10

2.4.3. El régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial

Al respecto es pertinente referir que salvo las excepciones legales, todo empleado público tiene derecho a disfrutar de un descanso remunerado, por cada año de servicio prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8 .º Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978). 11 Ahora bien, respecto de los servidores judiciales, las

9 Referencia: expediente RE -252, revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 488 de 2020, “[p]ir el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, magistrado Ponente: José́ Fernando Reyes Cuartas, sentencia del 10 de junio de 2020. 10 «El descanso necesario y las vacaciones como derechos sociales de los trabajadores 46. El descanso necesario tiene especial relevancia en el ejercicio del trabajo, y es por esta razón que el Constituyente de 1991 lo incluyó en el artículo 53 como uno de los principios mínimos fundamen